FERNANDO ESTEVE MORA
Que el "Estado de las Autonomías" del que tan orgullosos están algunos es una auténtica chapuza económica, una chapuza "de las nuestras", una chapuza española es algo que se ha sabido siempre. Un engendro a medias entre un estado federal y un estado centralizado que se pergeñó y construyó para que el encaje de unas federalizantes Cataluña y País Vasco en la nueva España democrática no cantara demasiado. ¿Qué podía esperarse del "café para todos" como criterio técnico a la hora de construir administrativamente el nuevo estado? Pues eso, lo que hay. Si bien, y como ocurre en cualquier cafetería a la hora del desayuno, no había dos clientes que pidan cafés idénticos. Y así frente al café solo que tomaban vascos y navarros, cuya autonomía equivalía realmente a una federación, había otras regiones cuya autonomía estaba mucho más descafeinada, por así decirlo.
No obstante, algo es cada vez más visible y es que las distintas comunidades autónomas cada vez se están haciendo más "cafeteras", es decir, cada vez más las élites regionales exigen más competencias para justificar así su "status" como tales, y sus prebendas y negocietes. De ahí surge, por ejemplo, la pertinaz cuestión de un modelo de financiación autonómica que remedie la pertinaz insuficiencia financiera de todas las comunidades autónomas (salvo la vasca y la navarra a las que este tema no les afecta), un problema tan pertinaz como el de la proverbial sequía.
Y no sólo la chapuza autonómica se traduce en permanentes líos financieros, sino que también da origen a otros problemas de índole económico. Uno de ellos lo estamos viendo este verano auténticamente infernal asociado a la gestión de los recursos para prevenir y afrontar los incendios forestales.
En términos de jerga económica, el problema se como el problema del riesgo moral ("moral hazard" en inglés). Acontece cuando, en el marco de situaciones de riesgo e incertidumbre (por ejemplo las asociadas a sufrir catástrofes naturales como los incendios forestales o las danas inundantes), el sistema se caracteriza por presentar incentivos perversos que llevan a los agentes a tomar decisiones equivocadas que hacen subir la probabilidad de que acontezca la catástrofe o la importancia de la misma. Y eso es lo que hace el "sistema" del Estado de las Autonomías.
Veamos lo que está ocurriendo estos días. Las comunidades autónomas de Galicia, Extremadura y Castilla y León, que en mayor medida están padeciendo esta racha de incendios (provocados o no, esto es otra cuestión importante), tienen transferidas completamente la gestión del medio ambiente. Es su exclusiva competencia el dedicar los recursos que estimen necesarios para prevenir y afrontar esos riesgos. Ahora bien, dado que están dirigidas por el PP y Vox, cuya posición -o mejor, oposición- a la intervención del estado en la economía es más que conocida y que, a mayores, se caracterizan (y singularmente la de Castilla y León) por defender la privatización y las rebajas de impuestos a sus ciudadanos, lo que evidentemente puede limitar la cantidad de recursos que pueden dedicar a la gestión medioambiental y a prevenir las consecuencias del cambio climático ( en el que bobamente no creen) muy por debajo de lo que sería óptimo, lo que se traduce en que aumente la probabilidad de que la catástrofe en forma de incendios increíblemente intensos y voraces sucedan, como está ocurriendo este verano. Ahora bien, el que una administración regional invierta menos de lo óptimo a la hora de afrontar estos riesgos no sólo depende de que la ideología de sus dirigentes así lo pida , depende también del sistema en general, de la medida en que posibilite la aparición de riesgo moral. Que es precisamente lo que posibilita nuestro chapucero Estado de las Autonomías.
Ello sucede por la sencilla razón de que la chapuza autonómica posibilita el que, en caso de que la catástrofe suceda, las autonomías pueden acudir como niños al "papá" gobierno central para que este movilice sus recursos, que pagan TODOS los españoles (salvo los vascos y navarros), para que haga los que ellas no han querido hacer y cubrirles las espaldas. Porque, ¿quién va a pagar los costes del despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (la hoy bendita UME, a la que los del PP definieron cuando se creó como el "juguetito" de Zapatero), la Guardia Civil, el Ejército de Tierra y el del Aire y otros medios de Protección Civil de la Administración Central?
Si, si las cosas van mal y viene una destructiva DANA o un incendio, puedes exigir que el "estado" te ayude y corra con los gastos, e incluso puedes afearle que no sea el primero que se presente a afrontar el siniestro, ¿para qué vas a gastar tú? ¿para qué vas a ponerles impuestos a tus ciudadanos? Esa es la peculiar lógica económica que define al estado autonómico en este terreno. Un despropósito al que sólo se me ocurre una forma de ponerle freno.
Y es que, al igual que la Guardia Civil, los bomberos o Protección Civil de los gobiernos locales y regionales, les cobran a los ciudadanos imprudentes cuando por sus imprudencias se ven obligados a desplegar sus medios para rescatarles en cuevas, montañas y demás situaciones arriesgadas, la Administración Central debiera "cobrarles" a las administraciones autonómicas por los gastos de todo tipo que ha de incurrir cuando se ven requeridas a actuar por las "imprudencias" que cometen en la gestión de las competencias que tienen transferidas. Sería la única forma de que aprendiesen,
Que el "Estado de las Autonomías" del que tan orgullosos están algunos es una auténtica chapuza económica, una chapuza "de las nuestras", una chapuza española es algo que se ha sabido siempre. Un engendro a medias entre un estado federal y un estado centralizado que se pergeñó y construyó para que el encaje de unas federalizantes Cataluña y País Vasco en la nueva España democrática no cantara demasiado. ¿Qué podía esperarse del "café para todos" como criterio técnico a la hora de construir administrativamente el nuevo estado? Pues eso, lo que hay. Si bien, y como ocurre en cualquier cafetería a la hora del desayuno, no había dos clientes que pidan cafés idénticos. Y así frente al café solo que tomaban vascos y navarros, cuya autonomía equivalía realmente a una federación, había otras regiones cuya autonomía estaba mucho más descafeinada, por así decirlo.
No obstante, algo es cada vez más visible y es que las distintas comunidades autónomas cada vez se están haciendo más "cafeteras", es decir, cada vez más las élites regionales exigen más competencias para justificar así su "status" como tales, y sus prebendas y negocietes. De ahí surge, por ejemplo, la pertinaz cuestión de un modelo de financiación autonómica que remedie la pertinaz insuficiencia financiera de todas las comunidades autónomas (salvo la vasca y la navarra a las que este tema no les afecta), un problema tan pertinaz como el de la proverbial sequía.
Y no sólo la chapuza autonómica se traduce en permanentes líos financieros, sino que también da origen a otros problemas de índole económico. Uno de ellos lo estamos viendo este verano auténticamente infernal asociado a la gestión de los recursos para prevenir y afrontar los incendios forestales.
En términos de jerga económica, el problema se como el problema del riesgo moral ("moral hazard" en inglés). Acontece cuando, en el marco de situaciones de riesgo e incertidumbre (por ejemplo las asociadas a sufrir catástrofes naturales como los incendios forestales o las danas inundantes), el sistema se caracteriza por presentar incentivos perversos que llevan a los agentes a tomar decisiones equivocadas que hacen subir la probabilidad de que acontezca la catástrofe o la importancia de la misma. Y eso es lo que hace el "sistema" del Estado de las Autonomías.
Veamos lo que está ocurriendo estos días. Las comunidades autónomas de Galicia, Extremadura y Castilla y León, que en mayor medida están padeciendo esta racha de incendios (provocados o no, esto es otra cuestión importante), tienen transferidas completamente la gestión del medio ambiente. Es su exclusiva competencia el dedicar los recursos que estimen necesarios para prevenir y afrontar esos riesgos. Ahora bien, dado que están dirigidas por el PP y Vox, cuya posición -o mejor, oposición- a la intervención del estado en la economía es más que conocida y que, a mayores, se caracterizan (y singularmente la de Castilla y León) por defender la privatización y las rebajas de impuestos a sus ciudadanos, lo que evidentemente puede limitar la cantidad de recursos que pueden dedicar a la gestión medioambiental y a prevenir las consecuencias del cambio climático ( en el que bobamente no creen) muy por debajo de lo que sería óptimo, lo que se traduce en que aumente la probabilidad de que la catástrofe en forma de incendios increíblemente intensos y voraces sucedan, como está ocurriendo este verano. Ahora bien, el que una administración regional invierta menos de lo óptimo a la hora de afrontar estos riesgos no sólo depende de que la ideología de sus dirigentes así lo pida , depende también del sistema en general, de la medida en que posibilite la aparición de riesgo moral. Que es precisamente lo que posibilita nuestro chapucero Estado de las Autonomías.
Ello sucede por la sencilla razón de que la chapuza autonómica posibilita el que, en caso de que la catástrofe suceda, las autonomías pueden acudir como niños al "papá" gobierno central para que este movilice sus recursos, que pagan TODOS los españoles (salvo los vascos y navarros), para que haga los que ellas no han querido hacer y cubrirles las espaldas. Porque, ¿quién va a pagar los costes del despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (la hoy bendita UME, a la que los del PP definieron cuando se creó como el "juguetito" de Zapatero), la Guardia Civil, el Ejército de Tierra y el del Aire y otros medios de Protección Civil de la Administración Central?
Si, si las cosas van mal y viene una destructiva DANA o un incendio, puedes exigir que el "estado" te ayude y corra con los gastos, e incluso puedes afearle que no sea el primero que se presente a afrontar el siniestro, ¿para qué vas a gastar tú? ¿para qué vas a ponerles impuestos a tus ciudadanos? Esa es la peculiar lógica económica que define al estado autonómico en este terreno. Un despropósito al que sólo se me ocurre una forma de ponerle freno.
Y es que, al igual que la Guardia Civil, los bomberos o Protección Civil de los gobiernos locales y regionales, les cobran a los ciudadanos imprudentes cuando por sus imprudencias se ven obligados a desplegar sus medios para rescatarles en cuevas, montañas y demás situaciones arriesgadas, la Administración Central debiera "cobrarles" a las administraciones autonómicas por los gastos de todo tipo que ha de incurrir cuando se ven requeridas a actuar por las "imprudencias" que cometen en la gestión de las competencias que tienen transferidas. Sería la única forma de que aprendiesen,
