Una de las mayores sorpresas que nos han deparado la presentación de los presupuestos, ha sido la de la amnistía fiscal, que han colado con el argumento de que es la única forma de recaudar dinero fácil de los que han defraudado.
Lo cierto es que no es la única forma de evitar el fraude, de hecho es claramente contraproducente, como de hecho todo el mundo lo sabe. En todos y cada uno de los casos que se nos puedan ocurrir cuando preguntamos por la mejor forma de cumplir una determinada ley, jamás escucharemos la palabra amnistía. Esta palabra tan sólo puede servir en casos excepcionales, cuando existan personas que hayan sido acusados de delitos que por alguna razón dejan de ser tales. Por ejemplo, las amnistías políticas.
Si nos encontramos con una legislación determinada que penaliza por ejemplo la libertad de expresión de la prensa, es posible que en un momento determinado se llegue a la conclusión de que penalizar esto es un error o injusto, y en consecuencia se plantea una amnistía. Pero a nadie en su sano juicio se le ocurre defender que amnistiar los delitos de opinión, puede servir ni de lejos para tratar de frenar las opiniones libres. Es más las amnistías provocan siempre un efecto, (a veces pequeño, a veces mucho mayor), a favor de la acción que se penalizaba.
Pero si de aquello de recaudar lo que corresponde, (recordemos que las amnistía fiscal no es otra cosa que pedir a los que defraudaron que paguen menos de lo que correspondería), la solución es más que evidente. Se trata exactamente de investigar, buscar, probar y usar los tribunales y los instrumentos que el estado tiene para tratar de evitar una acción ilegal. Exactamente igual que cuando se luchan contra el exceso de velocidad, contra el terrorismo o contra el narcotráfico. Para luchar contra la evasión fiscal, no hay más forma que meter en la cárcel a quien haya que meter, para demostrar con hechos claros y contundentes que “el que la hace, la paga”.
Teniendo claro que no hay otra forma de luchar contra un delito que perseguirlo con la mayor intensidad posible, nos queda la discusión acerca de si se puede o no se puede perseguir a los defraudadores. Todo el mundo dirá que es muy difícil evitar el fraude fiscal, y sobre todo dentro del fraude fiscal, aquel más grande y elaborado. Sin embargo esto no es más que una tontería más de todas las que pueblan nuestro mundo.
Controlar los movimientos económicos, y por tanto el fraude, es uno de los delitos más sencillos de evitar, hasta el punto de que normalmente los flujos económicos son frecuentemente usados para detectar, prevenir y combatir otros delitos. De esta forma, está cada vez más claro que un aspecto claro en la derrota de la banda terrorista ETA ha sido precisamente cerrar las vías de financiación y bloquear los fondos de esta banda. Es decir, la forma más sencilla de luchar contra el terrorismo es tratar de seguir los fondos de la banda, lo que genera y lo que se financia, para de esta forma llegar al fin buscado.
El seguimiento de los fondos es normalmente un instrumento, y por tanto por definición no es imposible técnicamente. Es cierto que lleva su esfuerzo, ocupa medios y recursos, pero de entre toda la casuística de delitos es de los más sencillos de combatir.
El mayor problema no es técnico, ni de dificultades, (que existen), sino que es directamente la estructura de poder y los miedos a tratar con aquellas personas que tienen fortunas, que se tratan como si fuesen verdaderos reyes. Cuando se detectaron los fondos en el banco HSBC, debemos recordar que en lugar de iniciar una investigación con todos estos datos y castigar a todos los que habían defraudado, se les remitió una carta en la que se comunicaban estos datos y se daba la oportunidad de declarar voluntariamente lo evadido. Técnicamente la situación en la que estaba el país para castigar a los defraudadores era inmejorable; sin embargo se decidió dar una ventaja que no va a tener absolutamente nadie.
El problema es exactamente el mismo que cuando se indultó a Alfredo Sáez, el mismo que cuando se aparcó el expediente de la CNMV a Jaime Botín, (por el tema de la participación en Bankinter que había ocultado descubierto a cuenta de los datos de HSBC), o por la razón por la que la demanda a Botín, sea la única demanda presentada en España en la que se hace constar por todos lados que realmente parece que no quedaba otro remedio.
El mayor problema es que alguien parece estar convencido de que tenemos que convencer a todo el mundo que las grandes fortunas en España pueden hacer lo que les da la gana y que el estado no va a hacer absolutamente nada que perjudique los intereses de aquellos grupos o personas que dispongan de un volumen importante de fondos. Incluso que estas personas no paguen los impuestos que corresponderían, sobre todo teniendo en cuenta que en todos los casos se están desarrollando toda una serie de medidas que favorecen claramente a quien se dedica a negocios varios en lugar de a crear algo.
De hecho este es el principal problema a la hora de hablar de la gran evasión. El principal problema de este país, es que en este país son demasiados casos de grandes empresas y fortunas que están implicadas en todo tipo de asuntos que van desde el fraude en las cesiones de crédito, (que acabaron por generar una “doctrina Botín”), la información privilegiada de Alierta, las comisiones de la generalitat en la que estaban varias constructoras, recalificaciones varias, la estafa procesal de Saez, los Cortina… El caso es que son estas precisas personas las que están dirigiendo el país, y son estas las personas a las que se llama para buscar las medidas.
Podrá parecer demagógico, pero si queremos acabar con los robos y llamamos a los ladrones para preguntarles opinión, también acabarán sugiriendo la posibilidad de una amnistía, en base a que es muy difícil evitar que se robe. Y cuando digo que puede parecer demagógico es porque no lo es, ya que en definitiva, es exactamente esto lo que ha ocurrido. Sin embargo si se llama a cualquiera con un mínimo de sentido común, nos dirá que la mejor manera de luchar contra el fraude es el derecho penal.
