Ya tenemos las líneas del famoso plan de lucha contra el fraude. Existen ciertas novedades, y lo cierto es que ya he dedicado unos cuantos post a cuenta de las medidas, ya que estaban anunciadas con anterioridad.
Pero si queremos saber si va a ser efectivo, no tenemos nada más que pensar en los tipos de fraude que se pueden detectar a partir de ahora. O mejor dicho, para comprobar la efectividad de dicha medida, no tenemos más que recordar el que creo que es el mayor fraude detectado en España.
Me refiero al fraude de Botín, que se ha detectado por una filtración desde la entidad HSBC, en el que se descubrieron miles de millones de euros en activos ocultos y que por supuesto estaban ajenos a la tributación. Imaginando que este plan estuviese vigente antes de que algo completamente ajeno mostrase esta realidad, la pregunta es: ¿hubiese habido alguna diferencia?. Es decir, el plan será efectivo para luchar contra este tipo de fraudes si su implantación hubiese tenido algún efecto. En caso de que no hubiese ningún tipo de cambio, una simple deducción lógica nos lleva a determinar la total inutilidad del plan.
En el plan, lo más relevante parece que es el límite de pagos en efectivo. Más allá de que esta medida no sirva para otra cosa que para incrementar las posibilidades de negocio de los bancos, (tal y como traté de exponer en su día), lo que está claro es que ni de lejos sirve para evitar, ni dificultar cualquier tipo de fraude que podemos llamar Gran Fraude. Evidentemente los fondos de este tipo de fraudes no están en billetes de quinientos euros, por lo que difícilmente tendrá el mínimo impacto este límite en estas ocasiones. De hecho, lo más curioso es que en ningún momento se plantea a la banca como un problema a la hora de diseñar y permitir actividades tanto de blanqueo como de evasión; y en ambos casos se diseñan normas que les permiten obtener unos beneficios derivados del control, de la información y de la obligación de que tengamos que acudir a ellos, (y pagar por ello).
Sin evitar la casuística de los Botín, resulta que acaban siendo los más beneficiados de esta norma. Y esto es cuando menos irónico.
Pero podemos pasar a la supuesta nueva obligación de declarar las cuentas en el extranjero. Concretamente parece ser que se obliga a todas las personas a declarar la apertura de todas las cuentas en las que se sea titular o autorizado en el extranjero. Puede parecer que esta medida si podría evitar el gran fraude; pero resulta que con tan sólo pensar un poco comprobamos que presenta unos agujeros tan grandes que no puede ser casualidad o improvisación.
Por ejemplo; Si creo una sociedad o cualquier tipo de instrumento jurídico en un paraíso fiscal, ¿tendré que decir algo?. Pues en realidad tendré que declarar exactamente lo mismo que antes de la entrada en vigor; si tengo cualquier tipo de patrimonio en el extranjero tendré que declararlo igual que antes. (por cierto, al igual que antes). En todo caso deberemos tener en cuenta que las cuentas las abre la sociedad y no la persona física española que esté diseñando su patrimonio, por lo que directamente es muy sencillo construir una estructura en la que no exista ningún tipo de obligación nueva.
Y esto suponiendo que ahora sí que se va a cumplir la ley; Por que en realidad hasta antes del plan existía la obligación de declarar el patrimonio. Si este está oculto porque se usan estructuras en determinados países que no facilitan información, (y recordemos que normalmente son los mismos bancos que también operan en nuestros territorios los que directamente no facilitan información), ¿Qué ha cambiado hoy en día?.
No es que haya empeorado mucho o poco; no es tampoco que se haya hecho mucho más difícil o poco. Es simplemente que no ha alterado absolutamente nada la situación de los grandes defraudadores. Sobre todo porque el incumplimiento de la obligación de declarar es lo grave y el delito fiscal (lo realmente grave) es el incumplimiento de esto, y no de la obligación de declarar las cuentas en el extranjero.
Es posible pensar que lo que sí afecta es la no prescripción de la evasión, a partir de un tecnicismo que es considerar toda la renta obtenida en el último ejercicio no prescrito. Aquí tenemos un curioso juego de palabras a cuenta de la prescripción que probablemente diese mucho juego en los juzgados; y digo diese porque en realidad estamos ante la misma situación que antes. En el caso de que se descubra cualquier caso, (como ha pasado con Botín), ¿seguirá siendo el delito fiscal el único delito del código penal en el que se puede solucionar el problema?. Recordemos que si voluntariamente se regulariza la situación, no procede delito. ¿Por qué no se ha derogado este engendro de normativa que directamente da una salida al evasor en el improbable caso de que ocurra algo?. Y digo improbable, porque sin una búsqueda activa de la evasión, o lo que es lo mismo, sin investigar, difícil va a ser que se consigue detectar ningún fraude, por mucho que nos digan lo contrario.
¿Existe algún indicio para defender que de alguna forma se va a cambiar la actitud ante el gran fraude?. ¿Por qué no se cambia el código penal para endurecer las penas ante estas actitudes como sí que se pretende por ejemplo para casos similares a los disturbios de Barcelona?. Resulta que se pretende que convocar o difundir una concentración no autorizada sea pertenencia a una organización criminal, (ya hace falta imaginación para entender que el 15 M sea criminal o incluso que sea una organización), pero resulta que estos sistemas organizados y públicos para esquivar el pago de impuestos en la situación actual no entran en la mente. ¿No preferirá la sociedad luchar contra estos casos?.
Sí se quisiese luchar contra el fraude, ¿se hubiese paralizado el expediente a Jaime Botín por tener una participación no declarada de Bankinter?, ¿se permitiría que toda la familia estuviese por ahí dando recomendaciones como si nada, sin la mínima censura, (ya no digo penal)?.
Es decir, ahora nos cuentan que los delitos fiscales no van a prescribir, pero ¿Quién los persigue?. No hay ni un solo medio nuevo para perseguirlo, no hay ni una sola estrategia nueva para perseguirlos, y sobre todo se siguen dando muestras claras y contundentes de que no existe la menor intención de poner el mínimo problema, por lo que realmente está claro que este plan servirá como buena campaña de publicidad, o para seguir con el procedimiento de detectar errores, o incluso para dar más poder a los bancos. Pero ¿para los grandes defraudadores?.
Fácil es saberlo.
