Te produce una cierta mala leche el ver venir algo y que cuando lo comentes no te hagan caso. Te joroba que, aunque sea a cámara lenta, compruebes que el desenlace se torna inevitable. Cunde el desazón cuando encima te tachan de ave de mal agüero, de insolidario, de gafe, de cortedad de miras, etc. Pues bien, estos últimos días se ha reproducido esa sensación.

Soy muy crítico, y los que me conozcáis de tiempo ha lo sabéis bien, con la VPO. Muy mucho. Estoy radicalmente en contra de la VPO en propiedad, de los espectáculos caciquiles de los sorteos de las mismas, de los pelotazos privados con dinero público que por protagonizarlos familias supuestamente humildes no dejan de tener tal consideración.

Creo que el problema era evidente. Incluso los más mayores defensores de políticas de vivienda protegida arbitraron fórmulas para evitar comportamientos que deslucían la supuesta finalidad social de la vivienda protegida. Una de las soluciones era la calificación permanente de las viviendas como protegidas, su imposibilidad de descalificarlas bien devolviendo las ayudas, bien por el mero paso del tiempo. Se trataba a si de mantenerlas sujetas a la esfera de la Administración que fijaría su precio máximo, tendría derechos de tanteo y retracto, etc...

Quizás la Comunidad más representativa a dichos efectos ha sido la vasca, a traves de Etxebide. Incluso en dicha Comunidad, se reforzaban dichas limitaciones de la vivienda protegida con el recurso al llamado derecho de superficie. En resumen, dicho derecho consiste en que la Administración que promueve dichas viviendas sobre un suelo de su titularidad cuando las vende se reserva la propiedad sobre el suelo, vendiendo únicamente lo edificado y por un plazo temporal, en este caso de 75 años.

¿Por que recurrían a esta figura? Se trataba para sus ideólogos de salvar la distancia entre la VPO en propiedad y la VPO en alquiler. En el fondo creo que eran conscientes de los males de la VPO en propiedad, pero también sabían lo costoso de desarrollar políticas de VPO en alquiler. De este modo, se configuraba una suerte de vivienda en alquiler a muy largo plazo, financiable en buena medida por los ahorros de sus ocupantes y el pago de la hipoteca que pudiesen constituir sobre ella. Además, pensaban que al ser a tan largo plazo sus ocupantes la cuidarían mucho más que una vivienda en alquiler a corto (ejem, ya veríamos que pasaría cuando se fuesen acercando los años finales). Y por si todo esto fuese poco, se creía que se configuraba de dicho modo un patrimonio publico de VPO que, reforzado con la doble protección de la calificación permanente, serviría para atender ya no las necesidades de múltiples en en el futuro. Ya.

Lo cierto es que muchos veíamos alguna que otra grieta a esa Arcadia feliz. No había más que pensar en la naturaleza humana. Por un lado tendríamos la presión de los vecinos de dichos inmuebles, a los que derechos de superficie, calificaciones permanente y demás zarandajas administrativas se las traerían al pairo. Vete tu a explicarles que sus viviendas no eran suyas. Quizás ahora tragasen , pero según se fuese acercando el teórico plazo de vencimiento de esa suerte de concesión administrativa, de ese derecho de propiedad alterado genéticamente, las cosas se pondrían calientes. No hay más que recordar la suerte que han corrido, en distintas ciudades españolas las viviendas municipales, y como se han acabado "regalando" a sus inquilinos por "interés social".

Además, dicha amenaza se veía reforzada por el comportamiento de los políticos. ¿Quién nos garantizaba a los ciudadanos que estos señores no deseasen en un futuro ganarse cuatro votos del primer colectivo descrito a cambio de consolidar su derecho de propiedad? Nadie.

Lo cierto es que la crisis ha llegado y ya se están empezando a producir hechos que conforman mi opinión sobre estos últimos señores. Así, el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco ya ha lanzado el globo sonda sobre una posible venta del suelo sobre el que se asentaban dichos derechos de superficie por unos 9000 euros per capita. Sostienen los responsables socialistas que, dada la calificación permanente, es. redundante el derecho de superficie, que ya se garantiza así la no especulación con dichas viviendas y que además el Gobierno Vasco obtendría recursos para desarrollar viviendas protegidas en alquiler. Ejem.

Me gustaría que el Gobierno vasco me explicase quien le garantiza a los contribuyentes que esta abolición del derecho de superficie, que esta consolidación del derecho de propiedad pleno por un plato de lentejas, no se va a volver a reproducir en el futuro con la calificación permanente. Sr. Consejero, ¿garantiza Vd que ningún Gobierno vasco va a permitir la conversion de las viviendas con calificación permanente en viviendas libres? Es evidente que no puede hacerlo, y ahí está el problema.

En dicho sentido he sonreído al leer la entrada del Blog de Leolo al respecto (muy recomendable desde la distancia ideológica). Javier Burón, su autor, exalto cargo de Vivienda del anterior Gobierno Vasco, y al que sigo desde mi Reader, critica dicha decisión. Por ejemplo:

El argumento es muy posible que cuele, pues el nivel de atonía social y estupidez colectiva en estos momentos en Occidente es muy alto. Pero analizado con reposo es para reír o para llorar, según se mire. Vamos a privatizar 20.000 viviendas públicas en alquiler vitalicio para financiar con ello, en el mejor de los casos, 2.000 viviendas en alquiler (el Gobierno Vasco pretende vender el suelo y la propiedad plena por unos 10.000 euros por vivienda y eso viene a suponer que por cada 10 derechos de superficie vendidos quizás se pueda financiar una vivienda pública en alquiler). No parece que el servicio público de vivienda vaya a hacer un buen negocio con esta operación. Si es claro que a 20.000 personas o familias, y a todo su entorno, se les va a poner los dientes largos pues, en términos mundanos, como se diría en la calle, el Gobierno Vasco es va a hacer propietarios de una vpo para siempre (además con la esperanza de que algún día alguien permita descalificar la vivienda protegida y así tener una vivienda libre en plena propiedad -como se puede ver en estas primeras reacciones ciudadanas-).

 

Lo que ocurre es que me llama la atención que Javier no se sienta corresponsable, en alguna medida, de lo que va a pasar. Si como el señala dichas actuaciones se pueden llevar a cabo se deben, en alguna medida, a la creación de ese parque público de vivienda protegida, bien en propiedad, bien en derecho de superficie, que el Gobierno del que el formaba parte impulsó. Me sorprende que no se diesen cuenta de que estaban sembrando de minas el futuro, y que luego se llamasen de nuevas ante algo que nos resultaba evidente a muchos. Este fruto no se hubiese podido recoger si ellos no lo hubiesen sembrado. ¿Cómo no pensaron en proteger su juguete de las ambiciones de sus compañeros de profesión?