ómo va a quedar mi pensión?". Un amigo, lector habitual de Libertad Digital y oyente de esRadio, me hacía esta pregunta el otro día. "Pero si he escrito como mínimo 15 artículos sobre este tema en los últimos seis meses", le contesté, "léelos o echa un vistazo a los vídeos que hemos ido subiendo".
"No. Tus artículos son sobre las cuentas de la Seguridad Social, sobre los nuevos índices aprobados en la reforma de 2013, sobre proyecciones demográficas a futuro… Y todo eso está muy bien: la Seguridad Social está en quiebra y nos traerá problemas. Pero no es eso lo que yo pregunto. Mi pregunta es, en términos prácticos: ¿Que pasará con mi pensión en 2040, que es cuando en teoría me toca jubilarme?".
Me he puesto a revisar lo que he escrito y creo que tiene razón. No sólo es mi culpa (aunque mal de muchos...). Casi todos los periodistas que tratamos las pensiones tendemos a analizar las grandes cifras, pero no tanto a responder a esa pregunta tan concreta. Hacemos apuntes genéricos sobre una posible rebaja o sobre cómo afectará tal o cual medida, pero no entramos al detalle práctico.
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Hay una razón y es que no lo sabemos con certeza. Al final, las pensiones públicas que cobraremos dependerán de factores que escapan a nuestro control. Nosotros podemos (más o menos) saber cómo será nuestra carrera laboral. Si queremos trabajar sin interrupciones o nos gustaría hacer algún parón por temas personales o profesionales, si vamos a cotizar o no de forma continuada, si nuestro sueldo es más o menos elevado…: todos estos factores incidirán en la pensión y dependen en cierto sentido de cada trabajador.
Pero hay otros muchos elementos que determinarán nuestra prestación en el futuro y sobre los que no tenemos el más mínimo control:
•desde la demografía: ¿llegarán inmigrantes en 2025-2030 que ayuden a sostener el sistema?
•al incremento de la productividad: si suben mucho los salarios los recortes (que los habrá) serán menos dolorosos
•pasando por la elección política: el presupuesto total del Estado es el que es, ya estén todas las partidas en la Seguridad Social o se paguen las pensiones de viudedad vía impuestos. Puede que haya un Gobierno que quiera gastar más en pensiones y menos en carreteras (o al revés). Eso sí, lo único que hay que tener claro es que nada es gratis: si destinamos más dinero de impuestos a pagar las pensiones habrá que gastar menos en otras cosas.
Por eso, lo primero que tengo que decir es que las siguientes diez claves son una apuesta personal. Es lo que yo intuyo como periodista que lleva unos cuantos años siguiendo este tema y que conoce, dentro de lo posible, cómo actúan los políticos cuando se enfrentan al mismo. Por eso, si me vuelve a preguntar mi amigo le diré: "En mi opinión, por ahí irán los tiros. Vuelve a preguntarme en 2030 y te digo si estoy acertando. Eso sí, mientras tanto, ahorra todo lo que puedas":
1.Los actuales pensionistas, más o menos, tienen garantizada su pensión... la de ahora y la que seguirán cobrando mientras vivan. Quizás el nuevo índice de revalorización anual aprobado en 2013 les pueda limar algo de poder adquisitivo, pero creo que no será mucho, ni siquiera a medio plazo. Entre otras cosas porque es muy impopular aprobar subidas de las pensiones por debajo del IPC. Este año se ha hecho, pero porque en los años anteriores habían ganado poder adquisitivo, ya que la inflación estuvo en cifras negativas. Siempre que pueda, el gobernante de turno intentará anunciar en diciembre un nuevo aumento para los pensionistas que mantenga el poder adquisitivo de las prestaciones. Los recortes, si los hay, serán menores y concentrados en las pensiones más altas.
2.El problema lo tienen los pensionistas del futuro, especialmente los que vayan a cumplir 65 años a partir de 2030.
3.Las reformas aprobadas en 2011 y 2013 hacen el sistema sostenible desde un punto de vista financiero. No hace falta aprobar nada nuevo para cuadrar la cuentas del sistema a medio plazo, sólo hay que esperar a que los cambios previstos surtan los efectos buscados. Desde un punto de vista técnico fueron dos buenas reformas. Y teniendo en cuenta los ingresos y gastos de la Seguridad Social (los de ahora y los que esperamos a futuro) probablemente eran la opción menos mala.
4.De hecho, por lo apuntado en el apartado anterior es por lo que creo que no va a haber más grandes reformas de las pensiones. Al menos no tan importantes como las aprobadas en 2011 y 2013. Habrá ajustes menores y se sacarán algunas partidas de los presupuestos de la Seguridad Social para llevarlas a los del Estado. Es una pequeña trampa de nuestros políticos, destinada a poder decir que el sistema de Seguridad Social es "sostenible". Pero en realidad no cambiará nada. ¿Pagaremos viudedad y orfandad vía impuestos? Sí. ¿Es eso importante? Creo que no tanto como se pretende. Al final, de qué cuenta del Estado salga el dinero es lo de menos, lo importante es la capacidad de los trabajadores españoles de soportar todos los impuestos que caen sobre sus espaldas, ya se llamen cotizaciones o IRPF.
5.Los ajustes menores de los que hablo llegarán por la vía de endurecer los requisitos de acceso a la pensión: •la edad de jubilación pasará a 69-70 años
•quien quiera jubilarse antes (a los 65 o 67 años) podrá hacerlo, pero tendrá una penalización
•incluso, podría ser que se mantuviera la edad legal en 67 años y se anunciase un "bonus" para los que se jubilan después. Sería muy parecido a llevar la edad legal a 69-70 y penalizar a los que se jubilen antes. Parecido, pero más fácil de vender al electorado.
•el cálculo de la base de cotización incluirá toda la vida activa. La reforma de 2011 establecía que la base se calculará teniendo en cuenta los últimos 25 años cotizados, frente a los 15 que había antes. Se venderá que ampliar a toda la vida activa es más "justo", porque no se penaliza a quien haya tenido mala suerte al final de la carrera laboral. Pero sería justo en un sistema de capitalización, en el que el ahorro es real desde el principio. A nuestros políticos les encanta usar "lenguaje de capitalización" (como si hubiera un sustento de ahorro real) para lo que no dejan de ser normas de gestión de un modelo de reparto (en el que cada año se decide lo que los PGE destinarán a la pensiones, porque no hay unos activos reales que sustenten esos derechos de los que hablan). En este caso, lo cierto es que pasar de 25 años a toda la vida laboral supondrá que la gran mayoría de los trabajadores sufrirá un recorte en sus derechos a una futura pensión, porque casi todos cobramos más con 60 años que con 22.
•se exigirán más años cotizados para cobrar el 100% de la pensión. Ahora mismo son 37. Probablemente nos vayamos a los 40 años cotizados de requisito. Y el recorte para los que no lleguen a esa cifra será también superior al actual (ahora mismo es un 2% menos por cada año no cotizado)
•habrá más facilidades para compatibilizar trabajo y pensión, incluyendo trabajos a media jornada, bonificaciones a empresas y trabajadores, etc...
6.Dicho esto, esa sostenibilidad que garantizan las reformas de 2011 y 2013 se conseguirá rebajando la tasa de sustitución: la relación entre el último salario percibido y la primera pensión. En la actualidad, España tiene una de las tasas de sustitución más elevadas de Europa, por encima del 80%. Esto no se podrá mantener. Mi apuesta es que en 2035-2040, la tasa de sustitución de la pensión pública estará, con suerte, alrededor del 55-50%.
7.Esto no quiere decir que el poder adquisitivo de la pensión media tenga que bajar (aunque podría hacerlo) sino que las pensiones del futuro serán más bajas en relación a los salarios medios. Por ejemplo, si ahora alguien se jubila con un sueldo de 2.000 euros y cobra una pensión de 1.600 euros, lo normal es que su hijo piense: "Cuando yo me jubile, si mi salario es de 3.000 euros [siempre en términos reales, descontando la inflación], mi pensión será de unos 2.400 euros aproximadamente, el 80% de 3.000". Pues no. Su pensión, con suerte, será el equivalente a esos 1.600 euros que cobra ahora su padre. No perderá poder adquisitivo, pero no podrá mantener el nivel de vida previo a la jubilación, salvo que haya ahorrado. Los pensionistas serán más pobres en términos relativos, si se comparan con los asalariados del futuro.
8.La clave está en el factor de sostenibilidad aprobado en 2013. Éste se traduce en una ecuación que re-calcula la primera pensión en el momento en el que el trabajador su jubila, en función de su esperanza de vida. Es decir, supongamos que alguien se jubila a los 67 años y el cálculo normal, según las normas del sistema, le dice que tiene que cobrar 2.000 euros. Desde 2019 en adelante, sufrirá un recorte en esa primera prestación, en función de cómo evolucione la esperanza de vida en España. Los primeros descuentos serán pequeños: quizás e 1,5%-2% en 2019. En 2030, la cifra estará cercana al 25-30%. Y ese recorte se consolida: es decir, las revalorizaciones que irá obteniendo año a año se calculan desde 1.950, no desde 2000 euros.
9.El principal pero del factor de sostenibilidad es que es muy poco transparente (y por eso gusta tanto a los políticos). Uno se jubila, le dicen que le toca una pensión de 1.950 euros y no se pone a hacer las cuentas de cuánto le han recortado. Como además, en términos nominales las pensiones irán subiendo por la inflación, pues es todavía más complicado enterarse de lo que está pasando.
10.Todo esto no quiere decir que el factor de sostenibilidad y los otros ajustes introducidos en 2011 y 2013 no sean necesarios. El sistema está en déficit y hay que cuadrar las cuentas. No se pueden mantener unos números rojos de 20.000 millones eternamente. Pero sería importante que alguien le contase todo esto a los pensionistas futuros, para que sepan que, si quieren mantener su nivel de vida tras la jubilación, tendrán que ahorrar desde ya. El futuro es por definición impredecible; pero si algo podemos tener claro es que la relación pensión media / salario medio va a caer y que la única forma de mantener el nivel de vida tras la jubilación será tirar de los ahorros que cada uno haya acumulado en el pasado.
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