Ya han conseguido convencernos de que la congelación salarial sería estupenda. Sin embargo, la congelación ya sería un escándalo y un ensañamiento injusto con un colectivo sobre el que se ha hecho recaer el peso de la crisis de forma desproporcionada. Pensad que, la simple congelación para el 2012, consolidaría una pérdida de poder adquisitivo de más de un 13% de media.
El 1 de enero de 2014 deberá haberse conseguido el objetivo de un máximo del 3% de déficit público, pero el límite establecido en la última cumbre de la UE es del 0,5%, con sanciones automáticas a partir del 3%. Es decir, hay un serio riesgo de que el horizonte de las congelaciones salariales a los funcionarios se extienda durante años y que nuestra pérdida de poder adquisitivo se aproxime rápidamente a un 20, 30 o 40% sin necesidad de recortar.
Mientras tanto, pensemos en la paradoja que supone el hecho de que los salarios sigan creciendo un 2,51% de media en el sector privado, según los últimos datos. A los funcionarios se nos pide solidaridad pero, ¿qué clase de solidaridad han tenido los trabajadores del sector privado con sus compañeros que se han ido al paro? Ninguna; siguen como si nada, con incrementos salariales que han oscilado entre el 3 y pico y el 2,51% durante toda la crisis. Además, esa solidaridad se nos pide en un entorno de ataques brutales contra nuestra dignidad ante los que, en mi opinión, hemos dado una muy tibia (por no decir inexistente) respuesta.
No es de extrañar que, ante lo que se considera la rendición incondicional del funcionariado y el alborozo de la opinión pública y publicada, instituciones como la Generalitat de Catalunya anuncien una rebaja de entre el 1 y el 3% del salario de los empleados públicos y, cuando los sindicatos se sientan a negociar, les pongan encima de la mesa una rebaja superior a un 10%. Si seguimos dando semejantes señales de debilidad, acabarán perdonándonos la vida por ir a trabajar.
No es cierto que la sociedad pague nuestros salarios por un trabajo improductivo. No lo es, en primer lugar, porque desarrollamos tareas imprescindibles para el sostenimiento y desarrollo de nuestros modelos de convivencia y producción. En segundo lugar, porque también contribuimos con impuestos que se aplican al pago de nuestros propios salarios y de los servicios públicos que disfrutan todos los ciudadanos. Y en tercer lugar, porque cada vez que compramos en una tienda, contratamos los servicios de un autónomo o empresario, etc…, estamos contribuyendo a la generación de actividad y al pago de salarios en el sector privado de un modo directo y, no pocas veces, por un servicio nefasto.
Hace poco, una empleada de una Caja de Ahorros me dijo aquella entrañable frase de “yo te pago el sueldo”; justo al mismo tiempo que, entre todos, aportábamos miles de millones para hacer viable su puesto de trabajo. Tenemos argumentos más que suficientes para defender nuestras posiciones, sólo hace falta coraje y determinación para hacerlo. Ya estamos pagando muy cara nuestra inacción ante el recorte de mayo de 2010, no podemos recaer en ese error.