Sánchez y ERC negocian indultar a los golpistas este mes

 

El Gobierno aboga por reconducirlo hacia una reformulación del Estatut que sea votado por los catalanes con mejoras en financiación y competencias, pero siempre dentro de los límites que marca la legalidad

Pedro Sánchez comienza a desplegar la «agenda para el reencuentro». Una iniciativa política que va mucho más allá del documento de 44 compromisos con el que viajó a Barcelona debajo del brazo a la cumbre bilateral que mantuvo con Quim Torra, entonces presidente de la Generalitat, en febrero de 2020. Después vendría la única reunión de la «mesa de diálogo» entre ambos gobiernos que se ha celebrado hasta la fecha y una pandemia sin precedentes que obligó a paralizar cualquier tipo de escenificación. «Ahora la prioridad es otra, es la crisis sanitaria», respondían insistentemente en Moncloa durante esos meses aciagos. Sin embargo, la interlocución no ha parado ni en los momentos más crudos del embate del coronavirus. En diciembre de 2020, ERC aprobaba los Presupuestos Generales del Estado y daba a Pedro Sánchez la estabilidad necesaria para agotar la legislatura, la estabilidad que le había hurtado solo un año antes, cuando se forzó el adelanto electoral.

La política de gestos ha continuado a baja intensidad y se ha intensificado ahora que la vacunación encara su etapa final y la inmunidad de grupo parece al alcance de la mano. El Gobierno desplegará en las próximas semanas la iniciativa más ambiciosa de cara al desafío soberanista: la concesión de los indultos. Una maniobra política, en contra del criterio judicial –la Fiscalía y el Tribunal Supremo han emitido informes desfavorables–, de los partidos de la derecha –que se manifestarán este domingo en la plaza de Colón– y de algunos sectores incluso del propio PSOE. Desde Moncloa se apela a la «valentía» y a la necesidad de salir del inmovilismo: «No hacer nada no es la solución». Pero para este ejercicio de pedagogía en el que se encuentran inmersos desde hace días, el Gobierno necesitaba un colaborador necesario: ERC.

Desde el Ejecutivo se pidió a los republicanos que rebajaran el tono, que cultivaran también por su parte el contexto de distensión y que evitaran pronunciamientos en la línea de la reincidencia –«lo volveremos a hacer»– que no solo han sido utilizados por el Supremo y la oposición, sino que ahondan en el desgaste político que Moncloa está asumiendo al resolver positivamente la medida de gracia. El gesto llegó ayer, un «gesto significativo», como lo definen fuentes gubernamentales, en forma de misiva de Oriol Junqueras, adelantada ayer por La Sexta. En su carta, el líder republicano en prisión reniega de la vía unilateral y apuesta por «la vía del pacto y el acuerdo, la vía del referéndum acordado», porque «es la opción que genera más garantías y reconocimiento internacional inmediato». «Sabemos que otras vías no son viables ni deseables en la medida en que, de hecho, nos alejan del objetivo a alcanzar», asegura.

En Moncloa, sin embargo, ponen coto a las pretensiones de Junqueras y las enmarcan en los cauces de la legalidad. Celebran el paso al frente dado por el líder independentista, pues es la primera vez que ERC rompe con la vía unilateral públicamente y opta por negociar un referéndum pactado. Esta vía del referéndum pactado sería una fórmula para buscar un nuevo encaje entre España y Cataluña que tuviera un respaldo mayoritario y no la división actual, en dos mitades, de la sociedad catalana, que ha provocado la deriva soberanista.

En el Gobierno abogan por reconducirlo hacia una reformulación del Estatut que pueda ser avalado en las urnas y en los parlamentos español y catalán. En este nuevo Estatut se promovería la actualización de la financiación, reformando el sistema que lleva pendiente desde 2013 con mayor participación de los territorios y asegurando una justa distribución de los recursos públicos. También avanzar en la mejora de los objetivos de déficit, sin afectar a la recuperación económica, y en el cumplimiento de los compromisos de inversión, así como de la autonomía financiera y tributaria de Cataluña.

Al ámbito de la financiación se sumará también el del blindaje de competencias, en un modelo asimilable al de los «lander» alemanes, que ahonde en el modelo federal. De este modo, se quiere evitar la «conflictividad institucional», evitando acudir a los tribunales por choques de atribuciones. También se avanzará en las demandas de traspasos y la gestión descentralizada de las ayudas y subvenciones, cuando las CC AA tengan competencias ejecutivas en este sentido. En el Ejecutivo definen la votación de este nuevo estatuto como un «referéndum de conciliación» y no de independencia. No obstante, sí asumen que, una vez que se constituya la «mesa de diálogo» las posiciones serán enfrentadas y alejadas, pero creen que con estas «soluciones imaginativas», ERC podrá ir transitando la vía desde sus posiciones máximas (referéndum y amnistía) hasta otros postulados más posibilistas. «Se abre una nueva etapa», aseguran fuentes gubernamentales.

En este sentido se pronunció ayer el presidente del Gobierno. En una coincidencia que no fue baladí. Temporal con la publicación de la carta de Junqueras y física con el president de la Generalitat, Pere Aragonès, con quien coincidió en un acto organizado por Foment del Treball. Sánchez abogó por «dejar de lado la dialéctica estéril» y «cambiar las amenazas por propuestas, vengan de donde vengan». «No busquemos justificaciones o revanchas, sino soluciones: con pragmatismo, con honestidad y con sentido común», señaló, para apuntar que «no van a ser posturas maximalistas las que nos permitan recobrar la convivencia y la fortaleza perdida que tanto necesitamos».

A escasas semanas de la concesión de los indultos, Emiliano García-Page acaba de votar a favor y en contra de paralizar los indultos a los golpistas en sólo cinco minutos. Ha votado a favor de los indultos cuando el partido que los criticaba era el PP. Y en contra, cuando el que pedía combatir los indultos era Ciudadanos.

Eso sí, la de Ciudadanos era claramente más suave que la del PP. Y todo ello lo ha hecho tras haber salido a la opinión pública a afirmar que esos indultos «Más que una medida de gracia, me parecería una enorme desgracia».

Hace escasos días Page afirmaba que «de todo corazón» y desde sus convicciones «constitucionales y socialistas”, esperaba que no se llevase a efecto el indulto a los golpistas del 1-O. «Más que una medida de gracia, me parecería una enorme desgracia, sinceramente. Hay muchos argumentos jurídicos y políticos para pensar que la hipótesis de un indulto sea uno de los graves errores de la democracia en el caso de que se produzca», añadía el presidente de Castilla-La Mancha y líder del PSOE regional.

Pero una propuesta del PP en el Parlamento autonómico ha mostrado, no una, sino dos caras muy distintas de García-Page. María Dolores Merino, portavoz del Grupo Popular de las Cortes de Castilla-La Mancha, ha trasladado una propuesta de resolución al debate general. Primero, para expresar “su respaldo incondicional y absoluto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico español como garantes de la integridad y unidad de la nación y del Estado de Derecho y la democracia en nuestro país”.

También, para “manifestar su apoyo sin fisuras a la labor que realizan todos los días los diferentes tribunales de justicia españoles, con especial mención al Tribunal Supremo, de manera independiente, responsable y sometidos únicamente al imperio de la ley como establece el artículo 117 de la Constitución Española”.

Por todo ello, el PP pedía que las Cortes de Castilla-La Mancha instasen al Gobierno regional a pedir, a su vez, al Gobierno de España «expresar su respeto a la independencia de las diferentes instituciones del Estado y las decisiones judiciales y a no conceder el indulto a aquellos que han vulnerado -como ha declarado probado el Tribunal Supremo- no sólo nuestra Carta Magna sino también otras leyes españolas y que, como han repetido en numerosas ocasiones, pretenden reincidir en el delito de sedición cometido».

Pedían también instar al presidente del Gobierno a «comparecer en el Congreso de los Diputados en un pleno monográfico para explicar su intención de conceder el indulto a los condenados por la sentencia 459/2019, de 14 de octubre, por la convocatoria de un referéndum ilegal y la proclamación ilegal de una república catalana independiente».

Page vota en contra de la propuesta del PP

Ante esa propuesta, el socialista no ha dudado en respaldar los indultos y votar en contra de la propuesta del PP. Pero lo más llamativo era que previamente, y en cuestión de minutos, Page había votado a favor de otra propuesta de Cs. Y lo hacía para rechazar los indultos, lo mismo que acto seguido contradecía. La propuesta de Cs, eso sí, era mucho menos crítica que la del PP. El texto de la propuesta del partido naranja se limitaba a señalar que “las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Gobierno Regional a instar al Gobierno de España a defender y garantizar la igualdad de todos los españoles ante la ley y no conceder indultos a los políticos del procés condenados por el Tribunal Supremo por sedición y malversación de fondos”.

Sea como sea, lo cierto es que los indultos que Pedro Sánchez quiere conceder a los golpistas del 1-O están provocando el caos en el sector no sanchista del PSOE. Ya son varias las voces que han clamado contra la decisión de Sánchez, entre ellas, la del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Pero lo cierto es que Page levanta la voz, pero duda a la hora de oponerse a los indultos en la práctica: de hecho, ha votado ya cinco veces en contra de propuestas en su Parlamento regional que exigían la prohibición de los indultos contra los golpistas.

 

Condiciona el perdón a que no delinca en 5 años, un plazo superior al de otros indultados, porque "mantiene la reivindicación de los hechos" juzgados.

 

El Gobierno no se cree el 'ho tornarem a fer' (lo volveremos a hacer) en el que insiste por activa y por pasiva Jordi Cuixart, el presidente de Òmnium Cultural que tuvo un papel clave en el 'procés' al movilizar a los independentistas para la celebración del referéndum ilegal del 1-O.

"A pesar de la influencia que ejerce en la vida social catalana y de algunas de sus manifestaciones públicas, no ha vuelto a instigar o cometer ningún otro acto delictivo", señala el informe sobre el indulto a Cuixart, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

El dirigente de Òmnium fue condenado por sedición a nueve años de cárcel, de los que ha cumplido tres años y casi ocho meses.

"El derecho de gracia aquí no entorpece los fines de prevención general a los que se debe orientar la pena", sostiene el Gobierno. "La base de nuestra convivencia radica en el imperio de la ley y ello se traduce en que nada ni nadie está por encima de ella. Tras la sucesión de los hechos enjuiciados en la referida sentencia, y la condena penal que impuso a sus autores, nadie en España duda de que la comisión de un delito, sea quien sea quien lo cometa y ocupe el cargo que ocupe, traerá consigo las consecuencias penales legalmente previstas".

"De hecho", añade, "ninguno de los referentes sociales del movimiento independentista ni de los responsables políticos autonómicos que, con posterioridad, han ocupado efectivamente cargos institucionales en Cataluña ha incurrido en comportamientos parecidos a los que dieron lugar a esa condena. Desde octubre de 2017, en Cataluña, las instituciones cumplen las leyes".

El informe explica que el indulto no hace desaparecer el delito "a diferencia de la amnistía, claramente inconstitucional".

La amnistía es una reivindicación en la que ha insistido Cuixart no sólo públicamente sino también en su último escrito al Tribunal Supremo, en el que afirmaba que "no ha presentado ninguna solicitud de indulto y ha manifestado en reiteradas ocasiones de manera pública que como preso político su prioridad no es salir de la cárcel sino la resolución del conflicto político por el que cumple condena, empezando por la amnistía como respuesta colectiva en lugar del indulto como solución individual".

Cuixart también ha reiterado su voluntad de "volverlo a hacer". Lo dijo en su intervención final durante el juicio del 'procés' y hasta ha escrito un libro con ese título.

Alegato final de Jordi Cuixart

Pero el Gobierno de Sánchez cree que el riesgo de reincidencia de Cuixart es "mínimo", de acuerdo con los informes de la Administración penitenciaria catalana. "El informe de conducta, que consta en el expediente [de indulto], evidencia su mínimo riesgo de reincidencia. Igualmente destaca el cumplimiento de las normas por parte del condenado y su respuesta positiva a la confianza depositada en él durante los permisos penitenciarios. Desde el punto de vista penitenciario, el condenado responde al tratamiento y cumple con las normas".

Como a los demás indultados, la medida de gracia no se extiende a la pena de inhabilitación. El Gobierno considera que ello "permite asegurar los fines de prevención general y especial de la pena". Cuixart no podrá desempeñar cargo público alguno hasta el total cumplimiento de los nueve años de inhabilitación a los que fue condenado, aunque en su caso este dato tiene poca relevancia porque el hecho de no ser cargo público no supuso ningún obstáculo para cometer en 2017 los hechos por los que fue condenado. En todo caso, Jordi Cuixart no tendrá ninguna posibilidad de acceder a las instituciones públicas hasta el 10 de octubre de 2028.

Además, se le ha indultado a condición de que no cometa un nuevo delito grave en los próximos cinco años.

"Esta medida refuerza los fines de prevención especial que acompañan a la pena de inhabilitación", dice el informe, ya que esa condicionalidad supone que, en caso de comisión de un nuevo hecho delictivo, la medida de indulto quedaría sin efecto.

El plazo de condicionalidad se entiende ajustado "a las circunstancias personales, a la actitud que ha manifestado el penado y a la duración de la pena impuesta".

"A diferencia de otras personas condenadas en la misma causa o que comparten su ideario político, Cuixart ha mantenido la reivindicación de los hechos que llevaron a su condena. Por ese motivo y a pesar de que su pena de privación de libertad es inferior a la de otros condenados con responsabilidades institucionales, se estima, en su caso, adecuada una individualización de la condicionalidad que conlleve un plazo superior", argumenta el ministro de Justicia, Juna Carlos Campo, en su propuesta motivada.