El Partido Popular se personará ante el Tribunal Supremo para impedir que los políticos golpistas catalanes recuperen sus escaños en el Parlamento Europeo y en el Parlamento catalán.
Así lo ha anunciado el propio Pablo Casado, presidente del PP, en una intervención en Murcia bajo el lema ‘Gobiernos por la libertad’. El objetivo de esta decisión es que los líderes independentistas Quim Torra, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras «no puedan tener restituidos sus escaños».
«Para Sánchez que la Fiscalía actúe contra alguien que se ha declarado en rebeldía es una zancadilla y que digamos que no puede haber impunidad para aquellos han cometido un delito de sedición resulta que es una deriva judicial», ha subrayado Casado, haciendo hincapié en que el PP quiere «despolitizar la justicia», ha remarcado este domingo Casado.
El líder del PP le ha solicitado al PSOE que les llamen si quieren «comprometerse» a que la Fiscalía General del Estado «la ocupen personas que no sean políticos»; o si, «en algún momento», Sánchez considera que «el máximo gobierno de los jueces tiene que tener la independencia en la elección de los vocales».
Pablo Casado Blanco✔@pablocasado_
El PP se personará en el procedimiento del Tribunal Supremo para que Torra, Puigdemont y Junqueras no puedan tener restituidos sus escaños, ni en Estrasburgo, ni en el Parlament de Cataluña. Lo hacemos porque ni Fiscalía, ni Abogacía del Estado lo harán instados por el Gobierno.
En el mismo sentido, ha asegurado que la «irresponsabilidad» es «tremenda» por parte del PSOE y ha afeado su «incompetencia para gestionar las preocupaciones reales de la gente». «Tenemos que ser implacables con ellos, manteniendo un tono moderado y constructivo», ha indicado.
«El Gobierno más ultra»
En último lugar, Casado ha incidido en que la investidura de Pedro Sánchez «alumbró el Gobierno más radical, más ultra de la historia democrática de España». «Es un Gobierno formado por aquellos que no creen en España, con ministros comunistas que reivindican regímenes que han dejado 80 millones de asesinados», ha zanjado.
Precisamente este domingo el abogado del líder de ERC, Oriol Junqueras, ha pedido al Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) que se suspenda la decisión del Parlamento Europeo de constatar la vacante del escaño de Junqueras en la Eurocámara, así como la desestimación de su petición urgente para proteger su inmunidad como eurodiputado.
En tres escritos, Andreu Van den Eynde reclama también que se tomen todas las medidas necesarias para proteger y hacer efectivos los privilegios, inmunidades y derechos fundamentales de Junqueras como miembro de la Eurocámara.
La industria auxiliar del automóvil sigue luchando para adaptarse a la transición del coche eléctrico. Empresas como Continental, Ficosa, Gestamp, TE Connectivity y cientos de pymes ubicadas en Cataluña adaptan sus planes para sobrevivir al cambio. Muchas de ellas ni lo han conseguido ni lo conseguirán y acabarán cerrando o aplicando duros ajustes.
Sí, claro, la industria auxiliar catalana al borde del colapso, mientras que la industria auxiliar castellana (Valladolid, Palencia y Avila), gallega (Vigo) o navarra van viento en popa a toda vela no corta el mar sino vuela......
Aquí, todos, pero por todos me refiero a TODOS, estamos al albur de China (y en menor medida, Alemania). Y según lo que decidan en el "Imperio del Medio", puede que a la industria automovilística ibérica, le augure un futuro como a la Pegaso o a la Barreiros.
la plus belle des ruses du Diable est de vous persuader qu'il n'existe pas!
#9682
Re: Catalunya - España 2.019 cosas que pasan
Hay una nacion que es España en ningun momento se permite segregar o enfrentar por pensamienti,es mas se beneficia y protege a las miniruas de hay todos los problemas por beneficiar unas comunidades sibre otras.
Luego hay nacionalistas demtro de una comunidad que provoca e inrenta crear destruccion distorsion de lala realudad y enfrentamientos, no respeta el pensamiento del vecino e ntenta imponer su idea, espero q sepas diferenciar entre nacuonalismo parasito y nacion.
#9683
Re: Catalunya - España 2.019 cosas que pasan
Pero eres nacionalista tu o no? Porque si pillamos una definición legal si que lo serias, si pillamos tu definición Arturo Perez Reverte o la RAE te envian a Somalia...
Por cierto si realmente piensas eso (segundo parrafo) vives muy engañado la verdad
El jefe operativo de los Mossos d'Esquadra durante el 1-O, Josep Lluís Trapero, ha comenzado su declaración como acusado en la Audiencia Nacional desvinculándose del ya condenadoJordi Sànchez. Cuando el fiscal le ha preguntado por su relación con Sànchez previa a los incidentes en torno a la Consejería de Economía, ha explicado que sólo lo había tratado en dos ocasiones, ambas antes de ser presidente de la ANC. En esta fase, al hoy condenado por sedición ya no lo trató: "Sabía que era una de las voces cantantes del tema ese de la independencia, de votar, porque sale en la tele cada día".
El teniente fiscal, Miguel Ángel Carballo, ha comenzado su interrogatorio intentando aclarar el papel de Trapero en el asedio que sufrió la comitiva judicial que llevó a cabo registros en la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017, a pocos días del referéndum del 1-O. Trapero ha reconocido que el entonces consejero de Interior Joaquim Forn, también condenado, le dijo que Sànchez se pondría en contacto con él para colaborar en la gestión de la situación. Trapero ha reconocido una docena de conversaciones con el presidente de la ANC, pero ha negado que le concediera "ningún título de nada" para que actuara de mediador. Simplemente se aplicó, ha dicho, el protocolo de los Mossos de intentar solucionar las situaciones con alguien con "ascendente" sobre los manifestantes.
Tras varias preguntas indirectas en torno al control que las Mossos habrían concedido a los responsables de la ANC, el fiscal ha optado por la vía más directa: "¿Que el cordón de los voluntarios [para que saliera la comisión judicial] no permitiera pasar un coche fue una imposición de Jordi Sánchez?, ha preguntado el teniente fiscal de la Audiencia Nacional. "No. El señor Sànchez no es nadie para imponer ninguna condición. Creo que no lo intentó en las comunicaciones conmigo y no creo que en otras. No se le habría permitido en ningún caso", ha respondido Trapero.
Al margen de su relación con Sànchez, Trapero ha insistido en sus respuestas en que los Mossos no tuvieron aviso previo de la operación de la Guardia Civil contra implicados en el procés. Según ha explicado, es habitual que se haga un aviso, al menos genérico, cuando va a haber operaciones importantes. Eso supuso que tuvieran problemas para improvisar el envío de medios a las decenas de puntos conflictivos que se generaron con las detenciones y registros. "A primera hora de la mañana, con una serie de escenarios que teníamos y con pocos efectivos, teníamos que ser muy cautos. Lo hicimos con la mejor de las voluntades, no puedo decir otra cosa", ha resumido Trapero.
El Mayor ha añadido que durante parte de la mañana la Consejería de Economía, donde finalmente se produjeron los mayores problemas, no era ni siquiera el lugar más conflictivo. "La actitud más violenta no fue en Economía a esa primera hora de la mañana, fue en otros lugares".
La declaración de la sesión de la mañana se ha centrado exclusivamente en los incidentes de septiembre. El acusado ha asegurado que buscó salidas "alternativas" para la comitiva judicial y que se le ofreció a la letrada de la administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona la posibilidad de salir por el tejado y llegar al teatro adyacente al finalizar la función. Sin embargo, un responsable del local se opuso para no tener problemas si se conocía esta circunstancia. Fue el propio Trapero quien lo ordenó. Finalmente, la letrada salió por esta vía mientras que la Guardia Civil tuvo que esperar a una carga de los Mossos de madrugada para poder irse con los vehículos policiales, que fueron destrozados, así como con las cajas de documentación. Trapero ha añadido que los manifestantes de la noche frente a Economía nada tenían que ver con los de la mañana, cuando no hubo cargas. Los manifestantes de madrugada tenían otra actitud: "Lanzaban botellas e iban borrachos, son los violentos que en las concentraciones buscan la provocación" .
AÚN NO HAY CAMBIO DE ACUSACIÓN
Antes de que comenzaran los interrogatorios, la Fiscalía ha explicado que es "consciente" de que el Tribunal Supremo no condenó por un delito de rebelión en el juicio del procés, pero ha descartado retirar ya esa calificación jurídica y ha aplazado la decisión al final de la vista oral. "La Fiscalía de la Audiencia Nacional es consciente de la sentencia del Tribunal Supremo y lógicamente en el momento oportuno se considerará la conveniencia de calibrar la calificación jurídica que corresponde. No se va a a hacer una modificación en este momento", ha explicado el teniente fiscal. La ley deja para el final de la vista oral la calificación definitiva de los hechos enjuiciados. Será una vez concluida la prueba testifical, pericial y documental cuando el Ministerio Público indique qué delito atribuye a los acusados. Previsiblemente será el de sedición, el mismo por el que condenó el Supremo.
La Audiencia ha empezado este lunes el juicio contra Trapero y otros tres acusados: la intendente de los Mossos Teresa Laplana, el ex número dos de la conselleria de Interior César Puig y el ex director de los Mossos Pere Soler. La acusaciçón con la que la Fiscalía llega a juicio pide 11 años de cárcel por rebelión para Trapero, Puig y Soler. A Laplana se le piden cuatro años por sedición, por los incidentes en torno a la consejería de Economía un mes antes de la votación.
De la resolución del Alto Tribunal no se desprende con claridad una absolución o condena de los acusados. Contiene pasajes que le comprometen, como el que habla del «a todas luces insuficiente despliegue» de los Mossos y la búsqueda de un «aparente cumplimiento» de la orden de impedir la votación. «La coartada de la insuficiencia de Mossos en cada uno y en todos los centros para cumplir con el mandato de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia se mostró con cínica notoriedad», dice el Supremo.
Pero también hay otros apartados que les favorecen, en particular a Trapero. Son los que relatan actuaciones del acusado que apuntalaron las condenas a los políticos. Se trata de las reuniones en las que explícitamente Trapero dijo a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras que cumpliría con las órdenes judiciales, les pidió que desconvocaran el referéndum y les advirtió de que habría enfrentamientos.
La tesis esencial de la defensa de Trapero, que ejerce la abogada Olga Tubau, es esa: que él siempre cumplió con las órdenes de jueces y fiscales. Y que, aunque discrepó de la coordinación impuesta por Interior, la acató. Si el operativo no pudo frenar la votación fue, entre otros motivos, por los recelos de Interior y porque la participación desbordó los medios disponibles.
Él mismo lo expuso en su declaración como testigo en el Supremo. Resaltó que la juez les indicó que debían actuar «con paciencia, contención y garantizando en todo momento la paz social», lo que se tradujo en que los Mossos no usaran la fuerza en ninguna ocasión. Trapero añadió que el acuerdo que se alcanzó fue que las intervenciones de orden público en los centros de votación eran tarea de la Policía y la Guardia Civil.
La tesis de la Fiscalía -única acusación en este juicio- es que Trapero nunca estuvo realmente dispuesto a impedir la votación y diseñó un operativo bocado al fracaso. Sólo así se explicaba la absoluta pasividad del cuerpo autonómico. «El acusado, con el conocimiento y aquiescencia de los otros dos acusados [Puig y Soler], como máximos responsable de los Mossos d'Esquadra, diseño de forma deliberada unos mecanismos de actuaciones que impidieron que los agentes pudieran cumplir con las instrucciones dadas por el Ministerio Fiscal y las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia», sostiene el escrito de acusación del teniente fiscal de la Audiencia, Miguel Ángel Carballo, y el fiscal Pedro Rubira, que intervendrán en el juicio.
Está previsto que el juicio dure dos meses, hasta el 19 de marzo. La mayor parte del tiempo se lo llevará la fase testifical, para la que hay más de un centenar de citados. El primero será el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, coordinador del operativo del 1 de octubre y némesis de Trapero en el operativo. Pérez de los Cobos cargó con dureza contra el Mayor cuando declaró en el juicio del procés.
También están citados en la última fase del juicio el ex president Artur Mas y los condenados Oriol Junqueras, Joaquim Forn y Jordi Sànchez. Está previsto que los presos -si para entonces las defensas no han renunciado a su citación- testifiquen por videoconferencia.
El juicio y la sentencia están en manos de la Sección Primera, con una composición heterogénea y de gran categoría. La presidenta del tribunal es la también presidenta de la Sala Penal de la Audiencia, Concepción Espejel. También integra el tribunal el ex presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Francisco Javier Vieira. Ambos son miembros de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM). El tercer miembro y ponente de la resolución -encargado de redactarla- es Ramón Sáez Valcárcel, un magistrado de reconocida talla jurídica y marcadísimo perfil progresista.
La posibilidad de que se forme una gran plataforma constitucionalista de cara a las próximas elecciones catalanas, que podrían celebrarse en primavera o verano dado el grado de enfrentamiento entre JxCat y ERC, es todavía remota. Pero, en ningún caso, descartable ya que tanto el PP como el ex primer ministro francés y concejal en Barcelona Manuel Valls mantienen abierta la vía de dialogo.
La delicada situación política y social en Cataluña, donde el independentismo sigue sin renunciar al camino insurreccional a pesar de las cesiones del Gobierno de Pedro Sánchez, y la apuesta estratégica del PSC de formar con ERC y los comunes de Ada Colau un nuevo tripartito, obliga al constitucionalismo a una reagrupación. Así lo entienden, al menos, el PP, que lleva tiempo planteando la constitución de una suerte de «Cataluña Suma», entidades como Societat Civil Catalana que llaman a recuperar el «espíritu del 8 de octubre», la gran manifestación anti independentista de 2017, y también el partido Barcelona pel Canvi, que lidera Valls. Ciudadanos, en cambio, se resiste a la idea con la esperanza de mantenerse como primera fuerza anti independentista del Parlament.
Pese a las dificultades evidentes, por las diferencias ideológicas de cada partido, por sus posicionamientos estratégicos y algunos vetos personales, el diálogo sobre esta alianza no se ha roto. Pablo Casado y Manuel Valls comentaron, por intermediación de Cayetana Álvarez de Toledo y el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, esta posibilidad antes de las pasadas Navidades.
Los dos líderes coincidieron en seguir explorando, lejos de focos mediáticos y la batalla política diaria, la manera de articular una plataforma electoral constitucionalista que plante cara al separatismo y, de paso, evite la entrada de Vox en el Parlament. Una plataforma que, de cristalizar, sería ideológicamente más amplia que Navarra Suma -alianza de centroderecha formada por UPN, PP y Cs-, e intentaría incorporar a pequeños partidos o entidades de izquierda antinacionalista, y destacadas personalidades de la sociedad civil, cultural y económica de Cataluña.
«Va a ser muy difícil, pero viendo lo que está pasado en el Gobierno de España con Esquerra, todos tenemos claro que no podemos permitir un tripartito en Cataluña», afirman fuentes del entorno de Valls. Mientras, desde el PP se señala que el embate independentista obliga a un gesto de responsabilidad por parte de todos. En este sentido, el vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, el pasado mes de diciembre insistió en que el proyecto de agrupar el voto de centro constitucionalista «sigue vivo» en Galicia, Cataluña y el País Vasco.
Uno de los obstáculos para ese reagrupamiento son las diferencias en el eje ideológico izquierda-derecha. El partido Barcelona pel Canvi que lidera Valls aspira a ocupar, tanto en Cataluña como en el conjunto de España, el espacio de centroizquierda constitucionalista que «han dejado huérfano» el PSOE con sus pactos con ERC y Podemos, así como Ciudadanos «por sus pactos con Vox». Por lo que, entienden, una alianza electoral con el PP tiene «el riesgo», de escorarles hacia la derecha en la percepción pública. Mientras en filas populares no faltan los que señalan el apoyo de Valls a la investidura de Ada Colau como alcaldesa de Barcelona como una de las razones por las que se debe evitar cualquier pacto con él.
Con todo, la buena relación personal y política de Valls con Álvarez de Toledo, con quien coincide desde hace tiempo en la necesidad de ejercer una oposición frontal al nacionalismo y el populismo, y con Alejandro Fernández, presidente del PP catalán, está facilitando el diálogo entre el político francocatalán y Pablo Casado. Asimismo, Fernández ya ha dicho que está dispuesto a tener un papel secundario en la lista electoral si se halla un candidato independiente y con suficiente tirón mediático y autoridad moral para elevarse por encima de los matices ideológicos.
Encontrar un candidato de consenso no es tarea fácil. Como tampoco seducir a Ciudadanos, el principal obstáculo para esta gran alianza. El partido rechazó antes de las pasadas elecciones generales la oferta de formar un «España Suma» que le planteó Álvarez de Toledo y sigue en el no. En especial la dirección catalana, encabezada por Lorena Roldán y Carlos Carrizosa, que se resisten a perder sus cuotas de poder. La herida dejada por la rutpura de Valls con Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona tampoco ayuda.
En cambio, en el grupo parlamentario en la Cámara catalana cada vez hay más voces que reclaman el reagrupamiento para evitar una «escabechina electoral». El buen entendimiento entre Inés Arrimadas y Valls podría desbloquear, al menos, el diálogo cuando la dirigente salga elegida el próximo marzo presidenta de la formación naranja. Sería un primer y decisivo paso para la constitución de la plataforma constitucionalista.
#9686
Re: Catalunya - España 2.019 cosas que pasan
Vivo engañado? En mi comunidad si un profesor pega a mi hijo por ser supremacista se lleva un bate de beisbol en su cabeza o igual en ese caso procedo a introducirselo por el recto, es un ejemplo. O q obliguen a posicionarse a los niños saliendo de clase para apoyar a delincuentes parasitos, pero estais enfermos y no lo veis.
Perez Reverte calla bicas a ignorantes atrevidis, te repito yo soy español por nacionalidad como tu pero con nvivo con todos tu eres nacionalista catalan y tu eres destructivo y no empatizas con tus congeneres lovsiento
#9687
Re: Catalunya - España 2.019 cosas que pasan
En tu CCAA si un profesor pega a tu hijo es condenado por ello igual que en todas las CCAA, luego si tu quieres tomarte la justicia aplicando el ojo por ojo eso ya es cosa tuya. Que yo recuerde la justicia es independiente segun vosotros no? Porque no es condenada la profesora esa. Luego lo de obligar a posicionarse a los niños, te recuerdo que esta financiado por el Ministerio de Economia, cuando gobernaba el PP....
Tu eres español por nacimiento como yo, yo puedo convivir con todos menos con los rancios que gritan el a por ellos y no pueden parar de decir mentiras y salvajadas, al igual que tu "convives" con todos menos con los independentistas.
Ahora si quieres vuelve a definirme nacionalismo, y condenare los nacionalismo si lo creo conveniente, pero desde luego no si la definición es la que diste ayer.
#9688
Re: Catalunya - España 2.019 cosas que pasan
La profesora fue sancionada, nadie le sancionan sin motivo no crees? ,ahora si quien tiene que sancionarte su curriculum es ser miembro de ERC
#9689
Re: Catalunya - España 2.019 cosas que pasan
Yo convivo y no rechazo a nadie ni siquiera a ti ves como tu mismo te delatas. Explicame otra vez porque el macionalismo trasnochado catalan es moderno y el ser español es rancio ahora en la globalizacion
#9690
Re: Catalunya - España 2.019 cosas que pasan
Puedes colgar algun enlace que diga que fue sancionada?
Ademas si fue sancionada sería sancionada por via judicial no?¿? En ese caso que tiene que ver ERC?¿?
