España
El primer ministro, Charles Michel, se desmarca de las críticas a España proferidas por sus socios de Gobierno nacionalistas flamencos.
Lamela ya puede embargar los bienes por 6,2 millones a Puigdemont y los exconsellers
Cuando alguien dice una perogrullada - no lo digo por ti, lo digo por la alcaldesa indepe- es normal que me sorprenda, máxime cuando a esa persona se le presupone un nivel intelectual acorde a su cargo.
¿Cómo pretende sentirse en Bélgica?¿Esperaba acaso que los metieran en la cárcel?¿Les han metido el dedo en el ojo a los de allí como lo han hecho con los de aquí? ¿Qué leyes han incumplido en Bélgica?
Lógico que un indepe no tenga nada que temer en Bruselas. Que empiecen a saltarse lay leyes belgas, como lo han hecho aquí, a ver si se sienten tan seguros.
En cuanto a cómo son recibidos los políticos catalanes indepes en Madrid, hombre, si te parece, después de la que han armado y están armando aquí, les damos unas palmaditas en la espalda y pelillos a la mar.
Saludos
Vaya, pues sí. En cuanto violenten a alguna belga (las leyes) veremos...
l independentismo ha puesto el grito en el cielo desde que la Audiencia Nacional decretó prisión provisional para el expresidente de la Generalidad Oriol Junqueras y siete exconsejeros, acusados de un presunto delito de rebelión, sedición y malversación de dinero público, con penas máximas de hasta 25 años de cárcel. Este hecho, sumado al encarcelamiento de los Jordis, líderes de las organizaciones ANC y Ómnium, acusados también de sedición, ha servido de excusa al movimiento separatista para alimentar su tradicional discurso victimista y, de este modo, denunciar la existencia de "presos políticos" en España.
El argumento de los independentistas, encabezados por Carles Puigdemont desde Bruselas, es muy simple: han sido encarcelados por sus ideas –no por incumplir la ley–; la independencia judicial no existe y, por tanto, se trata de una decisión política; y acusarles de rebelión constituye una aberración jurídica, puesto que la proclamación de independencia de Cataluña se ha llevado a cabo sin violencia en las calles. Todo ello demostraría el alto grado de represión que ejerce el Gobierno, a imagen y semejanza de la época franquista. En resumen, España vendría a ser una especie de dictadura que viola derechos y libertades fundamentales y carece de las garantías jurídicas básicas, según los separatistas.
¿En serio? Veamos qué dicen los principales organismos y expertos en la materia a nivel mundial. España tiene, sin duda, muchos problemas estructurales que urge corregir, pero si se amplía un poco la perspectiva y se abandona por un momento la ácida y constante autocrítica que tanto nos caracteriza como sociedad, el único dato objetivo es que es una de las pocas democracias plenas que existe a nivel global, con todo lo que ello implica -elecciones libres, estado de derecho, igualdad ante la ley, respeto a los derechos fundamentales...-.
En concreto, España ocupa el puesto 17º en el Índice de Democracia que elabora anualmente el prestigioso The Economist Intelligence Unit, de un total de 167 países analizados, encuadrándose así en el privilegiado grupo que forman las 19 democracias plenas vigentes en la actualidad. Con una puntuación total de 8,30 puntos, tras el análisis de 60 indicadores, la democracia española se sitúa por delante de Japón, Estados Unidos, Italia, Francia e incluso la tan admirada Bélgica (puesto 35), calificada por Puigdemont y los suyos como el gran referente europeo de garantías y derechos.
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Y uno de los frutos de esa democracia tan consolidada es que los derechos y libertades fundamentales gozan de una elevada protección. ¿Quién lo dice? En primer lugar, la ONU, que ha ratificado por activa y por pasiva el compromiso y cumplimiento de España con los diferentes tratados internacionales de derechos humanos. En segundo término, Amnistía Internacional, que no considera a los Jordis ni a los exconsejeros "presos de conciencia", ya que "están acusados de actuaciones que pueden constituir delito" y, por tanto, no pueden entrar dentro de la categoría de presos políticos.
Y, por último, el Índice de Libertad que elabora anualmente Freedom House, una entidad sin ánimo de lucro de origen estadounidense que se dedica a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo desde 1941, reconocida a nivel internacional como fuente de autoridad en esta materia. Su ranking mide el cumplimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos en la mayoría de países.
El siguiente mapa refleja la pertenencia de España al mundo libre, con una puntuación total de 94 sobre un máximo de 100, por encima de Francia o Italia, por ejemplo, y a la altura de la tan dichosa Bélgica (95). En materia de derechos políticos, la nota es de 38 sobre un máximo de 40, y de 56 sobre 60 en cuanto a libertades civiles. El respeto a la libertad de expresión es casi plena (15 sobre 16) y lo mismo sucede con la libertad de asociación o los derechos individuales, entre otros aspectos.
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En cuanto al Estado de Derecho, entre cuyos principios esenciales destaca la independencia judicial, España también saca una nota de 15 sobre 16, según Freedom House. Además, la Comisión Europea estudia en detalle el sistema judicial de los estados miembros y, a diferencia de la mala percepción general que tienen los españoles, el análisis estructural arroja una sólida independencia por parte de los jueces.
El siguiente gráfico refleja los órganos y autoridades que proponen el nombramiento inicial de los jueces de primera instancia y las autoridades que los confirman en sus cargos. Asimismo, muestra si la contratación de jueces se realiza a través de un examen o concurso al efecto o bien mediante una convocatoria de vacante sin un examen específico. Curiosamente, España (ES) y Bélgica (BE) presentan similares garantías para evitar la injerencia política sobre los jueces.
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Y este otro muestra que el poder político en España carece de discreción alguna a la hora de elegir, cesar o trasladar jueces -cosa distinta es la cúpula del poder judicial, una reforma que todavía esta pendiente-, a diferencia de lo que sucede en otros países –aunque en estos no se incluyen las salvaguardas pertinentes para evitar injerencias–.
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Sobre la pertinencia o no de acusar de rebelión a la cúpula independentista, la decisión final corresponderá a las autoridades judiciales, pero es evidente que no es necesario levantarse en armas para llevar a cabo un golpe de estado, puesto que también existe la figura del autogolpe, muy prolija a lo largo de la historia, que es donde se encuadraría más bien el procés.
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Tsevan Rabtan @Tsevanrabtan
Llevo un rato riéndome con esto :) Un comentario de mi blog y mi respuesta.
16:51 - 3 nov. 2017
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Así pues, por mucho que les pese a los separatistas y a la extrema izquierda, España goza de una democracia avanzada y un sistema judicial independiente donde el respeto a los derechos y libertades básicos de los individuos está garantizado. Puigdemont, por el contrario, se parapeta en Bélgica bajo el apoyo del partido nacionalista flamenco N-VA, cuyos antecesores, como la Liga Nacional Flamenca, colaboraron estrechamente con los nazis en la ocupación de Bélgica durante la II Guerra Mundial. Cuando menos, curioso...
No, en España no hay presos políticos, sino políticos presos que están imputados por graves delitos y que, además, presentan un alto riesgo de fuga, tal y como evidencia la huida de Puigdemont y sus cuatro exconsejeros a tierras belgas.
Lamela se plantea imputar usurpación de funciones a 'los cinco de Bélgica'
La magistrada entiende, además, que la sedición y la desobediencia atribuidas a Puigdemont continúan produciéndose
10.11.2017 00:00 h.
3 min
Carles Puigdemont, acompañado por cinco de sus antiguos consejeros, interviene durante la rueda de prensa que ofreció en el club de la prensa de Bruselas, Bélgica / EFE
Carles Puigdemont, acompañado por cinco de sus antiguos consejeros, interviene durante la rueda de prensa que ofreció en el club de la prensa de Bruselas, Bélgica / EFE
ARCHIVADO EN: CARLES PUIGDEMONT, DELITOS, AUDIENCIA NACIONAL, BÉLGICA, CARMEN LAMELA
CARLOS QUÍLEZ @carlosquilezl
La juez central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, no baja la guardia. No sólo mantiene sus tesis incriminatorias por rebelión, sedición, desobediencia y malversación contra los ocho exconsellers encarcelados y contra el expresident Carles Puigdemont y otros cuatro exconsejeros refugiados en Bélgica, sino que a partir de los últimos acontecimientos y declaraciones vertidas desde aquel país, contempla, ahora, imputar a los cinco de Bélgica un nuevo delito: el de usurpación de funciones.
¿Comunicado delictivo?
Puigdemont y los exconsejeros que se encuentran con él han publicado una carta donde defienden que son los legítimos representantes de Cataluña y anuncian que inician acciones "como si de un Ejecutivo vigente se tratase".
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"Somos un Govern legítimo y tenemos un Parlament legítimo. Desde Bruselas, apoyados por una estructura estable que ponemos en marcha hoy para coordinar las acciones del Govern, exigiremos este compromiso cada día y en cada ocasión a la comunidad internacional, denunciando la politización de la justicia española", manifestó a la vez que anunciaba la creación de una cuenta de Twitter del "Gobierno legítimo" de Cataluña.
La Guardia Civil estudia el caso
En este sentido y en relación a estas declaraciones, Lamela ha puesto a trabajar ya a la Unidad Orgánica de la Guardia Civil para que estudie el alcance del comunicado ante la posibilidad de que esas manifestaciones alberguen el delito de usurpación de funciones públicas. No sólo eso, Lamela entiende que al menos los delitos de sedición y de desobediencia que atribuye, hoy por hoy, a los detenidos en Bélgica, no han concluido.
Según fuente jurídicas, ambos delitos se están produciendo “de forma continuada” también en aquel país, por lo que no descarta ampliar la base jurídica y factual incriminatoria contra Puigdemont y los cuatro exconsellers detenidos allí y en libertad con cargos. Todo eso ocurre a tan solo una semana de conocerse si la justicia belga enviará o no a los cinco investigados de camino a la Audiencia Nacional o, por el contrario, si abre una línea de investigación paralela sobre el fondo del asunto jurídico que ya investiga Carmen Lamela pero en Bélgica.
| Mirentxu Arroqui.
La tasa de ocupación de las cárceles se sitúa en el 109,6% frente al 84,2% de España.
Ya no hay dudas de que Puigdemont podrá explotar el victimismo y hacer campaña para las elecciones catalanas del 21-D desde su refugio en Bélgica. Porque los dilatados plazos dados por la Justicia de este país para resolver su extradición harán inviable que se siente en el banquillo español antes de los comicios. Después, presumiblemente, volverá a ser aforado y su causa pasará al Supremo. Pero ayer Puigdemont recibió una de cal y otra de arena. A estas horas estará asumiendo el golpe que provoca todo brusco aterrizaje en la realidad, ya que la petición de la Fiscalía belga para que el ex president y sus ex consellersfugados sean entregados a la Justicia española comienza a diluir toda ensoñación de impunidad. Los procedimientos democráticos a veces resultan lentos y exasperantes. Pero el imperio de la ley no es virtual. Y los ciudadanos deben congratularse de saber que acabarán rindiendo cuentas quienes están imputados por delitos tan graves como la rebelión o la sedición. Por fortuna, las maniobras del mesías independentista para burlar la acción de los tribunales están condenadas al más absoluto fracaso.
La petición del fiscal belga era la única esperable en respuesta a la euroorden cursada por la Audiencia Nacional. El juez del tribunal de primera instancia de Bruselas donde se estudia el caso ha dado a los acusados de plazo hasta el 4 de diciembre para presentar sus alegaciones. Y tras su decisión, sea favorable o contraria a la extradición, aún cabrá recurso ante una corte de casación que podría alargar al menos otro mes el proceso. En todo caso, el alegato del Ministerio Fiscal centroeuropeo deja al ex president como un prófugo sin causa, lo que vuelve a confirmar su cinismo, ya que sólo huyó de España para tratar de convertirse por unas semanas en un mártir que le haga ganar votos mientras su principal rival, Junqueras, se resigna "con rezos y reflexión" a ver la precampaña desde la cárcel. Habrá que ver con qué cuajo y nuevas fabulaciones sigue presentándose como víctima de una despiadada persecución de la malvada España ante medios que le ponen el altavoz, como la televisión global financiada por el Kremlin.
En todo caso, a la espera de que la situación procesal en Bruselas se resuelva, no cabe pasar por alto las heridas que este episodio está dejando en las relaciones entre nuestro país y Bélgica. Las inaceptables salidas de tono de algunos políticos -en especial de dirigentes flamencos radicales, pero también de otros como el ex primer ministro Di Rupo- parecen haber cesado. Pero cabe una enérgica protesta diplomática por el incidente humillante que ha representado la solicitud de exhaustiva información por parte de la Fiscalía belga a nuestro país, inquiriendo por las condiciones de las prisiones españolas y del procedimiento al que se enfrentará Puigdemont.
La mera insinuación de que se pone en tela de juicio nuestro sistema judicial y penitenciario resulta inadmisible. Se vio ayer que con ello el Ministerio Fiscal belga no prejuzgaba el resultado del proceso, ni ofrecía resistencia a la extradición. Pero sí ofendía gratuitamente a un socio europeo como es España, y agredía el principio de credibilidad de un instrumento básico para la cooperación judicial comunitaria, la euroorden, ya que ésta se basa en la confianza plena de que en todos los Estados de la UE se respetan escrupulosamente los derechos fundamentales. Cabe confiar en que no se repetirán estas infundadas sombras de sospecha en las semanas bruselenses que le restan a Puigdemont antes del final de la escapada.
Puigdemont defiende la independencia inmediata para asegurar la libertad de lengua en Europa.
.......
Jooooo, sólo eso? No jodas.
https://elpais.com/elpais/2017/11/16/opinion/1510850783_263009.html
LA VERDAD ES QUE ES PARA ENCERRARLES EN UN MANICOMIO
como han hecho el mayor de los ridiculos buscan la excusa de su no independencia, la de ezquerra alega que miles de legionarios con tanques y misiles iban a matar a millones de catalanes....jjj donde esta señora habrá tenido tal aparicion?????
otros hablan de que no tenian nada preparado para el primer dia de la independencia!!!! entonces para que armaron este puñetero follon que entre otras cosas han producido que miles de empresas se vayan de cataluña y que haga retroceder el PIB catalan....
y ahora puigdemont alega que no pueden utilizar la lengua catalana !!! pero por dios que excusa mas grande y mala de mal pagador....
esperemos que la justicia en breve a poder ser les ponga en su sitio a estos miserables y pasen unos cuantos años en las maravillosas carceles españolas.
saludos y viva españa!!!
José Manuel Maza falleció ayer de una insuficiencia renal aguda por la que fue ingresado en la UCI de un hospital de Buenos Aires, donde se encontraba para participar en una cumbre de fiscalías iberoamericanas.
un gran jurista un gran español
Puigdemont tendrá difícil parar una euroorden diseñada para ser automática
La defensa del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsejeros que lo acompañan en Bélgica tendrá difícil parar la euroorden de España contra ellos, puesto que esta herramienta fue diseñada para garantizar una entrega casi automática entre países, dijo hoy a Efe un experto penalista.
"Hay muchas posibilidades de que sea ejecutada, salvo si se gana un poco de tiempo, pero en principio no hay razón para que no sea ejecutada", explica el abogado y profesor de Derecho Penal en la Universidad Libre de Bruselas, Pierre Chomé.
"Hicimos la orden europea para que esto sea totalmente automático", añade en referencia a la orden europea de detención y entrega (OEDE), el instrumento que la Audiencia Nacional ha utilizado para pedir a Bélgica la extradición de los exdirigentes catalanes que llegaron a Bruselas el 30 de octubre.
El juez de la Cámara del Consejo (tribunal de primera instancia belga) debe decidir si le da cumplimiento después de la audiencia que se celebrará el 4 de diciembre, fecha fijada tras el aplazamiento de la vista del pasado viernes, y hasta ese día tanto la defensa como la Fiscalía de Bruselas pueden presentar sus alegatos por escrito.
El Ministerio Público belga pedirá que se ejecute la orden por todos los cargos que pide la Justicia española salvo el de prevaricación, y considera que los de sedición, rebelión, malversación y desobediencia tienen como equivalente en la ley belga la coalición de funcionarios y desvío de fondos públicos.
Para Chomé, aunque quien decide sobre la orden es el juez y no el fiscal, en esta tesitura será difícil invalidarla puesto que todos los países de la UE comparten las mismas reglas de procedimiento.
Este experto considera que lo normal sería que el juez belga diga a los acusados que, aún cuando tengan razón, deben probarlo ante la justicia española, puesto que no corresponde a Bélgica juzgar el caso.
Conforme al procedimiento de la euroorden, el tribunal belga debe decidir si hay base para arrestar y entregar a los individuos en cuestión, pero no puede sentenciar sobre los delitos que se les atribuyen.
No obstante, el letrado recuerda que la Justicia española solo podrá pedir cuentas a los exmandatarios catalanes por aquellos delitos por los que el juez belga conceda la euroorden.
La euroorden entró en vigor en 2004 para acabar con los largos procesos de extradición tradicionales, agilizando la entrega de presuntos criminales entre los socios europeos, eliminando la intervención de los Gobiernos de modo que los trámites se hagan entre jueces, y suprimiendo la necesidad de que los delitos estén reconocidos en ambos países en muchos supuestos.
Esto es posible por el reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales entre los países de la UE y porque fija unos niveles mínimos de garantías judiciales comunes para todos los Estados, de ahí que el principio general sea dar cumplimiento a las órdenes salvo en contadas excepciones.
Entre estas, la defensa de Puigdemont podría alegar que alguno de los delitos de que se les acusa debe estar también tipificado en el código belga y no lo está -algo que la Fiscalía parece descartar- o que en España se vulnerarán sus derechos fundamentales.
Esto "será muy difícil que lo reconozcan", dice Chomé, que expresa su pesimismo con respecto a las posibilidades de Puigdemont de eludir su entrega a España.
La decisión del juez de primera instancia llegará, como pronto, el mismo 4 de diciembre, la víspera del comienzo de la campaña para las elecciones del 21D, a las que Puigdemont concurre como cabeza de lista de "Junts per Catalunya", la nueva marca del PDeCat.
La decisión del juez puede ser recurrida por ambas partes ante un Tribunal de Apelación y, en última instancia, ante la Corte de Casación, lo que podría alargar el procedimiento hasta principios de enero.
Y es que, pese al automatismo que persigue la euroorden, en 2015 los procesos en los que el acusado se negaba a entregarse tardaron de media dos meses en resolverse, según datos de la Comisión Europea.
El plazo máximo para cerrarlo está fijado en 60 días, pero puede alargarse hasta 90 en condiciones excepcionales.
En cuanto al resultado, en 2015 de los 16.144 mandatos europeos emitidos en la UE, 6.518 acabaron con la entrega del perseguido (40 %). En Bélgica, de los 312 procedimientos de entrega iniciados, solo 22 (7%) se hicieron efectivos.
LIBRE MERCADO
España también le ha robado a Barcelona ser la sede de la Agencia Europea del Medicamento, al menos si creemos el relato del separatismo.