En el análisis de esos dos artículos que presentas (son más bien síntesis, más que análisis), contienen las habituales falacias y reinterpretaciones de la realidad, para aparentar lo que no es.
En el apartado referente a Ingresos, figura como "recaudado" lo que en sí no es más que "atribución de rendimiento", e implícito y torticeramente está el dar incluso esa falsa e inexistente "recaudación" como algo establecido e incluso regulado a nivel territorial. Y eso es totalmente falso.
Es cierto que el modelo de financiación de entes territoriales establece una "atribución de rendimiento" (calculado de manera oscura y unilateral por la AEAT, único ente recaudante), a favor de determinados entes territoriales. Pero es es poco más que un compromiso vacío y habitualmente incumplido. Ningún ente territorial dispone de interventores en la AEAT para verificar que las liquidaciones practicadas se corresponden efectivamrnte con lo legislado, el cálculo de los importes es oscurantista, y muy dilatado en el tiempo, según pura conveniencia política, el establecimiento de los tributos y su regulación en los componentes esenciales (base, tipo, exenciones y deducciones), es total o quasi-totalmente un monopolio estatal,....
Las cifras reales de recaudación propia (y por tanto descentralizada de forma real), estarán alrededor del 5 % del total de ingresos teóricos. Quizás un poco más en los entes locales. Lo cual nos pone a la altura de Irlanda o Francia (estados centralistas), sumando lo regional y lo local.
Respecto del gasto, la otra cara de la moneda, aquí si la apariencia de las cosas tiene algo más de fundamento, pero solo en apariencia contable.
La partida más elevada del total de gastos autonómicos es la correspondiente a Sanidad.
Sanidad es una competencia (supuestamente) transferida a todas las comunidades, aun a su pesar por parte de muchas de ellas. En conjunto, representa algo más del 32 % del total de presupuestos autonómicos.
Pero resulta que:
La legislación y regulación básica de dicha competencia es estatal. Es una Ley del Estado a que dice Quien y Que, quien es beneficiario y que derechos y prestaciones le corresponden. Las autonomías solo pueden ampliar, si quieren, esa regulación, estableciendo a nivel regional (solo su región), otros beneficiarios excluidos de la Ley estatal, u otras prestaciones. No pueden excluir ni quitar, solo añadir.
El reconocimiento de ser beneficiario de sanidad pública no corresponde a ninguna autonomía, ni pueden estas regular o quitar. Corresponde a la estatal Seguridad Social.
Los fondos para ejercer dicha competencia son provistos por el Estado (lo explicado antes respecto de los ingresos).
Y respecto del Como, la legislación estatal solo permite que las autonomías puedan "privatizar" lo que es prestado directamente por organismos públicos, pero no permite que se pueda revertir dichas privatizaciones. Se limita también la creación de nuevos servicios públicos, no así el establecimiento de créditos presupuestarios a favor de agentes privados.
Así que tenemos una competencia, que es la más cuantiosa en lo que a gasto se refiere, en que resulta que la legislación, regulación, reconocimiento, financiación, y determinación de la manera de efectuar la prestación es estatal (centralista), salvo en detalles accesorios. Si excluimos la sanidad (o a menos el 90 % de la partida) de las competencias (supuestamente) regionales, el gasto autónomo real está `poco por encima del 15 %.
Como a su vez el gasto local está por debajo del 10 %, la suma de ambas partidas nos da un resultado más parecido a Austria o a Italia.
En resumen, una vez efectuados los filtros adecuados, si bien en España solventamos tanto la recaudación tributaria, como sobre todo la prestación de servicios públicos con multitud de administraciones públicas concurrentes (entre la AGE, y las diferentes subestatales), y eso "aparenta" mucha descentralización, en verdad no es más que dispersión, ya que:
Solo alrededor de un 4-5 % del total de ingresos tributarios es efectuado de manera directa y efectiva por parte de los entes territoriales.
Solo alrededor de un 25 % del gasto es decidido de manera efectiva y autónoma por los entes territoriales (regionales y locales).
Lo cual pone en evidencia una gravisima carencia de ingresos propios por parte de esos mismos entes territoriales, que hace que por un lado existan multitud de incentivos perversos a la falta de responsabilidad tributaria, y por otro lado, que sean verdaderos rehenes financieros de la voluntad política del gobierno central de turno.
Tenemos un sistema mixto, ni federal ni centralista puro, que en su momento fue un buen invento "político", pero que ha llegado a su límite operativo, y actualmente tenemos en la práctica lo peor de ambos sistemas: irresponsabilidad, insuficiencia, ineficacia, ineficiencia, falta de legitimidad,...
