Hace apenas un mes, el exministro socialista José Blanco pedía respetar la presunción de inocencia de la exalcaldesa del PP, Rita Barberá. Lo hacía con conocimiento de causa: él estuvo imputado por el Tribunal Supremo desde finales de 2011 hasta mediados de 2013 por un delito de tráfico de influencias en el llamado caso Campeón. Finalmente, el propio tribunal lo archivó. Pero entre medias, Blanco aguantó la presión de mantener su acta de diputado mientras el resto de imputados dimitía de sus cargos y la opinión pública arreciaba.
«Los consensos se están rompiendo», opinaba Blanco. Hasta hace unos años, entre los principales partidos políticos existía un consenso sobre cuándo dimitir: estaba fijado en la apertura de juicio oral, un momento procesal posterior a la imputación, ya que ésta se produce durante la investigación.
El goteo de casos de corrupción de los últimos años y el surgimiento de nuevos partidos políticos ha adelantado la exigencia de responsabilidades políticas hasta casi el momento mismo de la apertura de la investigación, como así lo hacen Podemos y Ciudadanos para los casos de corrupción. De haberse aplicado esta exigencia, por ejemplo, el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, hubiera dejado de serlo. Fue imputado por un delito de prevaricación administrativa a principios de 2015, pero la causa fue archivada por el Supremo unos meses después.
«Hay que ser implacable con la corrupción pero también ser justos con las personas porque de la condena mediática a veces no se recuperan nunca», reconoció en febrero Mariano Rajoy. A mediados de 2015, intentando paliar esta desprotección, se aprobaba en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que el término «imputado» pasara a ser el de «investigado» o se legislaba sobre las imágenes de las detenciones.
Insultados antes de la absolución
Amelia González, Juan de la Fuente, Cecilia Sierra, María Pardo, María Castelao, Luis García Bello y Francisco Noya (todos del PP) fueron imputados en octubre de 2013 por haber acordado en una junta de gobierno extraordinaria que el Ayuntamiento compostelano -gobernado entonces por el popular Angel Currás- pagara la defensa legal de otro concejal del PP, Adrián Varela, investigado por la juez Pilar de Lara. Esa decisión, denunciada por un particular, les cambió la vida. Desde su imputación, el hostigamiento político y mediático fue absoluto, llegando a afectar a la salud de alguno de ellos. El día del juicio oral, en octubre de 2014, individuos enmascarados los esperaban a las puertas de los juzgados compostelanos para recibirlos con insultos de «corruptos», exigiendo su dimisión. Finalmente, tuvieron que entregar sus actas cuando un juez suplente los condenó en primera instancia. Sin embargo, en marzo de 2015 la Audiencia Provincial de La Coruña los absolvía de los cargos de prevaricación. Eran inocentes, pero ya era tarde. Ninguno ha vuelto a la política activa. INFORMA J. L. JIMÉNEZ
No han sido pocos los implicados en un proceso judicial que han pagado las consecuencias antes de ser condenados. Histórico fue el caso del expresidente de Castilla y León, Demetrio Madrid, a quien en 1986 imputaron por la supuesta venta ilegal de la empresa Pekus. Dimitió, pese a que era un asunto de índole personal y tres años después resultó absuelto, pero ya no quiso volver al terreno político. Lo mismo ocurrió con el expresidente socialista de Murcia, Carlos Collado, que pese a que su investigación por prevaricación se resolvió a su favor, nunca volvió a presidir la región.
Sin embargo, otras veces las consecuencias de la presión son más difíciles de evaluar, ya sea por la vertiente psicológica, como en el caso de los siete concejales de Santiago que finalmente fueron absueltos, o por el precio político a pagar. Según informa J.J. Borrero, la denuncia contra José Luis Sanz, senador y alcalde de Tomares (Sevilla), por una supuesta contratación irregular en el Ayuntamiento, pudo afectar a sus aspiraciones para encabezar la candidatura del PP a la Presidencia de la Junta de Andalucía en 2015, que sí encabezó Juan Manuel Moreno. La juez elevó al Supremo el caso, pero finalmente no se siguió la investigación. Sanz, eso sí, conservó sus cargos y revalidó su mayoría en su Ayuntamiento.
Dejó el escaño y no repitió en la lista
En 2013 el Supremo comenzó a investigar a la senadora salmantina Elena Diego (PSOE) por una posible contratación a dedo en plazas públicas cuando era alcaldesa de Villamayor (Salamanca). En 2014, cuando se anunció la apertura de juicio oral, la senadora dimitió de sus cargos, y en marzo de 2015 fue absuelta, al considerar la sentencia que ella desconocía los procesos de selección y no estaba probado que supiera que fue irregular. «El proceso ha sido muy duro y muy costoso para mi vida», señaló tras el fallo. No ha repetido en listas del Senado y ahora trabaja en las Cortes de Castilla y León para el Grupo Socialista, pero no en primera línea política.
