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Tomás Serrano

La dirección socialista mantiene que no ha detectado implicaciones de más parlamentarios y asegura que el exdiputado fanfarroneaba. 

 

Según el sumario de la presunta trama de corrupción en la consejería de Obras públicas, hay hasta nueve contratos con «hechos de carácter ilícito» que han sido detectados y hasta la fecha no se han producido ceses o dimisiones por el caso| Al menos nueve expedientes de la Consejería regional de Obras Públicas presentan «hechos de carácter ilícito» | Entre los contratos afectados están la mejora de la seguridad vial del Puente sobre la Ría de Cubas o la senda peatonal en la CA-171 en el tramo entre La Costana y La Población 

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Los detenidos e investigados por la presunta de corrupción en Cantabria. / E.P.

08:07 01/03/23

 

  

La presunta trama de corrupción en Cantabria, va a dar mucho que hablar durante los próximos días. Blanqueo, mordidas y la Familia. Tiene todos los ingredientes para una película de Hollywood, pero no está pasando en la región. La investigación de la supuesta trama de contratación irregular dentro de la Consejería de Obras Públicas de Cantabria ha detectado «hechos de carácter ilícito» en un total de nueve expedientes que están en licitación, que habrían estado dirigidos por el jefe del Servicio de Carreteras Autonómicas enviado a prisión provisional, M.A.D.B.

En concreto, están afectados los contratos para la mejora de la seguridad vial del Puente sobre la Ría de Cubas, en la CA-145 El Astillero-Santoña; la senda peatonal en la CA-171 en el tramo entre La Costana y La Población; el camino peatonal paralelo a la CA-284 entre Matamorosa y Villaescusa o la ejecución de la senda ciclable sobre el Puente La Barca, en Barreda.

El resto de los expedientes son para realizar reparaciones puntuales de la capa de rodadura en diversas carreteras; instalar, reponer y llevar a cabo el mantenimiento de las instalaciones de protección -como las mallas de triple torsión, pantallas dinámicas o redes de cables- en diversos tramos; limpiar los cauces en zonas de influencia de las carreteras; acometer la conservación de elementos ornamentales y de protección anexos a los viales y el mantenimiento de cunetas y cauces de desagüe de agua pluvial de escorrentía.

El Juzgado de instrucción número 5 que lleva el caso pidió la semana pasada al Gobierno de Cantabria que le remitiera toda la información relativa a estos nueve expedientes de licitación, así como a un décimo aún no publicado en torno al Puente de Pontejos, según se desprende del sumario del caso.

Como apunta la investigación, que se inició a principios de 2022 tras detectarse un incremento patrimonial «no justificado» del entorno familiar el jefe del Servicio de Carreteras, la actividad delictiva que encabezaba «no tendría carácter puntual, sino que se habría desarrollado presuntamente de manera continuada en el tiempo».

PRESUNTOS ACUERDOS. M.A.D.B. y su familia habrían recibido diversos pagos y dádivas de las empresas implicadas, Rucecan, Api Movilidad, Cannor y La Encina, quienes supuestamente se beneficiaban de las adjudicaciones de obras públicas tras alcanzar acuerdos con el funcionario, que «ejercía un cierto control y capacidad de decisión» sobre los contratos gracias a su puesto.

Por ello, se le acusa de participar directamente en la preparación de las ofertas de ciertos licitadores, modificar precios con posterioridad a haber asignado contratos a las empresas o negociar con el licitador en qué términos quería que se publicara el expediente, hechos por los que se le atribuyen delitos de cohecho, fraude en la contratación pública, blanqueo de capitales, prevaricación y falsedad documental.

Mientras, a su mujer, que también pasó a disposición judicial la semana pasada junto con M.A.D.B y cuatro responsables de las empresas investigadas, se le imputan los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y falsedad documental, ya que ésta cobraba una nómina de La Encina a pesar de «no desempeñar actividad laboral alguna» y también es la administradora única de una empresa con sede en el mismo domicilio del matrimonio y que recibía pagos por una actividad, supuestamente de fotocopias, que al parecer «no es real».

Buruaga exige el cese de Gochicoa. La presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha exigido al jefe del Ejecutivo regional, Miguel Ángel Revilla (PRC), que «deje de escudarse» en el sumario de la ‘trama de carreteras’ «para no hacer nada» y cese «inmediatamente» al consejero de Obras Públicas, el también regionalista José Luis Gochicoa.

«Y si Revilla no le cesa, el consejero tiene que dimitir por vergüenza torera, por decencia. Se tiene que marchar porque quien no se entera de nada, quien no sabe lo que adjudica y lo que firma, quien no hace seguimiento y no controla la gestión de sus subordinados, es negligente en el ejercicio de su responsabilidad y quien es parte del problema no puede presentarse ante los cántabros como la solución», ha defendido este martes Buruaga, quien ha aprovechado una rueda de prensa sobre otro tema (el proyecto de ley de Vivienda) para insistir en la petición de cese de Gochicoa.

Así se ha manifestado después de que Revilla haya insistido en que está a la espera de leer el sumario completo del caso para ver si hay alusiones a algún político y ha señalado que, en función de ello, esta semana anunciará si adopta alguna medida.

Buruaga considera que «es difícil de creer, pero sobre todo imposible de justificar», que ni Gochicoa ni el director general de Obras Públicas, Manuel del Jesús, -ambos «inmediatos superiores» del jefe de Carreteras, Miguel Ángel Díez, detenido y en prisión provisional por su implicación en esta «presunta trama de corrupción»- «tuvieran la menor idea de lo que lleva ocurriendo delante de sus ojos años, en asuntos de su competencia y bajo su responsabilidad».

Y es que, según ha afirmado Buruaga, «hasta la emergencia» de un contrato «la declara y la firma el consejero».

«Yo no digo que haya responsabilidades de otro tipo, pero responsabilidad política, negligencia, culpa in vigilando, como mínimo, y tiene que responder de las actuaciones de las personas que dependen directamente de él, políticamente de él, que es el caso del jefe de servicio», ha afirmado Buruaga en relación a Gochicoa.

La líder del PP ha insistido en que la responsabilidad jurídico-penal por este asunto que «escandaliza a los cántabros» le corresponde dirimirla a la Justicia, pero ha insistido en que es quien tiene que depurar la responsabilidad política y de gestión es a Revilla. «Aquí no hay nada que investigar en el ámbito de la responsabilidad política y de gestión. La respuesta no está en el sumario, ni está en los servicios jurídicos, ni está en los técnicos. La respuesta a esta gravísima crisis política, de credibilidad, de horonabilidad y de gestión la tiene el presidente Miguel Ángel Revilla», ha afirmado Buruaga.

Por ello cree que Revilla debe aclarar «inmediatamente qué ha pasado en la Consejería de Obras Públicas» y depurar «de una vez» responsabilidades políticas y de gestión y no «escurrir el bulto» --algo en lo que para Buruaga el líder regionalista es «experto»-- y «fingir» o «hacer como que no ha pasado nada».

«Se equivoca si piensa que esta vez le va a salir bien y lo va a arreglar dejando el tiempo pasar. Es hora de tomar su propia medicina y de actuar con la misma contundencia, rapidez y ejemplaridad que exige a los demás», ha reclamado Buruaga a Revilla.

Revilla necesita tiempo. Por su parte, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, no descarta tener que depurar responsabilidades políticas por las presuntas adjudicaciones irregulares dentro de la Consejería de Obras Públicas cuando conozca el sumario del caso, por lo que, tras leerlo, anunciará esta semana si toma alguna medida.

«Pudiera haber, pudiera no haber», ha respondido a preguntas de los medios acerca de si existen responsabilidades políticas, reiterando que está a la espera de leer el sumario completo para ver si hay alusiones a algún político, «aunque no lo creo», ha apostillado.

En concreto, espera a conocer si la investigación apunta a que algún político ha cometido «negligencias en el control» de las actuaciones que desarrollaba es el principal encausado en la trama, el jefe del Servicio de Carreteras Autonómicas, que ya está en prisión provisional.

«Nos vamos a leer todo el sumario completo y, a la vista de lo que diga, esta misma semana yo daré respuesta respecto a las medidas que se van a tomar», ha indicado el Revilla, que ha incidido en que, «como presidente de Cantabria, tiene que actuar con serenidad».

Es por ello que no quiere avanzar si habrá que tomar decisiones hasta que no lea «muy detenidamente» el sumario que aún no tiene.

En Santander. El Ayuntamiento de Santander no ha detectado irregularidades en los contratos que ha suscrito con las empresas presuntamente implicadas en la trama de carreteras de la Consejería de Obras Públicas, que son La Encina, Rucecan y Api Movilidad, informó el portavoz del equipo de Gobierno, Javier Ceruti.