La corrupción (esa España mia, esa España nuestra)

 

Alfonso Jiménez Palacios, ex director general del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), y uno de los imputados por las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos covid, ocupó puestos de responsabilidad en el Gobierno con hasta ocho ministros del PSOE.

Jiménez Palacios es uno de los tres altos cargos del Ejecutivo socialista que tuvieron que declarar a principios de abril en el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid acusados de prevaricación, malversación y fraude por la adjudicación de 310 de millones de euros destinados a la compra de material sanitario durante la primera ola de la pandemia.

El ex director del INGESA es, además, el que más contratos fallidos acumula entre los investigados. Médico de formación, a Alfonso Jiménez el estallido de la pandemia le sorprendió precisamente dirigiendo la entidad sobre la que el Ministerio de Sanidad delegó la política de adquisición urgente de material de protección frente al coronavirus.

Sin embargo, antes de protagonizar algunas de las irregularidades que forzaron al Ministerio de Hacienda a intervenir en la compra de estos bienes, este alto cargo del Gobierno ya había ocupado otros puestos de responsabilidad con hasta 8 ministros socialistas. El primero de ellos de la mano de Elena Salgado, quien en el año 2004, recién estrenada la primera de las legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero, le nombró director general de Cohesión del Sistema Nacional de Salud.

De este puesto cesó en abril de 2008 para, un año después, ser elegido director general de Farmacia y Productos Sanitarios en el Ministerio de Sanidad de Bernat Soria, cargo que mantuvo con las ministras del ramo Trinidad Jiménez y Leire Pajín. Esta última, en octubre de 2011, durante los últimos compases del Gobierno socialista, le nombró secretario general de Sanidad y Política Social. Dos meses después, con la llegada del Partido Popular a la Moncloa, fue destituido.

Pero su suerte cambió de nuevo en julio de 2018, tras la moción de censura a Mariano Rajoy que entregó la Presidencia del Gobierno a Pedro Sánchez.  Entonces, con Carmen Montón liderando el Ministerio de Sanidad, Alfonso Jiménez fue elegido director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, donde permaneció bajo la gestión de María Luisa Carcedo, Salvador Illa y Carolina Darias. Finalmente, en marzo de 2021 abandonó su puesto después de protagonizar decenas de polémicas por la adjudicación de contratos covid.

Irregularidades

Y es que el ex director del INGESA es el que más irregularidades acumula entre los investigados por los contratos covid del Gobierno. Su firma avaló, por ejemplo, la compra en China de 3 millones de batas EPI con un sobrecoste de 47 millones de euros, o lo que es lo mismo, por un precio más de 4.000 veces superior a las adquiridas en España.

Además, la rúbrica de Alfonso Jiménez también aparece en la compra de 100 millones de pares de guantes por los que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pagó a una empresa asiática 8.711.554,44 euros cuando dentro de nuestras fronteras el mismo producto era un 177% más barato. 

Pero existen todavía más irregularidades. El INGESA también intentó in extremis que la empresa Member of the Tribe le entregase 52 millones de guantes de nitrilo con un sobrecoste del 500% por los que había adelantado más de un millón de euros de dinero público. Tal y como publicó OKDIARIO, el organismo dirigido por Jiménez Palacios se vio obligado a ampliar el plazo de entrega después de que la empresa incumpliera el periodo inicialmente pactado. No obstante, la prórroga resultó en vano porque los guantes nunca se recibieron. El dinero tampoco se recuperó.

Y la lista continúa. En total, decenas de operaciones con sobreprecios adjudicadas a proveedores «sin solvencia técnica ni profesional» en el sector sanitario, de los que, además, en la mayoría de ocasiones ni siquiera «consta su identidad fiscal, ni establecimiento alguno en España», tal y como figura en la querella por la que Alfonso Jiménez Palacios está imputado por los presuntos delitos de prevaricación, malversación y fraude.

https://okdiario.com/espana/imputado-sanchez-mas-contratos-covid-irregulares-sido-alto-cargo-8-ministros-del-psoe-8995070

 

Un cargo del Ayuntamiento de Madrid, durante el mandato de Manuela Carmena, promovió un contrato municipal por el que a la postre recibió una comisión del 3% (150.000 euros). El encargo se firmó 24 horas antes del inicio del mandato de José Luis Martínez-Almeida desde la Empresa Municipal de Transportes (EMT). El empleado en cuestión es Pablo Pradillo, jefe de División de esta sociedad municipal, y el objeto de la contratación era reformar las cocheras de autobuses de la zona de Fuencarral por seis millones de euros.

El trabajador reconoce esa cantidad, pero defiende que es legal, según El País que desvela el caso. Sostiene que no había incompatibilidad para intermediar en el contrato y cobrar una comisión de 150.000 euros porque esos días estaba de “baja voluntaria”. HAY QUE TENER CARA

Cargos de Podemos como Alejandra Jacinto, diputada regional, han hablado en sus redes sociales de «saqueo como forma de gobierno» en relación con el caso sin saber que el contrato se firmó cuando gobernaba su propio partido en la capital.

Por su parte, el actual equipo de Gobierno ya se ha puesto en marcha para exigir explicaciones a los responsables del contrato en la etapa de Manuela Carmena. Avisan que, de confirmarse las irregularidades, el Gobierno municipal «acudirá con carácter inmediato a la Fiscalía Anticorrupción para interponer una querella por malversación y prevaricación».

Malversación

El concejal delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante (PP), ha requerido este martes a su antecesora en el cargo con Manuela Carmena, Inés Sabanés (Más Madrid), así como a la actual portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, explicaciones sobre si se produjo la «adjudicación irregular» de ese contrato en la EMT los últimos días de la Alcaldía de Manuela Carmena.

«Se adjudica el 14 de junio, 24 horas antes de que este equipo de Gobierno llegara. Es curioso que sea la tarde anterior a que el nuevo equipo entre. Me parece extraño en un contrato de más de 5 millones de euros. Yo lo dejaría para que tomara la decisión el siguiente equipo de Gobierno», ha expuesto Carabante ante los medios de comunicación. «Estoy ansioso y expectante a las explicaciones de las personas que adjudicaron este contrato», ha comentado.

24 horas antes

Según el edil de Almeida, «los responsables son el anterior equipo de Gobierno» pues «participaron la delegada de Medio Ambiente, Inés Sabanés; el gerente de EMT, Álvaro Fernández de Heredia y el concejal Jorge García Castaño». A ellos ha solicitado «que den explicaciones sobre este contrato y si hubo intermediación o alguna cuestión irregular».

«Toda la izquierda tiene que dar explicaciones sobre si se produjo una adjudicación irregular, tal y como de la información se desprende», ha agregado a continuación. Ha recordado que actualmente Inés Sabanés es diputada nacional por Más País y Equo, Jorge García Castaño sigue cobrando como edil del Consistorio de la capital y Álvaro Fernández de Heredia es alto cargo del ayuntamiento socialista de Valladolid y vocal del Ministerio de Transportes. Por tanto, el edil del PP también ha invitado a Mar Espinar, portavoz socialista, a que aclare el fondo de la cuestión con su compañero de filas.

Carabante ha puntualizado que el actual equipo de Gobierno hasta ahora «no tenía conocimiento de las comisiones o presuntas comisiones ilegales». «Conocimos que había problemas en esa UTE, pero no sabíamos lo que se desprende en esa información, que tampoco se dice si hubo cobro de comisiones ilegales. Si hubiéramos tenido conocimiento, hubiéramos acudido a la Fiscalía Anticorrupción», ha comentado.

Las mascarillas de Ayuso con certificado falso.

https://elpais.com/espana/madrid/2022-05-05/el-hermano-de-ayuso-cambio-un-fabricante-con-certificados-falsos-por-otro-con-una-credencial-sin-validez-para-europa-en-su-negocio-de-mascarillas-con-la-comunidad.html

 

  

La Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas investiga al Servicio Canario de Salud (SCS) por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. El caso supuso el pago de cuatro millones de euros a una empresa de compraventa de vehículos, RR7 United SL, para la entrega de mascarillas. Pero las citadas mascarillas nunca llegaron. Y el Gobierno canario nunca solicitó los productos pagados.

La Fiscalía investiga, por un lado a la empresa, por un posible delito de estafa. Y, por otro lado, a la Consejería de Sanidad del Gobierno que preside el socialista Ángel Víctor Torres. Es decir, que el caso se parece en su primera mitad al muy mediático caso mascarillas de la ciudad de Madrid, pero en nada en la segunda mitad: y es que en Madrid la Fiscalía ha descartado ya citar como imputado al primo del alcalde Martínez Almeida y a la jefa de compras, Elena Collado. Y en el caso mascarillas de Canarias -nada mediático- sin embargo, la Fiscalía ya investiga a la Consejería de Sanidad. 

https://okdiario.com/espana/anticorrupcion-investiga-gobierno-socialista-canario-caso-mascarillas-4-millones-9073386