La corrupción (esa España mia, esa España nuestra)

 

El llamado caso Acuamed, utilizado por el PSOE para castigar al PP a cuenta de la corrupción cuando el juez Eloy Velasco registró la sede de esta empresa pública y metió en la cárcel a la ex cúpula de la firma y a varios constructores en 2016, ha estallado por los aires. Altyum, una de las empresas investigadas por supuestamente pactar sobre precios en las obras a cambio de regalos para los dirigentes de Acuamed, ha presentado un escrito en la Audiencia Nacional en el que demuestra que altos cargos del Ministerio de Transición Ecológica y el actual presidente de la firma se saltaron las órdenes del juez que investiga ahora el caso, Manuel García Castellón, y elaboraron desde el Ministerio de Teresa Ribera el peritaje de las obras a los peritos judiciales. Han leído bien: ingenieros del Ministerio -de parte- le hicieron los peritajes a los ingenieros peritos judiciales -independientes, en principio-. Acuamed, que depende del Ministerio, es una de las acusaciones en el proceso.

Este peritaje de las obras bajo sospecha es la prueba clave porque para saber si la ex cúpula de Acuamed infló los precios a favor de las constructoras hay que determinar con estos informes el valor real de las obras. Si no se sabe el precio de la obra, difícilmente se puede acusar a nadie de inflarlo. Con este objetivo clave, el juez ordenó al Ministerio de Transición Ecológica en un auto de marzo de 2018 -estaba el PP en el poder- nombrar a dos peritos independientes para que realizaran ese trabajo. En mayo se nombró a dos ingenieros del Colegio de Ingenieros, que pasaron a ser peritos judiciales -independientes, por tanto-.

El magistrado ordenó a los peritos realizar el informe pericial a partir de la «documentación intervenida» por la Guardia Civil en los registros de la sede de la compañía en 2016 -discos duros, contratos, papeles…-, y mediante «informes policiales, realización de los reconocimientos, comprobaciones y ensayos que se crean oportunos para reconocer la realidad física de las obras». Documentación intervenida, informes policiales, y análisis de las obras físicamente.

Según el escrito de la constructora, fechado el 11 de enero y al que ha tenido acceso este diario, los dos peritajes aportados al juez y firmados por los dos peritos judiciales fueron elaborados realmente por dos ingenieros funcionarios del Ministerio de Teresa Ribera: C.S.R en el caso del informe sobre la obra del río Serpis -una presa más un canal- y F.J.R.M en la de Cerro Colorado -llevar agua de la desaladora de Águilas a los regantes de Lorca a través de una tubería-.

Los peritos judiciales han admitido en un escrito al juez que recibieron la ayuda de estos dos ingenieros del Ministerio de Ribera pero sólo como «técnicos de apoyo», y que los informes que hicieron estos «técnicos de apoyo» los utilizaron sólo como «meros borradores».

Sin embargo, la constructora demuestra en el escrito que los informes de los funcionarios de Ribera -«meros borradores»- son exactamente iguales a los informes definitivos aportados por los peritos judiciales al juez García Castellón. En el caso del primer informe: «Sólo se ha procedido a añadir por parte del perito judicial los cuatro primeros apartados, que son meramente expositivos: 0.- Manifestación Previa y Cualificación Técnica; 1.- Antecedentes Administrativos de la pericia; 2.- Objeto del Trabajo; 3.- Antecedentes».

Y en el segundo peritaje: «Comparando los índices de los dos documentos se comprueba que 9 de los 11 capítulos recogidos en el documento del técnico de apoyo figuran en el de los peritos judiciales. Los no coincidentes puntos 6.21 a 6.30 son documentos meramente expositivos, sin análisis técnico alguno». Todo esto apoyado con imágenes de los dos informes en los que se ve que son similares.

Conclusión, según la acusación de la constructora: el juez ordenó a dos peritos independientes el peritaje de las obras de Acuamed para determinar su valor real a partir de la documentación intervenida por la policía en los registros. Pero estos dos peritos firmaron dos informes que se hicieron en realidad desde el Ministerio de Transición Ecológica, que forma parte de la acusación. 

SIGUE

 

Nueva derivada rocambolesca en el llamado caso Acuamed, en el que la Audiencia Nacional está investigando desde hace seis años a la ex cúpula de esta empresa pública por supuestamente inflar el precio de las obras a cambio de regalos como entradas de fútbol. Acuamed acaba de adjudicar a Sacyr por 13,5 millones de euros la reparación y puesta en marcha de la desaladora de Bajo Almanzora (Almería), un proyecto que la ex cúpula de la firma investigada en la Audiencia Nacional acordó con FCC -constructora inicial de la desaladora- abonar entre las dos partes: el 60% lo pagaría FCC, y el 40%, Acuamed.

Este acuerdo -unas inundaciones dejaron la desaladora construida por FCC inservible- no llegó finalmente a concretarse en dinero porque en enero de 2016 saltó la Operación Frontino y el juez Eloy Velasco -ya apartado del caso- decidió detener y meter en la cárcel al ex director de Acuamed, Arcadio Mateo, y a varios constructores supuestamente favorecidos por él. Ahora, con el contrato adjudicado a Sacyr -que se ha impuesto por la mínima a Acciona- se ponen cifras a ese acuerdo: FCC pagaría 8,1 millones y Acuamed, 5,4 millones.

Paradójicamente, a la ex cúpula de la firma que está siendo investigada ahora por el juez Manuel García Castellón se le metió en la cárcel y se le congelaron todas las cuentas acusados de causar un daño al erario público por inflar los precios de algunas obras -incluida ésta de Bajo Almanzora- a cambio de entradas de fútbol y tratamientos de cabello. Ahora, destacan, se demuestra que con el pacto con FCC se ahorraba dinero al contribuyente porque Acuamed pagará ahora 13,5 millones por reparar y poner en marcha una desaladora por la que la ex cúpula había pactado pagar 5,4 millones.

La fiscal del caso, Inmaculada Violán, acusa a la ex cúpula de la firma de que este acuerdo con FCC incluía que Acuamed le pagaría ese dinero del que se hacía cargo la constructora para reparar la desaladora en otra obra, el embalse de Flix, algo que en los seis años de investigación que lleva el caso no se ha conseguido probar.

Esto que ha sucedido ahora con la desaladora de Bajo Almanzora es una repetición de lo que ocurrió con la descontaminación del embalse de Flix: Acuamed pagó 50 millones de euros a Tragsa para finalizar la descontaminación del pantano pero el resultado posterior de la propia Tragsa fue que el pantano sí había sido descontaminado ya por el adjudicatario, FCC. Flix es otra de las obras que están siendo investigadas en la Audiencia Nacional.

Fondos europeos

Y no sólo eso. Porque por la decisión del juez Velasco de iniciar este proceso -que sirvió a Pedro Sánchez, entonces en la oposición, para castigar a Mariano Rajoy a cuenta de la corrupción- provocó que la Unión Europea retirara fondos europeos a Acuamed.

En definitiva, el goteo de sucesos que están desinflando las acusaciones contra la ex cúpula de la firma y directivos de algunas constructoras del país es constante. Han salido arbitrajes que han demostrado que los sobre precios pactados entre empresa y constructora eran menores a lo que realmente tenía que haber sido. Y, además, dos de los tres denunciantes del caso -directivos de Acuamed- ahora están siendo investigados ellos por hacer supuestamente lo mismo de lo que acusaron en 2015 a sus jefes.

 

Natalia de Andrés ha sido considerada responsable, subsidiariamente, de llevar a la insolvencia a Emgiasa

La alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés (PSOE), ha sido condenada a cinco años de inhabilitación para administrar bienes ajenos de titularidad pública o privada al considerarla responsable, subsidiariamente, de llevar a la insolvencia a la Empresa municipal de gestión inmobiliaria de Alcorcón (Emgiasa), según una sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid a la que ha tenido acceso este diario.

Esta misma causa también ha salpicado a otras ocho personas que formaban parte del Consejo de Administración de Emgiasa en 2010, entre ellas el ex alcalde Enrique Cascallana, que ha sido condenado a 10 años de inhabilitación para administrar bienes ajenos de titularidad pública o privada.

En el mismo auto, el magistrado, además, inhabilita a De Andrés y al resto de miembros a "representar o administrar a cualquier persona pública o privada, ejercer el comercio o tener cargo o intervención administrativa o económica en compañías mercantiles o industriales, de forma y titularidad pública o privada".

En la sentencia, el juez aprecia en la concursada y en su plural órgano de administración colegiada "graves y constantes irregularidades contables reiteradas al menos en tres ejercicios contables".

Nada más conocerse la noticia, el PP de Madrid, en boca de su secretaria general, Ana Camíns, ha exigido "la dimisión inmediata de la alcaldesa de Alcorcón".

Para Camíns "es una vergüenza que con esta sentencia Natalia de Andrés continúe al frente de este Consistorio... no puede seguir ni un minuto más gestionando un municipio de más de 170.000 habitantes".

No es la primera vez la Justicia se centra en De Andrés. En 2019 fue condenada a pagar 3.000 euros a dos empresarios por vulneración ilegítima del derecho al honor en un artículo publicado en la web del Grupo Municipal Socialista en octubre de 2017.

Una década antes, en 2009, también tuvo que pagar 1.200 euros por injurias hacia el entonces presiente del PP de Alcorcón, Fernando Díaz.

Desde Vox han manifestado que "llevamos desde el inicio de la legislatura diciendo que Natalia de Andrés no está legitimada" para estar al frente del Consistorio de Alcorcón. "Ya tiene dos condenas en firme, y esta tercera sentencia que le inhabilita durante cinco años demuestra que Vox tenía razón, por lo que solicitamos de manera inmediata su dimisión", agregaron fuentes de esta formación, que en la tarde de este martes han solicitado un Pleno extraordinario para exigir tanto el cese de la regidora como de varios de los que aparecen condenados en el auto, "que son cargos de confianza". 

 

Carmen Ibanco compareció el martes ante los investigadores de la UCO en Sevilla por su contratación exprés en la fundación pero se negó a declarar

https://www.elmundo.es/andalucia/2022/01/27/61f282b221efa0a31a8b4596.html

 

https://www.elmundo.es/andalucia/2022/01/31/61f8334bfdddff381d8b459c.html

 
 La Junta de Andalucía, durante la etapa de los anteriores gobiernos andaluces socialistas, inyectó casi dos millones de euros en la compañía eólica Cedes Electria, controlada por empresarios vinculados al PSOE. La operación se hizo a través de la empresa pública de capital riesgo, Invercaria, y en ella hubo maniobras de ingeniería financiera para eludir todos los controles.