CASO AZNALCÓLLAR
La Audiencia de Sevilla reabre el caso Aznalcollar y ordena investigar a un alto cargo de Pedro Sánchez
Cinco magistrados, entre ellos la juez Alaya, insisten en que hay indicios de delito en el concurso minero convocado por el gobierno de Susana Díaz y ordenan investigar a Vicente Fernández, entonces secretario de Industria de la Junta, y a los adjudicatarios
El presidente de la Sepi, Vicente Fernández, en la comisión de Industria del Congreso de los Diputados. BERNARDO DÍAZ
El concurso por el que el último gobierno de Susana Díaz en Andalucía adjudicó la mina de Aznalcóllar está lleno de ilegalidades "patentes", de ilegalidades "groseras y burdas" y existen indicios no sólo de que se cometió un presunto delito de prevaricación y otro de malversación, sino incluso de un caso de tráfico de influencias. Esos argumentos son los que esgrime la Audiencia Provincial de Sevilla para ordenar la reapertura de una causa que ya han intentado archivar en dos ocasiones y a la que ahora suma la sospecha de que un ex alto cargo de la Junta, Vicente Fernández, pudo maniobrar para favorecer a los adjudicatarios, los dueños del grupo cordobés Magtel que, a su vez, habrían actuado como meros intermediarios para dar "el pase" de la mina a la multinacional Grupo México, que es la que finalmente se ha hecho con el yacimiento.
En un durísimo auto, la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla reitera los indicios de ilegaliddaes que ya vio en 2016, cuando reabrió el caso por primera vez tras el archivo por parte de la juez instructora, la magistrada Patricia Fernández. Pero ahora da un paso más al apreciar indicios claros de tráfico de influencias y señalar, como supuesto máximo responsable, a Fernández, que era secretario general de Industria de la Junta cuando se convocó el concurso minero, en 2015, y cuando se ajudicó, un año después. Luego fue nombrado por Susana Díaz interventor general de la Junta, un cargo del que saltó al gobierno de Pedro Sánchez, quien le nombró presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), un puesto que sigue ocupando en estos momentos.
En el auto, que firman cinco magistrados y cuya ponente es la juez Mercedes Alaya, se habla de "indicios ostensibles" de la comisión de un presunto delito de tráfico de influencias y destaca por qué Grupo México no concurrió al concurso minero por sí misma y, en lugar de eso, acudió a Minorbis, una filial de Magtel. No hay motivo, señala la Audiencia, a menos que fuera por las "ventajas" que pudo ofrecerle la empresa cordobesa de los hermanos Isidro y Mario López Magdaleno para obtener la concesión.
Y es ahí donde entraría Vicente Fernández, con quien los hermanos tenían una "excelente relación personal" según se deduce de los correos electrónicos incautados y analizados por los investigadores de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), que se cruzaban "inclusive en sábados y domingos a horas intempestivas".
A raíz de esos correos se ha sabido, por ejemplo, que los dueños de Magtel pidieron al hoy alto cargo de Pedro Sánchez que mediase a favor de determinados proyectos empresariales y que, incluso, aceptó la solicitud de unificar las ordenanzas municipales de los ayuntamientos en su beneficio.
Aunque hay un dato que resalta la Audiencia por encima de los demás. Se trata de un viaje que Fernández realizó con los empresarios y con una persona de su entorno "íntimo" en el cual se organizaron encuentros entre Magtel y responsables de la multinacional brasileña Odebrecht, protagonista del mayor escándalo de corrupción de Sudamérica en los últimos años.
En el caso concreto del concurso minero de Aznalcóllar, los magistrados de la Sección Tercera aluden al supuesto papel clave que pudo desempeñar Fernández a raíz de una reunión entre los dueños de Magtel y los de la empresa Emerita Resources -los denunciantes- en la que Isidro López Magdaleno se jactó de tener "la llave del concurso" y les anunció que en cinco minutos les llamaría alguien de la Consejería de Innovación. Esa llamada se produjo y la hizo el hoy presidente de la Sepi.
Pero no se queda ahí la Audiencia. Además de reiterar los indicios de que el concurso estuvo plagado de "ilegalidades severas" y señalar que Grupo México no debió concursar nunca ni quedarse finalmente con la mina, el auto apunta a un posible delito de cohecho por parte de los implicados en el concurso, dados los ascensos que algunos de ellos recibieron en la Junta tras la adjudicación de Aznalcóllar. Por ese motivo, ordena que se investigue a los miembros de la mesa de contratación y de la comisión técnica, así como a Vicente Fernández, por si esos ascensos fueron, en realidad, "una recompensa por los actos ilícitos presuntamente realizados".
INDICIOS DE MALVERSACIÓN
Por si fuera pocho, habla la Audiencia de Sevilla de otro delito, malversación por gestión desleal, el que se habría cometido al optar en el concurso por la oferta económicamente menos ventajosa, la de Minorbis-Grupo México. Así, recuerda el auto que la otra empresa aspirante, Emerita, comprometió una inversión de 641,5 millones de euros, el doble que la de Minobis-Grupo México y que, además, la primera de las empresas añadía 375 millones para el desarrollo del tejido industrial andaluz, frente a los 27 millones de la ganadora del concurso.
Pero es que, abunda la Audiencia, Grupo México no tendría que haber sido admitida en la segunda fase del concurso porque no cumplía los requisitos y Minorbis tampoco, dado que acreditó ni los medios ni la experiencia necesaria. Pese a todo lo anterior, la Junta le adjudicó los derechos mineros a Minorbis y la mina se la terminó quedando Grupo México a través de una sociedad, Minera Los Frailes, que nunca optó al concurso y que se creó sólo unos días de la aceptación. Una compañía, añade el auto, en la que Minorbis y Magtel apenas tenían participación.
De todo ello, critican los magistrados, era plenamente consciente la Junta de Andalucía, a la que achaca decisiones "arbitrarias" e "intencionadas" para permitir que la mina fuese entregada a Grupo México dentro de un "plan preconcebido".
