El «plan de desconexión» del Parlament tiene poco recorrido, sólo unos días. Exactamente, los que irán desde la interposición del escrito de la Abogacía del Estado, de un incidente de ejecución, al entender que vulnera de forma expresa la sentencia del Tribunal Constitucional al del 2 de diciembre de 2015 que anuló «el procés» hasta que el Alto Tribunal lo admita a trámite y acuerde su suspensión provisional durante, al menos, cinco meses. Esta decisión se producirá en los primeros días de la próxima semana, ya que, según fuentes jurídicas, está previsto que se celebre un pleno extraordinario para abordar la cuestión, que no tiene más opción que la suspensión de la resolución catalana, ya que los Servicios Jurídicos del Estado invocarán de forma expresa el artículo 161.2 de la Constitución, que produce como consecuencia automática la suspensión cautelar de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados.
La Abogacía del Estado tendría facultades también para instar al TC a que adopte algunas de las medidas coercitivas que le faculta la nueva Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, aunque, según las fuentes consultadas, no parece que ello sea muy probable: como tampoco lo es que sea el propio TC quien las lleve a cabo. En este sentido, desde fuentes cercanas al propio tribunal se esgrime que éste nunca ha actuado de oficio, y que, además, «no es procedente» aplicar una ley que, «pese a que, como cualquier otra, tiene presunción de constitucionalidad», está recurrida ante el propio TC. Y, en tercer lugar, porque el Alto Tribunal, en todos los temas conflictivos relacionados con Cataluña «está actuando de forma firme, pero prudente», por lo que queda prácticamente descartado que, de oficio, el TC adopte ninguna medida de las que le faculta la Ley para garantizar el cumplimiento de sus decisiones: multas económicas, la suspensión de las funciones de los cargos que desobedezcan o incluso la exigencia de responsabilidades penales. De esta forma, todo hace indicar que el Tribunal Constitucional suspenderá ipso facto la resolución aprobada ayer por el Parlament de Cataluña y, en concreto, las tres fases del «proceso» que tiene como última consecuencia la «desconexión» de España. Pero no será sólo una suspensión genérica, sino de todas y cada una de las fases dirigidas a ese objetivo de independencia unilateral, y de todos los actos u acciones que emprendan y tengan como objetivo el desarrollo de cualquiera de esas «fases» anuladas. A partir de ese momento, los destinatarios de la Resolución del Alto Tribunal deberán enfrentarse a un dilema: acatar el fallo del TC – al que ya han desobedecido de forma tácita– y dejar aparcado el «procés» y el referéndum uniliateral, o bien seguir adelante, lo que significaría una desobediencia ya expresa sobre aspectos determinados. Y, desde ese momento, si incumplen el mandato del Constitucional, se expondrán a una más que probable querella por desobediencia a las resoluciones judiciales, en lo que sería una situación prácticamente idéntica a la del 9-N, que ha llevado a que el ex presidente Artur Mas, una ex vicepresidenta y una ex consejera estén al borde del banquillo, y con Francesc Homs a días de declarar en el Supremo por esta misma causa.
