El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha marcado como objetivo liderar la articulación de un amplio consenso respecto a Cataluña que vaya más allá de las elecciones generales y que conlleve dejar el mensaje de que, sea cual sea resultado de estas elecciones, con el próximo Gobierno se mantendrá un acuerdo básico en defensa de la unidad nacional y de la legalidad vigente, más allá de las diferencias políticas que existen, por ejemplo, en la discusión sobre la conveniencia de activar una reforma de la Constitución.
Después de una legislatura en la que hasta algunos de los suyos le han afeado su bajo perfil político, el desafío independentista ha abierto a Rajoy la oportunidad de corregir el tiro de manera sonora y hacerlo a dos escasos meses de las elecciones. En el PP creen que convertir este problema en una cuestión de Estado es una obligación de Rajoy, pero que, con independencia de que esté cumpliendo con su obligación, la firmeza y el liderazgo de la respuesta al desafío soberanista le fortalece «sin discusión» como candidato a los comicios de diciembre.
La Moncloa titubeó con la decisión inicial de abrir una ronda de contactos, pero ahora esta iniciativa se ha convertido en el eje de una estrategia política que trasciende a los partidos, ya que Rajoy quiere liderarla también entre los principales agentes sociales. Al final, con su órdago, Juntos por el Sí y la CUP van a convertirse justamente en aquello de lo que reniegan, en el elemento agitador de la mayor exaltación de la unidad y de la idea de España que ha habido en democracia.
De hecho, dentro de su estrategia, para Rajoy lo más importante es el acuerdo político y social en vísperas de unas elecciones tan reñidas como las del 20-D porque en el debate jurídico su argumento central apela a que hay que confiar en las decisiones del aparato del Estado y de sus servicios jurídicos, y que, por tanto, desde esa confianza, no tiene sentido abrir discusiones públicas al respecto. En ese frente, su compromiso de informar, escuchar y coordinar la respuesta le sirve de escudo para evitar que esta cuestión se haga valer como elemento de desgaste en la batalla por el voto.
Los servicios jurídicos tienen desde hace meses el encargo de explorar todos los pasos que se pueden dar con la máxima seguridad para responder a las intentonas de la coalición secesionista para saltarse la legalidad. Es decir, que la línea roja marcada por el Gobierno es que siempre que se adopte una decisión, esté garantizado que esa vía va a prosperar y va a servir para que el Estado salga fortalecido. Éste es el mensaje que también Rajoy ha trasladado a los líderes que han visitado hasta ahora La Moncloa. Además, en este plano jurídico, la otra línea roja afecta a la decisión de explorar todas las posibilidades de respuesta que permite el actual ordenamiento legal antes de tener que recurrir al artículo 155 de la Constitución para asumir competencias de la Generalitat por incumplir sus obligaciones legales. Este escenario, aunque es el último de la cadena, también ha sido por supuesto estudiado por los servicios jurídicos «para tener bajo control todo el abanico de posibilidades que ofrece el Estado de Derecho en su defensa frente a la amenaza secesionista», pero está calificado como la solución excepcional. De hecho, las posibilidades previas al 155 no se agotan en la impugnación ante el Tribunal Constitucional (TC), ya que ahí entran otras leyes impulsadas también en esta legislatura y que afectan, por ejemplo, al buen gobierno o al equilibrio de las cuentas públicas. En el Gobierno están convencidos de que una vez que CDC ha estirado «su irracionalidad e irresponsabilidad» hasta llegar a este punto, «y una vez que han superado límites que nunca se pensó que iban a traspasar», el pulso por parte de Juntos por el Sí y la CUP tiene todavía muchos escalones por subir aunque lleven a «ninguna parte». «Perdieron el plebiscito, no tienen mayoría para formar Gobierno y Mas ni siquiera tiene asegurada su reelección, y aun así cometen la osadía de presentar esta propuesta de resolución. Todo es posible, aunque en contra lo tienen todo, la ley, una mayoría social cada vez más desafecta y su propia realidad financiera y económica», sentencian en medios populares. El argumento de la legalidad tiene un refuerzo casi más poderoso, la quiebra de la Generalitat y la inviabilidad de asumir pilares básicos para la construcción de un Estado como la gestión de la Seguridad Social.
El mensaje del presidente es que el Estado tiene la fortaleza necesaria para evitar que el «disparate» se consume y que los partidos que creen en la Constitución y en la Ley escenifiquen que en esa defensa hablan con una misma voz.
