Echara sanchez a griñan y chaves del PSOE ?

Díaz dio a un ex alto cargo un préstamo de 2,5 millones del fondo investigado

El 20 de diciembre el Partido Popular, con un 33,8% de los votos, lograría 136-139 escaños, sin obtener la mayoría absoluta, mientras que el PSOE se quedaría en el 24,8%, y lograría entre 108-112 diputados.

Según una encuesta de NC REPORT realizada entre finales de septiembre y principios de octubre, que publica hoy el periódico La Razón, Ciudadanos subiría 1,3 puntos respecto a un sondeo hecho en agosto, que le darían entre 26-28 diputados con un 11,7% de votos.

Por el contrario, Podemos conseguiría el 11,2% de los apoyos, su porcentaje más bajo desde su aparición en la escena política, con lo que obtendría de 26 a 27 representantes en el Congreso.

Izquierda Unida, que cuenta en la actualidad con 11 parlamentarios, tendría el 20D entre 3 y 5, con un 4,2% de votos, según el sondeo, que también refleja la desaparición de UPyD en el Congreso, al pasar de 5 escaños actuales a no tener representación, con un 0,4% de apoyos.

Los partidos vascos Amaiur y PNV perderían en estas elecciones su representación en la Cámara: entre 1 y 2 diputados, en el primer caso, y de 2 a 3, en el segundo.

golpe a la justicia...

El TSJA acuerda apartar a la juez Alaya de la instrucción del caso de los ERE

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El ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero, dejó ayer en evidencia a la Junta de Andalucía a la que responsabiliza del funcionamiento del "fondo de reptiles". Trató de demostrar su afirmación ante la nueva juez del caso, María Ángeles Núñez Bolaños mediante la información de que hubo una reunión en 2005 en la que la ex viceconsejera de Economía Carmen Martínez Aguayo avaló la legalidad del "fondo de reptiles" o sistema de las transferencias de financiación por el que se concedían las ayudas de los ERE.

A dicha reunión asistió, entre otros altos cargos, el entonces Intervención General de la Junta, Manuel Gómez, que conocía, pues, el sistema y lo admitió.

Guerrero ha mandado un recado a la Junta afirmando que los expedientes completos de los ERE y las ayudas estaban en la Consejería y que si no están es porque alguien los ha hecho desaparecer.

Insiste así en la visión que expuso ante la juez Alaya en 2013. Según ella, no era más que un "chivo expiatorio" de la Junta y que la Administración andaluza había querido delimitar la responsabilidad penal a la acción individual de unas cuantas personas, entre ellas el ex director general del departamento que tramitaba las ayudas.

Guerrero admitió que las ayudas a empresas y a trabajadores eran "discrecionales" -subrayando que tenían el mismo nivel de discrecionalidad que las que se conceden a nivel del Estado - y reconoció que podría haberse regulado de otro modo el sistema de ayudas. Es más, en un momento reconoció que la mayoría de los trabajadores no tenían acceso a las ayudas por su lejanía con la Junta y con los sindicatos.

La ahora conocida reunión tuvo lugar en la sede de la Consejería de Hacienda y en ella participaron la mano derecha del entonces consejero de Economía y Hacienda José Antonio Griñán, Carmen Martínez Aguayo, el viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, el director general de Presupuestos Antonio Lozano y él mismo, con motivo del informe adicional de la Intervención relacionado con la agencia Idea del ejercicio 2003. Todos ellos están imputados por la juez Alaya en el caso.

En esa reunión, no se vio necesario cambiar el procedimiento y la Consejería de Empleo decidió continuar haciendo las cosas como hasta ahora. Los viceconsejeros Aguayo y Barberá, admitieron seguir trabajando con el mismo sistema sin que nadie pusiese inconvenientes.

En el transcurso de su declaración, Guerrero admitió que hubo ayudas a determinadas empresas, no en régimen de concurrencia y sin conocimiento general, para que "cancelaran créditos con bancos, conseguir líneas de descuento o cancelar deudas con la Seguridad Social", lo que muestra el grado de amiguismo y arbitrariedad alcanzados por el sistema. Incluso hubo ayudas relacionadas con compromisos de otras consejerías, entre las que ha citado unas al 112, lo que implica la transversalidad del "fondo de reptiles", usado según los intereses de la Junta de Andalucía.

Sobre los intrusos en las pólizas de seguros aplicadas en los ERE y las prejubilaciones, Guerrero ha atribuido su presencia a errores. La inclusión de su propia suegra, incluida en varias pólizas, tampoco es como se ha contado, declaró.

Eso sí, señaló a las ayudas a la Faja Pirítica de Huelva como ayudas no controladas(recuérdese que en ellas participó el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en tiempos de Aznar) aunque precisó que no había controles ni inspecciones en ningún caso. De hecho, su abogado, Fernando de Pablos, añadió que el sistema del "fondo de reptiles" era el mismo que usaba entonces el Ministerio de Trabajo del gobierno Aznar.

Guerrero trató de proteger con su declaración a su amigo, el exconsejero de Trabajo de la Junta, Antonio Fernández, que incluso ejerció en el bufete de su propio abogado defensor, explicando que "nunca" recibió una orden directa del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, también imputado en la causa, con respecto a estas ayudas, que según ha dicho las concedió "con plena libertad y criterio, sin intervenciones ni órdenes".

Es la sexta vez que Guerrero comparecía en el juzgado, aunque la primera que lo hace ante la juez Bolaños pero sólo declaró las dos primeras ocasiones. La primera fue en marzo de 2012 y le condujo directamente a la cárcel durante seis meses. La segunda tuvo lugar en marzo de 2013, en plena operación Heracles que investigaba el cobro de comisiones ilegales por parte de las consultoras que tramitaban las pólizas y de las organizaciones sindicales.

Elogios a la nueva juez del caso

La declaración de ayer se debe a la presidencia de la nueva juez titular del juzgado, momento en que Guerrero solicitó prestar declaración, explicando que se había levantado el "secreto sumarial encubierto" decretado en la práctica por la juez Alaya. De hecho, acusa a la anterior juez de no haberle dado acceso a la documentación de la UCO lo que le provocaba indefensión. Hay que deducir que la nueva juez ha puesto en sus manos la documentación que precisaba.

Ahora, Guerrero ha accedido a declarar ante la nueva juez que, por cierto, le había hecho llegar casi 18.000 euros que la juez Alaya se negaba a entregarle. Por si quedaba confuso, su abogado aclaró que se habían sentido cómodos con la comparecencia ante la juez Bolaños. "Antes había que contestar muy concretamente, sin extenderse. Además, hasta ahora habíamos venido con un secreto de sumario sin saber la documentación que existía. Ya tenemos acceso a ella y yo le dije a Francisco Javier: 'adelante, declara'", expresó.

Ayer declaró sólo durante 2 horas y fueron 20 las horas que duró su primera declaración ante la juez Alaya que no le permitía desviaciones ni atajos exigiéndole respuestas concretas. Francisco Javier Guerrero está imputado por prevaricación, malversación y cohecho, entre otros.

El interventor: Guerrero lo acusa y él lo niega

Según Guerrero, la Intervención General de la Junta, estuvo en la reunión con la cúpula de la Consejería de Empleo que trataba de analizar si el sistema era legal. Guerrero afirma que, además de los altos cargos del gobierno de la Junta, el ex interventor general Manuel Gómez también avaló la legalidad.

El ex director general y principal imputado reconoció que pidió la reunión tras haber tenido conocimiento de un informe de la Intervención General en 2005 que cuestionaba el procedimiento empleado. Guerrero añadió que pese a las inconvenientes del sistema de pago de los ERE, no se había detectado menoscabo de fondos públicos y que en aquella reunión se aprobó su legalidad.

Manuel Gómez Martínez dijo ayer que le parecía "inverosímil y solo se trata de manchar sin pruebas". No es normal, dijo, que estén todos los participantes y de manera oral. "Los órganos administrativos se expresan por escrito", precisó.

Su hijo y su suegra

Un hijo de Guerrero trabaja en una empresa de los ERE fraudulentos y su suegra fue incluida en varias pólizas. Se sabía lo de su suegra, Victorina Madrid, incluida misteriosamente en varias pólizas de prejubilaciones. Se ha sabido gracias a La Razón que uno de sus hijos trabaja en la empresa A Novo Comlimk, cuyo caso fue resuelto con cargo a la partida 31L, el denominado "fondo de reptiles" cuando en 2003 la empresa entrara en pérdidas tras frustrarse un contrato con Alcaltel que le garantizaba más de la mitad de la producción. El PP llegó a cifrar en unos 35,25 millones el dinero que esta sociedad habría recibido en subvenciones públicas y en su ERE se detectó un "intruso" –persona que nunca trabajó allí, pero cobró una ayuda– y otras irregularidades.

Gracias a esa ayuda A Novo se define ahora en su web como un "proveedor líder de mercado de soporte postventa y servicios de gestión de cadena de suministro dentro del mercado de tecnología". El grupo posee sedes en distintas partes del mundo, una de ellas ubicada en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) de Málaga. Precisamente allí es donde trabaja desde hace años uno de los hijos de Guerrero, A. G. N, en la actualidad "responsable de compras". Su padre, el que concedió las ayudas, dijo no saber nada del contrato de su hijo. Eso sí, la multinacional invitó a Guerrero cuando aún era cargo del Ejecutivo regional a una convención mundial que celebró en París por el apoyo que ésta brindó a A Novo Comlink España e incluyó la invitación a disfrutar de un partido de tenis del Roland Garros.

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