Echara sanchez a griñan y chaves del PSOE ?

Si es que los empresaarios son todos unos cabr....

Echaran a Maria Luisa T.S. de la UGT?

je je je si al final nicolas redondo era un santo

Aunque el primer gran caso de corrupción estallado en Andalucía y con consecuencias judiciales fue el caso Guerra, ha habido un largo rosario de casos destapados que parecen haberse perdido en la memoria de los andaluces. Para que puedan refrescarla, hemos elaborado este "memorial" -no exhaustivo ni total -,de casos antiguos, anteriores a 1996, que afectaron al Partido Socialista Obrero Español de Andalucía, hoy dirigido por Susana Díaz.

1.-Caso chalé de Escuredo. En 1984 y para cargarse al entonces presidente Rafael Escuredo por sus continuas extralimitaciones "autonomistas" próximas al andalucismo (que logró devorar casi completamente con su táctica al Partido Socialista Andaluz de Alejandro Rojas Marcos) surgió la historia del chalé de "Rafalito". Para conseguir sua caída de "Rafalito" se filtró que una conocida empresa estaba edificándole un chalé como supuesto pago de favores. Y efectivamente, lograron que presentara su dimisión.

2.-Caso Algeciras: En 1987, la ciudad de Algeciras, fue la primera «sede» andaluza de un presunto caso de corrupción relacionado con la financiación del PSOE-A como telón de fondo. Los hechos fueron resumidos por ABC de la siguiente forma: "En julio de 1987, IU-CA envió al fiscal de Sevilla una cinta magnetofónica en la que el ex concejal socialista de Algeciras, Alberto Mendoza, relataba al torero Pedro Castillo el reparto de un millón entre algunos miembros de la anterior Corporación algecireña. La grabación venía a incidir en las acusaciones sobre presuntas irregularidades en la financiación del PSOE, realizadas en su día por el ex concejal algecireño José María Foncubierta, expedientado por el PSOE a raíz de sus denuncias. La ejecutiva regional investigó el tema sin mucho interés."

3.-El caso del Edificio Presidente: Para los que no habían nacido o no recuerden, el 5 de noviembre de 1986, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobaba la compra del Edificio Presidente. Poco después, 18 días, ABC, con la ayuda incomparable de Javier Arenas entonces militante democristiano del PDP, detalló los precios vigentes en el mercado inmobiliario sevillano en las zonas más cualificadas de la ciudad y en edificios de características similares. El precio más alto por metro cuadrado no superaba las cien mil pesetas (600 euros) en el edificio más lujoso para oficinas. En la avenida Ramón de Carranza, precisamente el mismo lugar del Edificio Presidente, los precios más altos no alcanzaban las noventa mil pesetas (540 euros). Sin embargo, la Junta había pagado por la compra del Edificio Presidente 128.000 pesetas (630 euros el metro cuadrado). Para mayor claridad y haciendo cuentas, la Junta pagó 6 millones de euros( 1.000 millones de pesetas) más que el precio de mercado.

4.-Caso Costa Doñana: El tinglado de la "utopía" Doñana ha sido siempre una bandera "ecologista" para el PSOE mientras sus alcaldes autorizaban urbanizaciones, algunas de ellas rebosantes de tráfico de influencias. El famoso caso Costa Doñana, en el que resultaron implicados Jacinto Pellón, el mazinger de la Expo 92 gracias a Felipe González, Jesús Bores, amigo del presidente y Francisco Palomino, su cuñado, además de un consejero de José Rodríguez de la Borbolla, Jaime Montaner, entre otros, estalló en 1988. El caso Costa Doñana fue denunciado por IU, qué tiempos aquellos, y fue explicado por Antonio Castro y Manuel J. Florencio en ABC. También Diario 16 Andalucía participó en la disección.

5.- El caso de la creación de Canal Sur: El proceso de creación de la RTVA también fue escandaloso por tres motivos. Primero, porque se metió a dedo de manera inmisericorde a la gente afín al PSOE, según confesión propia de los dirigentes, y de su entonces director general, el "chungo"[2] Salvador Domínguez. Segundo, porque se perdieron miles de millones de pesetas que fueron a parar a las productoras amigas del PSOE. Tercero, porque el descubrimiento de la mala gestión, el trapicheo y el traspaso de dinero público llevo a la dimisión del director general de la RTVA y del director general de Canal Sur TV, Francisco Cervantes Bolaños. De despilfarro delirante tildó Diario 16 a la operación Canal Sur de estos dos directivos socialistas.

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6.- El caso Juan Guerra: Cuando apareció el caso Guerra, 1989, todavía era Gorbachov la cabeza visible del imperio soviético. España llevaba ocho años de mayoría absoluta socialista en cuyo seno el que se movía no salía en la foto. Luis Solana impedía que la picaresca juanguerrista se expusiese en la Radio Televisión Pública y Carlos Solchaga ofrecía a los sindicatos subidas dos puntos por encima de la inflación. Eran otros tiempos. Cuando estalló estábamos en enero de 1990, hace ya 21 años. La corrupción, a pesar de los casos ya mencionados, era un tema que no preocupaba a los españoles. Con el caso Juan Guerra, explosionaba el primer gran escándalo de corrupción que afectaba al PSOE y que provocaba heridas muy profundas en su número dos, el hasta ese momento todopoderoso Alfonso Guerra, que, al año siguiente, se vería forzado a dimitir en un patético acto desarrollado en Extremadura. El meollo político y judicial del «caso Guerra» se situaba y se sitúa alrededor de un núcleo fáctico: la utilización indebida de un despacho oficial situado en la Delegación de Gobierno en Andalucía desde el que Juan Guerra, además de servir de asistente de su hermano Alfonso, organizaba y diseñaba sus negocios privados.

7.-El caso Tragaperras: Otro asunto espinoso derivado del Caso Guerra fue la llamada trama de las tragaperras. Esta vez se trataba de una empresa, propiedad de un íntimo amigo de Juan Guerra, Manuel Mora, que conseguía obtener de la Junta la concesión de 367 licencias de máquinas tragaperras. La adjudicación llegaba poco antes , curiosamente, de que un cambio en la legislación permitiese que este tipo de máquinas, hasta entonces solo permitidas en salones recreativos, pudieran instalarse también en bares y cafeterías. El escándalo, del que Juan Guerra salió ligeramente condenado, produjo la única detención del caso. El juez Márquez ordenaba la detención del entonces delegado de Gobernación en Sevilla, Francisco Morillo, como responsable de los hechos.

8.-El caso Ollero: Estalló en el verano de 1992, y "tocaba" políticamente a dos consejeros de la Junta, el titular de Obras Públicas, Juan José López Martos, luego absuelto, era apuntado en el sumario como el máximo responsable de la adjudicación de una obra a la constructora Ocisa, previo cobro de una supuesta comisión por parte de la Junta. Junto a él, Jaime Montaner, consejero de Economía en cuyo departamento trabajaba un alto funcionario, Antonio Mena Anisi, implicado, como presunto informador, en la trama de los comisionistas. La sospecha de corrupción se cernía sobre las infraestructuras andaluzas y en concreto sobre la autovía A-92. El caso Ollero consistía en pago de comisiones a cambio de la adjudicación de las obras públicas en carreteras andaluzas. Los hechos se remontaban a julio de 1992, cuando la Policía detuvo a Jorge Ollero , hermano del director general de Carreteras, Manuel Ollero, con un maletín con 22 millones de pesetas fruto de una supuesta comisión ilegal por la adjudicación de obras de la Junta en el tramo Las Pedrizas-Salinas de la A-92 en la provincia de Málaga.

9.-El caso Chaves-Caja de Ahorros de Jerez: Estalló en 1995. Manuel Chaves dejó sin pagar un préstamo en la década de los 80, y aún sigue sin pagarlo. Las elecciones andaluzas de 1996 impidieron la comisión de investigación exigida por la oposición y de este modo sigue sin investigarse el caso. Después se conocieron otros impagos protagonizados por personalidades del PSOE como, por ejemplo, el de la Caixa y Montilla. Pero Chaves fue el primero, que sepamos, junto con conocidos dirigentes del Partido Socialista en dejar de pagar un préstamo a la Caja de Ahorros de Jerez, hoy CajaSol. Lo suyo fue más grave porque además de no pagar, lo trató de ocultar. Estilo del régimen y tela de araña… ya en 1987.

10.-El caso de la Empresa Pública del Suelo de Andalucia: Este es otro de los casos no investigados por el Parlamento andaluz debido a la oposición del PSOE. Ocurrió en julio de 1986. La Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA), dependiente de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, permitió que el importe de la liquidación de los intereses de las cuentas que tenía abiertas en la Caja de Ahorros de Jerez, como representante de la Junta de Compensación de un polígono industrial, fuese ingresado en una cuenta del PSOE de manera subrepticia. Es decir, los intereses generados por el depósito de dinero de la Junta, o sea, dinero de todos los andaluces, terminó en las arcas privadas del PSOE.

11.- Caso Expo 92: Fueron varios e investigados incluso por el juez Baltasar Garzón en el extranjero. Uno de sus episodios más curiosos fue el de dos empresarios portugueses, Manuel y José Conde, que acusaron a Jacinto Pellón de exigirles el 10 por ciento de las contrataciones. La aventura de los hermanos De Coca, uno de ellos, Jaime de Coca, socio de los portugueses y amigos de Jacinto Pellón, acusados de pedir a unos socios portugueses 150 millones de pesetas para el PSOE fue el indicio una nueva trama de comisiones ilegales.

12.- Caso Gratis Total: Ocurrió en 1993 y se refería al entonces presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves; al ex gobernador del Banco de España, Mariano Rubio; la mujer de Alfonso Guerra, Carmen Reina, o el ex ministro José Barrionuevo. Todos ellos figuraban entre los pasajeros de Isleña de Navegación S. A. (Isnasa) que viajaron «gratis total» con destino a Ceuta o Tánger en buques de esta naviera privada. En el caso de Mariano Rubio y su esposa, Carmen Posada, fue necesario alterar la posición de cinco camiones «high long» para albergar los vehículos del matrimonio y de sus escoltas oficiales.

12.- Caso Salinas-Montaner-Gil: Jaime Montaner, ex consejero de Chaves, fue expulsado del PSOE en 1996 por firmar, diez años antes, la resolución que permitía a Jesús Gil realizar una construcción con una edificabilidad a su antojo a cambio de 200 millones. Montaner decía esto: «Sí, la firmé porque estaba en regla. Y es verdad que recibí a Rafael Salinas (hermano de José Miguel, vicepresidente de la Junta en tiempos de Rodríguez de la Borbolla), en su condición de asesor del Ayuntamiento de Marbella. Salinas iba y venía por los despachos de la Consejería de Obras Públicas, claro. Pero las comisiones, si las hubo, las cobraron ellos, los Salinas, y es quien está demostrado que las cobró. ¿Alguien puede creer que la Junta resolvía expedientes a golpe de comisión?». Pues Gil enseñó el talón de 85 millones que les tuvo que pagar.

13.- Caso Faros: Se refería al uso de los faros, algunos de ellos en Andalucía. como lugar de veraneo o estancias para altos dirigentes socialistas. Famoso fue el caso del ex ministro Virgilio Zapatero, ahora implicado en las tarjetas Black de Caja Madrid, por haber residido«un fin de semana,en el faro de Sant Sebastiá, en Gerona. Virgilio Zapatero afirmó que «sufragó los gastos personales» de su bolsillo, el lavado de la ropa utilizada fue cargado al Servicio de Costas. Por ejemplo en Andalucía, en el faro de Torrox, en Málaga, ocuparon vivienda durante 15 días de agosto de 1989 tanto Ricardo Díaz Zoido, entonces jefe del gabinete técnico de la Subsecretaría del MOPU, como el presidente de la Junta de Obras del Puerto de Sevilla, José Luis Carretero. El faro de Marbella, situado en el mismo casco urbano, fue frecuentemente utilizado para fines lúdicos por Juan Muñoz Mitchel, que había sido hasta subdirector general de Puertos. También habitó en el faro de Chipiona, en Cádiz, muy valorado entre los aspirantes a este peculiar veraneo por su ubicación en el mismo casco urbano de la ciudad. En el faro situado en Punta Doncella, en Estepona, se recibió la «visita» de Apolinar Rodríguez, secretario de acción sindical de UGT. Otro ugetista, Victoriano Sánchez, secretario de la Federación nacional del Transporte de la UGT, veraneó durante 15 días en 1984 en el faro de Tarifa, acompañado por el ex diputado socialista Francisco Parra.

14.-Caso pilotaje buques: El entonces delegado del Gobierno en Ceuta, Pedro Miguel González Márquez, pilotaba habitualmente los ferrys de la compañía Isleña de Navegación, S.A.(Isnasa), que cubrían el trayecto Ceuta-Algeciras y viceversa con pasajeros y vehículos a bordo. Al menos en 16 ocasiones desde 1989, Pedro Miguel González Márquez ha logrado que los capitanes de los buques le cedieran el puesto del radiotelegrafista, único autorizado para realizar esa labor, para dirigir el timón en las maniobras de salida de los puertos de Ceuta y Algeciras. Pero no tenía titulación.

15.-Caso Oliva: El catedrático Horacio Oliva ofreció al juez Márquez, en nombre del PSOE, un puesto -no forzosamente el de vocal- en el Consejo General del Poder Judicial a cambio de que decretara el secreto del sumario del caso Guerra durante el periodo electoral. Fue en 1991.

Respuesta a la pregunta:

Se irá antes Sánchez que los citados, el clan andaluz podrá con él.

Detenidos ex altos cargos de la Junta por los cursos de formación
A. G. REYES. Arrestados al menos una decena de exdirectivos del Servicio Andaluz de Empleo. La Guardia Civil registra 25 empresas de formación. Alaya retrasó el nuevo dispostivo por las elecciones

José Antonio Griñán y Manuel Chaves podrían ir en las listas del PSOE a las próximas elecciones municipales, si atendemos a los requisitos exigidos para acceder a ellas. «Desde la defensa estricta de los principios de honradez y transparencia no incluiremos en nuestras listas municipales a acusados y procesados en procedimientos judiciales». Así reza unas de las 75 propuestas que el Partido Socialista recoge en su programa marco municipal y que obvia la polémica figura del imputado, por lo que los ex presidentes de la Junta de Andalucía podrían figurar hoy en las listas para estos comicios, ya que sólo han sido llamados a declarar ante el Supremo como imputados.

Leer más: El PSOE podrá llevar imputados en sus listas http://www.larazon.es/espana/el-psoe-podra-llevar-imputados-en-sus-listas-BC9307245#Ttt11Z0R2cwxWHhy
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Cuando se van a cumplir seis meses desde que el Tribunal Supremo admitiese a trámite la exposición razonada remitida por la jueza de Sevilla Mercedes Alaya para investigar a cinco aforados nacionales por el fraude de los ERE, esta próxima semana comenzarán a declarar como imputados ante el instructor de la causa, el magistrado Alberto Jorge Barreiro. Los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, el ex consejero de Empleo José Antonio Viera y los ex consejeros de Presidencia Gaspar Zarrías y María del Mar Moreno podrán dar su versión sobre las presuntas irregularidades en las concesiones de ayudas sociolaborales y si, como sostenía Alaya, las conocieron e incluso, en función de sus cargos, también las tuvieron que autorizar. Todos ellos, como señalaba el instructor en el auto donde acordaba su citación, están citados en «realización con los actos realizados en el desempeño de sus funciones» con motivo de la concesión de «ayudas sociolaborales y ayudas económicas directas a diferentes empresas» de Andalucía, «así como las prestadas a personas físicas». La citada magistrada cifraba en 855 millones el fraude, en un periodo comprendido entre 2002 y 2012,
El primero en acudir al Tribunal Supremo será el ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía y actual diputado del PSOE José Antonio Viera. Lo hará el próximo martes, día 7; y, a buen seguro, tendrá que dar explicaciones sobre 317 millones de euros que, durante los años en que fue responsable de la citada consejería –entre los años 2000 y 2004, nombrado por Chaves– su departamento repartió entre ayudas sociolaborales, así como subvenciones a empresas y facturas de «hasta 40 despachos de abogados y mediadores» que intervenían en los expedientes de regulación de empleo de empresas en crisis.
El jueves, día 9, y el martes 16, serán los días de «especial relevancia», pues le tocará el turno a José Antonio Griñán – quien dimitió de su cargo de presidente de la Junta de Andalucía y dejó en el mismo a Susana Díaz– y a Manuel Chaves, ex presidentes del Gobierno andaluz y bajo cuyos mandatos se cometieron, presuntamente, los mayores fraudes en las concesiones de esas ayudas. La jueza Alaya sostiene que tuvieron que conocer el desvío de fondos públicos que se estaba produciendo y de los que había advertido la Intervención: resulta imposible que «el consejero de Hacienda Sr. Griñán y el presidente de la Junta Sr. Chaves no trataran el importante menoscabo de fondos públicos por actuaciones realizadas al margen del control de la Intervención, cuando estos datos eran objetivos y reales y figuraban en la Memoria de las Cuentas Anuales de IFA/IDEA –Instituto de Fomento Andaluz/Instituto de Desarrollo Empresarial de Andalucía– y en sus informes de auditoría».
Además, según se recoge en la exposición razonada de Alaya, si las órdenes de abril de 201, y marzo de 2012, reguladoras de las Ayudas Sociolaborales dictadas por la Consejería de Empleo
Orden de 1 de abril de 2011 y Orden de 16 de marzo de 2012, sobre los procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, en las que se vulneraba indiciariamente la Constitución y el Estatuto de Autonomía –al asumir como propia una competencia que era del Estado–, fue porque se trataba «de una decisión política, cuyas directrices se marcaron por el presidente de la Junta de Andalucía», José Antonio Griñán.
En cuanto a Chaves y Griñán, su hombre fuerte y quien deberá declarar el próximo día 14, la jueza Alaya es contundente al respecto: la existencia del pago de estas sobrecomisiones –pagadas en las empresas sometidas a expedientes de regulación de empleo–, «indiciariamente debía ser conocido y autorizado por el presidente de la Junta –Chaves en unos años concretos– y por la persona de su absoluta confianza, don Gaspar Zarrías, consejero de la Presidencia que le asesoraba en todas las decisiones de Gobierno» autónomo andaluz.
La última en tener que acudir al Tribunal Supremo para declarar por estos fraudes será María del Mar Moreno, quien fue consejera de Presidencia con José Antonio Griñán al frente de la Junta, quien comparecerá ante el magistrado Alberto Jorge Barreiro el día 21. Alaya sostiene que si Griñán avaló la «decisión política» de las mencionadas órdenes de la Consejería de Empleo, Moreno prestó una «permanente asistencia política y técnica».
Por otro lado, el instructor del Supremo de esta causa ya advirtió recientemente que los aforados podrían responder por las acciones de sus «subordinados» en los hechos investigados. «Todo apunta a que una mayor o menor responsabilidad de los no aforados que formaron parte de las juntas de Gobierno de al autonomía andaluza podría afectar en mayor o menor medida a la de los aforados que investiga» el Alto Tribunal.

Mañana comienza el desfile de aforados por el «caso ERE» en el Supremo
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El exconsejero de la Junta de Andalucía José Antonio Viera abrirá mañana, con su comparecencia, el "desfile" de aforados que declararán ante el Supremo. lEl próximo 9 de abril llegará el turno de Griñán; el 14 de abril comparecerá Manuel Chaves y el 16 de abril, Gaspar Zarrías.