Echara sanchez a griñan y chaves del PSOE ?

La Policía Nacional ha iniciado este lunes una nueva fase de detenciones en torno a la investigación sobre el presunto fraude en los cursos de formación en Andalucía, según han confirmado fuentes policiales.

Estos arrestos -en Córdoba y Granada por el momento- son una prolongación de los practicados el pasado mes de febrero en la denominada operación «Edu Costa» en la que se detuvo a 90 personas en las provincias de Cádiz, Málaga y Almería.

Las fuentes consultadas han indicado a Europa Press que en el operativo iniciado se contemplan también decenas de arrestos, si bien esta fase de la operación afecta a otras provincias andaluzas.

La sala civil y penal del TSJA se ha declarado competente para la investigación de los cuatro exconsejeros de la Junta, Antonio Ávila, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio y Francisco Vallejo y ha acordado la apertura de diligencias e incluso ha nombrado como instructor al juez Miguel Pascuau, el único de la plantilla de dicha sala.

El TSJA se pronuncia así después de que el fiscal superior le haya pedido hoy mismo que devolviera la causa a la juez Mercedes Alaya por economía procesal ya que los cuatro aforados van a perder esta condición el próximo mes de abril cuando se constituya el nuevo Parlamento. Sin embargo el TSJA asegura que debe declararse «provisionalmente competente» porque los cuatro aforados no pueden verse privados de solicitar la práctica de cualquier diligencia, algo que no pueden hacer ante el juzgado de instrucción número 6 ya que de momento Mercedes Alaya carece de esa competencia.

En cualquier caso el TSJA reconoce que la juez Alaya debe continuar con la instrucción «una vez pierdan su condición de aforados las personas señaladas en la exposición razonada». Además la sala asegura que por el momento no extenderá su competencia a otros imputados que no son aforados a los que se refirió la juez en su exposición razonada por lo que deja claro que la juez Alaya debe seguir con el resto de la causa.

Pero el TSJA aunque no entra en el fondo de la cuestión, también afirma que no es «infundada» atribución de posible responsabilidad penal por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos a los cuatro aforados. Y todo porque, según el TSJA, en el ámbito de sus funciones publicas “participaron en un nivel u otro en la toma de decisiones sobre la creación, financiación, mantenimiento y aplicación de un sistema de concesión de ayudas sociolaborales, ayudas a empresas y excesivas comisiones a intermediarios que, por carecer de los controles típicos de los procedimientos de subvención pública, indiciariamente han supuesto un indebido beneficio económico para algunos particulares y empresas.

Informes especiales de la Intervención General de la Junta de Andalucía acreditan que el 51 por ciento de los cursos de formación impartidos en Málaga, Cádiz y Almería presentan graves irregularidades. Según los datos a los que ha tenido acceso ABC, la Intervención, dependiente de la Consejería de Hacienda, ha encontrado pruebas de la gran estafa perpetrada con cargo a subvenciones públicas, en muchos casos imposible de cuantificar, ya que en buena parte de los cursos ni siquiera se ha presentado la documentación básica para demostrar que en realidad se impartieron.

Los informes se refieren a cursos impartidos entre 2009 y 2012 en las tres provincias -la fase «Costa» de la operación Edu- y denuncian la «falta de diligencia» en el control del Servicio Andaluz de Empleo. Uno de los principales fraudes es la contratación de «profesores fantasma». Como ocurrió en el escándalo de los ERE con los falsos prejubilados, la operación Edu también ha puesto patas arriba un entramado de «intrusos». La Intervención ha encontrado profesores que, sin impartir clases de formación, cobraban por ellas, en connivencia con la empresa o asociación que organizaba el curso.

Por ejemplo, en la provincia de Cádiz han percibido salarios «monitores que según la ficha del curso no han desarrollado horas teóricas, ni prácticas, ni de evaluación o tutorías, en ninguno de los módulos impartidos». Los informes son tajantes: «Se imputan gastos de personas que no han desempañado labores de formador». En otro caso aparece como profesora del «curso de Camarero de Restaurante-bar» una «educadora social» que en realidad tenía contrato de «cuidadora» en un centro. Todo apunta a que prestó su nombre como «profesora fantasma». De hecho, en ocasiones se llegó a falsear cursos completos. Es el caso de los cursos 29-1 y 29-2 de «animador turístico». El organizador cobró y justificó subvenciones para dos cursos que, según la documentación que figura en el expediente, «tenían la misma duración, se celebraron en el mismo periodo de tiempo (entre octubre de 2010 y mayo de 2011), con el mismo horario, en el mismo lugar, misma aula, con los mismo equipos, los mismos alumnos y los mismos monitores». Es decir, el mismo día a la misma hora y en el mismo lugar, un mismo profesor impartía dos cursos a la vez.

También se han encargado cursos a subvenciones públicas en días que eran festivos, como el 12 de octubre y el 25 de julio. Según el calendario oficial, ese día los alumnos no tenían clase, pero la memoria entregada a Empleo dice que sí hubo. El pago fue autorizado. En otros casos, era imposible saber el número de alumnos, ya que no hay listas de firmas.

Otra de las innumerables trampas de este enorme desfalco se ha producido manipulando los costes de los materiales supuestamente utilizados. Las empresas beneficiarias compraban material y se deducían el IVA. Solicitaban a Hacienda la devolución o compensación del impuesto dado que es un producto para su actividad, pero luego pasaban a la Junta el gasto con el IVA incluido. De este modo, el impuesto se convertía en beneficio neto de la empresa que impartía el curso.

«Colar» facturas
En otras ocasiones se han «colado» facturas por la compra de productos que no eran para el curso: un restaurante en el que se imparte un curso de camarero compra alimentos y bebidas para servirlos a sus clientes y se lo carga a la subvención como «material didáctico». También se inflaron precios. Los fondos de Empleo de la Junta pagaban los libros utilizados en un curso a 31,58 euros, pero los inspectores han comprobado que esos mismo libros estaban a la venta por 20 euros. La factura se infló casi un 60 por ciento.

Llamó la atención de los interventores que en otro de los cursos se justificaron 70.376 euros por las nóminas de dos monitores, pagos que se realizaron «en efectivo». La normativa limita los pagos en metálico a 1.000 euros y, además, en un mismo curso el total de las cantidades abonadas en efectivo no puede superar los 3.000 euros. En este caso se pasaron por más de 67.000. No hay documentos que acreditaran esos pagos. La Intervención de la Junta reprocha a las delegaciones del Servicio Andaluz de Empleo que no comprobaran muchos de los expedientes y que, en los que sí comprobaban y hallaban las irregularidades, los daban por buenos y no exigían la devolución del dinero: «Podemos concluir que la entidad no ha cumplido con la legislación aplicable».

La insólita propuesta electoral de Susana Díaz de organizar una oficina antifraude y anticorrupción en Andalucía con la cantidad de casos en los que está implicados altos cargos socialistas en los diferentes juzgados andaluces, ha promovido el cachondeo político. De una parte, Rosa Díez, la líder de UPyD, ha propuesto a Díaz que sea "la sede del PSOE" la sede de la oficina antifraude. Por su parte, Juanma Moreno le ha preguntado a Susana Díaz si esta oficina será dirigida o presidida por Manuel Chaves o por José Antonio Griñán.

La líder de UPyD, Rosa Díez, aconsejó ayer a Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, que la ubicación para la anunciada oficina autonómica de prevención del fraude y de la corrupción sea "la sede del PSOE", y que ponga al frente a sus corruptos, "que son los que saben".

Rasa Díez afirmó, además, que "anunciar esa oficina es una desvergüenza y una falta de respeto". Según Díez, la mejor manera de luchar contra la corrupción en Andalucía es "dejar de despreciar a los funcionarios públicos, que no pueden ser sustituidos por los amigos de los políticos". Díez puso en relación la corrupción andaluza con la pobreza porque la corrupción deriva en sobrecostes de las adjudicaciones públicas.

Martín de la Herrán, candidato por UPyD a la presidencia de la Junta andaluza explicó: "Si aquí los interventores hubieran sido escuchados y sus informes hechos públicos, no habrían ocurrido los escándalos de los ERE y de la formación» y añadió que la mejor oficina antifraude era «mandar a Susana Díaz a su casa".

Igualmente, la sorna sobre la propuesta de Susana Díaz llegó al Partido Popular por medio de su presidente en Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, que, en un acto en Granada, prometió en su discurso honestidad y transparencia "y no nuevas oficinas ni observatorios", en referencia al anuncio realizado por Susana Díaz. "¿A quién va a poner a su frente, a Chaves o a Griñán?", preguntó el candidato.

Aunque también el candidato de IU, Antonio Maíllo, atribuyó ayer a la "mala conciencia" la polémica iniciativa de la "oficina" del PSOE andaluz, su chispa no estuvo a la altura. En respuesta a la propuesta de la presidenta de la Junta, el dirigente de IU sostuvo que su formación seguirá planteando la necesidad de que se constituya una comisión de investigación sobre la corrupción en el Parlamento andaluz, petición que –en su opinión– ha sido una de las razones «ocultas» por las que Susana Díaz decidió romper el pacto de gobierno con IU y adelantar las elecciones.

Tampoco derrochó gracia la candidata de Podemos, Teresa Rodríguez, quien reprochó a la líder del PSOE andaluz que hable de la corrupción «en pasado» cuando "sigue siendo algo que está presente en la sociedad andaluza".

ANDALUCÍA / FINANCIACIÓN BAJO SOSPECHA
La Junta implantó el «modelo ERE» en ocho empresas para gastar sin control
ANTONIO R. VEGA / SEVILLA
Día 04/03/2015 - 11.26h
El interventor avisó en 2006 a Hacienda de que Egmasa, Giasa, RTVA o EPSA, entre otras, usaron de manera irregular el mismo sistema opaco de financiación

http://sevilla.abc.es/andalucia/20150304/sevi-junta-201503032233.html

ANDALUCÍA
La Fiscalía abre investigación penal sobre el destino de 840 millones de la Junta de Andalucía para formación a parados
ABCABCDESEVILLA / SEVILLA
Día 06/03/2015 - 13.02h
A raíz de la denuncia presentada por la Federación Andaluza de Empresas de Formación acerca del uso de fondos públicos

En 2013, la Sección Sindical de UGT de la empresa Ambulancias Tenorio, conocida desde hace años como empresa "amiga" de sectores del PSOE andaluz, confesaba haber presionado para que las adjudicaciones siguieran llegando a la empresa de sus preferencias calificando de "empresas piratas" y de ganar dinero a costa de los enfermos a las empresas competidoras. Por ello, confesaba que habían efectuado gestiones con la Consejería de Salud en Sevilla, con las gerencias de algunos hospitales y centros de salud y con el PSOE de Sevilla con el fin de obtener la adjudicación del contrato para su empresa. Y las gestiones tuvieron éxito en cuanto Susana Díaz llegó a la presidencia de la Junta. El concurso público se convocó el 10 de octubre de 2013, cuando llevaba poco más de un mes al frente de la Junta de Andalucía y días después comenzaron las presuntas irregularidades.

Ahora, cuenta El Mundo, el Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla está investigando el presunto amaño del mayor concurso público licitado y adjudicado por la Junta de Andalucía en la corta etapa de la Presidencia de Susana Díaz. Y se trata de Ambulancias Tenorio e Hijos SL, con un montante de cerca de 250 millones de euros. La denunciante ha sido la sociedad Servicios Socio Sanitarios Generales de Andalucía SL (SSGA), que ha denunciado graves irregularidades durante el proceso mediante una querella criminal contra 16 personas, entre ellos altos cargos y medios del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Pero fueron ABC y Libertad Digital los que investigaron el caso hace más de seis meses. Desde julio de 2014, una única empresa, Ambulancias Tenorio e Hijos SL, había logrado el monopolio del transporte sanitario programado y urgente que generaban los 188 centros de salud y nueve hospitales de la provincia de Sevilla. A cambio, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) pagaría 49,1 millones de euros cada bienio a esta empresa ubicada en la capital hispalense y administrada por Juan José Tenorio Rodríguez.

El "megacontrato", que se firmó el 18 de julio, permitía sucesivas prórrogas durante una década, por lo que podría llegar a facturar 236 millones de euros al organismo de la Junta. Ambulancias Tenorio e Hijos SL se hizo con este contrato a pesar de que su oferta superaba en 1,2 millones a la de su único competidor en Sevilla. cuya oferta habría ahorrado 1,2 millones de euros a la sanidad andaluza.

Curiosamente, Ambulancias Tenorio rompió un preacuerdo que tenía con ADEA para concurrir unidos y la mesa de contratación rehusó puntuar gran parte de su flota de ambulancias de la competidora -hasta 94 vehículos- amparándose en que carecían de la tarjeta de transporte, que no puede obtener hasta 2014, y de la autorización administrativa sanitaria, una documentación que no estaba prevista en el pliego.

Ahora, el juez Juan Jesús García Vélez –el mismo que investiga el caso UGT– aprecia indicios de delito en la manipulación del concurso público mediante la modificación de las condiciones en el proceso de licitación, y menciona presuntos delitos de prevaricación, cohecho, falsedad, tráfico de influencias y alteración de precios en concursos y subastas.

El caso afecta a los directores generales de Gestión Económica y Servicios del SAS Inés Bardón Rafael, que ocupó el cargo durante parte del proceso, y su sustituto, Horacio Pijuán González, que realizó la adjudicación. La querella se dirige también contra los siete miembros de la mesa de contratación de los servicios de apoyo del SAS –Luisa Marín, Carmen Fernández, Carlos González, Carmen Acero, Santiago Rodríguez, Dolores Bejarano y Florinda Rodríguez–, así como los integrantes de la comisión asesora que puntuó las ofertas -Dolores Rioja, Inmaculada Rodríguez, Rafael Márquez, José María Martínez, Francisco Bonilla, José Franco y Urbano Paz.

La consejera de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio, garantizó que el concurso se había realizado con estricto cumplimiento de la ley y "respetando absolutamente los procedimientos y los plazos establecidos". El PP andaluz denunció que no se trataba de un procedimiento común, porque lo que se había hecho era otorgar "un monopolio", a partir de una actuación que está plagada "de incertidumbres". Por ello, preguntó a la consejera si era normal que se adjudicara el contrato a la empresa que presentó la oferta más cara, con una diferencia de1,2 millones de euros.

Ambulancias Tenorio y el caso Guerra

El caso Guerra fue muy amplio y llegó hasta los entresijos del Servicio Andaluz de Salud. Según informó ABC en 1991, dos amigos de Juan Guerra, José Pardo García y Rafael Fernández Campano fueron denunciados por Ambulancias Tenorio ante el gerente provincial de SAS en Sevilla.

El gerente del SAS entonces, Agustín Ortega Limón, refirió ante el juez instructor del caso, Ángel Márquez, que había recibido una visita de Juan Guerra, asistente de su hermano Alfonso por aquel entonces en la Delegación del Gobierno de Sevilla, para explicarle que en realidad, la empresa Ambulancias Tenorio quería quitar de en medio a sus dos amigos porque conocían las anomalías en la facturación de esta empresa. Es más, cuenta ABC que Juan Guerra mostró documentación que podría demostrar que Ambulancias Tenorio cobraba por servicios no realizados.

Pardo García y Fernández Campano eran por entonces los empleados públicos que ordenaban el tráfico de ambulancias en la provincia de Sevilla. A ambos se les abrieron sendos expedientes disciplinarios como consecuencia de la denuncia de Ambulancias Tenorio en 1991.

Una sindicalista de Málaga tuvo interna siete años a una inmigrante irregular por 700 euros al mes y sin vacaciones
Los escándalos e investigaciones judiciales en torno al sindicato UGT han provocado una sangría de afiliados que alcanza las 150.000 bajas. Una situación alimentada por comportamientos poco ejemplares.

Este es el caso de una dirigente nacional de ese sindicato que el miércoles llegó a un acuerdo para evitar ir a juicio e indemnizar a una empleada del hogar inmigrante, a la que presuntamente ha tenido siete años sin contrato.

La inmigrante trabajaba en unas condiciones laborales reprochables -sin vacaciones durante tres años, con jornadas maratonianas y un salario de 700 euros-, lo cual provocó la detención de la sindicalista por parte del Equipo de Atención al Inmigrante (Edati) de la Guardia Civil de Málaga.

El caso de esta sindicalista, María Luisa T. S., es curioso, ya que pasó de trabajar para la patronal a través de la Cámara de Comercio malagueña a formar parte de la dirección de la Federación de Jubilados y Personas Mayores de UGT en enero del año pasado.

La historia que la ha puesto bajo el foco judicial se comenzó a escribir el pasado 16 de septiembre, cuando la víctima, una joven paraguaya de 29 años que llevaba siete trabajando para la detenida como asistenta del hogar interna, acudió a la Guardia Civil para denunciar su situación.

Según relató a los agentes del Edati que se hicieron cargo de la investigación, llegó a España con la intención de mejorar su vida y fue a través de una compatriota cuando supo que María Luisa T. S. buscaba a una empleada del hogar que trabajara interna en su casa. En enero de 2007 presuntamente comenzó a ejercer esta labor sin contrato y por un sueldo de 700 euros al mes.

Limpiaba también la casa de la hija
Las condiciones de trabajo se podrían considerar leoninas en base a lo descrito por la joven a los agentes. Y es que no solo se ocupaba de una casa, sino que de 7 a 11 de la mañana debía también limpiar la de la hija de su jefa.

Su descanso, declaró, iba únicamente de las seis de la tarde del sábado al inicio de la jornada el lunes más los días festivos, pero sin vacaciones. En tres años pidió una semana y se le descontó del sueldo.

Siempre cobraba su sueldo en efectivo y cuando pidió que regularizaran su situación irregular -de la que era consciente- la dirigente sindical le dijo que «tendría que descontarle el coste de la Seguridad Social del salario», según se recoge en las diligencias del Instituto Armado, a las que ha tenido acceso ABC.

La trabajadora tenía instrucción de decir que «era una amiga de la familia» si la Policía le preguntaba. Según atestiguó ante los investigadores, en algunas ocasiones tenía que hacer de cobradora de los alquileres de los pisos de su jefa para poder percibir su remuneración.

Tras abandonar la casa por unos impagos, la empleada «comenzó a recibir mensajes» de WhatsApp y de voz pidiéndole que volviese, que pondrían en evidencia la relación laboral. Los agentes del Edati acabaron deteniendo a María Luisa T. S. por un presunto delito contra el derecho de los trabajadores y se abrió una doble causa judicial: por la vía civil, para dirimir la extinción laboral; y la penal, por la supuesta explotación. La primera quedó resuelta el miércoles.

No hubo juicio en el juzgado de lo Social número 11 de Málaga después de que las partes alcanzaran un acuerdo extrajudicial, según confirmaron fuentes judiciales. La segunda causa, que lleva el juzgado de Instrucción número 3 de Málaga, sigue adelante después de que «sorpresivamente» fuese archivada sin tomarse declaración a la detenida o a la víctima.