Autonomia catalana suspendida.

pero sin insultos debemos TODOS respetar las opiniones que por ser distintas hacen mas interesante el debate y aporta informacion al respecto.

saludos

El Gobierno tiene todo preparado para responder con "agilidad y celeridad" al desafío soberanista de Artur Mas y actuará de inmediato si el presidente del Ejecutivo catalán firma el próximo sábado el decreto de convocatoria de la consulta independentista del 9 de noviembre, como se baraja en este momento.

Así lo ha asegurado este jueves la vicepresidenta del Gobierno, que ha insinuado que en el caso de que Mas rubrique el sábado la convocatoria del referéndum se podría celebrar ese mismo fin de semana un Consejo de Ministros extraordinario para autorizar la presentación inmediata del recurso ante el Tribunal Constitucional que, horas o días después, provocará la suspensión de la consulta. Este es un trámite insoslayable porque la interposición del recurso debe estar precedida del debate y aprobación en el Consejo. Es un requisito establecido para las situaciones excepcionales y así se procedió con la abdicación del rey Juan Carlos.

El presidente del Gobierno podría haberse limitado a impugnar la ley de consultas y que el Constitucional procediera a la suspensión cautelar durante cinco meses de todos los hechos que emanasen la de norma. Los servicios jurídicos del Estado, sin embargo, aconsejaron impugnar tanto la ley como la convocatoria para no dejar el menor resquicio legal. Fuentes gubernamentales han anticipado que entre los argumentos que se recogen en los textos impugnatorios se recogen algunos de los argumentos empleados por los miembros del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña que apreciaron visos de anticonstitucionalidad y de vulneración del Estatut y se opusieron a la ley de consultas aunque perdieron la votación por cinco a cuatro.

Aprobados los recursos se remitirán los textos al Consejo de Estado para que emita su informe preceptivo pero no vinculante. El presidente de la institución, Manuel Romay Beccaría, convocará un pleno para dar su parecer favorable a los recursos. Ahí llegará el momento del Tribunal Constitucional, que analizarán los recursos para ordenar a continuación la suspensión cautelar de la ley y del referéndum.

Soraya Sáenz de Santamaría se ha dirigido a Mas para aconsejarle que no firme la convocatoria porque, ha dicho, sabe que es un referéndum ilegal como ya le dejó claro el Congreso, el Constitucional y el Gobierno central. No obstante, consciente de que no la escuchará, ha añadido que "el Gobierno cumplirá con su obligación y recurrirá". "En cuento lo publique, la maquinaria del Estado se pondrá en marcha", ha concluido.

En este mundo de depredadores el que calla otorga y tratándose de temas tan sensibles yo no me callo.

Tal ves esté equivocado, pero observas que los que me odian no se callan e intentan meter mierda ¿por qué me voy a tolerar que se salgan con la suya?

Cualquier observador objetivo vera que los que quieren la destrucción de España tratan de hacerse "los buenos" y ganarse el favor de aquellos que "pretenden mantenerse neutrales" le dan a me "gustas" y le alaban los comentarios, pero solo si son o favor de ellos.

Yo soy Español y no voy a consentir que un "cococomido" venga a contarme historias inventadas. Y como digo siempre: sin tan buenos son, si son tan autosuficientes lo que tienes que hacer es desconectar con todo lo Español y dejarnos al resto de Españoles , a los que queremos seguir siendo españoles, tranquilito con nuestros defectos y nuestras virtudes

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha respondido a la decisión del presidente de la Generalitat, Artur Mas, afirmando que «no hay nada por encima de la voluntad soberana del pueblo español. Ningún ningún gobierno está por encima de la voluntad soberana del pueblo español. Nadie está por encima de la democracia y nadie puede decidir lo que cumple y lo que deja de cumplir».

Sáenz de Santamaría ha confirmado que esta misma mañana se ha solicitado al Consejo de Estado un informe sobre la convocatoria de la consulta que estará finalizado en cuarente y ocho horas. El lunes el Gobierno presentará los dos recursos.

La vicepresidenta del Gobierno ha comparecido en el Palacio de la Moncloa para responder a Artur Mas, reiterando que «sin ley no hay democracia y ningun gobierno ni nadie está por encima de la ley». Para hacer frente a este desafío ilegal, Sáenz de Santamaría ha precisado que «el Gobierno tiene la obligación de proteger la ley y los derechos de los españoles. Esta mañana hemos iniciado los pasos para promover los recursos de inconstitucionalidad».

Este primer paso es «solicitar un informe al Consejo de Estado para que emita los informes sobre los recursos y, una vez que los emita en un plazo de cuarenta y ocho horas, el Consejo de Ministros se reunirá para plantear los recursos».

Error de Artur Mas
El Gobierno «lamenta y consideramos que es un error la iniciativa de Artus Mas porque fractura a la sociedad catalana, los divide y los aleja de Europa y del sentir de los tiempos». A juicio de Sáenz de Santamaría «los catalanes han hecho de España lo que es, un país solidario, diverso. Juntos, todos los españoles hemos afianzado la democracia, nos hemos dado una carta de derechos y hemos construido uno de los estados más descentralizados del mundo».

Sáenz de Santamaría ha recordado que «el Gobierno ha mantenido el dialogo con la Generalitat y con todas las Comunidades autónomas. El Gobierno ha considerado que cualquier problema de una comunidad era también nuestra responsabilidad. Las Comunidades han tenido problemas financieros y ahí ha estado el Gobierno de España. Nada de lo que pasa en España le es ajeno al Gobierno. Ningún Gobierno puede ceder o transigir con lo que no le es propio. Los españoles se han dado una democracia y hay que respetar sus reglar y derechos. Diálogo siempre lo han tenido».

La vicepresidenta también quiso dejar claro que, una vez que se produzca la suspensión automática de la ley de consulta y del decreto de consulta, éstas «no pueden tener ningun efecto en tanto no se levante la suspensión. No se puede realizar ninguna actuación tendente a ejecutarla, ni con carácter prevetivo»

El 6 de diciembre de 1978 Cataluña dio un “sí” aplastante (91% de los votos, tres puntos más que la media nacional) a la Constitución, que instauraba el Estado de las Autonomías y la indisoluble unidad de la nación española. 36 años después de aquella votación, el Gobierno de CiU impulsa el proceso para la independencia de Cataluña con instrumentos normativos que, según los expertos, son contrarios a la Constitución.

Alfonso Guerra, ex vicepresidente del Gobierno entre 1982-1991 y uno de los políticos que participó más activamente en la elaboración de la Constitución, declaró hace solo unos meses a EL PAÍS: “Los nacionalistas dijeron en 1978 que tenían suficiente. Fuimos ingenuos”.

23 años de paz territorial. Durante los primeros 23 años de gobierno nacionalista en Cataluña no se registraron tensiones territoriales graves relacionadas con la reivindicación de independencia. Con Jordi Pujol al frente del Ejecutivo catalán (1980-2003) la única presión recurrente se llamaba financiación autonómica. Las peticiones de CiU, partido cuyos votos en el Congreso de los Diputados garantizaron la estabilidad de distintos gobiernos de PSOE o PP, provocaron en dos etapas distintas la reforma de la Ley de Financiación para mejorar los recursos de las comunidades, entre ellas Cataluña.

El Gobierno catalán fue, durante aquellos años, el motor de los cambios legislativos que tenían que ver con el dinero que repartía la administración central entre las autonomías.

2001. "El mejor modelo de financiación que hemos tenido nunca". En 2001, el Ejecutivo de José María Aznar (PP) pactó con CiU un nuevo modelo, con cesión de a las autonomías de un porcentaje de determinados impuestos estatales. El cambio fue bendecido por los nacionalistas catalanes: “Es sin duda un paso adelante, es el mejor modelo que hemos tenido nunca, con una mejora cualitativa y cuantitativa porque aporta más recursos al sistema de financiación autonómica en sentido global, y en el caso particular de mi grupo, en Cataluña”, afirmó en el pleno del Congreso el diputado de CiU Heribert Padrol i Munté.

2009. "Estamos federalizando el Estado con liderazgo desde Cataluña". Ocho años después, con un Gobierno tripartito en Cataluña (PSC, ERC e ICV), se aprobó una nueva Ley de Financiación Autonómica que mejoraba en 11.000 millones de euros los recursos que llegaban a las comunidades. El PP votó en contra con el argumento de que aquel modelo era un traje a la medida de Cataluña.

ERC e ICV, dos de los partidos que defienden ahora la consulta en Cataluña, alabaron en el Congreso el cambio legislativo: “Lo que estamos haciendo con el nuevo modelo es federalizando el Estado con liderazgo desde Cataluña”, señaló entonces el portavoz de ICV, Joan Herrera.

La nueva Ley de Financiación llegó cuando Cataluña tenía ya un nuevo Estatuto de Autonomía (2006) impulsado por el Ejecutivo tripartito de izquierdas y pactado en última instancia por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con Artur Mas, líder de CiU, que entonces estaba en la oposición.

El Estatuto de 2006 tuvo el 73,9% de los votos a favor, con una participación del 48,9%. El texto aprobado no establecía la independencia de Cataluña. Tan sólo recogía en su preámbulo que el Parlamento autónomo consideraba a Cataluña una nación y se remitía en muchos de sus artículos a la Constitución española.

2010. El Constitucional deroga 14 artículos del Estatuto catalán. El PP recurrió contra la mitad de los más de 200 artículos del Estatuto ante el Tribunal Constitucional, que tardó cuatro años en dictar sentencia. El 28 de junio de 2010, en plena agonía del Gobierno tripartito de Cataluña, se hizo pública una sentencia que estimaba parcialmente el recurso del Partido Popular al considerar inconstitucionales 14 artículos e imponer una interpretación determinada a otros 27. La sentencia declaraba que carecía de “eficacia jurídica interpretativa la referencia del preámbulo a Cataluña como nación”, que se mantuvo. “La Constitución”, señalaba el fallo, “no conoce otra que la nación española”.

El Tribunal consideró inconstitucional la parte del artículo 6 que señalaba que el catalán es la lengua de uso normal y preferente de las administraciones públicas y los medios de comunicación públicos de Cataluña. La palabra “preferente” fue eliminada del texto por la sentencia. Además, en uno de sus fundamentos jurídicos, establecían que el Estatuto no podía establecer el deber de conocimiento de la lengua catalana, y en otro recordaba que las lenguas reconocidas como vehiculares en la enseñanza eran el castellano y el catalán, y no solo el catalán.

Por habladurías que no sea, cada cual expone su opinión democráticamente, pues ya no lo se y lo peor es que están pasando cada historia que olvidarla no creo que se pueda y para que decir que esto no viene de ahora y para que decir desde cuando viene...pero lo malo es, lo que no debería surgir y tener lugar a bebérnoslo sorbo a sorbo, eso si, con la nariz bien tapada porque cada vez va a parecer como si esa pócima o como se llame tuviera un tufillo muy poco agradable y ¿Qué narices? no teníamos que percibir ese "buqué" o fragancia.
http://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2014-09-27/artur-mas-como-acabara-esto-votando_217774/

El presidente de la Generalidad, Artur Mas, está dispuesto a afrontar las consecuencias penales que puedan derivarse de impulsar el referéndum, pero ha augurado que "eso no pasará, porque se está haciendo bien" el proceso separatista.

"Puedo asumir sobre el Govern y sobre mi persona todos los riesgos necesarios", ha dicho en una entrevista de TV3 este sábado recogida por Europa Press, al planteársele la posibilidad de que afronte imputaciones por presuntos delitos de prevaricación y de sedición, entre otros.

Mas ha pedido a los catalanes que, apoyando el proceso separatista, "ayuden como lo están haciendo": con civismo, con capacidad de resistencia y haciendo entender que no van contra España.

Considera que ellos se dan cuenta de que el proceso no es fácil, y ha advertido de que no basta con manifestarse masivamente cada Diada: "Esto es una conquista, no un regalo. Lo estamos conquistando", según él, y ha insistido en que desde Catalunya se deben hacer las cosas bien.

Sobre las posibilidades del Estado de conseguir que el proceso no siga adelante, ha destacado que "ellos tienen también límites en su actuación", por lo que ha pedido textualmente no ponérselo fácil desde Cataluña.

"Ellos saben que nosotros acabaremos votando, si hacemos las cosas bien", según Mas, y ha afirmado que el Gobierno catalán y todos los partidarios de la consulta deben saber reaccionar a medida que el Estado vaya tomando decisiones ante la consulta.

Para él, "si todo esto es imposible es porque lo hunden todo, y no sería por inseguridad jurídica", porque está convencido de que la Generalidad se está ajustando a la legalidad. Una vez más, el presidente se ha mostrado "abierto hasta el 8 de noviembre a negociar las condiciones (de la consulta) a cambio de que se pueda votar".

Al ser preguntado si está dispuesto a llevar el caso a Europa, ha respondido que "si hace falta, sí", pero que las decisiones desde Cataluña no son solo suyas, sino compartidas con los partidos proconsulta.

También admite que ampliar su Gobierno con uno o más de estos partidos es una posibilidad para apoyar el proceso, si se hace necesario: "No lo descarto, pero en el momento oportuno". Sobre la ausencia de una de estas formaciones, ICV, en la firma del decreto de convocatoria de la consulta, ha replicado al ecosocialista Joan Herrera que el acto "no era una foto; era mucho más que una foto".

En cuanto a la ausencia del líder de UDC, Josep Antoni Duran, ha dicho que no le correspondía estar porque no dirige un grupo en la cámara catalana -razón por la cual sí han acudido los dirigentes de ERC y de la CUP, pese a no asistir Herrera aunque estaba invitado-.

Mas ha comentado que la noche del viernes al sábado era importante para él; que no la pasó en su casa, sino en la Generalidad -"no sé por qué", ha respondido-; y que en el acto del sábado sintió serenidad por el deber cumplido y emoción por el sentido histórico.

Partida a partida
Vale la pena fijarse en cada una de las partidas para comprobar el coste de cada proceso de la consulta. Sólo para suministrar material para la votación (papeletas, sobres, urnas y cabinas) se prevé un importe de 194.825 euros. Para la gestión informática y los servicios de telecomunicaciones, el presupuesto se eleva a los 3 millones de euros. Y para gastos varios como difusión institucional, documentación en sistema «braille», etc. el cálculo es de 200.000 euros.
Todo ello no alcanza el 40 por ciento del coste total de la consulta. ¿Y el 60 y pico por ciento restante? Una parte muy importante va destinada a los miembros de las mesas electorales. Cada presidente percibirá 70 euros y cada gestor, 62 euros. En total, se prevén 1,577 millones en este concepto. También el personal colaborador recibe una cantidad muy importante, que supera los 1,4 millones y que se calculan a partir de 168 euros de gastos por mesa.
Representantes de la Administración que dan apoyo a la organización y que se encargan de labores de transmisión de datos provisionales percibirán un total de 640.080 euros (120 euros por mesa, 150 en caso de asumir dos). Y el coste de la seguridad de la jornada es de 640.080 euros (120 euros por local de consulta).
Finalmente, hay que sumar los 728.155 euros que percibirán los coordinadores municipales de la consulta, los 69.473 euros para los miembros de la comisión de seguimiento y los 17.100 euros para los miembros de la comisión de control.
El papel de los ayuntamientos
Los gobiernos municipales tienen una función esencial en la consulta, ya que deben encargarse de organizar una parte fundamental de la votación. Según el decreto del Govern, los ayuntamientos catalanes tienen un plazo de diez días para entregar al Govern una propuesta de qué locales acogerán los puntos de votación para la consulta del 9 de noviembre. Así figura en el anexo 1 del decreto, que fija las reglas específicas para la consulta que prevé celebrar el Govern y que en su artículo 7 da un plazo de diez días a partir de la publicación del decreto para que los ayuntamientos hagan una propuesta al Ejecutivo.
De esta forma, los municipios deberían entregar su propuesta al departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales antes del 7 de octubre, de forma que el Govern pueda hacer pública la relación definitiva de puntos de votación antes del 12 de ese mismo mes. El Govern cede así a los ayuntamientos la potestad de decidir qué locales y mesas de consulta –el decreto no habla de colegios electorales– ofrecen, y deja en sus manos la decisión sobre si se utilizarán edificios públicos para albergar las urnas.
El Ejecutivo catalán confía así en la colaboración de todos los ayuntamientos catalanes para poder llevar a cabo la consulta del 9 de noviembre, aunque por lo menos cuatro de la provincia de Barcelona –Rubí, Castelldefels, Viladecans y Sant Boi de Llobregat– han rechazado aprobar mociones de apoyo a la ley de consultas. Fuentes del Govern consultadas por Europa Press explicaron que si algún Ayuntamiento rechaza colaborar con la Generalitat y rechaza la propuesta de puntos de votación, será el propio Ejecutivo catalán quien buscará otros espacios en los que poner las urnas
La cuota de los partidos
La Generalitat también ha definido la cuota que les corresponde a los partidos con representación parlamentaria en la campaña del 9-N. Entre todos dispondrán del 70 por ciento de los espacio públicos para promover sus debates. Estos espacios públicos serán designados por los ayuntamientos para que partidos u organizaciones puedan promover su campaña o debate desde el 2 al 7 de noviembre.
Los partidos con representación parlamentaria, concreta el anexo, tendrán «preferencia» sobre el resto de organizaciones para el uso de estos espacios públicos, por lo que dispondrán del 70 por ciento de los «locales y ubicaciones disponibles», que se repartirán de manera proporcional al número de escaños que tienen. El 30 por ciento restante de ese espacio público se repartirá entre las organizaciones que hayan solicitado previamente su uso.
La campaña
Con la firma del decreto, la Generalitat se apresuró a arrancar la campaña institucional de la consulta del 9-N, que lleva por lema «Tú decides», va asociada a la web (9nconsulta2014.cat) y se desplegará también por medio de anuncios publicitarios, con el fin de informar del proceso pero sin orientar el sentido del voto.
La web informa sobre quién puede votar y cómo y dónde puede depositar la papeleta. También hay previsto un anuncio televisivo en el que una voz en off dice: «El 9 de noviembre todos estamos convocados a la consulta popular no refrendaria sobre el futuro político de Cataluña con las siguientes pregunta: ¿Quiere que Cataluña se convierta un Estado? y en caso de respuesta afirmativa, ¿Quiere que ese Estado sea independiente? Recuerda, el 9-N tienes una cita; tú decides».
Desde la web también se puede descargar en formato PDF la papeleta de la consulta del 9-N. El portal incluye el texto del decreto de la convocatoria y de la ley de consultas, así como un apartado que explica el «sistema de garantías» para «garantizar la fiabilidad, la transparencia, la neutralidad y la objetividad del proceso de consulta»..

Leer más: Un espejismo con un coste de 9 millones de dinero público - La Razón digital http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/7482630/espana/un-espejismo-con-un-coste-de-9-millones-de-dinero-publico#Ttt1pt0P0qf6hcVJ
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