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Autonomia catalana suspendida.

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Autonomia catalana suspendida.
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Autonomia catalana suspendida.
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#441

Re: Autonomia catalana suspendida.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha hecho una declaración institucional al término del Consejo de Ministros extraordinario, que se ha reunido este lunes a las 10 en La Moncloa para acordar dos recursos de inconstitucionalidad contra la ley de Consultas catalana y el decreto de convocatoria del referéndum independentista que ha aprobado Artur Mas. «Hoy cumplimos con nuestro obligación. El decreto atenta gravemente contra los derechos de todos los españoles», ha subrayado Rajoy en tono solemne, tras formalizar los dos recursos ante el TC.

Rajoy ha advertido de que la consulta, ni por objeto ni por procedimiento, es compatible con la Constitución Española, y ha defendido la postura del Gobierno, que no ha variado desde que Artur Mas anunció unilateralmente el pasado 12 de diciembre de 2013 su decisión de convocar un referéndum por la indepedencia el 9 de noviembre.

El presidente del Gobierno ha subrayado que sigue abierto al diálogo, pero siempre dentro de la ley, como ha ocurrido hasta ahora. Tanto la ley de Consultas como el decreto de convocatoria serán suspendidos de forma inmediata si el Tribunal Constitucional los admite a trámite.

El Consejo de Ministros extraordinario se ha reunido durante cerca de dos horas, ya con el nuevo ministro de Justicia sentado a la mesa, Rafael Catalá. Ante la gravedad del desafío que ha consumado Artur Mas, Rajoy ha querido hacer una declaración institucional, en tono firme, contundente, solemne. Una declaración que ha sido seguida de tres preguntas de la prensa incluidas.

Rajoy ha recordado que él siempre advirtió de que la consulta no se iba a celebrar. Y así va a ser, "porque atenta contra la Constitución". Y ha insistido en el principal argumento: la soberanía nacional reside en el pueblo español en su conjunto, la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, y cualquier intento de agredir cualquiera de esos principios por una Comunidad Autónoma es "abiertamente contrario" a la Carta Magna.

El presidente ha recordado que la Constitución es reformable, pero para ello existe un procedimiento que en nada tiene que ver con el que se ha llevado a cabo para convocar esa consulta. Ha tachado de "demagógico" el mal uso que se ha hecho por parte de la Generalitat del derecho a opinar o decidir, porque debe decidir la nación en su conjunto.

"La consulta es profundamente antidemocrática", ha señalado Rajoy, quien ha dejado claro que no hay nada ni nadie que pueda romper el principio de soberanía nacional, y de la unidad indivisible de la nación, en que se basa nuestra convivencia. "No hay nada ni nadie que pueda privar a todos los españoles del derecho a decidir lo que es España".

Por eso, ha insistido en que el Gobierno estaba obligado a recurrir en defensa de la Constitución, y ha recordado que su posición está avalada por una amplísima mayoría del Parlamento y por el Tribunal Constitucional, en su sentencia del 24 de marzo.

"No es admisible contraponer ley a democracia. Sin ley no hay democracia, ni respeto a los derechos de los ciudadanos", ha manifestado en su declaración institucional. El que quiera cambiar la ley, ha dicho, tiene que hacerlo por los cauces legales establecidos. "Lo que no se puede hacer es buscar atajos o subterfugios para violentar esa realidad".

Respecto al diálogo, ha defendido que el Gobierno ha mantenido de forma permanente una posición abierta al diálogo con la Generalitat de Cataluña, y él mismo con su presidente. Pero ha acusado al presidente de la Generalitat de tratar de imponer una política de hechos consumados, de decisiones unilaterales que luego pretendía que aceptara sin más el Gobierno de la Nación.

"Quien ha puesto en marcha este proceso es el responsable de las consecuencias del mismo, y de la fractura de los lazos" que unen a los ciudadanos y a la sociedad. "Lamento que el presidente de la Generalitat haya convocado esta consulta de autodeterminación, porque va en contra de la ley, desborda la democracia, divide a los catalanes, los aleja de Europa y perjudica su bienestar". Por no hablar, ha añadido, de la frustración que se ha creado. Artur Mas "lo sabía desde el principio".

Con vistas al futuro, Rajoy vuelve a tender la mano. "Estamos a tiempo de enderezar el rumbo", ha dicho, y ha señalado que está abierto a iniciativas con una condición inexcusable: que cualquier diálogo está supeditado a la legalidad. "Mientras yo sea presidente la ley se va a respetar en toda su integridad"

#442

Re: Autonomia catalana suspendida.

La mayoría de los catalanes rechazan la consulta si la suspende el TC
Encuesta NC Report
La mayoría pide un adelanto electoral y rechaza pactos con ERC o PSC
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Una vez consumado el órdago secesionista por parte del presidente de la Generalitat con la convocatoria de la consulta para el 9 de noviembre, y puesta en marcha la respuesta por parte del Gobierno, la pregunta es si los catalanes saldrían a votar el 9-N pese a la más que previsible suspensión por parte del Tribunal Constitucional. Las llamadas a la desobediencia civil por parte de Esquerra Republicana no parecen haber calado hondo en la ciudadanía catalana. Así se desprende la última encuesta de NC Report para LA RAZÓN, según la cual más de la mitad de los catalanes, en concreto el 51,1 por ciento de los encuestados, sí acataría la suspensión de la consulta si así lo determina el Alto Tribunal, mientras que sólo el 42,6 por ciento decidiría sublevarse a esta decisión y votar el 9-N tal y como plantea la Generalitat. Cabe destacar que es en la franja de edad de entre 18 y 29 años en la que se da un mayor porcentaje de catalanes que no acataría la suspensión del TC, con un 58,5 por ciento.

En un sondeo que refleja en términos generales la fractura que el proceso independentista sigue causando en la sociedad catalana, queda claro que los catalanes abogan por la dimisión de Artur Mas si no consigue que se lleve a cabo el referéndum, que al fin y al cabo es el principal objetivo del presidente de la Generalitat desde las últimas elecciones. Ante la pregunta de si debería dimitir si no hay consulta, casi el doble de catalanes contesta afirmativamente frente a los que creen que no debería dejar su puesto. En concreto, el 56,5 por ciento opina que debería abandonar la presidencia del Govern, mientras que el 33,7 por ciento considera que la no celebración del referéndum no sería motivo suficiente para abandonar el cargo.

¿Y elecciones anticipadas? Todo parece indicar que Artur Mas se verá obligado a convocar comicios autonómicos si no consigue, como parece, materializar la consulta el 9-N. Y si asumido parece tenerlo el president, también parecen estar convencidos los catalanes, puesto que el 53,2 por ciento es partidario de adelantar las elecciones al Parlament de Cataluña, mientras que uno de cada cuatro encuestados, el 39,5 por ciento, opina que se debe agotar la legislatura, pase lo que pase en los próximos días en relación al proceso soberanista.

Las opciones de Convergència y del president Artur Mas para agotar la legislatura no son muchas. La oferta a ERC para entrar en el Govern lleva encima de la mesa de Junqueras desde hace un año. Pero éste se ha negado, consciente de que no convenía desgastarse en un gobierno de recortes. Su papel, básicamente, ha sido el de fiel aliado para el 9-N. Ni siquiera apoyó los presupuestos de 2013, y no sorprendería que tampoco apoyara los de este año. Así, aunque las posturas parecen lejanas, tampoco se vería con buenos ojos por parte de los catalanes una alianza con los republicanos, o incluso con el PSC, para agotar la legislatura. Sólo el 39,8 por ciento cree que Mas debería forzar un pacto con alguna de estas formaciones, mientras que el 50,5 por ciento no estaría de acuerdo con este pacto.

Con el mecanismo institucional a pleno rendimiento desde el mismo momento en que Mas firmó el decreto de convocatoria de consulta, son más los catalanes que opinan que finalmente no se llevará a cabo. El 48,2 por ciento se decanta por esta opción, mientras que el 43,5 por ciento cree que finalmente el Constitucional no suspenderá el referéndum.

Los datos que arroja este barómetro –realizado entre el 25 y el 28 de septiembre con 600 entrevistas telefónicas de 43 municipios de Cataluña– indican que más de la mitad de los catalanes lo que quiere es llevar a cabo el «derecho a decidir». Así las cosas, el 54,5 por ciento sí está a favor de la consulta, frente a un 39,7 por ciento que se muestra en contra. Pero eso no significa que sean más los que están a favor de la independencia. Todo lo contrario. Y es precisamente ése uno de los motivos por los que querrían votar, para decantar la balanza a favor de la unidad. En concreto, el 47,8 por ciento no está a favor de la secesión, frente al 40,7 por ciento que sí aboga por la independencia.

Por último, el 56,2 por ciento de los catalanes está a favor de la solución que propone el PSOE para la crisis con Cataluña, esto es, la reforma de la Constitución para realizar una consulta legal, mientras que el 39,5 por ciento no considera que esta sea una solución.

Leer más: La mayoría de los catalanes rechazan la consulta si la suspende el TC - La Razón digital http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/7495204/espana/la-mayoria-de-los-catalanes-rechazan-la-consulta-si-la-suspende-el-tc#Ttt1wPcZ80jjdS5t
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#444

Re: Autonomia catalana suspendida.

El Constitucional suspenderá hoy mismo la consulta de autodeterminación catalana

Celebrará esta tarde un pleno extraordinario para admitir a trámite los recursos presentados por el Gobierno

#445

Re: Autonomia catalana suspendida.

"Señoras y señores, muy buenos días y muchas gracias por su asistencia a esta convocatoria.

Comparezco ante ustedes para informar de los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros que con carácter extraordinario se ha reunido esta mañana. Después de analizar los dictámenes solicitados al Consejo de Estado, el Gobierno ha formalizado los recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de consultas no refrendatarias aprobada por el Parlamento de Cataluña y contra el decreto de la convocatoria de la consulta para el 9 de noviembre firmado por el presidente de la Generalitat de Cataluña.

Como saben ustedes, si se admiten a trámite por el Tribunal los dos recursos, queda automáticamente suspendida la vigencia tanto de la ley como del decreto, según dispone el artículo 161.2 de nuestra Constitución.

No voy a reiterar los argumentos que se exponen en los recursos y que debe valorar el Tribunal, los conocen de sobra. La consulta que se pretende llevar a cabo ni por su objeto ni por el procedimiento seguido es compatible con la Constitución española.

La decisión de hoy es coherente con lo que el Gobierno ya había anticipado desde el día 12 de diciembre del pasado año, cuando comparecí yo aquí en esta misma sala. Fue entonces cuando el presidente de la Generalitat anunció su decisión de convocar un referéndum de autodeterminación, y ese el mismo día fijamos la posición del Gobierno, que, como es evidente, en un asunto de estas características no ha sido modificada.

Siempre dijimos que esa consulta no se iba a celebrar porque atenta directamente contra la Constitución, venimos insistiendo en en ese mismo argumento todas y cada una de las veces en que se ha planteado ese asunto, y hoy cumplimos nuestra obligación de interponer un recurso contra una decisión que atenta gravemente contra los derechos de todos los españoles.

La consulta de autodeterminación que pretende convocar el Gobierno de la Generalitat es abiertamente contraria a nuestra Constitución que en el primero de sus artículos consagra que la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan todos los poderes del Estado.

La soberanía reside en el pueblo español en su conjunto y una parte de él no puede tomar decisiones sobre lo que afecta a todos. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española y cualquier intento de disolverla es radicalmente contrario a la Constitución.

Ciertamente la Constitución es reformable, pero la consulta pretendida no encaja en modo alguno en los procedimientos que la propia Constitución establece para su reforma.

Es falso que el derecho a votar y a decidir sea un derecho que se pueda atribuir unilateralmente una comunidad negándoselo al resto de la nación. Es un recurso demagógico apelar a algo que suena bien, el derecho a expresarse, el derecho a ser escuchado. El problema es que quien esgrime estos argumentos en la realidad le está privando de ese derecho a quien realmente le corresponde, que es el conjunto del pueblo español. Por tanto la consulta es profundamente antidemocrática, el derecho que pretende dar a algunos se lo está sustrayendo a todos los demás.

Jurídicamente hablando el Gobierno no puede ni debe hacer otra cosa distinta de lo que hoy hace y desde un punto de vista distinto tampoco cabe obrar de otra manera.

No hay nada ni nadie; ni poder, ni institución alguna, que pueda romper ese principio de soberanía única e indivisible sobre el que se basa nuestra convivencia. Dicho de otra manera, no hay nada ni nadie que pueda privar a todos los españoles del derecho a decidir lo que es su país; sin embargo, ésa y no otra es la consecuencia práctica de la consulta convocada por la Generalitat.

El Gobierno, por lo tanto, está obligado a recurrir en defensa de la Constitución, que es tanto como recurrir en defensa de las libertades y los derechos de todos y cada uno de los españoles, incluidos los ciudadanos de Cataluña. A ellos y a sus derechos también estamos defendiendo con este recurso.

Quiero recordar que la posición del Gobierno se ha visto avalada política y legalmente por una incuestionable mayoría del Congreso de los Diputados, así como por el propio Tribunal Constitucional en su sentencia del pasado 24 de marzo.

Permítanme que me extienda ahora algo más en la argumentación porque, además de recurrir, debemos explicar con meridiana claridad lo que implica este desafío.

Lo primero que quiero decir es que con este recurso defendemos la vigencia de la Ley democrática. La Ley no es un corsé, ni una restricción contra la libertad. Es todo lo contrario: la Ley es garantía de igualdad, de los derechos y de las libertades de los ciudadanos. Es la garantía de la seguridad de todos. La Ley no es un capricho del Gobierno, ni de éste ni de ningún otro. La Ley es la expresión de la voluntad de la mayoría de los ciudadanos y, por eso, el principal cometido de un Gobierno es defenderla: cumplirla y hacerla cumplir.

No es admisible, como hacen algunos, contraponer ley a democracia, porque sin ley no hay democracia ni respeto a los derechos de los ciudadanos y sin ley tampoco hay política.

A nadie se le impide ni hablar ni expresar su voluntad. Felizmente, los españoles llevamos haciéndolo desde hace décadas. Pero lo que se no se puede permitir es que la voluntad de una parte prive de sus derechos al conjunto.

Las leyes se pueden cambiar, pero siempre por los cauces democráticos establecidos. Quien desee modificar esta situación tiene toda la libertad de plantear una reforma de la misma, proponerla en los términos democráticamente establecidos y conseguir los apoyos para sacarla adelante. Esa es la manera de hacer las cosas. Lo que no se puede hacer, o no debería hacer un gobernante responsable, es buscar atajos o subterfugios para violentar la legalidad por muy adornados que vengan de bonitas palabras.

Quisiera decir algo sobre el diálogo. El Gobierno ha mantenido permanentemente abierto un diálogo con el Gobierno de la Generalitat y yo particularmente lo he mantenido con su presidente. Pero lo cierto es que la Generalitat lleva tiempo desarrollando una política de hechos consumados que ha desplegado sin pausa. Y pretende que el Gobierno se vea forzado a encontrar una solución a decisiones unilaterales imposibles de compartir.

Mi postura ha sido abierta, clara y firme. He estado dispuesto a negociar desde el primer día, pero nunca ha existido una posibilidad real porque primero se han tomado decisiones desde la Generalitat y luego se ha pretendido que el Gobierno de España no solo las aceptase, sino que encontrase además las vías políticas y legales para llevarlas a cabo.

Cuando una parte actúa en contra del marco legal y de los intereses del conjunto, no puede ser la obligación del Gobierno encontrar un punto intermedio de acuerdo. La única vía real de diálogo habría consistido en plantear los problemas y buscar conjuntamente escenarios posibles para resolverlos. Se ha hecho lo contrario. Se han tomado decisiones unilaterales pretendiendo llegar a un punto de no retorno que obligara al resto a aceptarlo sin más.

Quiero hablar por último de responsabilidad. Porque quien ha puesto en marcha todo este proceso es responsable de las consecuencias del mismo. Consecuencias que pasan por la deslegitimación injusta de nuestras instituciones democráticas o por la fractura de los lazos de hermandad que han unido a Cataluña y al resto de España durante toda nuestra larga historia en común.

En particular, juntos, los catalanes y el resto de los españoles, nos hemos otorgado una Constitución que ha brindado el tiempo de mayor prosperidad y bienestar en democracia de nuestra historia. Apoyada por una amplísima mayoría de catalanes y refrendada por el pueblo español, nuestra Constitución, fruto del consenso, del diálogo y de la generosidad de todas las partes, ha permitido a Cataluña disfrutar del mayor reconocimiento y el máximo nivel de autogobierno y durante más tiempo de toda la historia.

Lamento profundamente que, a pesar de todas estas consideraciones, el presidente de la Generalitat haya convocado esta consulta de autodeterminación. Lo lamento. Porque va en contra de la ley, desborda la democracia, divide a los catalanes, los aleja de Europa y del resto de España y perjudica gravemente a su bienestar. Por no hablar de la frustración a la que está condenando a una parte de los ciudadanos de Cataluña al animarles a participar en una iniciativa que no puede, por su ilegalidad, ver la luz. Lo peor es que lo sabía desde el principio.

Creo que aún estamos a tiempo de enderezar el rumbo, de superar una dialéctica estéril de confrontación y buscar un diálogo fructífero. Tanto el Gobierno como yo mismo estamos abiertos a cuantas iniciativas busquen ese objetivo, pero siempre dentro del más escrupuloso respeto a la legalidad, condición inexcusable de cualquier diálogo en una democracia seria y responsable como es la nuestra.

Y, desde luego, quiero decir con toda claridad que, mientras yo sea presidente del Gobierno, la ley se va a respetar en toda su integridad. Que todos los catalanes y el resto de los españoles estén tranquilos en ese sentido. Todo el diálogo dentro de la ley y ninguno fuera de la ley.

Muchas gracias y buenos días"

#446

Re: Autonomia catalana suspendida.

El proceso soberanista emprendido por el presidente catalán, Artur Mas, está rodeado de incertidumbre y especulaciones. Las consecuencias de una hipotética Cataluña independiente presentan numerosas preguntas y están generando un clima de inseguridad y desconfianza entre los inversores y empresarios.
Una de las principales preocupaciones es la salida de Cataluña de la Unión Europea, como ya han advertido las instituciones europeas. Además, el coste inicial de una independencia unilateral de Cataluña sería de unos 4.500 millones de euros al mes, según reconocen los propios asesores de la Generalitat, el Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN).
1.- Deuda inasumible
Cataluña fue en 2013 la comunidad autónoma más endeudada de España en términos absolutos, con una deuda de 57.681 millones de euros, que representa cerca del 30% del PIB catalán. Al final del segundo trimestre de 2014, esta cifra aumentó hasta los 62.000 millones.
En caso de independencia, a esta cifra habría que sumarle unos 188.000 millones, que se corresponde con el 18,8% del billón de euros de la deuda española, el mismo porcentaje que Cataluña pesa en el PIB español. Sólo pasa asumir los intereses de la nueva deuda, el CATN calcula un coste adicional de 2.397 millones que deberían sumarse a los 2.077 millones que la Generalitat deberá abonar en concepto de intereses y de las amortizaciones de la deuda a lo largo del 2014.
2.- Fuera del euro
Según el catedrático de Fundamentos del Análisis Económico Universidad Autónoma de Barcelona, Clemente Polo, "si Cataluña se independizara, quedaría fuera de la Unión Europea", un argumento que también sostiene la Comisión Europea (CE).
Sin embargo, el Consejo Asesor para la Transición Nacional defiende que una hipotética Cataluña mantenga el euro como moneda aunque quedase fuera de la UE, algo que resultaría improbable, ya que ni el nuevo Estado ni las entidades financieras con sede en él, podrían acudir al Banco Central Europeo.
3.- Recorte de pensiones
Con 1,6 millones de jubilados catalanes, CiU ha prometido un aumento de sus pensiones en una futura Cataluña independiente. Sin embargo, difícilmente se podrá cumplir, teniendo en cuenta que en 2010 Cataluña recaudó 24.318 millones para la Seguridad Social (SS) y el Estado le transfirió 27.107 millones, lo que significa que la comunidad catalana recibió más dinero del que los catalanes aportaron a la Seguridad Social.
Según las cifras de déficit de la Seguridad Social, las pensiones de los jubilados caerían más de un 5% si fueran sufragadas por las cotizaciones de los afiliados catalanes. La pensión media de un catalán bajaría 50 euros al mes, que supondría 700 euros menos al año.
El consejero catalán de Empresa y Empleo, Felip Puig, ya anunció que la Generalitat está trabajando en un plan para crear una tesorería de la Seguridad Social catalana con el objetivo de garantizar el pago de las pensiones y las prestaciones de desempleo.
4.- Un 5% menos de PIB
La economía catalana representa el 18,8% del PIB español (192.545 millones de euros del billón de euros del conjunto de la economía española). La ruptura comercial entre las dos economías podría llegar a suponer una pérdida del 5,7% en el PIB catalán y en el caso español podría retroceder hasta un 1,4%.
Este es uno de los posibles escenarios que plantea la Cámara de Comercio de Barcelona si se producen descensos comerciales entre las dos economías del orden del 50 por ciento.
5.- Superávit comercial
La economía de Cataluña depende en gran medida de las ventas que realizan sus empresas en el resto de España. En 2013, las empresas catalanas vendieron bienes y servicios al resto del país por valor de 44.000 millones de euros, mientras las compras en otras comunidades fueron inferiores a los 25.500 millones de euros, que se traduce en un superávit comercial con España de 18.500 millones de euros.
Según el mismo informe de la Cámara de Comercio, el superávit comercial de Cataluña se reduciría del 10,7% al cinco por ciento al cinco por ciento. Por su parte, la economía española, que ahora cuenta con un superávit comercial del 0,4%, pasaría a tener un déficit del uni por ciento debido a que no podría contabilizar las exportaciones catalanas. El año pasado, Cataluña vendió al exterior bienes por valor de 58.359 millones.
6.- Traslado de bancos
Las entidades bancarias radicadas en la r egión, principalmente CaixaBank y el Sabadell, tendrían que trasladar sus sedes a otra autonomía o país. Madrid parece la opción más razonable.
Esta posibilidad ya ha sido explicada a los inversores por parte de ambos grupos. Los bancos escoceses amenazaron situar su sede en Londres antes de que se celebrara el referéndum de independencia este mes de septiembre. ¿Cuál es la razón? Puramente operativa. En el caso de los catalanes no tendrían capacidad para acudir a la financiación del Banco Central Europeo (BCE), una de las palancas fundamentales del organismo emisor durante la crisis para proporcionar liquidez al sistema.
El gobernador del Banco de España, Luis María Linde indicó hace meses que "no hay ninguna posibilidad de que, de modo sistemático e importante, la banca de un territorio que no es miembro de la UE se financie en el BCE". Ni siquiera, matizó, a través de filiales ubicadas en países de la zona euro. En la última subasta extraordinaria, CaixaBank pidió 3.000 millones al ente comunitario.
7.- Fuga de empresas
Las empresas más afectadas de una supuesta Cataluña independiente serían las grandes compañías, que son las que mantienen más intereses con el resto de España. El presidente del grupo Planeta, José Manuel Lara, fue uno de los primeros que cargó contra el proceso secesionista. Lara ha manifestado que si Cataluña se independiza de España, trasladaría sus empresas fuera de Cataluña.
La pertenencia a Europa es muy importante y posiblemente una línea roja para los inversores internacionales. Algunas empresas están apostando por concentrar su actividad en la capital española, como es el caso de Dia, que ya el año pasado trasladó a Madrid el domicilio social de la filial española de la cadena de droguerías Schlecker.
Una de las deslocalizaciones más sonadas fue la del gigante Procter&Gamble, que anunció el traslado de su sede catalana de Arbora y Ausonia, ubicada en Barcelona, a Madrid. Recientemente, Mondelez International (propietario de marcas como Milka, Oreo o Halls ) ha anunciado su decisión de concentrar en Madrid sus oficinas centrales para España, tras cerrar las de Barcelona. La compañía matriz de Naturhouse, la cadena de establecimientos especializados en dietética, también ha trasladado su sede social desde Barcelona a Madrid.
Volkswagen está estudiando diversas opciones de reorganización de sus sociedades en España y está analizando cual es la estructura societaria más ventajosa. Por otro lado, Agbar también ha reforzado su presencia en Madrid. El sector del cava también se está viendo afectado por la puesta en marcha del plan soberanista de Mas.
El presidente de Freixenet, Josep Lluis Bonet, ha admitido que está sufriendo no sólo un boicot en España, sino también en Cataluña por el hecho de haberse posicionado de una forma clara y contundente en contra de la independencia. La compañía paralizó en 2013 la construcción de un nuevo centro logístico que quería ubicar en territorio catalán.
8.- Inversión extranjera
La inversión extranjera en Cataluña ha caído un 66% en el segundo trimestre de 2014 respecto al mismo periodo de 2013, pasando de 787 millones en 2013 a 267 millones en el actual ejercicio. Así se desprende del informe Desplome de la inversión extranjera en Cataluña en 2014 elaborado por Convivencia Cívica Catalana, que indica que de abril a junio se ha registrado un mínimo histórico desde el año 1993.

Leer más: Las ocho 'plagas' que sufriría la economía de Cataluña ante una eventual independencia - elEconomista.es http://www.eleconomista.es/economia/noticias/6113861/09/14/Las-ocho-plagas-que-sufriria-la-economia-catalana-ante-una-eventual-independencia.html#Kku8lG5TXGCtlDee

#447

Re: Autonomia catalana suspendida.

Concentraciones independentistas si el Constitucional veta la consulta
ELMUNDO | EFEBarcelona Actualizado: 29/09/2014 17:49 horas
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El auto que pueda rubricar este lunes por la tarde el Tribunal Constitucional (TC) en torno a la consulta soberanista ha activado ya la movilización prevista por los sectores independentistas.

La Asamblea Nacional Catalana (ANC) ha convocado para mañana manifestaciones en los ayuntamientos catalanes, si el Tribunal Constitucional (TC) suspende la consulta soberanista del 9 de noviembre, después de los recursos presentados por el Gobierno.

"Si esta tarde el TC suspende la consulta, mañana a las siete de la tarde todos ante nuestro ayuntamiento", ha escrito en su cuenta personal de Twitter la presidenta de la ANC, Carme Forcadell.

La CUP, por su parte, no sólo ha apoyado las movilizaciones de mañana sino que no quiere dejar pasar siquiera 24 horas. Por ello ha hecho un llamamiento a concentrarse también hoy mismo ante los consistorios. Si esta última iniciativa se confirmara coincidiría en la plaza de Sant Jaume de Barcelona con el discurso que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, está previsto que realice durante la presentación del 'Libro blanco de la independencia'.

Fuentes de CiU dan por hecho que habrá participación de sus dirigentes en las protestas del martes, habida cuenta del apoyo que han dado desde el ámbito municipal a la consulta en forma de resoluciones.

ERC está a la espera de saber si el TC suspende la consulta, antes de convocar o asistir a concentraciones de protesta, según fuentes republicanas.

Desde ICV, el secretario general ecosocialista, Josep Vendrell, ha explicado que su formación "participará en todas las movilizaciones para reclamar la celebración de la consulta".