Rajoy Y Cospedal recibieron sobresueldos de Barcenas.

Ahora que dices lo del delito fiscal, esto me recuerda algo la mar de interesante: resulta que el Tribunal de Cuentas fiscaliza las cuentas publicas con 5 años de retraso, de forma que esto permite que las infracciones fiscales que se puedan alflorar estén prescritas.¿casualidad? no creo.

Señor presidente: no nos tome por tontos, por favor

Al parecer, el presidente del Gobierno pretende que los ciudadanos descarten, sin más análisis, el cúmulo de pruebas sobre la corrupción rampante en el seno del Partido Popular, sólo porque él proclama: “Es falso”. Él, que ha incumplido todas y cada una de sus promesas electorales; que ha negado la evidencia del rescate bancario llamándolo “línea de crédito sin condiciones”; que ha subido los impuestos, bajado las pensiones, financiado a la banca con dinero público y creado el banco malo; que ha recortado salarios, sanidad, educación, investigación, derechos civiles… y multiplicado el paro, la recesión y las desigualdades, cuando había dicho profesar todo lo contrario. Y ahora, con esos antecedentes, quiere que demos por buena su palabra, incluso cuando niega la evidencia.

Su alocución ante la cúpula del PP –incontestable, porque se negó a dar la cara ante la prensa– calificó como “la sombra de la sombra de un indicio manipulado” lo que en realidad son (y a la vista de todos están) cientos de anotaciones manuscritas, de puño y letra del, primero, gerente y, después, tesorero del partido, transcritas a lo largo de años y coincidentes con la documentación incautada a la trama Gürtel, y hasta confirmadas por varios de los allí citados. No sólo peritos calígrafos han certificado que Luis Bárcenas es el autor de esos asientos contables, sino que ni él mismo se ha atrevido a negarlo y ha aducido puerilmente que, al tratarse de fotocopias, esos “papeles” podrían haber sido falseados.

Esa es otra afirmación, compartida por Mariano Rajoy en su discurso, con la que nos están tomando por idiotas. ¿En qué mente sensata cabe pensar que todo ese material manuscrito es una mera falsificación? ¿Cuántos falsificadores profesionales, o cuánto tiempo uno solo, habría que haber dedicado a crear ese enorme cuerpo de datos? O, si no, ¿cómo se habría podido imitar perfectamente la caligrafía de Bárcenas, para ir introduciendo los nombres de los dirigentes del PP en un listado del tesorero en el que no figurasen originalmente?

Definir esos documentos como “papeles apócrifos”, y aseverar que esas “notas sin que se sepa de dónde salen” únicamente “dan pie a toda clase de infundios”, es despreciar la capacidad deductiva de todos los españoles. Insistir en que todo ello sólo responde a las oscuras intenciones de alguien que “manipula los datos y los filtra dosificadamente” constituye un insulto a la inteligencia de cualquiera que haya estudiado mínimamente los entresijos del mayor escándalo de corrupción que haya conocido España: la trama Gürtel del PP y los casos Nóos y Palma Arena, indirectamente relacionados por vía de los gobiernos de Camps y de Matas.

Porque en este clarísimo escándalo de corrupción masiva, fundamentado en el pago generalizado de comisiones y donaciones, convertidas en dinero negro para políticos o en financiación irregular del partido (tal como figura en los distintos sumarios judiciales en avanzado estado de instrucción), están imputados o implicados decenas de concejales, parlamentarios, altos cargos, dirigentes nacionales, consejeros autonómicos y ahora hasta ministros del Gobierno central, todos ellos de un mismo partido y en complejos entramados de defraudación de los fondos públicos en Madrid, Valencia, Baleares, Galicia, Castilla y León… es decir, en casi todas y cada una de las administraciones en las que el PP ha ostentado el poder.

Aznar repetía una y otra vez: “El PP es incompatible con la corrupción”. Mientras tanto, en el interior del partido su gerente/tesorero acumulaba en Suiza una fortuna de más de 22 millones de euros; las arcas engrosaban con grandes donaciones anónimas que resultaban proceder de empresas constructoras a las que luego los gobernantes adjudicaban lucrativos contratos públicos, y desde una caja B se iban abonando a los ya bien remunerados dirigentes pagos de sobresueldos que a menudo superaban el salario medio de los españoles. Todo ello, presuntamente, claro. Pero los políticos conservadores hace ya tiempo que han estirado hasta más allá del límite de lo verosímil todas las garantías jurídicas de presunción de inocencia.

Ante semejante cúmulo de pruebas físicas y circunstanciales, el presidente del Gobierno sólo nos ofrece –supuestamente, “para que resplandezca la verdad”– difundir las declaraciones de la renta y del patrimonio, y una auditoría interna en la que la actual tesorera del partido no ha logrado encontrar ninguno de los papeles que se llevó su antecesor… quizá se los tenía que haber pedido a él, ¿no?