1.- Un programa claro, dialogado y sin provocaciones.
El Gobierno debe ofrecer, a los ciudadanos y a la UE, una hoja de ruta para que todos hagan sus previsiones, en forma de un plan a tres años, dialogado en el Parlamento: claro, detallado y cuantificado. Sin eufemismos: si se sube el IVA, se sube el IVA y no se “reorganizan las bases redistribuyendo los subgrupos de productos y servicios entre los distintos subtipos”, blá, blá, blá. Y sin provocaciones: cancélese la amnistía fiscal, ese bochorno inconstitucional, ese agravio a la moral fiscal colectiva, amén de rijosa chapuza técnica; si conviene una regularización, contraten su diseño a quienes saben pues ya hicieron otras, como la gente de Jaime García Añoveros (q.e.p.d.), Miguel Boyer o Carlos Solchaga. Y mejor una auténtica cruzada contra el fraude fiscal.
2.- Contribución de la banca y las grandes rentas.
Deben contribuir todos, incluidos los segmentos de mayor renta y patrimonio y la banca, y deben evitarse medidas directamente antiredistributivas, como la de pasar los productos de primera necesidad del IVA superreducido del 4% al tipo estándar del 18%. La banca puede garantizar la devolución de las ayudas públicas que reciba, en último extremo a través del Fondo de Garantía de Depósitos. Puede activar un pacto de limitación de rentas, vía moderación de los dividendos. Y las grandes rentas y los beneficiarios de bonus extraordinarios, asumir un tipo marginal del IRPF del 75% para remuneraciones superiores al millón de euros anual, como promueve Francia. Aunque en términos absolutos la recaudación generada por estas medidas sea modesta, no lo es su simbología.
3.- Definición de los segmentos sociales más vulnerables y blindaje de los mismos.
Decisión solemne —por pacto explícito parlamentario— sobre quiénes componen los sectores más vulnerables, próximos al riesgo de exclusión social. Y blindaje de estos frente a las medidas de austeridad y por ende frente a su efecto acumulativo (reducciones de renta real, más recorte de servicios, más aumentos de copagos). Por ejemplo, discriminación entre los pensionistas con pensión única y los que obtienen ingresos adicionales, o por segmentos de edad o situación individualizada: todos tienen igual derecho, pero no la misma capacidad de esfuerzo.
4.- Temporalidad.
La austeridad pública [no la frugalidad] debe ser en términos generales un contrato temporal, con vigencia por un periodo limitado, sobre todo en lo tocante a los beneficios sociales sacrificados. Las pérdidas de poder adquisitivo y otras deben recuperarse a su término. La periodificación y la expectativa que otorga un calendario de redención racionaliza y suaviza el sacrificio. Nada peor para la moral de la sociedad que un horizonte de desesperanza, por el cual el futuro de cada uno será peor y el de las generaciones siguientes, pésimo.
Una operación de largo alcance como esta requiere de un acuerdo general de complicidad, de una auténtica conjura social que vaya más allá del pacto político. Dentro de esa conjura, el Gobierno debería actuar como si careciese de mayoría absoluta. Y la oposición ejercería tanta responsabilidad como si estuviese en el Gobierno. Todos los demás debieran implicarse.
Puede no hacerse, pero sería peor.
http://elpais.com/elpais/2012/07/08/opinion/1341765929_201239.html
Detesto a las víctimas que respetan a sus verdugos.
