El Gobierno sigue anunciando reformas, pero ninguna de ellas toca la financiación de los partidos políticos, los sindicatos y las patronales. Su zafarrancho de propósitos no incluye, de momento, el propósito de enmienda del tren de vida que las élites de estas organizaciones llevan desde hace treinta años con el dinero de los contribuyentes. El pellizco al 20 por ciento de las subvenciones, que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría anunció al mismo tiempo que la mayor subida de impuestos de la etapa constitucional, no altera la fuente de financiación de partidos, sindicatos y patronales, que siguen siendo los Presupuestos Generales del Estado. Mientras esto no cambie, nada habrá cambiado. El señor Rajoy prometió medidas de regeneración del sistema democrático en su campaña electoral y no perdemos la esperanza de que las concrete, aunque sea en forma de buenos propósitos.
Los partidos políticos son entidades útiles al funcionamiento de la democracia, a los que nuestra Carta Magna reconoce una relevancia constitucional. Funcionan como vehículo de expresión de la voluntad popular y condensan las distintas sensibilidades y opciones ideológicas de una sociedad abierta. No está tan claro, en cambio, qué es lo que aportan las patronales y los sindicatos al ejercicio de la libertad individual y al crecimiento de las oportunidades de prosperidad. En todo caso, partidos, sindicatos y patronales emanan de la sociedad, no del Estado, y es la sociedad la que debe sostener su funcionamiento en un régimen de voluntariado.
El profesor Gaspar Ariño, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense y autor del informe "La financiación de los partidos políticos", publicado en 2010 por el Foro de la Sociedad Civil, ha estimado en 200 millones de euros anuales las subvenciones totales al funcionamiento –es decir, sin contar los fondos públicos para las campañas electorales– que los partidos han recibido entre 2006 y 2009. La opacidad de las cuentas de estas organizaciones es otro de esos privilegios que hacen tan perentorio la reforma del sistema. Los últimos datos publicados son de 2005 e indican que ese año los partidos recibieron 184 millones de euros en subvenciones al funcionamiento. En 1978 el monto fue de 9,9 millones. Ese descomunal incremento refleja de manera elocuente la sangría de que la sociedad viene siendo víctima en beneficio de unos partidos cada día más burocratizados, poderosos y autistas.
La anormalidad de este estado de cosas se manifiesta también cuando se analiza lo que sucede en las democracias más antiguas y eficientes. Imposiciones como la cuota obligatoria que aquí se inflige a los empresarios para sostener las Cámaras de Comercio son inconcebibles por ahí afuera. En Gran Bretaña y Estados Unidos no cabe la financiación pública de los partidos, sometidos a un sistema de donaciones regido por los principios de transparencia y publicidad; un sistema con incentivos fiscales y límites a la cantidad y a los sectores que pueden hacer donaciones. En Italia, Austria, Francia o Suecia rige un sistema mixto, en el que la financiación pública cubre el 50 por ciento del monto total. Alemania acaba de adoptar una reforma por la que los partidos no pueden recibir un céntimo más de fondos públicos de lo que son capaces de recaudar entre afiliados y donantes. Aún está en la memoria de todos la afrenta del dirigente del mayor sindicato de Alemania cuando, en una comparecencia conjunta con los señores Cándido Méndez (UGT) e Ignacio Fernández Toxo (Comisiones Obreras), declaró a la prensa española que en su país los sindicatos viven de las cuotas de sus afiliados.
El fin de las subvenciones a partidos, sindicatos y patronales ha dejado de ser una opción para convertirse en una reforma crucial y urgente del sistema democrático. Una sociedad asaltada constantemente por el poder, en su cartera y en sus oportunidades de prosperar, no puede seguir sosteniendo el desenfrenado ritmo de vida de las élites más privilegiadas e improductivas. El señor Rajoy prometió regeneración. He aquí el punto por el que debe empezar, sin más demoras ni excusas.
Gobierno sigue anunciando reformas, pero ninguna de ellas toca la financiación de los partidos políticos, los sindicatos y las patronales. Su zafarrancho de propósitos no incluye, de momento, el propósito de enmienda del tren de vida que las élites de estas organizaciones llevan desde hace treinta años con el dinero de los contribuyentes. El pellizco al 20 por ciento de las subvenciones, que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría anunció al mismo tiempo que la mayor subida de impuestos de la etapa constitucional, no altera la fuente de financiación de partidos, sindicatos y patronales, que siguen siendo los Presupuestos Generales del Estado. Mientras esto no cambie, nada habrá cambiado. El señor Rajoy prometió medidas de regeneración del sistema democrático en su campaña electoral y no perdemos la esperanza de que las concrete, aunque sea en forma de buenos propósitos.
Los partidos políticos son entidades útiles al funcionamiento de la democracia, a los que nuestra Carta Magna reconoce una relevancia constitucional. Funcionan como vehículo de expresión de la voluntad popular y condensan las distintas sensibilidades y opciones ideológicas de una sociedad abierta. No está tan claro, en cambio, qué es lo que aportan las patronales y los sindicatos al ejercicio de la libertad individual y al crecimiento de las oportunidades de prosperidad. En todo caso, partidos, sindicatos y patronales emanan de la sociedad, no del Estado, y es la sociedad la que debe sostener su funcionamiento en un régimen de voluntariado.
El profesor Gaspar Ariño, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense y autor del informe "La financiación de los partidos políticos", publicado en 2010 por el Foro de la Sociedad Civil, ha estimado en 200 millones de euros anuales las subvenciones totales al funcionamiento –es decir, sin contar los fondos públicos para las campañas electorales– que los partidos han recibido entre 2006 y 2009. La opacidad de las cuentas de estas organizaciones es otro de esos privilegios que hacen tan perentorio la reforma del sistema. Los últimos datos publicados son de 2005 e indican que ese año los partidos recibieron 184 millones de euros en subvenciones al funcionamiento. En 1978 el monto fue de 9,9 millones. Ese descomunal incremento refleja de manera elocuente la sangría de que la sociedad viene siendo víctima en beneficio de unos partidos cada día más burocratizados, poderosos y autistas.
La anormalidad de este estado de cosas se manifiesta también cuando se analiza lo que sucede en las democracias más antiguas y eficientes. Imposiciones como la cuota obligatoria que aquí se inflige a los empresarios para sostener las Cámaras de Comercio son inconcebibles por ahí afuera. En Gran Bretaña y Estados Unidos no cabe la financiación pública de los partidos, sometidos a un sistema de donaciones regido por los principios de transparencia y publicidad; un sistema con incentivos fiscales y límites a la cantidad y a los sectores que pueden hacer donaciones. En Italia, Austria, Francia o Suecia rige un sistema mixto, en el que la financiación pública cubre el 50 por ciento del monto total. Alemania acaba de adoptar una reforma por la que los partidos no pueden recibir un céntimo más de fondos públicos de lo que son capaces de recaudar entre afiliados y donantes. Aún está en la memoria de todos la afrenta del dirigente del mayor sindicato de Alemania cuando, en una comparecencia conjunta con los señores Cándido Méndez (UGT) e Ignacio Fernández Toxo (Comisiones Obreras), declaró a la prensa española que en su país los sindicatos viven de las cuotas de sus afiliados.
El fin de las subvenciones a partidos, sindicatos y patronales ha dejado de ser una opción para convertirse en una reforma crucial y urgente del sistema democrático. Una sociedad asaltada constantemente por el poder, en su cartera y en sus oportunidades de prosperar, no puede seguir sosteniendo el desenfrenado ritmo de vida de las élites más privilegiadas e improductivas. El señor Rajoy prometió regeneración. He aquí el punto por el que debe empezar, sin más demoras ni excusas.
Gobierno sigue anunciando reformas, pero ninguna de ellas toca la financiación de los partidos políticos, los sindicatos y las patronales. Su zafarrancho de propósitos no incluye, de momento, el propósito de enmienda del tren de vida que las élites de estas organizaciones llevan desde hace treinta años con el dinero de los contribuyentes. El pellizco al 20 por ciento de las subvenciones, que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría anunció al mismo tiempo que la mayor subida de impuestos de la etapa constitucional, no altera la fuente de financiación de partidos, sindicatos y patronales, que siguen siendo los Presupuestos Generales del Estado. Mientras esto no cambie, nada habrá cambiado. El señor Rajoy prometió medidas de regeneración del sistema democrático en su campaña electoral y no perdemos la esperanza de que las concrete, aunque sea en forma de buenos propósitos.
Los partidos políticos son entidades útiles al funcionamiento de la democracia, a los que nuestra Carta Magna reconoce una relevancia constitucional. Funcionan como vehículo de expresión de la voluntad popular y condensan las distintas sensibilidades y opciones ideológicas de una sociedad abierta. No está tan claro, en cambio, qué es lo que aportan las patronales y los sindicatos al ejercicio de la libertad individual y al crecimiento de las oportunidades de prosperidad. En todo caso, partidos, sindicatos y patronales emanan de la sociedad, no del Estado, y es la sociedad la que debe sostener su funcionamiento en un régimen de voluntariado.
El profesor Gaspar Ariño, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense y autor del informe "La financiación de los partidos políticos", publicado en 2010 por el Foro de la Sociedad Civil, ha estimado en 200 millones de euros anuales las subvenciones totales al funcionamiento –es decir, sin contar los fondos públicos para las campañas electorales– que los partidos han recibido entre 2006 y 2009. La opacidad de las cuentas de estas organizaciones es otro de esos privilegios que hacen tan perentorio la reforma del sistema. Los últimos datos publicados son de 2005 e indican que ese año los partidos recibieron 184 millones de euros en subvenciones al funcionamiento. En 1978 el monto fue de 9,9 millones. Ese descomunal incremento refleja de manera elocuente la sangría de que la sociedad viene siendo víctima en beneficio de unos partidos cada día más burocratizados, poderosos y autistas.
La anormalidad de este estado de cosas se manifiesta también cuando se analiza lo que sucede en las democracias más antiguas y eficientes. Imposiciones como la cuota obligatoria que aquí se inflige a los empresarios para sostener las Cámaras de Comercio son inconcebibles por ahí afuera. En Gran Bretaña y Estados Unidos no cabe la financiación pública de los partidos, sometidos a un sistema de donaciones regido por los principios de transparencia y publicidad; un sistema con incentivos fiscales y límites a la cantidad y a los sectores que pueden hacer donaciones. En Italia, Austria, Francia o Suecia rige un sistema mixto, en el que la financiación pública cubre el 50 por ciento del monto total. Alemania acaba de adoptar una reforma por la que los partidos no pueden recibir un céntimo más de fondos públicos de lo que son capaces de recaudar entre afiliados y donantes. Aún está en la memoria de todos la afrenta del dirigente del mayor sindicato de Alemania cuando, en una comparecencia conjunta con los señores Cándido Méndez (UGT) e Ignacio Fernández Toxo (Comisiones Obreras), declaró a la prensa española que en su país los sindicatos viven de las cuotas de sus afiliados.
El fin de las subvenciones a partidos, sindicatos y patronales ha dejado de ser una opción para convertirse en una reforma crucial y urgente del sistema democrático. Una sociedad asaltada constantemente por el poder, en su cartera y en sus oportunidades de prosperar, no puede seguir sosteniendo el desenfrenado ritmo de vida de las élites más privilegiadas e improductivas. El señor Rajoy prometió regeneración. He aquí el punto por el que debe empezar, sin más demoras ni excusas.
Gobierno sigue anunciando reformas, pero ninguna de ellas toca la financiación de los partidos políticos, los sindicatos y las patronales. Su zafarrancho de propósitos no incluye, de momento, el propósito de enmienda del tren de vida que las élites de estas organizaciones llevan desde hace treinta años con el dinero de los contribuyentes. El pellizco al 20 por ciento de las subvenciones, que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría anunció al mismo tiempo que la mayor subida de impuestos de la etapa constitucional, no altera la fuente de financiación de partidos, sindicatos y patronales, que siguen siendo los Presupuestos Generales del Estado. Mientras esto no cambie, nada habrá cambiado. El señor Rajoy prometió medidas de regeneración del sistema democrático en su campaña electoral y no perdemos la esperanza de que las concrete, aunque sea en forma de buenos propósitos.
Los partidos políticos son entidades útiles al funcionamiento de la democracia, a los que nuestra Carta Magna reconoce una relevancia constitucional. Funcionan como vehículo de expresión de la voluntad popular y condensan las distintas sensibilidades y opciones ideológicas de una sociedad abierta. No está tan claro, en cambio, qué es lo que aportan las patronales y los sindicatos al ejercicio de la libertad individual y al crecimiento de las oportunidades de prosperidad. En todo caso, partidos, sindicatos y patronales emanan de la sociedad, no del Estado, y es la sociedad la que debe sostener su funcionamiento en un régimen de voluntariado.
El profesor Gaspar Ariño, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense y autor del informe "La financiación de los partidos políticos", publicado en 2010 por el Foro de la Sociedad Civil, ha estimado en 200 millones de euros anuales las subvenciones totales al funcionamiento –es decir, sin contar los fondos públicos para las campañas electorales– que los partidos han recibido entre 2006 y 2009. La opacidad de las cuentas de estas organizaciones es otro de esos privilegios que hacen tan perentorio la reforma del sistema. Los últimos datos publicados son de 2005 e indican que ese año los partidos recibieron 184 millones de euros en subvenciones al funcionamiento. En 1978 el monto fue de 9,9 millones. Ese descomunal incremento refleja de manera elocuente la sangría de que la sociedad viene siendo víctima en beneficio de unos partidos cada día más burocratizados, poderosos y autistas.
La anormalidad de este estado de cosas se manifiesta también cuando se analiza lo que sucede en las democracias más antiguas y eficientes. Imposiciones como la cuota obligatoria que aquí se inflige a los empresarios para sostener las Cámaras de Comercio son inconcebibles por ahí afuera. En Gran Bretaña y Estados Unidos no cabe la financiación pública de los partidos, sometidos a un sistema de donaciones regido por los principios de transparencia y publicidad; un sistema con incentivos fiscales y límites a la cantidad y a los sectores que pueden hacer donaciones. En Italia, Austria, Francia o Suecia rige un sistema mixto, en el que la financiación pública cubre el 50 por ciento del monto total. Alemania acaba de adoptar una reforma por la que los partidos no pueden recibir un céntimo más de fondos públicos de lo que son capaces de recaudar entre afiliados y donantes. Aún está en la memoria de todos la afrenta del dirigente del mayor sindicato de Alemania cuando, en una comparecencia conjunta con los señores Cándido Méndez (UGT) e Ignacio Fernández Toxo (Comisiones Obreras), declaró a la prensa española que en su país los sindicatos viven de las cuotas de sus afiliados.
El fin de las subvenciones a partidos, sindicatos y patronales ha dejado de ser una opción para convertirse en una reforma crucial y urgente del sistema democrático. Una sociedad asaltada constantemente por el poder, en su cartera y en sus oportunidades de prosperar, no puede seguir sosteniendo el desenfrenado ritmo de vida de las élites más privilegiadas e improductivas. El señor Rajoy prometió regeneración. He aquí el punto por el que debe empezar, sin más demoras ni excusas.
Fuente: www.libertaddigital.com/.../financiacion-de-partidos-sindicatos-y-patronales-una-reforma-crucial-62915/
