Según los últimos informes publicados por el Gobierno en una respuesta parlamentaria al Partido Popular, fechados a cierre de octubre, hasta el momento se han resuelto 328.526 solicitudes del Ingreso Mínimo Vital: 192.113 -el 58,48%- en sentido negativo, frente a las 136.413 que se han aprobado. La cifra está muy lejos del objetivo marcado por el Ejecutivo, que espera que la medida llegue al menos a 850.000 hogares en riesgo de exclusión, constituidos por 2,3 millones de personas.
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El secretario de Estado Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo, afirmó en comparecencia reciente desde el Congreso de los Diputados que "hay gente que tiene derecho a ello y que no lo está solicitando, probablemente". "Es un problema muy común de las prestaciones de ingresos mínimos y está relacionado con que el objetivo al que se dirige normalmente no es la gente mejor informada", se excusó.
Solicitudes de la renta mínima
De los que sí lo han solicitado, a más de la mitad no se le ha concedido debido principalmente a que
no cumplen con los criterios de renta y patrimonio exigidos en la prestación, según ha confirmado el propio Ministro.
Colapso en la Seguridad Social
Además de estos 328.526 solicitantes que ya saben si tienen derecho o no a cobrar la prestación, hay en España 486.824 hogares pendientes de saber si finalmente el Ejecutivo les concede o no esta ayuda.
La espera se debe a que la Seguridad Social, cuya plantilla tiene una media de edad de 58 años, ha tenido que afrontar por la pandemia un volumen de trabajo sin precedentes, lo que ha generado muchos retrasos en la revisión de expedientes.
La espera se debe a que la Seguridad Social, cuya plantilla tiene una media de edad de 58 años, ha tenido que afrontar por la pandemia un volumen de trabajo sin precedentes
"La Seguridad Social resuelve en un año completo 728.317 expedientes de pensiones y ahora se ha tenido que enfrentar a casi un millón de solicitudes de Ingreso Mínimo Vital en sólo tres meses", explicaba recientemente Escrivá para justificar los retrasos. Casi la mitad de solicitudes a día de hoy siguen en un cajón.
La saturación es tal que la Seguridad Social ha tenido que recurrir en algunas provincias -en las que las bolsas de trabajo están vacías- a la contratación de personas desempleadas apuntadas al Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE).
El reparto geográfico
Como contó
Vozpópuli, con estadísticas obtenidas tras una
consulta realizada a través del Portal de Transparencia,
el 34% de los que reciben el Ingreso Mínimo Vital son residentes en Andalucía, con 46.591 receptores. Le sigue la Comunidad Valenciana, con 17.187; la Comunidad de Madrid, con 12.897; Cataluña, con 10.067; Galicia, con 7.210; y Castilla y León, con 6.660.
La gestión del Ingreso Mínimo Vital ha sido uno de los puntos calientes en las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado. El borrador que se debate en el Congreso de los Diputados contempla una partida de 3.017 millones de euros para esta partida. "Este gobierno no lo hace todo bien. En lo que toca al Ingreso Mínimo Vital
es evidente que ha habido cosas que no hemos hecho bien", afirmó el vicepresidente segundo,
Pablo Iglesias, al presentar estas cuentas.
El líder de
Podemos afirmó que hay un "cuello de botella" que impide que la prestación llegue a "todo el que lo necesita". Y, por eso,
se ha rebajado el listón en los requisitos necesarios para pedir la prestación. Entre otros, se adoptó que se pudiera aspirar a a la prestación retributiva pese a haber tenido ingresos en este año, tras haber sufrido una caída drástica de los mismos. También se permitió que los servicios sociales acreditasen los requisitos exigidos para personas sin hogar. Y que haya más de dos receptores de la ayuda en un mismo domicilio.
El ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones,
José Luis Escrivá, admitió diferencias con Pablo Iglesias en la gestión del Ingreso Mínimo Vital. A su juicio, las modificaciones anunciadas por el líder de Podemos supondrían "alguna carga administrativa adicional" en los Presupuestos Generales del Estado. Escrivá también manifestó su "sorpresa" después de que Iglesias afirmase en una entrevista radiofónica que el debate por esta prestación había desencadenado en una "pelea dura" en el seno del Gobierno.
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