TEAR
Los Tribunales Económico-Administrativos son el primer recurso al que los contribuyentes pueden acceder cuando estiman que una reclamación de Hacienda no es justa. Teóricamente son independientes, aunque estén formados por personal de la Agencia Tributaria, pero generalmente favorecen a la Administración frente al contribuyente.
En algunas ocasiones las cuestión es meramente interpretativa. Uno de los principales problemas es que en nuestro país hay tantas normas que es posible encontrar una que indique una manera de actuar en determinadas circunstancias y otra que nos diga es ésa es incorrecta, por no hablar de los vacíos legales de normativas poco claras. En estos casos Hacienda establece un criterio, que ellos creen que es el correcto aunque luego eso no sea así, y el TEAR generalmente lo da por bueno, por lo que el contribuyente tiene poco que hacer ahí.
En otros casos, también muy habituales últimamente, la resolución del TEAR favorece inicialmente al contribuyente, que consigue anular el procedimiento, pero eso acaba volviéndose en su contra. Esto se debe a que ya no está en vigor el criterio del “tiro único”, lo que permite a Hacienda repetir liquidaciones anuladas por errores formales. Esto supone que una vez que el TEAR falla a favor del contribuyente por ese motivo ya le está dando a la Administración un arma para iniciar un nuevo procedimiento que, no repitiendo el error que generó la anulación anterior, pueda resultar favorable a Hacienda.
¿Es por tanto el TEAR a donde debemos recurrir en caso de no estar de acuerdo con Hacienda? Con esta perspectiva parece que no, y que deberíamos optar directamente por ir por la vía contencioso-administrativa, pero el problema es que estos procedimientos pueden ser mucho más largos y con la entrada en vigor de las tasas judiciales esta opción no es gratuita para los demandantes.
Además hay que tener en cuenta que dependiendo de la cantidad en litigio el contribuyente podría estar obligado a avalar la cantidad reclamada, por lo que además de los inconvenientes propios del ligio y del coste judicial del mismo podríamos vernos obligados a asumir un coste financiero que será mayor cuanto más alargue el procedimiento.
¿Qué otras opciones tenemos? Pues la verdad es que no muchas y eso que, desgraciadamente, la manera de actuar y los criterios que Hacienda establece en ciertos casos no son ajustados a derecho. Pero todo esto no debe ser un freno para aquellos que, en defensa de sus derechos, quieran aprovechar todos los recursos a su alcance para conseguir que finalmente le den la razón.
