El grupo húngaro Magyar Vagon se dispone a presentar la opa sobre Talgo pese al rechazo del Gobierno
El consorcio húngaro, del que La Moncloa busca vínculos con el capital ruso, trabaja contra el reloj para confirmar su oferta esta misma tardeJavier Fernández Magariño
La ofensiva que encabeza el empresario András Tombor debería tener un precio de 5 euros por título, lo que valora la compañía en 619 millones de euros (el capital social está compuesto por 123,8 millones de acciones). Para llegar a este punto, los compradores han tenido que negociar con 18 entidades financieras acreedoras de Talgo, con 227 millones en créditos ejecutables si se da un cambio de control. El acuerdo es total con los bancos para que Magyar y el fondo soberano húngaro Corvinus (se reparten un 55% y un 45% del consorcio que lanza la opa, respectivamente) no corran el riesgo de tener que devolver deuda de forma anticipada si se hacen con Talgo.
Ayer se volvía a especular en el mercado con la inminente presentación de la opa, con la acción de Talgo revalorizándose hasta un 6% en Bolsa, y fueron las declaraciones de Óscar Puente las que enfriaron la euforia hasta llevar la cotización a dejarse un 0,7% al cierre de la sesión. El reloj de la operación se activará en cuanto la CNMV tenga el folleto informativo, que debe revisar esencialmente para determinar si se cumple con la ley de opas antes de aprobarla. Una de las condiciones será que Magyar Vagon obtenga el plácet del Gobierno de Pedro Sánchez, que podría tener capacidad de veto en virtud del escudo antiopas procedentes del extranjero, regulado a través del real decreto 571/2023, de 4 de julio, sobre inversiones exteriores.
Este blindaje fue activado durante la pandemia ante la pérdida de valor de importantes cotizadas, sobre las que el Ejecutivo podría imponer la barrera a partir de la toma de un 10% del capital, pero también protege a empresas no cotizadas en operaciones superiores a los 500 millones.
El sentido estratégico de la operación es dotar de mayor capacidad industrial al fabricante magiar DJJ (Dunakeszi Jarmüjavító), propiedad de Magyar Vagon. Tombor compró esta compañíaa en 2020, de manos rusas, en el marco de la invasión rusa de Ucrania. En principio, la marca de la española se mantendrá, así como sus dos plantas en España. Un mayor tamaño de ambos fabricantes les dotaría de mejor posición ante la inversión prevista en ferrocarril en toda Europa.
El recelo que ha provocado este movimiento entre el Gobierno es público y notorio por los vínculos entre el empresario Tombor y el Gobierno de Víktor Orban, considerado de ultraderecha en La Moncloa. Incluso se analizan posibles lazos entre Magyar Vagon y el capital ruso. El ministro de Industria, Jordi Hereu, afirmó en público el 21 de febrero que Talgo, único fabricante de trenes español junto a CAF,
es estratégico para el país. La empresa pretendida por el capital húngaro tiene 82 años de historia y fábricas en Las Matas (Madrid) y Rivabellosa (Álava). Su capitalización bursátil es de 527 millones y
ganó 12,2 millones al cierre de 2023.
Es precisamente su pequeño tamaño para competir con gigantes como Alstom, Stadler, la china CRCC o la propia CAF, la que hace preciso un impulso industrial para una Talgo especializada en trenes de alta velocidad y que quiere desarrollarse en el segmento del material rodante ligero. A esta necesidad de ganar volumen para competir se suma la intención de tomar la puerta de salida de uno de los accionistas de perfil financiero, el fondo Trilantic. Principal partícipe de la instrumental Pegaso, titular de un 40% de Talgo, la venta de acciones por parte de Trilantic arrastra a sus otros dos socios: la familia fundadora Oriol y Torreal, vehículo inversor de Juan Abelló.
El acercamiento de Magyar Vagon a Talgo no se considera hostil por cuanto fue anunciado al consejo de administración del fabricante y contaría con el beneplácito de los principales accionistas.
Talgo podría ser considerada empresa estratégica para España por su condición de firma industrial, su relación con la pública Renfe, para la que fabrica trenes y con la que tiene sociedades mixtas de mantenimiento, y por su acceso a información crítica sobre el mapa español de infraestructuras ferroviarias. La Junta de Inversiones Exteriores es el órgano colegiado interministerial, adscrito a la Secretaría de Estado de Comercio, que analiza las implicaciones de inversiones procedentes de fuera, como sería esta opa sobre Talgo. Este ente está presidido por Alicia Varela Donoso, directora general de Comercio Internacional e Inversiones.
La preocupación del Gobierno recuerda al reciente caso de la entrada el pasado mes de septiembre, esta sin aviso previo, de la saudí STC en Telefónica con un 9,9% entre capital y derivados. Jugando a la defensiva, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) recibió permiso del Consejo de Ministros para hacerse con un 10% de Telefónica, al tiempo que se está creando una SEPI digital como vehículo que podría tomar el papel de accionista de referencia en Telefónica.