Trinitario Casanova irrumpe en operación Chamartín para quedarse los suelos de BBVA
- El empresario ha comprado a los propietarios originales del suelo de la estación sus derechos de reversión, con la idea de promover él mismo 1,2 millones de metros cuadrados
08/05/2018
Trinitario Casanova vuelve a saltar al ruedo dispuesto a lidiar con una de las operaciones inmobiliarias más complejas de los últimos tiempos. Tras cerrar la compraventa del
Edificio España, el empresario ha vuelto a ponerse el traje de luces para intentar convertirse en el mayor terrateniente de
operación Chamartín y arrebatarle este honor a
BBVA que, junto a
Grupo San José, ganó la concesión para desarrollar estos terrenos hace un cuarto de siglo.
Para conseguir su objetivo, Casanova ha llegado a un
acuerdo con los propietarios originales de los terrenos, a quienes
Renfe expropió para construir la estación, para comprarles sus derechos de reversión. Con esta jugada, el empresario persigue quedarse con
1,2 millones de metros cuadrados del ámbito y desarrollarlos con su propia empresa,
Grupo Baraka, según ha confirmado él mismo a este medio.
La normativa vigente en 1994, cuando nació este desarrollo, reconoce a los propietarios originales poder adquirir sus antiguos terrenos si la Administración decide desafectarlos, cambiar el uso para el que fueron expropiados y venderlos. Esto es, en grandes líneas, lo que se conoce como
derecho de reversión, una legitimación que los reversionistas llevan décadas peleando sin éxito en los tribunales.
De hecho, desde
Distrito Castellana Norte (DCN), la promotora de BBVA y San José, han señalado que esta noticia "no es motivo de preocupación porque no es una contingencia del proyecto y no representa riesgo.
Se trata de algo ya juzgado y cerrado". La compañía se refiere a una sentencia del Tribunal Supremo del año 2012, en la que el alto tribunal concluyó que "al no acreditarse la desafectación tácita" de los terrenos, "no procede la reversión".
Sin embargo, los reversionistas, la mayoría de los cuales están agrupados en la asociación
No Abuso, la misma que ha llegado al acuerdo con Casanova, siempre han defendido que este pronunciamiento refrenda que existe un derecho de reversión, pero que este no se activará hasta el momento en que
Adif —el gestor de infraestructuras ferroviarias que en el pasado estaba integrado con Renfe— desafecte los terrenos para poder venderlos a DCN.
Casanova considera que este hito se producirá en julio, cuando el
Ayuntamiento de Madrid tiene prevista la aprobación inicial del plan, aunque otras fuentes señalan que deberá esperar hasta la aprobación definitiva para poder exigir la reversión, lo que en el mejor de los escenarios ocurrirá el año que viene. Una luz verde que el consistorio desliga por completo del conflicto de los reversionistas: "En ningún caso condicionaremos la aprobación del plan a este asunto", ha asegurado un portavoz.
En cualquier caso, todo apunta a que operación Chamartín se enfrenta a una batalla de interpretaciones legales y probables
conflictos judiciales, en la que DCN defiende que estos derechos ya no existen, mientras que los abogados de Casanova aseguran que la ley está de su parte.
Aguas revueltas donde el empresario levantino está habituado a nadar.
La letra pequeña del pacto
El acuerdo de compra al que ha llegado Casanova con los reversionistas contempla ahora un pequeño pago, mientras que el grueso se ha aplazado hasta que se activen los derechos de reversión, tiempo durante el cual no es descartable que el empresario
intente llegar a algún acuerdo con DCN, aunque él insiste en que su objetivo es promover directamente los terrenos.
Para conseguirlo, deberá poner sobre la mesa un cheque de
400 millones de euros solo para hacerse con todos los
derechos de reversión, cifra a la que deberá sumarse la
compra efectiva de los terrenos a Adif, lo que implica
otro cheque de 1.000 millones de euros, ya que este es el precio al que DCN se ha comprometido a adquirir los terrenos a la empresa pública.
Esta no es la primera ocasión en que un nombre propio del sector inmobiliario patrio alcanza un acuerdo con los reversionistas para adquirir sus terrenos. Hace seis años,
Manuel Jove, fundador de Fadesa, llegó a un acuerdo con No Abuso para adquirir los cerca de un millón de metros cuadrados de sus asociados por
300 millones de euros, pero el empresario se retiró tras la sentencia del Supremo a la que DCN recurre para asegurar que este asunto está ya cerrado.
En esta ocasión, Trinitario Casanova también está firmando con otros reversionistas que no estaban en No Abuso pero que han decidido sumarse a su acuerdo, según han reconocido desde la asociación, lo que eleva hasta 1,2 millones de metros cuadrados y 400 millones las cifras finales de esta operación.
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