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La difícil solución al nudo gordiano del consejo de Indra
El afán de los cuatro grandes accionistas por estar en el consejo dificulta compatibilizar sus derechos con acatar las recomendaciones de gobernanza.
El pasado martes 21 de mayo, el consejo de administración de Indra aprobó, por unanimidad, la dimisión de una consejera independiente, Elena García Armada, para hacer hueco y dar entrada a Javier Escribano, representante dominical por parte del grupoEscribano. La empresa de Defensa se ha convertido, con el 8% en el segundo mayor accionista del grupo tecnológico, sólo por detrás de la estatal Sepi (28% del capital), pero por delante de otros grupos como la firma guipuzcoana de Defensa Sapa (7,94%) y del fondo Amber (7,25%), que ya estaban presentes en el consejo.
Esta decisión facilita una solución para el acomodo de Javier Escribano dentro del consejo, pero tiene dos inconvenientes ya conocidos de antemano.
Dos problemas
El primero es que, hasta ahora, el consejo de Indra tenía un 50% de vocales independientes, con ocho de un total de 16. Con la salida de Elena García Armada y la entrada de un vocal dominical, como es Javier Escribano, ese equilibrio se rompe, puesto que a partir de la junta general de accionistas del 27 de junio, el consejo estará formado por 7 independientes y 9 no independientes, entre ejecutivos (3) y dominicales (6), es decir, un total de 16, por lo que los independientes serán el 43,7%.
De esta forma, Indra pasará a incumplir el Código de Buen Gobierno de las empresas cotizadas, que cumplía hasta el momento en este aspecto, aunque ya lo vulneraba en otra faceta, al tener más de 15 vocales, el máximo que recomienda el Código.
El otro problema es que al producirse la entrada de un hombre por una mujer, el porcentaje de vocales femeninas se reduce, desde el anterior 37,5% a un 31,2% (5 de 16), es decir, bastante lejos del 40% que recomienda el Código de Buen Gobierno y que será una exigencia legal cuando entre en vigor la Ley de Paridad. Precisamente por estos inconvenientes obvios, la propia compañía señaló el martes que esta composición del consejo "tiene un carácter coyuntural" para dar acceso al consejo a un inversor que tiene derecho y también "transitorio, dado que deberá ir adaptándose y restableciendo los equilibrios necesarios". Indra explicó que "velará por contar con un consejo cuya composición y estructura cumpla con las recomendaciones y principios del Código de Buen Gobierno".
El diseño del consejo de Indra se enfrenta a una situación en la que parece difícil compatibilizar los derechos de los grandes accionistas con el cumplimiento de las recomendaciones del Código de Buen Gobierno. Es como soplar y sorber a la vez.
El escollo fundamental es que existe una parte importante del capital (el 51,19% si se suman Sepi, Escribano, Sapa y Amber) que quiere estar presente en el consejo. Y esa voluntad tiene prioridad sobre las recomendaciones puesto que es una exigencia legal. Con 16 vocales, el paquete necesario para reclamar cada consejero es un 6,25%. De hecho, por tanto, con el 28% que tiene Sepi tendría derecho incluso a un cuarto vocal, frente a los tres que mantiene actualmente, con lo que el desequilibrio en contra de los independientes se acentuaría más.
En cualquier caso, es difícil reducir el número de vocales dominicales, que con la llegada de Javier Escribano llegarán a seis, incluyendo los tres de Sepi, más uno de Sapa y otro de Amber. En esta tesitura, algunas fuentes señalan que entre las recomendaciones del Código no tienen más preminencia unas que otras, y que, por tanto, no hay más prioridad en cumplir la del 50% de independientes que en la que recomienda no pasar de 15 vocales, puesto que los consejos muy grandes -y el de Indra ya tiene 16- se vuelven inmanejables.
Aristas de gobernanza
Sin embargo, la solución adoptada no está exenta de aristas frente a otra posibilidad que era haber ampliado el consejo a 18, dando entrada, también a otro independiente para volver a crear un equilibrio de 9 no independientes y 9 independientes.
Entre estas aristas figura el hecho de que mantener el equilibrio del 50% de independientes era uno de los argumentos fundamentales que habían llevado a la CNMV a rechazar que se hubiera producido una acción concertada de Sepi, Sapa y Amber para tomar el control de la compañía en la famosa junta de junio de 2023, cuando los tres accionistas "cooperaron para llevar a cabo los ceses" de 5 de los consejeros independientes, según el informe del regulador.
La acción concertada no es ningún delito y como señaló Rodrigo Buenaventura, el presidente de la CNMV, en su comparecencia en el Congreso, si se hubiese considerado que había habido esa acción concertada, el resultado no habría sido ni "una sanción, expediente o multa", sino la obligación de lanzar una opa por el 100% del capital por parte de la Sepi.
La CNMV consideró en su investigación que el que siguiera existiendo ese 50% de independientes era un contraindicio frente a la hipótesis de una acción concertada. También señalaba la CNMV que otro argumento o contraindicio frente a la concertación era la circunstancia de que no se habían "modificado las facultades de su presidente no ejecutivo", algo que también ha cambiado recientemente. El 30 de abril, el consejo decidió dotar al presidente de facultades ejecutivas en las áreas corporativa y de interlocución con administraciones públicas y gobiernos. Aunque en los dos casos, -la entrada de Escribano y el carácter ejecutivo de Murtra- las decisiones del consejo se han tomado por unanimidad. Sin embargo, como señaló Buenaventura, la CNMV anunció que "monitorizaría la situación y la toma de decisiones en la compañía" en el futuro.
