Aunque se que mi propuesta va a indignar a algunos, como lo prometido es deuda, hoy voy a aportar mi solución al insostenible desastre judicial español. A ver si conseguimos que portadas como la de "El jueves" no estén en el futuro tan justificadas como hoy.
En primer lugar me gustaría mencionar que casi todos estamos de acuerdo en que España necesita varias reformas estructurales para colocarnos en el lugar que nos corresponde entre los países más adelantados del mundo. Pero lo que apenas he oído mencionar es que, concretamente en España, la reforma estructural más importante y con mayor potencial de transformación del país es, precisamente, la reforma del sistema judicial.
Necesitamos un sistema judicial capaz de dar respuesta en unos pocos meses a cualquier desencuentro legal. No me refiero a las grandes demandas civiles tipo "Torres Kio", "Gran Tibidabo" o "Forum Filatélico", sino a los pequeños y medianos pleitos, que podrían resolverse en semanas o meses porque las pruebas son aplastantes (letras firmadas, escrituras de hipoteca, etc.) pero cuya resolución se demora más de cuatro años la mayoría de las veces.
¿Cuántos acreedores legítimos se ven obligados a cancelar sus deudas por la mitad del principal porque saben que eso es mejor que meterse en un pleito de varios años tras el cual se colocarán, en el mejor de los casos, como el último de los acreedores embargantes? Este es el pan nuestro de cada día. Hay abogados que se han especializado precisamente en eso, en llegar a acuerdos que eviten el pleito a costa de que el acreedor se conforme con cobrar solo una parte de lo adeudado. Muchos morosos profesionales viven de eso, sabiendo que al final solo van a tener que pagar una parte de sus deudas.
Ignoro si existen estudios sobre el lastre que eso supone para la economía española, pero sospecho que es muy grande. Solo en el mercado del alquiler de viviendas, se calcula que más del 90% de los potenciales arrendadores prefieren cerrar sus casas que exponerse a los peligros que todos conocemos.
Hasta aquí he resaltado la importancia de tener un sistema judicial con sentencias previsibles y rápidas. El problema es cómo conseguirlo. Pero la solución la tenemos delante de nuestras narices aunque no la sepamos ver.
¿Acaso no funciona fenomenal el sistema español de Notarías y el de Registros de la Propiedad? Mi propuesta sería replicar dichos sistemas de forma que los jueces, una vez aprobada su oposición y designada la plaza en la que tienen que ejercer, simplemente tuvieran que contratar al personal del juzgado, tal como hacen los notarios o los registradores y a funcionar. Otros tendrían que hacerse cargo de juzgados existentes, como ocurre tantas veces con las contratas públicas, pero siempre con capacidad para despedir o contratar. Como en cualquier empresa.
Este Tristán es un cabrón neoliberal y lo que propone es introducir criterios de rentabilidad y de beneficio en un servicio público, QUIERE PRIVATIZAR LA JUSTICIA.
Pues claro que quiero introducir criterios de rentabilidad, precisamente porque por tratarse de un servicio público, debemos procurar que sea rápido y eficaz y está archidemostrado que el camino más corto para conseguirlo es que los implicados directos se beneficien de ello. Y más aún si conseguimos que se haga sin costes extra ni para los ciudadanos ni para para la Administración, igual que las notarías y los registros.
En realidad lo que propongo es que se calcule el coste que tiene para el Ministerio de Justicia cada sentencia dictada por los juzgados y que el coste medio sea el precio que la Administración pague al juez por cada demanda, pero solo cuando la sentencia sea firme, haya sido ejecutada y se pueda archivar. De forma que si la sentencia es recurrida y tumbada en segunda instancia, sea esta segunda instancia quien cobre el precio y se quede el primer juez con un palmo de narices, así aprenderá que la Judicatura no está para hacer un uso alternativo del Derecho, sino para aplicar estrictamente la Ley. Si la sentencia es confirmada, cobra el primer juez y los honorarios del juzgado de segunda instancia los paga el recurrente, que así aprende que recurrir por recurrir y para dilatar los procedimientos no sale gratis.
Mi abogado siempre dice que es imposible predecir qué sentenciaran los Juzgados de Primera Instancia, pero que las Audiencias Provinciales están para poner las cosas en su sitio aplicando correctamente la Ley. Con la reforma que propongo se acabaron las sentencias creativas porque al juez le pueden suponer no cobrar por el trabajo realizado y entonces con qué dinero le pagaría el sueldo a los empleados del juzgado. Los jueces tendrían que ajustarse a Derecho y los eternos recursos disminuirían y todos ganaríamos con ello.
Lógicamente los futuros empleados judiciales ya no serían funcionarios, y de nuevo ganaríamos el resto de la ciudadanía. Menos funcionarios, menos impuestos. Simultáneamente, cuantas más sentencias dictadas, firmes y ejecutadas, más pasta gana el juzgado, miel sobre hojuelas, pasta para el juez, primas a la productividad para sus empleados que pueden ganar bastante más de lo que ganaban hasta ahora con el sistema actual, acreedores contentos y dispuestos a invertir aún más en sus negocios, etcétera. Todos ganamos y nadie pierde, bueno no, pierden los que hasta ahora se aprovechaban de la lentitud de la Justicia.
Para los que repliquen que esto es una barbaridad y que los experimentos hay que hacerlos solo con gaseosa, mi propuesta es que la reforma se aplique solo a los juzgados de nueva creación, hasta que los dichos "juzgados reformados" representen un máximo del 5% sobre el total de juzgados. Cuando la ciudadanía compruebe que ese 5% de los juzgados se cepilla tranquilamente el 25% de la carga de trabajo y que sus estadísticas de sentencias recurridas y tumbadas se reduce casi a cero, entonces habrá llegado el momento de llevar a cabo la reforma total.
Lo que le pido a los pocos lectores que aún me quedan es que piensen en esta propuesta sin etiquetas y teniendo en la cabeza exclusivamente los resultados previsibles de la misma, sin entrar en ideologías ni en politiqueos. A muchos les da grima la palabra "privatización", como si significara que el ciudadano va a perder parte de sus derechos o va a tener que pagar por ellos. Nada más lejos de mi intención. En este caso, el ciudadano no tiene por qué pagar nada más de lo que ya paga y sus derechos se van a ver incrementados con una resolución más rápida de sus conflictos judiciales y con una inmediata disminución de la conflictividad judicial.
En los años ochenta había muchos que parecían encantados con la gran utopía comunista, un sistema totalitario y criminal que tiranizó a la mitad de los europeos y engaño a parte de la otra mitad. Esta propuesta no va dirigida a los nostálgicos de aquel gulag, los cuales seguro que están vomitando de asco al leer estas líneas. No, ellos jamás aceptarán que LA ÚNICA Y VERDADERA UTOPÍA ES DISFRUTAR DE UNA JUSTICIA VERDADERA Y RÁPIDA y que lo importante es alcanzar ese objetivo sin detenerse en si alguien se beneficia o no por el camino. El resto son monsergas.
_col.JPG?1647956589 "Ponencia en Jornadas derecho a vivienda. Defensa en monitorios y ejecuciones si no se presentó oposición")