¿No os está pasando a los que tenéis casas en alquiler que cada vez tenéis que rechazar a más gente porque no tenéis garantía de que os vayan a pagar? Ayer mismo nosotros tuvimos que elegir entre estos dos postulantes:
1) Una camarera de restaurante que había trabajado los últimos 6 meses en Burgos y que ahora viene a Madrid con un contrato de camarera que aún no ha firmado y que va a vivir con su madre que limpia casas sin contrato. El restaurante está en Aravaca y la casa que me quiere alquilar está en Alcobendas, por lo que tampoco tiene pinta de que fuera a ser un alquiler de larga duración.
2) Un brasileño que acaba de llegar a España por reunificación familiar con su esposa y que va a firmar próximamente un contrato de dependiente en una tienda de deportes. Su mujer sí tiene trabajo y gana 1.200 euros al mes.
La vivienda que estoy ofreciendo en alquiler tiene un precio de 750 euros mensuales, pero antes de 2011 no habría podido pedir por ella más de 450 euros. Y ojo, que hasta hace un mes la hemos tenido alquilada a 850 euros. Ahora acusamos la bajada de los alquileres del año de la pandemia.
Es decir, que en los últimos diez años se han producido dos fenómenos que van ambos contra los intereses de la clase trabajadora. Por un lado, el precio de los alquileres de las grandes ciudades y sus aledaños se ha disparado, poniendo en graves aprietos a la clase media y media baja. Por otro lado, las medidas populistas de los gobiernos de la última década han desmotivado a los propietarios de viviendas, que ahora no ven grandes ventajas de poner sus bienes inmobiliarios en el mercado.
Yo no tendría ningún reparo en alquilar mis propiedades
a personas trabajadoras con contratos precarios
si la legislación me asegurara que podría desalojarles
en dos semanas en caso de impago.
Pero caminamos justo en la dirección contraria.
Los propietarios de viviendas, cuando un inquilino deja de pagarnos el alquiler, no solo nos embarramos con una Justicia lenta, incompetente, ideologizada y con pocas ganas de trabajar, sino que ahora, además, tenemos a un Gobierno de España que no ha dejado de introducir dificultades y dilaciones a un procedimiento judicial de desahucio que ya era demasiado lento y que ahora es increíblemente largo.
Aquí quiero recordar que hay morosos que tardan 8 meses en que se les nombre abogado de oficio, cuando según la Ley no deberían tardar más de un mes. Así, ocho meses más de retraso antes de comenzar el procedimiento. Y eso sin contar con que hay juzgados hijos de puta que pueden tardar hasta un año en admitir a trámite una demanda por desahucio. Así está la cosa en esta triste España.
Y pasa lo que tenía que pasar, lo que ha sucedido cada vez que se le ha permitido al populismo legislar. Se supone que legisla en favor de los más desfavorecidos, pero las consecuencias siempre las acaban pagando ellos.
Porque yo, que conozco perfectamente las consecuencias de que un inquilino deje de pagar el alquiler y haya que desalojarle por la fuerza de la Ley, en ningún caso me voy a arriesgar a poner en determinadas manos una propiedad valorada en más de ciento cuarenta mil euros.
Los populistas del Gobierno de España deberían saber que cada vez que se retrasa un desahucio judicial por una supuesta vulnerabilidad del inquilino moroso o del puto okupa, ese propietario de vivienda aprende la lección de que no hay que alquilar una vivienda a nadie que pueda llegar a ser considerado vulnerable.
La triste realidad es que con todas estas políticas supuestamente en favor de los trabajadores, han dejado fuera del mercado del alquiler a todo el que gane menos de 1,2 veces el Salario Mínimo Interprofesional.
Y mucho ojo, querido lector y amigo, porque la subida de SMI, además de dejar sin trabajo a 180.000 trabajadores poco cualificados (según el Banco de España), también ha tenido otras consecuencias no menos importantes. Porque no hay que olvidar que existe un artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que no permite embargar sueldos inferiores o iguales al SMI y que establece unos porcentajes muy limitados por los sueldos que sean superiores en un 20% a dicho SMI. De manera que al subir el SMI un 30%, aumentaron en el mismo porcentaje las cantidades inembargables del salario de la gente que menos gana y que más posibilidades tiene de dejar de pagarte el precio del alquiler. Esta memez de subir el SMI ha convertido en impunes al 30% de los potenciales inquilinos de alquileres baratos.
Y tengo muchos ejemplos del desastre en el que entre unos y otros han convertido el mercado del alquiler de viviendas. Por ejemplo, un juzgado que tardó ocho meses en admitir a trámite un procedimiento de desahucio por falta de pago y que cuando lo ha hecho, lo primero ha sido preguntarle al demandante de cuántas viviendas era propietario por si era de aplicación la suspensión de actuaciones del artículo 1 bis del Real Decreto 11/2020 de marzo incluido por el Real Decreto 37/2020 del 22 de diciembre pasado. Una coña marinera. Superado ese escollo, al demandado no le dieron justicia gratuita porque tenía ingresos suficientes para costearse su defensa, lo que no impidió que la asistente social consiguiera pararlo todo.
Las malinterpretaciones entorno al derecho a la vivienda consagrado en la Constitución están echando al traste con la acceso real a una vivienda de muchas familias españolas. Que la Constitución diga que todos tenemos derecho a una vivienda no significa que los propietarios no podamos desalojar a nuestros inquilinos morosos. Tampoco significa que por el hecho de estar en España, todo ciudadano tenga derecho a que los demás le paguemos el coste de su casa por la cara.
Ese derecho recogido en la Constitución es como el derecho a la educación. Voy a poner un ejemplo: yo tengo dos licenciaturas porque en su momento me esforcé estudiando. Seguramente lo hubiera pasado mejor saliendo de marcha. Seguro que al menos hubiera bailado y follado más de lo que lo hice. Pero el derecho a la educación no le da derecho a Adriana Lastra a quitarme una de mis licenciaturas y quedársela para ella. Si la quiere tendrá que esforzarse y obtenerla estudiando. Con el derecho a la vivienda pasa los mismo.
El buenismo está acabando con nuestra sociedad occidental. EL USA han repartido 2.000 euros a cada americano y la primera consecuencia de esa medida ha sido que McDonald's ya no encuentra personal, al menos hasta que se les acabe el dinero a los agraciados con el regalo.
O San Francisco, que vive desde hace dos años un incremento brutal de los hurtos en tiendas desde que la ley de California despenalizó los robos por debajo de 950 dólares. Ahora la gente entra en las tiendas y se lleva lo que quiere sabiendo que es absolutamente impune.
Lo digo en serio, populistas del reino de España, si de verdad queréis mejorar las condiciones de vida de los más desfavorecidos, dejad de legislar, haceros a un lado y permitid que el Capitalismo gobierne nuestras vidas. Seremos más libres, más eficientes, más ricos y todos viviremos mejor.
Y no, no voy a alquilar el piso de Alcobendas a ninguno de los dos postulantes de ayer.
¿Vosotros lo haríais?
