Si no llega a ser por el magnífico blog jurídico IurisCivilis se me hubieran escapado algunos aspectos sobre la reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial, que por lo visto también incluye algunas modificaciones esenciales en la Ley de Enjuiciamiento Civil que impactan de lleno en las subastas judiciales.
La reforma comienza a aplicarse a partir de mayo del 2.010 y pienso que tiene algún aspecto muy positivo:
Copio y pego directamente desde el blog de IurisCivilis:
Y también esto otro:
Y finalmente, a los demandados les interesará esto:
La reforma, que podéis leer íntegramente en el BOE del 4 de noviembre de 2.009, incluye otros muchos aspectos que también interesan a los subasteros. Aquí me he limitado a reseñar lo que me ha parecido más interesante.
PD 20,00 horas: NOTA IMPORTANTE: Una lectura apresurada de esta reforma me ha llevado a cometer el error de creer que se estaba modificando el artículo 670 de la LEC en el sentido de que iba a bastar con pujar el 50% del tipo de subasta para que la adjudicación quedara firme. Nada más lejos, ese párrafo pertenece en realidad al artículo 650 que se refiere exclusivamente a las subastas de bienes muebles. Ahora la modificación de la LEC ya no me parece tan capital ¡Porca miseria!
Gracias a FCalvo, que me ha advertido de mi error.
La reforma comienza a aplicarse a partir de mayo del 2.010 y pienso que tiene algún aspecto muy positivo:
Copio y pego directamente desde el blog de IurisCivilis:
Cuando la mejor postura sea igual o superior al 50 por ciento del avalúo, el Secretario judicial mediante decreto, en el mismo día o en el siguiente, aprobará el remate en favor del mejor postor. El rematante habrá de consignar el importe de dicha postura, menos el del depósito, en el plazo de diez días y, realizada esta consignación, se le pondrá en posesión de los bienes. Cuando la mejor postura ofrecida en la subasta sea inferior al 50 por ciento del avalúo, podrá el ejecutado, en el plazo de diez días, presentar tercero que mejore la postura ofreciendo cantidad superior al 50 por ciento del valor de tasación o que, aun inferior a dicho importe, resulte suficiente para lograr la completa satisfacción del derecho del ejecutante. Transcurrido el indicado plazo sin que el ejecutado realice lo previsto en el párrafo anterior, el ejecutante podrá, en el plazo de cinco días, pedir la adjudicación de los bienes por la mitad de su valor de tasación o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos, siempre que esta cantidad sea superior a la mejor postura. Cuando el ejecutante no haga uso de esta facultad, se aprobará el remate en favor del mejor postor, siempre que la cantidad que haya ofrecido supere el 30 por ciento del valor de tasación o, siendo inferior, cubra, al menos, la cantidad por la que se haya despachado la ejecución, incluyendo la previsión para intereses y costas. Si la mejor postura no cumpliera estos requisitos, el Secretario judicial responsable de la ejecución, oídas las partes, resolverá sobre la aprobación del remate a la vista de las circunstancias del caso y teniendo en cuenta especialmente la conducta del deudor en relación con el cumplimiento de la obligación por la que se procede, las posibilidades de lograr la satisfacción del acreedor mediante la realización de otros bienes, el sacrificio patrimonial que la aprobación del remate suponga para el deudor y el beneficio que de ella obtenga el acreedor. En este último caso, contra el decreto que apruebe el remate cabe recurso directo de revisión ante el Tribunal que dictó la orden general de ejecución.
Y también esto otro:
Si el inmueble estuviera ocupado, el Secretario judicial acordará de inmediato el lanzamiento cuando el Tribunal haya resuelto, con arreglo a lo previsto en el apartado 2 del artículo 661, que el ocupante u ocupantes no tienen derecho a permanecer en él. Los ocupantes desalojados podrán ejercitar los derechos que crean asistirles en el juicio que corresponda. Cuando, estando el inmueble ocupado, no se hubiera procedido previamente con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 661, el adquirente podrá pedir al Tribunal de la ejecución el lanzamiento de quienes, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 661, puedan considerarse ocupantes de mero hecho o sin título suficiente. La petición deberá efectuarse en el plazo de un año desde la adquisición del inmueble por el rematante o adjudicatario, transcurrido el cual la pretensión de desalojo sólo podrá hacerse valer en el juicio que corresponda. La petición de lanzamiento a que se refiere el apartado anterior se notificará a los ocupantes indicados por el adquirente, con citación a una vista que señalará el Secretario judicial dentro del plazo de diez días, en la que podrán alegar y probar lo que consideren oportuno respecto de su situación. El Tribunal, por medio de auto, sin ulterior recurso, resolverá sobre el lanzamiento, que decretará en todo caso si el ocupante u ocupantes citados no comparecieren sin justa causa.
Y finalmente, a los demandados les interesará esto:
Si el bien hipotecado fuese la vivienda familiar, el deudor podrá, aun sin el consentimiento del acreedor, liberar el bien mediante la consignación de las cantidades expresadas en el párrafo anterior. Liberado un bien por primera vez, podrá liberarse en segunda o ulteriores ocasiones siempre que, al menos, medien cinco años entre la fecha de la liberación y la del requerimiento de pago judicial o extrajudicial efectuada por el acreedor.
La reforma, que podéis leer íntegramente en el BOE del 4 de noviembre de 2.009, incluye otros muchos aspectos que también interesan a los subasteros. Aquí me he limitado a reseñar lo que me ha parecido más interesante.
PD 20,00 horas: NOTA IMPORTANTE: Una lectura apresurada de esta reforma me ha llevado a cometer el error de creer que se estaba modificando el artículo 670 de la LEC en el sentido de que iba a bastar con pujar el 50% del tipo de subasta para que la adjudicación quedara firme. Nada más lejos, ese párrafo pertenece en realidad al artículo 650 que se refiere exclusivamente a las subastas de bienes muebles. Ahora la modificación de la LEC ya no me parece tan capital ¡Porca miseria!
Gracias a FCalvo, que me ha advertido de mi error.
