Érase una vez un país próspero que tenía la mejor banca de Europa.
Era una banca internacionalizada que parecía que se iba a comer el mundo, pero tenía una rara particularidad, que consistía en que no toda era privada, sino que una gran parte de esa banca era pública y estaba gestionada por ex-políticos y seguía directrices políticas.
Otra particularidad es que la parte de la banca que era pública no pagaba impuestos, privilegio que le venía porque se trataba de entidades sin ánimo de lucro que estaban obligada a gastar sus beneficios en obra social. Además contaba con la ventaja competitiva de que la población de ese país adoraba a esa banca pública, parte por costumbre y parte por la fantástica imagen que le reportaba las obras sociales.
La competencia entre los bancos privados y los públicos estaba, por tanto, sensiblemente sesgada hacia estos últimos, lo que no era impedimento para que los bancos privados siguieran creciendo y asombrando al mundo con sus adquisiciones en el exterior.
Eran años de vino y rosas...
Hasta que vino el catapun-chin-pun, bajó el nivel de las aguas y a todos se les vieron las vergüenzas. Desde entonces los bancos privados han perdido mucho dinero durante varios años y su solvencia ha estado al límite, pero finalmente han podido salvar los trastos. Por el contrario, la mayoría de lo que era banca pública, que en ese país, por cierto, se llamaban cajas de ahorros, la mayoría de dicha banca pública se ha ido literalmente al carajo y ha tenido que ser salvada. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria ha tirado en esa sentina miles de millones de euros y encima, lo peor de todo, es que no ha sido suficiente y al final ha sido necesario que Europa preste un pastizal, con el aval del Estado, es decir de todos los ciudadanos españoles, para que dichas cajas de ahorro puedan seguir abriendo cada mañana sus puertas.
Lo cierto es que se podría haber solucionado de otra manera que hubiera evitado la inyección de fondos públicos: Una solución verdaderamente liberal habría consistido en que las acciones de las entidades quebradas se las repartieran sus propios acreedores a costa de sus accionistas previos. De esa forma los anteriores accionistas hubieran perdido la propiedad (como debe ser), que habría pasado a pertenecer a los acreedores (de las cajas), quienes hubieran pagado el error de haber prestado a entidades irresponsables y fatal gestionadas y que en vez de recuperar sus deudas habrían sido pagados con acciones. El resultado final hubiera sido un simple cambio de accionariado y el resurgir de unas entidades ya sin deudas y plenamente solventes. Magia potagia. Pierden los tontos y el ciudadano no pone un duro.
El caso es que no se hizo así y al final el nuevo propietario de esas cajas es el Estado y los acreedores, generalmente bancos europeos, han recuperado sus créditos y todo el mundo contento menos los ciudadanos.
Lo normal en una sociedad justa es que desaparezcan los que lo han hecho mal para que los que lo han hecho bien crezcan a su costa y para dejar paso a nuevos intervinientes en el mercado. Esto no solo no ha sido así, sino que lo que ha pasado aquí (¿alguien se ha dado cuenta de que hablamos de España?) es que los bancos que lo han hecho bien, o al menos que lo han hecho menos mal, ven cómo se rescata a sus competidores directos con el dinero que pagan por sus impuestos. Y no contentos con ver como su dinero se utiliza en rescatar a sus competidores, encima este gobierno intervencionista y neo-socialdemócrata les ha obligado a entrar en el capital del SAREB o Banco Malo, vía por la que ahora, además, se han tenido que comer la basura inmobiliaria que tenían las cajas quebradas. Por cierto, que solo el BBVA se atrevió a negarse en redondo a semejante desfachatez, emplear el escaso capital del banco en ayudar a sanear a los bancos competidores.
Naturalmente que no ha sido casualidad que haya sido precisamente la banca pública (cajas de ahorro) la que ha quebrado. Controlada por políticos y sindicalistas de las comunidades autónomas, estos tipejos se han autoconcedido préstamos multimillonarios a intereses ridículos, han prestado a los amiguetes, se han aumentado los salarios y finalmente han dimitido con indemnizaciones escandalosas. Y ahora les vemos a todos desfilar por los juzgados, algunos con las esposas puestas, esperemos que por mucho tiempo, aunque eso es mucho esperar en este país.
Mientras nuestros políticos sean la chusma que son, en España es imposible que las empresas públicas marchen bien. Cualquier empresa que sea controlada por el poder público y que se financie con el dinero de todos, que algunos creen que no es de nadie y que cae del cielo, es decir, cualquier empresa pública está condenada a perder dinero a espuertas y a dar un pésimo servicio. No hay más que ver las cuentas de todas las televisiones públicas. Por otro lado cabe preguntarse si la administración es la más adecuada para prestar los servicios que demandan los ciudadanos o si sería más óptimo y rentable dejar que fuera la iniciativa privada quien prestase dichos servicios.
¿Es que no vamos a aprender nunca? 
Y todavía hay algún gilipollas que aboga por nacionalizar la banca, al mejor estilo bolivariano.
