En estos días hemos conocido que la sociedad española, percibe que hay dos tipos de justicias, (una para ricos y otra para el común de los mortales). El hecho de que la sociedad perciba esta realidad; nos tiene que llevar a una pregunta clara: ¿Está equivocada la sociedad?.
Lo cierto es que en este ámbito se ve más que nunca la historia de David contra Goliat, y la sociedad es muy consciente de que la victoria de David, no fue otra cosa que algo que ha pasado a la historia, ¡por infrecuente!.
Las respuestas son muy clarificadoras, y más allá del doble rasero de la justicia, es curioso comprobar que se considera más fácil que las leyes protejan sus derechos en un contencioso contra la administración, (Un 24,9% cree que podría ganarle) que a una gran empresa o una entidad financiera, (21,2%). En todo caso, es del todo sintomático, que una abrumadora mayoría de ciudadanos considera que la ley no va a proteger sus derechos, (y recordemos que la hipótesis de partida es que son sus derechos).
En este aspecto, no es de extrañar que sólo el 21,7% de los ciudadanos recurrirían a la justicia, (y ojo que estamos ante el condicional).
Los datos y las respuestas son tan exagerados que desde luego no existe ninguna duda acerca de la confianza de las personas en el sistema legal español. Y sobre todo contrasta con todos los informes que nos hablan de un sistema muy garantista en España. Sea cual sea el foro, resulta que las grandes empresas, bancos y grupos de opinión, no paran de quejarse de este mero hecho para frenar o proponer las iniciativas que les interesen. Desde el gobierno, no se para de decir que se garantiza que los derechos de los ciudadanos se respetan, tratando ya de convencer al respetable del mayor absurdo. Y los ciudadanos, hablan en encuestas que se publican por ahí, con el ánimo de que todo se olvide pronto.
O sea que en definitiva, lo que está claro es que cada cual ve la justicia según en qué parte de la sociedad se encuentra. Por supuesto el hecho de que un porcentaje tan elevados de ciudadanos no confíe en la justicia, no supone automáticamente que está no nos defienda. Puede ser que estemos equivocados.
Lo realmente grave es que día tras día, comprobamos que esta sensación de desequilibrio, está bastante fundada. Y de hecho, curiosamente, a medida que rascamos, aprendemos y estudiamos comprobamos que la realidad incluso supera las previsiones más pesimistas; ya que se comprueba que determinados grupos actúan bien con total inmunidad o bien con total impunidad.
La diferencia entre las dos palabras no es más que mientras la inmunidad se refiere a la existencia de determinadas normativas que blindan a determinadas personas, la impunidad se refiere a que no se cumplan normativas desfavorables a determinadas personas. Entre que tenemos un claro desequilibrio en las normas, (y creciente), y que además existen varas de medir a la hora de aplicarlas, nos encontramos esta situación. En definitiva, no es sólo que las leyes favorezcan a determinadas personas, sino que además todos los organismos, (no sólo jueces), constituyen un sistema en el que David tiene muy pocas oportunidades de defender sus derechos.
Encontramos casos sorprendentes, como el caso de Alfredo Saez, (jefazo del Santander), que resulta condenado por denunciar falsamente a unos empresarios, hasta el punto que acabaron detenidos, hace 17 años. Pues resulta que desde la banca se logró encarcelar a unas personas injustamente en días, mientras que esta persona 17 años después es condenada a tres meses de prisión, (que no cumplirá) y otros tantos de inhabilitación; condena que firmaría inmediatamente cualquier deportista que haya sido condenado por consumo de sustancias dopantes, (por ejemplo).
Pensémoslo; un atleta se dopa; ¿imaginamos que el procedimiento suponga que después de 17 años se le retire la licencia durante tres meses?. Cada cual graduará las distintas acciones, (desde luego ninguna defendible); y añadirá las que estimen convenientes; (por ejemplo saltarse un límite de velocidad o incluso bajar una película, o darle una bofetada a un niño).
Por supuesto, cualquier persona que sea acusada y condenada por cualquier delito; (e incluso en la mayoría de las ocasiones sin tener que ser acusada), perderá en el primer momento la honorabilidad, lo que no ocurre en este caso, (por lo menos a juicio del Banco de España).
Y el caso es que desde luego en este caso, la sorpresa es que la condena sea efectiva. O sea que la condena del supremo de Alfredo Sáez, es el triste caso de David. Esa es la realidad. Ya que todos conocemos el caso de Alierta o de los Albertos, (en los que los delitos prescribieron), o el caso de Botín, que primero dio nombre a una doctrina propia en el supremo, que le libró del caso de las cesiones de crédito; y que más recientemente protagonizó el extraño caso de que un juez sea acusado de recibir sobornos, (desde el Santander), sin que se acuse al que soborna, (por no hablar de cierta polémica que se está eternizando también a cuenta del fondo inmobiliario).
Hace unos días me quejaba de que las autoridades no hubiesen hecho nada por evitar el asunto de Nueva Rumasa, y al poco de publicar el post me encuentro con que la fiscalía llevaba un año investigando; ¿Con que resultados?. Claro que la misma fiscalía, ante la amenaza de Nueva Rumasa de querellarse contra el Santander, llega a las conclusiones ¡antes de la denuncia, y si ni tan siquiera saber exactamente qué es lo denunciado!. Por supuesto, debemos entender que la obviedad de que en Nueva Rumasa se ha engañado a la gente, (incomprensiblemente demostrado gracias a la documentación aportada por la propia empresa que nos muestra el engaño y un grado de locura difícil de describir), no quiere decir que desde luego la actuación del banco no merezca ser investigada.
Claro que cuando cae Air Comet, nos enteramos que Fomento había iniciado los trámites antes para retirarle la licencia de vuelo por seguridad. Cuando cae Viajes Marsan, nos encontramos con posibles responsabilidades penales. Cuando cae CCM; tenemos las irregularidades en la caja, al igual que cuando cae Banesto, (muchos años antes). En todos y cada uno de los casos, se conocían multitud de asuntos turbios, (de todos conocidos); pero absolutamente nadie reacciona hasta que las entidades caen. ¡y si la entidad no cae, no pasa nada!.
En todos casos, la sensación que queda es que el veredicto de culpabilidad es más bien un termómetro del éxito de la empresa a la que se refiere. Si la empresa va bien, absolutamente nadie hará nada; y tan sólo se investigarán los casos en los que el que cometa determinados hechos.
Si esto ocurre, aquella función de la justicia y la legalidad que consiste en equilibrar las relaciones entre los distintos agentes que forman la economía, para evitar abusos e injusticias, se acaba de convirtiendo en un arma nueva de Goliat, o lo que es lo mismo en otra fuente de desequilibrio.
