Cuando he tratado de explicar las razones de la bajada del límite de velocidad en autopistas, expuse que no creía que fuese por el afán recaudador, debido a que el importe en que se iban a incrementar las multas, suponían una cantidad ridícula como para tomar tal decisión.
Sin embargo hice una pequeña precisión en el sentido de que “a menos que estemos pensando en privatizar este servicio”. Si lo que estamos es intentando privatizar el servicio de radar, la ecuación varía, ya que en este caso, el valor final del negocio depende de la capacidad de generar beneficios, de tal forma que los múltiplos funcionan de multiplicador. En este sentido es sencillo que tratemos de pensar en el valor de una concesión de un servicio de radar, y puede ser espectacular. En este caso si nos encontramos ante un incremento de facturación, (multas para entendernos), la valoración de la dgt si fuese una empresa cotizada se incrementaría exponencialmente.
En este caso, empezaría a compensar tomar esta medida, para incrementar la facturación de la D.G.T. En todo caso, la privatización del control, vigilancia y sanciones en materia de tráfico, entiendo que es una completa tontería. Tanto que es algo que ni tan siquiera me había considerado. ¿Cómo va un gobierno a privatizar esto?.
Sin embargo, en el mismo día que escribía ese post, salía una noticia en “la voz de Galicia”, que no fue publicada en casi ningún lado, que me hizo plantearme esta posibilidad. La noticia no se refería específicamente a privatizaciones, sino que trataba de explicar un absurdo en medio del plan de ahorro de combustible, que no es otro que el hecho de que el servicio de vigilancia aduanera pasaba a controlar e intentar evitar el narcotráfico con aviones desde Alicante en lugar de desde Santiago de Compostela.
Por supuesto, es un poco ridículo esto de sacar unas medidas absurdas que no van a servir para ahorrar demasiado y luego trasladar el avión de vigilancia aduanera desde Galicia a Alicante para que vuele desde allí para vigilar la costa gallega. Pero más allá de la tontería y del absurdo de la medida, es cierto que tampoco supone un coste determinante en la estructura del estado.
Pero sin embargo, las razones para tal traslado, sí que son algo más preocupantes, porque resulta que esto viene de la privatización del servicio de vigilancia aduanera que se ha adjudicado a una UTE formada por Airbus Military e INAER. Por tanto, si la vigilancia y las operaciones aéreas en la lucha contra el narcotráfico y el contrabando son privatizadas y encargadas a empresas privadas, ¿podemos descartar alguna privatización?.
Claro que luego me he puesto a pensar y estamos haciéndolo con la sanidad, y desde Estados Unidos ya se han privatizado en parte las operaciones militares de forma que tenemos por algunas zonas de interés algunos ejércitos privados. Y en este momento me parece increíble que no se me haya ocurrido antes la posibilidad de que se quiera privatizar la DGT.
Hoy voy a tratar de dejar aparte la posibilidad de privatizar la D.G.T y me gustaría exponer la poca información que he podido obtener de esta privatización de la lucha contra el narcotráfico. El proceso es un poco absurdo, y nos da una idea clara de lo que significan estos procesos.
Las primeras noticias surgen a finales de septiembre y principios de octubre de 2010, donde se conoce el acuerdo, que no sale publicado en casi ningún medio, y en todo caso en ninguno de los medios generales o económicos. Creo que el plan inicial estaba muy bien explicado en esta página de infodefensa; donde se nos cuenta que estas dos empresas firman un contrato por un importe de cinco millones y medio de euros, para realizar las tareas de los 6 aviones que en ese momento operaban en España para el SVA, (que depende de Hacienda).
El estado cede los aviones, que pasarían de tener carácter militar a carácter civil, y lo que se encarga a la empresa privada es: “El servicio comprende operaciones de control aéreo de fronteras, misiones de inteligencia y de la investigación, persecución y represión de los delitos de contrabando en coordinación con las Fuerzas de Seguridad del Estado y entró en vigor el 1 de octubre” .
Ya nos cuentan en el propio artículo que la privatización nace con polémica, debido a que lejos de ahorrar, el coste se incrementa, (lo cual es algo que no es tan extraño como parece); pero es que además en este caso, resulta que el Tribunal Supremo, rechazó en 2004, la concesión de este mismo contrato a Gestair; y nos lo explican perfectamente:
“La sentencia recoge las alegaciones del Abogado del Estado, en las que incide en "la necesidad de la salvaguarda del interés público, con circunstancias relativas a confidencialidad y seguridad que hacían necesario que la prestación del servicio de operación técnica de vuelo, mantenimiento y administración de la flota se realizase directamente por órganos de la propia administración".
O sea que resulta que se ha formalizado un contrato en el que no se ahorraba, en el que se cedían los aviones a empresas privadas y en contra de una sentencia clara del tribunal supremo. En fin; ¡Bendito gobierno!.
La siguiente noticia que he encontrado es de La Razón, y ya daba nota de que el servicio no estaba funcionando, porque resulta que los aviones no cumplían la normativa civil, y ya de hecho, de los seis aviones iníciales, uno iba a ser desguazado porque no cumpliría jamás los requisitos, por lo que de repente nos encontramos con un avión menos, un coste mayor y un contrato rechazado por los tribunales. El caso es que a 15 de noviembre, el servicio no estaba operativo y simplemente no se estaba patrullando en España contra el narcotráfico.
Y con esto llegamos al 2 de marzo, donde encuentro la noticia que me hizo tirar de todo este hilo, en el que ya hay un grave cacao con el número de aviones que ¡van a operar!; lo que me lleva a pensar en la posibilidad de que no esté operando ninguno. Lo único que queda claro es que según la agencia tributaria, operarán cuatro aparatos, (de los seis iníciales y por encima de los tres a los que se compromete la empresa). Y en todo caso, tenemos un aviso de barra libre: “La costa gallega se patrullará cuando sea necesario”, que es lo que justifica el traslado de la base de Santiago hasta Alicante.
Por resumir, lo que tenemos es que hemos privatizado un servicio básico y esencial del estado, con una más que notable oscuridad, (¿o soy yo el único que no se ha enterado?), perdiendo dinero y pagando dinero para perder aviones por el camino; todo ello aderezado con una sentencia del tribunal supremo prohibiendo un caso similar y al final tenemos que los vuelos diarios de vigilancia para luchar contra el narcotráfico, se van a convertir en “vuelos cuando se necesiten”.
En un país medianamente serio, todo esto implicaría un escándalo de proporciones mayúsculas y unas cuantas dimisiones; pero en España, no sólo no va a pasar nada, sino que podemos estar contentos no vaya a ser que el ministerio de industria ponga ahora el servicio público a los narcos, con embarcaciones de bajo consumo para que introduzcan la droga a placer, (¡y ahorrando combustible!).
Sé que puede parecer demagógico o exagerado, pero todo el mundo convendrá conmigo en que a veces en este santo país, es mejor ni mirar las decisiones que toman nuestros dirigentes; y que por mucho que exagere, es posible que nos superen.
