El 4 de junio de 2010, nos encontramos una decisión del gobierno socialista, que no debe ser demasiado relevante, ya que no ha salido en casi ningún medio de prensa. No ha habido polémica, ni discusiones, ni tan siquiera análisis. Lo único que he encontrado es una exposición de las novedades en cotizalia.
Estamos en un panorama que ya será normal que una reforma de las instituciones de inversión colectiva, (Fondos, para entendernos), en medio de una crisis financiera no sea noticia. Pero en este caso no lo entiendo. El caso es que se han aprobado unas normas en beneficio de los ahorradores y participes de los fondos de inversión, ¡y para una vez que el gobierno no pide sacrificios, sino que beneficia a los de la calle no se entiende este silencio!.
Sólo me quedan dos opciones para explicar la opacidad. O los periódicos le tienen una manía increíble al gobierno o realmente alguien está interesado en que esta noticia pase más o menos desapercibida.
¿Qué se ha aprobado?. Pues una de las modificaciones es en relación a los fondos inmobiliarios. Y recoge una de las demandas que de vez en cuando ha realizado el grupo Santander, (que tiene un famoso fondo inmobiliario bloqueado). Recordemos que en el caso de que un fondo inmobiliario no puede atender las peticiones de reembolso, la gestora no tiene más que comunicar que suspende los pagos y que comienza un proceso de liquidación de los activos durante dos años. A partir de ese momento, los activos pasan a ser de los participes, y la liquidación sigue, pero cada operación con los bienes se necesita la aprobación de los participes.
El caso es que en febrero de 2009, Banif, del Grupo Santander suspendió el reembolso de los fondos y comenzó la etapa de liquidación ordenada. En consecuencia en febrero de 2011, acababa el plazo para este paso y los activos pasarían al control de los participes.
Pues ahora resulta que la entidad dispone de un plazo indefinido para liquidar los bienes. En definitiva el gobierno ha hecho lo que desde las entidades, o desde el banco de España, o desde la cnmv le pedían. Y lo que se consigue es que las entidades gestoras de los bancos puedan prolongar indefinidamente los períodos de liquidación de los fondos inmobiliarios, cobrando comisiones de gestión, y por supuesto, disponiendo de los bienes a su libre albedrío.
Por otro lado, la situación se generaliza desde los fondos inmobiliarios al resto de fondos de inversión, reconociendo que en los patrimonios de los fondos de inversión pueden existir activos ilíquidos, (palabra mucho más bonita que tóxicos). En respuesta a esta situación la solución pasa por crear Instituciones de Inversión Colectiva de propósito especial, (un nombre precioso para lo que es un “fondo malo”). El funcionamiento es sencillo y realmente es que los fondos de inversión que tengan en sus carteras fondos ilíquidos, podrán constituir una de estas instituciones, y traspasar a ellas los fondos ilíquidos para proceder a su liquidación.
Por supuesto, todos estos cambios serán para la liquidación ordenada de los activos y siempre en interés de los inversores, (que seguirán siendo los dueños de los activos, aunque no puedan hacer absolutamente nada).
Por supuesto, para las entidades las ventajas están claras y les permite mucho mayor margen, ya que cuando existen activos ilíquidos, pues simplemente, los traspasan al fondo malo, y los bloquean por tiempo indefinido para hacer una liquidación ordenada sin interferencias de ningún tipo y sin problemas de tiempo.
Por otra parte supongo que de esta forma será mucho más fácil presentar rentabilidades mayores, ya que al apartar aquellos activos deteriorados, la rentabilidad de los activos que queden en los fondos cabecera, se incrementa.
Pero lo que son ventajas para unos, no dejan de ser desventajas para otros, y está claro que invertir en un fondo de inversión pasará a ser algo parecido a una lotería. La situación no deja de ser ligeramente surrealista, ya que realmente los inversores institucionales, (fondos y planes de pensiones), se están comiendo todas y cada una de las estafas, burbujas y actuaciones similares, sin que los participes tengan la mínima oportunidad de decidir, opinar o incluso conocer en donde se está invirtiendo efectivamente el dinero.
Estos inversores se comieron el marrón de Madof, se comieron los de Lehman, luego acudieron a pagar barbaridades en operaciones destinadas para ellos mismos como las que comenté aquí en la serie de Zinkia, o las que comenté en Cotizalia al respecto de la salida a bolsa de Amadeus.
Y cuando parece claro que hay que mejorar el control de las actuaciones de las gestoras y entidades financieras gestionando los fondos de gente, que ni tiene, ni debe tener conocimientos financieros o simplemente tiempo para gestionar, (para eso contrata un fondo), y hay que mejorar la transparencia, la protección al inversor e incrementar la responsabilidad a un sector que gestiona, asesora y cobra unas comisiones por prestar ese servicio, pero que cuando seleccionan incorrectamente las inversiones, (algo que ocurre con cierta frecuencia), no sólo no responde, sino que incluso tiene carta libre para hacer lo que quiera con el reparto de los despojos.
Todo el mundo entiende que unas inversiones pueden salir mal, y la totalidad del fondo o incluso una parte de él, puede acabar teniendo problemas de liquidez o de solvencia. Lo que no es normal es que llegado a este punto, las personas que cobraban por gestionar esas inversiones, no respondan en absoluto y sigan como están.
Desde luego, tiene sentido buscar formas de liquidar las inversiones de forma ordenada, pero la primera fase del proceso tiene que pasar necesariamente por sustituir al órgano de control. Si yo tengo un fondo, comercializado por una entidad, gestionado por la misma entidad y he pagado unas comisiones de gestión, (que no son más que el precio de un servicio), si este fondo tiene problemas ha de ser intervenido por alguien ajeno y que defienda los intereses de los partícipes frente a los de los gestores.
Lo normal, sería que fuese una entidad como el Banco de España o una similar, la que tendría que asumir el control de los fondos en representación de los gestores, y con cargo a las comisiones que se generarían en ese período liquidar las inversiones y resarcir en lo posible a los inversores.
En el mismo proceso, se debería realizar una auditoría de lo que ha ocurrido en ese fondo y con un espíritu eminentemente critico, perseguir todas las actuaciones que hayan supuesto actitudes que no se deben tolerar. Recordemos que las entidades han cobrado por un servicio y como todo el mundo que cobra por gestionar y(o) asesorar, ha de responder de su trabajo. Por supuesto puede ser que haya caído un meteorito o algo completamente imprevisto y la quiebra o los problemas vengan de fuera, pero lo que no tiene sentido es el numerito del Santander con su fondo inmobiliario.
Comercializan un fondo, manifiestan que tiene un carácter conservador, permiten las salidas previas de fondos, luego se provoca una estampida, bloquean el fondo, venden los dos mejores activos en unos días a empresas recién constituidas por personas vinculadas a directivos del Santander, a un coste menor de su última tasación. ¡y que se le diga a la gente que no fue espabilada por confiar en ellos!.
Tampoco es de recibo que ahora la gente bloqueada este acudiendo a los juzgados por lo penal, y mientras paguen si o si, comisiones por la gestión del fondo e intereses de los préstamos suscritos para que saliesen los anteriores partícipes y que la cnmv no diga más que amén y el gobierno socialista tome la medida de aprobar una norma que simplemente permite ampliar la posibilidad de hacer esto a todos los fondos y perpetuar el caso del inmobiliario hasta que desde la entidad tengan a bien solucionar de alguna forma el problema.
