Sin tener cerrado el culebrón montado por las autopistas en quiebra, tenemos en Galicia un caso ligeramente distinto. Se trata de las autovías del Barbanza y del Salnes, que no son de peaje, o por lo menos no son de peaje directo.
En estas autovías la xunta se compromete a pagar a las concesionarias un peaje en la sombra, de tal forma que se paga un importe por cada vehículo que circula por ellas. Repito, el gobierno paga un importe por cada coche que circula que no tiene que pagar peajes. El sistema es, en sintesis el mismo que se plantea para la gestión externa de otros servicios, (como por ejemplo en la sanidad).
Y aquí es donde tenemos la mayor perversión del sistema, porque en realidad, lo que ha ocurrido es exactamente lo mismo que en las autopistas de Madrid, (aunque en menor grado). El tráfico de la autopista ha sido menor que el estimado. Nótese que se habla de la diferencia sobre el tráfico estimado, (como en las concesiones de Madrid), lo que significa que las diferencias vienen en realidad de dos vías: bajada de tráfico por la situación y que las estimaciones son siempre completamente irreales.
Pues dado que el tráfico ha sido muy inferior al inicialmente estimado, entran en juego las “medidas de restablecimiento del equilibrio económico”. Es decir, que si el número de coches circula por debajo del tráfico estimado, se abona el importe necesario a la empresa para que no incurra en pérdidas eliminando por tanto el riesgo de dichas infraestructuras para la concesionaria, o lo que es lo mismo trasladándolo a la administración.
No hace falta ser economista entonces para determinar que en realidad no se está pagando un peaje por coche a una empresa que asume una concesión corriendo un riesgo a cambio de un beneficio. Esto tan sólo es un argumento comercial para convencernos a todos de la bondad de un sistema que no tiene ni pies ni cabeza.
En realidad estamos ante un sistema en el que se concede un importe mínimo, sensiblemente elevado debido a que las previsiones siempre son excesivas, a las empresas. O lo que es lo mismo, un sistema donde el precio por vehículo que haya usado la autovía tan sólo cuenta en el caso de que el tráfico real sea superior a una estimación que siempre es elevada para justificar la obra y la inversión.
El sistema de importe mínimo para las empresas a cobrar, es por tanto un sistema donde el coste para la administración es también el mínimo. Esto significa que el acostumbrado titular de “supondrá un coste de tanto”, es en realidad “nos costará como poco tanto”.
Y por supuesto, es la excusa perfecta para inyectarles dinero a las empresas, en base a que “la administración busca la solución menos gravosa para solucionar el problema”, frase tan típica ante las situaciones en las que se concluye: “Por tanto, la previsión a corto plazo es que entren en concurso de acreedores; está acreditado con diferentes informes; es evidente que hay un problema al que hay que buscar la solución menos gravosa para la administración”.
Y todo ello porque: “la Axencia Galega de Infraestructuras ha acreditado con diferentes informes técnicos, económicos y financieros la «inviabilidad» de las concesiones del Salnés y el Barbanza.”
Por descontado, en Galicia, como en Madrid, la solución adecuada a una empresa que tiene problemas de rentabilidad no parece ser el concurso de acreedores.
