El otro día explicaba que existe una teoría por ahí de que la subida de IVA equivalía a una devaluación fiscal, debido a que encarecía las importaciones, (porque el consumo de estas queda sujeto a IVA), mientras que abarata relativamente, (que no en términos absolutos) las exportaciones ya que estas no están sujetas a IVA. El cuadro se completaba con la bajada de las cotizaciones sociales lo que en teoría puede servir para reducir los costes de los productos y que no se incrementen los precios y tampoco se incremente el déficit.
Existe otra teoría que se basa en exactamente los mismos supuestos, pero que va un poco al revés. Se parte de la explicación de que es necesario reducir los costes de las empresas, para lo que se impondría una rebaja de las cotizaciones a la seguridad social. De esta forma los costes de las empresas se reducen, de tal forma que las empresas PUEDEN reducir sus precios, y por tanto incrementar la competitividad. Dado que existe una reducción de precios en el mercado nacional, se puede subir el IVA, que dado que no afecta a las exportaciones, lo que consigue es también un efecto similar a la devaluación. Por otra parte resulta que la subida del IVA compensaría la bajada de las cotizaciones, de forma que el déficit no se vería alterado.
Como podemos observar ambas teorías tienen ciertas diferencias, pero como es normal tienen muchos puntos en común. Sin embargo, me gustaría llamar la atención sobre el hecho, (muy revelador) de que en realidad está ocurriendo un fenómeno un poco curioso: Distintas teorías, con distintos procesos, están llevándonos a proponer exactamente las mismas soluciones. Esto puede ser porque la solución sea muy obvia, o puede ocurrir que lo que esté ocurriendo es un fenómeno que se repite con extraordinaria frecuencia. Primero se deciden las medidas, y luego nos encontramos con la justificación de esto mediante la construcción de distintos esquemas que la justifiquen. Y claramente estamos en este segundo aspecto.
El primer punto al que me gustaría referirme es que independientemente del proceso, lo que debemos tener en cuenta cada vez que valoramos una medida es la situación final en la que se supone nos encontraríamos si sale todo como pretendemos. Es decir. Si lanzamos una propuesta tendremos que tener en mente como creemos que va a quedar la situación si todo sale bien. Evidentemente no todo saldrá bien, pero por lo menos tendremos que tener en cuenta las situaciones, llamémoslas utópicas, porque si dan problemas en el mejor de los casos, simplemente han de ser desechados sin más.
Asumamos pues, que todo esto funciona bien. En la situación final estaríamos ante un escenario en el que tendríamos exactamente los mismos precios, (por lo menos según esta teoría ya que recordemos que se trata de compensar una cosa con la otra), y exactamente el mismo déficit, (o sea que en definitiva, los ingresos y gastos del estado se mantienen igual). ¿Qué ha cambiado?. Por supuesto en los mercados extranjeros no cambia absolutamente nada, ya que los precios de los bienes en estos mercados se consiguen por la interacción de la oferta y la demanda y estos no se ven afectados, (o se ven muy poco afectados por una medida tomada en España). Esta es la realidad y esto es lo que no ha cambiado. Pero si interesante es ver que en definitiva estaríamos ante la misma situación, también debemos entender la diferencia entre la situación final y la actual, y en este caso es sencillo; se trata de trasladar el coste de mantener el estado de un lado para otro. Es decir, asumiendo que se rebajan unas contribuciones a un colectivo determinado, y se incrementan a otro, lo que se está haciendo es directamente actuar sobre la progresividad o regresividad del estado.
En este caso es sencillo que los efectos son directos y muy claros. Por un lado se incrementa un impuesto regresivo al consumo, lo cual genera mayor tributación en las rentas bajas y menor en las rentas altas. A su vez se reducen la carga de las rentas empresariales, de forma que se incrementan o mantienen los beneficios empresariales. Por otra parte resulta que los ajustes por el lado del gasto, suponen que todo lo que sea percibido por los trabajadores se reduce, pero sin embargo todo lo que no sea percibido por trabajadores, (véanse beneficios empresariales) se incrementa o mantiene.
A su vez, las ventajas para el sector financiero son más que evidentes, ya que sus servicios no están gravados por el impuesto sobre el valor añadido, y porque a su vez, el efecto siguiente de la bajada de las cotizaciones es la bajada de las pensiones, (otra vez), ya que no serán otra vez sostenibles, de tal forma que se generan unas cuantas oportunidades en los fondos de pensiones, lo que a su vez les genera unos cuantos beneficios vía comisiones y sobre todo vía entrada de fondos en los mercados financieros, fondos sobre los que tienen el total control y que llegan incluso a servir de contrapartida.
O sea que en definitiva, no estamos otra vez en los postulados de la ley de Say, que según parece ha sido desacreditada hace bastante tiempo, básicamente porque se ha demostrado que no tenía el mínimo fundamento y que a pesar de haber sido defendida por los grupos de interés, (siempre muy cercanos a la oferta), resulta que llegó un momento en que no se pudo usar más. En este momento, lo que estamos haciendo es tratar entonces de proponer unas medidas que directamente serían las mismas que propondría Say, y que básicamente se basaba en defender todo tipo de ayudas para estimular la oferta.
Pero por supuesto, no va a funcionar, por unas cuantas razones…
