En Valencia hemos conocido otro plan de ajuste, que básicamente afecta a los empleados públicos, y que incluye toda una serie de pérdidas para estos y también para los administrados que vayan a usar ciertos servicios públicos, como la sanidad, (en donde se reducen las jornadas laborales, y por tanto las atenciones a pacientes, de un buen número de temporales).
Pero en la misma comunidad hemos tenido en estos días unas cuantas noticias entre las que quizás no esté destacando demasiado el hecho de que se traspase la gestión del recientemente construido aeropuerto de Castellón a Aena. Desde luego en Valencia, a cuenta de las actividades del Instituto Noos, o sucesivas tramas delictivas donde se repartían jugosos contratos públicos, o bien gastos suntuosos y ruinosos existe un amplio margen para tratar de determinar quien y como se ha llevado el dinero. En unos casos es legal, en otros no, pero en todos y cada uno de los casos es de una nula ética y desde luego son origen de una situación económica caótica.
El caso del aeropuerto de Castellón, quizás sea el más representativo de todo un expolio al que están siendo sometidas las arcas públicas, que de un tiempo a esta parte únicamente se usan para enriquecimientos privados. Y lo más representativo es que además es legal y no parece merecer la mínima crítica de toda una serie de formadores de opinión. Además quiso el destino que coincidiese en el tiempo con una noticia que nos cuenta que a finales de diciembre la generalitat valenciana no podía afrontar un pago de 125 millones a DB.
En definitiva una serie de empresas privadas, lideradas por Bankia y FCC se gastaron 120 millones en construir el aeropuerto de Castellón. Debemos tener en cuenta que estos 120 millones se fueron a algún lugar, ya que los gastos de unas son los ingresos de alguien. El caso es que el aeropuerto de Castellón no ha entrado en funcionamiento y difícilmente puede entrar en funcionamiento. En todo este esquema, parece que no hay más problema que un mal negocio para unas determinadas empresas. Han acometido unas inversiones y no van a ser rentabilizadas, lo cual no es más que el capitalismo, que nos cuenta que en esta situación pues se deben asumir pérdidas. Esto es lo que nos cuentan a todos los que hemos perdido de alguna forma en cualquier situación, pero parece que no opera con estas empresas que están fuera de todo este capitalismo new age.
Pero es que si atendemos a las noticias, resulta que la concesionaria había financiado la obra con un préstamo participativo concedido por una empresa pública a la concesionaria por importe de 44 millones. Esta empresa por supuesto ha conseguido estos 44 millones a crédito de otras entidades; pero curiosamente ahora con la ruptura del contrato de la generalitat con la concesionaria, la empresa pública pierde estos 44 millones. En resumen, la empresa concesionaria, no tiene que devolver los 44 millones que alguien cobró, y el erario público tiene que pagar estos 44 millones.
Es imposible entender un sistema económico sin entender que los riesgos y los beneficios han de ir de la mano. Se puede discutir sobre la conveniencia de que cualquier actividad sea desarrollada mediante la iniciativa privada o bien mediante los fondos públicos, pero en todo caso, lo que debe estar claro es que si estamos hablando de iniciativa privada, tanto la financiación como los riesgos, van de la mano de los beneficios. Y es un disparate económico sin precedentes que tengamos un sistema en el que la financiación de las actividades corra a cargo de los presupuestos públicos, que a su vez se llevan los beneficios, mientras que las pérdidas se las queda el estado y todo ello para prestar un servicio público en régimen de monopolio u oligopolio.
En este sentido es difícil entender que las entidades financieras que financiaban el resto de la inversión de la sociedad concesionaria exigían a la generalitat que cubriese las pérdidas de esta empresa privada durante 8 años, y más difícil aún entender cómo es posible que la administración pública aceptase tal disparate. Está claro que en este juego todo el mundo gana, y nadie puede perder, pero sólo entendiendo esta frase desde el olvido total y absoluto de lo que han de ser las empresas y proyectos públicos.
En definitiva, al final, todo el mundo reconoce que la cancelación y abandono de este proyecto generará una indemnización para estas empresas, lo cual nos deja una sensación ya demasiado habitual; Estamos ante todo un esquema denominado colaboración público-privada en el que se acaban consiguiendo una cantidad ingente de beneficios privados, sin que exista el riesgo inherente a tal situación. Sin el riesgo y sin ninguna puerta en despachos, (y lo que no son despachos) a estos negocios, la realidad nos dicta que siempre se generarán este tipo de negocios que no son rentables desde ningún punto de vista.
Hoy la situación de la generalitat de Valencia, (y de tantas y tantas comunidades y del país), es dramática y en Valencia en concreto se ha concretado otro plan de ajuste en el que se han bajado los sueldos, se han reducido jornadas laborales a los empleados públicos, se han subido impuestos y en general todo el mundo es más pobre, básicamente porque por alguna razón tenemos que pagar el pelotazo y tenemos que pagar además cuando el pelotazo sale mal.
