Una de las consignas, chistes o explicaciones más acertadas de la situación de este país la he visto en una pancarta que resume la situación de este país:
“¿Cuáles son las tres salidas de un universitario en España?; ¡Por aire, por mar y por tierra!”.
Pues a esta frase le podemos cambiar el universitario por unos cuantos colectivos más y resume perfectamente la situación de un país en el que estar informado y de buen humor a la vez empieza a ser una tarea complicada. El problema viene después tratar de adivinar “a donde nos vamos”. Y la respuesta está clara.
Yo particularmente estoy mirando cual es el mejor camino para llegar al mundo de los “juristas” españoles. Lo malo es que no acabo de encontrar el camino para llegar a este mundo tan particular, y empiezo a pensar que en realidad es algo parecido a lo de la religión. Este otro mundo en el que viven, puede no ser físico y ser algo mental o etéreo. En definitiva sería un mundo al que llegaríamos con mucho alcohol, drogas y una lobotomía.
Todo esto viene porque cuando crees que ya no te puede sorprender ningún análisis o conclusiones, la realidad viene y te supera. ¡y que nadie se crea que la superación es con foto finish; son superaciones en toda regla y por todo lo alto!.
La noticia es que “los juristas alertan de los riesgos de la excesiva protección a los consumidores”. Y esta frase la sueltan en España, y en el contexto de las relaciones con las entidades financieras, (¡ole, sus partes nobles!). Vamos a ver si nos aclaramos que estamos en un entorno en el que las entidades financieras están haciendo lo que les da la gana, que no tienen porque acatar los informes negativos de una entidad que les hace cuatrocientos mil favores como es el banco de España y en el que tenemos a cientos de miles, (por lo menos), atrapadas en una burbuja, o en cuatrocientos mil productos en el que se han esquilmado a los ciudadanos, (ya sea en los que han dejado ahorros, como en los que han pedido prestado).
Estamos en un país donde tenemos reclamaciones colectivas y denuncias colectivas por SWAPS, suelos ridículos y por la colocación de productos “que son como imposiciones a plazo”, (según las entidades), y que han sido autenticas ruinas como los valores Santander, cedulas hipotecarias de la Caixa, deudas y obligaciones subordinadas de varias entidades, fondos conservadores de Banif, por no hablar de bonos Islandeses, derivados que finalmente resultaban ser deuda de Lehman…. (y seguro que me olvido de alguno). Y todos estos casos, por referirnos a los que afectan a miles de personas, que si luego bajamos al terreno y nos ponemos a mirar seguros colocados a cada persona a precios y en condiciones desastrosas, comisiones que no se podrían cobrar, planes de pensiones ruinosos que sirven de contrapartida para las operaciones de las entidades y demás pequeñas cosas, la realidad es que hablar de protección al consumidor en este sector y país es ya un gran recochineo.
Que en este país el consejero delegado del Santander está condenado (sin cumplir la condena y a la espera de indulto y con un acuerdo en el que se soluciona el tema con una multa de 3.000 euros; este post estaba hecho antes del cambio que se ha producido el jueves), por meter en la cárcel injustamente a unas personas, y donde se reconoce que las entidades financieras mienten en sus balances. Y al final donde tenemos el compromiso firme de protegerlas con todo. ¡en este país se habla precisamente del problema de protección de los consumidores!.
Ya sólo con las conclusiones de esta jornada, a uno se le quitan las ganas de seguir en este país. Pero si entramos en materia, la conclusión es sustancialmente peor. Lo primero es que en lugar de juristas, lo que nos encontramos es toda una colección de vende humos de parte, que tienen de todo menos jurista. De hecho, lo único parecido a un jurista, es un juez de la audiencia provincial de Barcelona, que lo que dice es que en la reforma de la ley concursal lo que debe hacer es blindarla para que el juez no pueda decir nada, (que para esto ya los bancos dicen lo que hay que hacer y ¿Qué pintan los jueces opinando?).
El resto de las declaraciones recogidas son de Campa, (el secretario de estado de economía que no sabía de macroeconomía), que nos suelta lo de siempre. Si hacemos cualquier cosa contra los bancos tendremos la reactivación del crédito, (clásico comodín para todo como he explicado y que en definitiva es siempre mentira), y dice que para solucionar los problemas de los consumidores hay que acabar la reestructuración financiera, (darles armas y presupuesto para que las entidades cojan lo que quieran, pasar el 20% de paro a otros sectores y la consolidación fiscal).
Luego Jesús Quijano, ponente en la Comisión de Justicia del Congreso, afirmó que "el endeudamiento de la persona física, merece un tratamiento especializado, sobre todo, a efectos de declaración de concurso y liquidación". Claro que después de reconocer esto nos cuenta que se decidió pasar del tema ya "que introducir esta materia en el contexto de la reforma produciría una alteración del proceso concursal que tendría efectos no deseados, especialmente, en materia de seguridad jurídica". Que vamos, resulta que tenemos un problema y como siempre, lo que interesa a los bancos es que no les toquen una normativa en la que pueden hacer con toda seguridad lo que les da la gana, a pesar de que como ya he comentado también tienen el rostro más duro que el cemento armado para defender según les convenga tanto la seguridad jurídica como la desregulación.
Y por supuesto no podía faltar la consejera del Banco de España que llega a la conclusión de que "es imprescindible dotar a la refinanciación bancaria de un marco normativo que ofrezca mayor seguridad jurídica para incentivar a las entidades". Esta consejera, que por cierto está para regular a las entidades financieras, va a tener que explicar en su opinión que es lo que se puede hacer para dar mayor incentivos a las entidades financieras. Quizás la pista la tengamos en que define todo los procedimientos como formalistas, y supongo que en definitiva para tener un sistema de reclamaciones en el que poco pueden hacer las personas, lo quitamos y prohibimos a la sociedad reclamar contra las entidades financieras, bajo la premisa de que los bancos saben y que si alguien resulta ser engañado es porque se lo merecía.
Pero la mayor estafa es que todas estas personas no son representantes de la banca, sino que son representantes públicos de los ciudadanos, (incluidos los que se suponen que deben regular a la banca), y que por cierto se supone que antes de ponerse a decir cuatrocientas mil tonterías para vender motos con tal de ofrecernos patéticas excusas para justificar salvajadas invendibles deberían echarle un vistazo a un par de artículos de la constitución;
El 39 dice algo así como que: “Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia”, (y creo que se refiere a las familias españolas y no a la familia “botín”), y el 51 que nos dice: “ Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos”.
¿Qué se puede opinar de estas personas a la luz de los hechos?. Respecto a sus obligaciones, me quedan dos opciones; o simplemente no tienen la más remota idea de lo que se supone que deben hacer y a quien deben representar o no les importa lo más mínimo. O problema de inteligencia o problema de engaño, (y no son excluyentes).
Y respecto a su visión de la situación de las relaciones entre banca y el resto de agentes económicos en España, o son rematadamente tontos, o son rematadamente infames. En todo caso, difícil es superar una situación que se explica perfectamente desde el momento en que son estas personas las que toman las decisiones.
