En el día de ayer la Comisión Nacional de la Energía (CNE) dio a conocer los informes relativos al Real Decreto por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos y también al Real Decreto por el que se establece la regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo. En Julio la CNE ya publicó el preceptivo informe sobre el Anteproyecto de Ley del Sector Eléctrico.
La CNE era el órgano regulador de los sistemas energéticos españoles. Se creó por Ley en 1998 al albur de las nuevas Leyes del Sector Eléctrico y de la de los Hidrocarburos para velar por la competencia efectiva en los sistemas energéticos y por la objetividad y transparencia de su funcionamiento, en beneficio de todos los sujetos que operan en dichos sistemas y de los consumidores. Por favor, insisto en lo de en beneficio de todos los sujetos y, sobre todo, los consumidores, porque esto último no se cumple desde hace bastante tiempo.
La CNE era un organismo público con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como plena capacidad de obrar. En la ejecución de las funciones que tenía encomendadas era totalmente independiente, aunque funcionalmente dependía por lo general del ministerio competente en la materia. La CNE era pues un garante en la defensa de los principios legales que regulaban el sistema energético español, ya fuera electricidad, hidrocarburos, renovables o cualquier otra fuente o vector energético, al igual que reguladores similares operaban en sus respectivos ámbitos, por ejemplo la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
Hablo en tiempo pasado porque la CNE formalmente ya no existe, aunque su Web sigue operativa. Este gobierno ha suprimido tanto este órgano como los equivalente en Defensa de la Competencia, Telecomunicaciones y otros varios y, justificándose en un ahorro de costes más que discutible, pues la existencia de estos reguladores no supone un coste apreciable al consumidor (en el caso concreto de la CNE estamos hablando de aproximadamente de sólo el 0,35% del coste de la factura eléctrica, impuestos excluídos. ¿Pagaría usted 17 céntimos más en su factura de 50 euros mensuales, impuestos excluídos, para mantener un órgano que velara porque se garantizaran los derechos de los consumidores de electricidad, gasolina, gasoil, gas natural, etc? Yo, dado lo estratégico que es mi gasto en energía, lo pagaría sin dudarlo) ha refundido todas las competencias de los reguladores en un único superente denominado Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
No es difícil comprender que en el actual sistema oligopólico donde unos pocos grandes grupos energéticos hacen y deshacen a su antojo, (ver el artículo que demuestra que Iberdrola fue parte fundamental en la Reforma Energética) la CNE era una china en el zapato. Aunque gran parte de sus informes eran consultivos y por tanto no vinculantes, nunca es cómodo que un ente regulador público e independiente te diga que tienes que mejorar esto o aquello o que vas en dirección contraria de por donde deberías. Es más, la CNE como garante del cumplimiento de la Ley es guardiana de los acuerdos suscritos en el ámbito internacional por España. Esto significa, entre otras cosas, que la CNE se encarga de recordarle continuamente al legislador que debe cumplir las Directivas Europeas en materia energética, las cuales impelen entre otras cosas a un mayor desarrollo de las renovables y a una mayor importancia del ahorro energético y el autoconsumo, justo lo contrario de lo que se está haciendo en este país desde hace unos años. Y, sobre todo, el papel de la CNE es conformar, informar y aconsejar en la fase de elaboración de normativa, ANTES de publicar la Ley y no criticar al legislador una vez se publica la disposición legislativa. En otras palabras, la CNE debería colaborar con el legislador con carácter precio a la elaboración del texto normativo y no después de publicar la Ley. Ya veremos que en este caso no es precisamente así.
Sin embargo la CNE, haciendo su trabajo, sigue informando sobre las disposiciones legislativas en materia energética. A continuación les haré un resumen de los tres últimos informes de la CNE donde quedan en evidencia una serie de características que conforman la actual Reforma Energética:
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Un desprecio total a las Directivas Europeas, (obligatorias para todos los Estados Miembro tras su transposición al ordenamiento jurídico español)
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El ninguneo al ahorro y las fuentes de energía renovable
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El elevado grado de perfección alcanzado en el arte de la chapuza
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Una fobia al autoconsumo difícil de justificar
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Unas inexplicables prisas
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Decir claramente quienes son los beneficiaros finales de todo esto
Un desprecio total a las Directivas Europeas
La CNE se queja de que ni siquiera en la exposición de motivos de la Nueva Ley del Sector Eléctrico se hace referencia a las normativas europeas en relación al mercado interior de la electricidad ni se tratan aspectos de la sostenibilidad ambiental, ni al denominado “Paquete Verde” europeo, con los objetivos del año 2020, (el famoso triple objetivo europeo 2020) ni a la Directiva de Ahorro y Eficiencia Energética.
A lo largo de los tres informes se refiere varias veces a la ausencia total del espíritu de estas Directivas en los textos.
El ninguneo a las Renovables
El Gobierno propone que el actual sistema de retribución a las renovables vía primas se sustituya por otro nuevo basado en una "rentabilidad razonable (violando de esta forma toda seguridad jurídica recogida en un Real Decreto anterior y que está inundando los juzgados españoles y Cortes Internacionales de Arbitraje de demandas, demandas que si prosperan vamos a pagar los españolitos de a pie.) Pues bien, la CNE aprecia "grandes incertidumbres" en el nuevo esquema de retribución a las energías renovables aplicable a las 60.000 instalaciones ya existentes. Uno de sus principales problemas, a juicio de la CNE, es que presenta grandes incertidumbres para su aplicación ya que ésta depende de unos parámetros que todavía no han sido definidos. No se preocupen, Iberdrola pronto les dará la "mejor" receta, al igual que dictó la Reforma hace año y medio...
El elevado grado de perfección alcanzado en el arte de la Chapuza
Además critica abiertamente que las renovables puedan seguir primándose en las islas (recordemos que el ministro de industria es canario, por si acaso) mientras que en las regiones peninsulares no se puede disfrutar de este sistema. Por tanto se trata de un trato diferenciado o como mínimo discriminatorio y la CNE en su opinión, cree que el fomento de las renovables debería seguir siendo homogéneo en toda España, ya que estas instalaciones "son tan ventajosas en la península como fuera de ella, dado que con ellas se reduce la dependencia energética y las emisiones de CO2 globales", al tiempo que se cumplen los objetivos comunitarios.
Y advierte además de que, tal y como está concebida la propuesta, el término de retribución a la inversión puede ser negativo, lo que "podría considerarse incompatible con el diseño de un régimen retributivo específico que persigue fomentar este tipo de producción". Por eso solicita que quede "expresamente excluida" de esta norma.
También se destaca que el nuevo sistema de retribución a las renovables no tiene parecido con ninguno de los aplicados en la UE ni con los de "otros países de cuyos sistemas de apoyo se tiene conocimiento a través de asociaciones internacionales de organismos reguladores". La inventiva española, como ven, no conoce límites... a la hora de salvaguardar los intereses del oligopolio.
Por supuesto, "la memoria que acompaña a la propuesta es muy escueta y no aporta justificación para gran parte de los cambios introducidos".
Una fobia al autoconsumo difícil de justificar
La CNE considera que "supondría un trato discriminatorio respecto a otros consumidores" obligar a los clientes con sistemas de autoconsumo a pagar por la energía ahorrada, algo que no sucede con otros mecanismos de eficiencia, como la mejora del aislamiento de la vivienda o el uso de lámparas de bajo consumo. Estos consumidores "no pagarían este peaje por la energía que pudieran ahorrar".
También critica que tengan que pagar por los desvíos que supuestamente causan al sistema -dada la electricidad que dejan de consumir-, ya que la producción y la demanda tiene lugar en el mismo punto y, por lo tanto, no supone un coste. A esto añade que la propuesta obvia "beneficios sociales" como los ahorros por pérdidas de energía en la red, que no necesita ser transportada, o su contribución a reducir la dependencia energética.
En cuanto al importe del peaje de respaldo inventado por Iberdrola, advierte de que hace "inaplicable" cualquier instalación de autoconsumo. "En la propuesta se incorporan de manera transitoria valores numéricos para el 'peaje de respaldo' muy elevados que harían económicamente inviables las modalidades de suministro y producción con autoconsumo".
La propuesta, indica, "adolece de una disfunción grave" al incluir el peaje e "imposibilita el desarrollo del autoconsumo en la práctica", con lo que no se alcanzarán los objetivos de la producción de electricidad para uso propio.
Recordemos además que el autoconsumo es impulsado de forma especial en las Directivas Europeas en materia energética, por lo que se está yendo en dirección contraria a lo acordado con Europa: "En la normativa europea se promociona a la generación distribuida y el autoconsumo cuanto menos por todas estas razones"
Otro de los aspectos de la propuesta de real decreto que critica el regulador es que en el 'peaje de resultado' no se deducen "los beneficios sociales que están asociados a la producción distribuida y al autoconsumo", entre ellos el ahorro por las pérdidas de energía en la red, que "incrementa la eficiencia del sistema en su conjunto".
Además, la propuesta de real decreto "sacrifica la eficiencia económica a medio y largo plazo en aras de la sostenibilidad económica a corto plazo", ya que tiene como objeto recuperar "costes en gran parte hundidos que preceden en el tiempo al autoconsumo y no son achacables a él".
Es decir, que niega que el autoconsumo tenga que financiar los pagos por capacidad (con los que se fomenta la instalación de nuevas plantas), ya que, por una parte, estas instalaciones son en sí mismas nueva potencia instalada y, por otra, el resto de centrales no gestionables (con las renovables) no pagan peajes por este concepto.
Además, el regulador discrepa de las fuertes multas que el Gobierno contempla para la falta de inscripción de instalaciones en el nuevo registro de autoconsumo y pide que, en vez de muy graves, se consideren "a lo sumo" graves. La no inscripción "difícilmente puede poner en riesgo la garantía de suministro o generar peligro manifiesto a las personas, bienes o medio ambiente", indica el organismo.
Unas inexplicables prisas
Como punto común a los tres informes sobre los tres respectivos textos legislativos analizados, la CNE critica la urgencia con el que se le ha planteado la propuesta, (y a posteriori, claro) lo que no garantiza la participación efectiva de los distintos agentes involucrados.
Esta circunstancia es aún más perjudicial en el caso de las renovables "cuando se solicita informe sobre una nueva metodología de retribución que afecta tanto a instalaciones nuevas como a existentes sin conocer el valor de los parámetros que dotarán de sentido económico dicha metodología".
Decir claramente quienes son los beneficiaros finales de todo esto
La CNE considera que con el objeto de "lograr una mayor separación efectiva de actividades en el Sector Eléctrico, se considera necesario incorporar unas directrices generales que permitan garantizar la independencia de las sociedades que contratan servicios a otras sociedades del mismo grupo. Todo ello para asegurar que los servicios prestados por la sociedad holding u otras sociedades del grupo ala empresa regulada notienen por objeto una mera redistribuciónde los costes de la estructura del grupo “aguas abajo”, sino que se trata de servicios necesarios para la sociedad regulada y que le reportan valor. Ejem...
Asimismo, propone una directriz general para evitar (...) favorecer objetivos del grupo de sociedades en su conjunto. Ejem, ejem...
La CNE insiste en "reforzar las exigencias de llevar una contabilidad separada por actividades, aportar información sobre las operaciones con otras empresas del grupo y partes vinculadas y establecer la prohibición de prestar garantías y avalar préstamos a las sociedades que realizan actividades reguladas, con respecto a otras sociedades del grupo que r ealizan actividades liberalizadas o no eléctricas. Vamos, lo que es avanzar en lo que es una separación efectiva de negocio que ya se legislaba tan pronto como en 1997 y aún no se produce. Esto es la madre del cordero y origen de que en España vayamos a contracorriente de Europa: Hipertrola Generación S.A.U. no debería tener nada que ver con Hipertrola Distribución S.A. o Hipertrola Comercializadora S.A.U. Sin embargo hoy día sus intereses están tan mezclados que las empresas del oligopolio hasta consolidan cuentas para cotizar conjuntamente en bolsa. ¿O ven ustedes acaso varias empresas distintas en el Ibex a cuenta de Hipertrola?
Para que recordemos que detrás de tosos estos informes hay caras con nombres y apellidos, ¿recuerdan ustedes a Jorge Fabra Utray? Se hizo famoso con su intervención en el Salvados titulado "Oligopoly". Pues bien, es este tipo de personas íntegras que creen en el libre mercado y no en los mercados simplemente desregulados las que están detrás de estos informes. Jorge Fabra fue durante seis años consejero de la CNE, hasta 2011. Desde entonces dedica su experiencia en la CNE y también los nueve años que estuvo com presidente en REE de denunciar al oligopolio energético que domina de forma eficaz al gobierno español desde su tribuna en Economistas frente a la crisis.
