Antes de colgar la segunda parte del largo artículo sobre el decrecimiento,la economía real de las familias y la sostenibilidad de la economía, como parece lo correcto, voy a meterme con el canon por la actualidad de la campaña lanzada por el Grupo Verde en el Parlamento europeo titulada I wouldn't steal (Yo no robaría) y que está teniendo mucha repercusión en internet. Y es que me había quedado con ganas de hablar de la campaña Todos contra el canon, pero me pilló en una época de mucho trabajo y después me fui de vacaciones una semana y ya se me pasó el momento.
La industria del arte pretende con su publicidad y campañas de lobby asimilar a quien se descarga música o películas de la red con atracadores, incluso con vídeos muy explícitos,vídeo que tiene su réplica en el colgado en la página que ya enlacé de la campaña I would't steal.
No me voy a extender sobre la diferencia entre un atraco y la descarga, no merece la pena, la comparación tiene tan poco sentido que no merece mayor comentario. El problema es que el Gobierno y la mayoría parlamentaria española no tienen tan clara esa diferencia, como se demuestra en este vídeo, porque la pena por los delitos contra la propiedad intelectual (arts. 270 y siguientes del Código Penal) son más graves que otras muchas acciones sobre las que hay absoluto consenso -fuera de la SGAE- en que tienen un indudable contenido criminal.
Afortunadamente, muchos jueces tienen más sentido común de lo que la SGAE seguramente espera de ellos y han dictado Sentencias, por ejemplo en Asturias, declarando que la actividad de quienes venden CDs y DVDs copiados en la calle no es delictiva, que es una acción que sólo tiene transcendencia civil. Por cierto, cuando el Juzgado solicita a las entidades gestoras de los derechos de propiedad intelectual que valoren el perjuicio que sufren por cada copia de CD o DVD, ADIVAN (que representa a los distribuidores e importadores de películas) informa que se eleva a 22 euros por DVD. Es decir, pretende que el perjuicio de los distribuidores es prácticamente el precio de venta al público de cada DVD.
A primera vista, la pretensión de ADIVAN parece un escándalo: pretende lucrarse a costa de un inmigrante africano, intentando cobrar por cada copia el precio final en el comercio, lo que es mucho más de la parte que le corresponde en ese precio final. La SGAE se lleva toda la fama, pero las demás entidades del sector no le van a la zaga.
![Piquirrojos]()
Eso nos lleva a plantearnos: ¿cuál es la remuneración que percibe cada artista por CD o DVD vendido? Según se informa en el sitio de Todos contra el canon, citando fuentes de la propia SGAE, su remuneración es el 6%.
Conociendo esa cifra, es fácil concluir que todo el sistema es perverso: las multinacionales explotan a los artistas y el Gobierno, en lugar de apoyar a éstos frente a aquéllas, impone una tasa a todo comprador de productos informáticos y de nuevas tecnologías, tasa que gestiona una entidad privada que representa a los artistas sin ninguna transparencia ni control público.
Esto es una absoluta indecencia. No tiene sentido que yo tenga que pagar canon por mi ordenador con reproductor/grabador de DVD y por los CDs que utilizo, que necesito por motivos profesionales para ver las grabaciones de juicios, para consultar mi base de datos de legislación y jurisprudencia, para almacenar mis escritos... Yo nunca me he bajado una película o canción de internet, sólo grabo mis escritos y fotografías, ¿por qué tengo que pagar canon?
Frente a la inoperancia del partido en el Gobierno, hay que volver a aquello de la imaginación al poder (o, simplemente, la inteligencia al poder); en lugar de la solución más simple, cargar al consumidor con una nueva tasa, vayamos al fondo del asunto y tratemos de resolver la cuestión con un mínimo de sensatez. Si los artistas no están bien remunerados, que seguro que no lo están, apruébense medidas de apoyo para forzar a las multinacionales de la distribución a que les retribuyan con equidad. Y persíganse las actividades ilegales, la verdadera piratería, la actividad de quienes copian miles y miles de Cds o DVDs para después venderlos aprovechándose de la situación de los inmigrantes sin papeles. Pero no castiguen ni a estos inmigrantes, que también son víctimas del sistema, ni a todos los usuarios de productos de nuevas tecnologías. Y, por otro lado, láncese una política de potenciación de las actividades culturales y artísticas, conviértase el país en un hervidero de creatividad y arte, en lugar de la política de pan y circo imperante. Déjense de tanta programación basura incluso en la televisión pública y dedíquenla a programas culturales.
Por otro lado, la imposición de un gravamen tan injusto lleva a reacciones que en última instancia perjudican a todos: induce a eludir el pago del canon comprando los productos gravados en el mercado negro. Así, la SGAE no cobra nada; los consumidores pagan menos por su compra, pero son productos sin ninguna garantía; y autores, SGAE y Gobierno quedan desprestigiados.
Y la industria debería tener en cuenta que la mayoría de la gente prefiere comprar un producto que se vende con todas las garantías que otro copiado de cualquier manera, pero siempre que se le venda a un precio justo. ¿Por qué se multiplicó el precio de la música por tres cuando aparecieron los CDs, cuando el coste de producción y distribución de éstos era muy inferior al de los antiguos vinilos?
Un último comentario, al hilo de lo dicho respecto a los inmigrantes. Si la persecución de la piratería se centra en el eslabón final, el más débil, el del pequeño vendedor en la calle, el inmigrante sin papeles, estamos propiciando actitudes con tintes racistas que llegan a indignar a la ciudadanía, además de que esa persecución podría ser incluso delictiva.
Podría ser delictiva: si los jueces dicen que no es delito vender CDs en la calle (en Asturias, al menos, que me conste), no se les puede detener. No se puede detener a nadie por una actividad que no es delictiva, que sólo tiene transcendencia civil, como antes indiqué. Pero se les sigue deteniendo y tramitando todo el procedimiento hasta que el Juez de lo Penal les absuelve. Si ya hay repetidas absoluciones por no ser delito esa actividad y se les sigue deteniendo, creo que se está cometiendo un delito de detención ilegal.
En cuanto a las actuaciones manifiestamente excesivas, algunos policías (y señalo que "algunos" son muy pocos, que constituyen una excepción dentro de la generalidad de los cuerpos de seguridad) aprovechan esas detenciones para dar cauce a sus opiniones racistas o xenófobas. En Oviedo se dio el caso hace unas semanas de que un gran número de personas abuchearon la detención violenta de un inmigrante acusado de vender CDs y DVDs. Es conocida la actitud de un policía concreto que la tiene tomada con los africanos y profiere insultos racistas al detenerles. ¿Quién es el delincuente?
La industria del arte pretende con su publicidad y campañas de lobby asimilar a quien se descarga música o películas de la red con atracadores, incluso con vídeos muy explícitos,vídeo que tiene su réplica en el colgado en la página que ya enlacé de la campaña I would't steal.
No me voy a extender sobre la diferencia entre un atraco y la descarga, no merece la pena, la comparación tiene tan poco sentido que no merece mayor comentario. El problema es que el Gobierno y la mayoría parlamentaria española no tienen tan clara esa diferencia, como se demuestra en este vídeo, porque la pena por los delitos contra la propiedad intelectual (arts. 270 y siguientes del Código Penal) son más graves que otras muchas acciones sobre las que hay absoluto consenso -fuera de la SGAE- en que tienen un indudable contenido criminal.
Afortunadamente, muchos jueces tienen más sentido común de lo que la SGAE seguramente espera de ellos y han dictado Sentencias, por ejemplo en Asturias, declarando que la actividad de quienes venden CDs y DVDs copiados en la calle no es delictiva, que es una acción que sólo tiene transcendencia civil. Por cierto, cuando el Juzgado solicita a las entidades gestoras de los derechos de propiedad intelectual que valoren el perjuicio que sufren por cada copia de CD o DVD, ADIVAN (que representa a los distribuidores e importadores de películas) informa que se eleva a 22 euros por DVD. Es decir, pretende que el perjuicio de los distribuidores es prácticamente el precio de venta al público de cada DVD.
A primera vista, la pretensión de ADIVAN parece un escándalo: pretende lucrarse a costa de un inmigrante africano, intentando cobrar por cada copia el precio final en el comercio, lo que es mucho más de la parte que le corresponde en ese precio final. La SGAE se lleva toda la fama, pero las demás entidades del sector no le van a la zaga.
Eso nos lleva a plantearnos: ¿cuál es la remuneración que percibe cada artista por CD o DVD vendido? Según se informa en el sitio de Todos contra el canon, citando fuentes de la propia SGAE, su remuneración es el 6%.Conociendo esa cifra, es fácil concluir que todo el sistema es perverso: las multinacionales explotan a los artistas y el Gobierno, en lugar de apoyar a éstos frente a aquéllas, impone una tasa a todo comprador de productos informáticos y de nuevas tecnologías, tasa que gestiona una entidad privada que representa a los artistas sin ninguna transparencia ni control público.
Esto es una absoluta indecencia. No tiene sentido que yo tenga que pagar canon por mi ordenador con reproductor/grabador de DVD y por los CDs que utilizo, que necesito por motivos profesionales para ver las grabaciones de juicios, para consultar mi base de datos de legislación y jurisprudencia, para almacenar mis escritos... Yo nunca me he bajado una película o canción de internet, sólo grabo mis escritos y fotografías, ¿por qué tengo que pagar canon?
Frente a la inoperancia del partido en el Gobierno, hay que volver a aquello de la imaginación al poder (o, simplemente, la inteligencia al poder); en lugar de la solución más simple, cargar al consumidor con una nueva tasa, vayamos al fondo del asunto y tratemos de resolver la cuestión con un mínimo de sensatez. Si los artistas no están bien remunerados, que seguro que no lo están, apruébense medidas de apoyo para forzar a las multinacionales de la distribución a que les retribuyan con equidad. Y persíganse las actividades ilegales, la verdadera piratería, la actividad de quienes copian miles y miles de Cds o DVDs para después venderlos aprovechándose de la situación de los inmigrantes sin papeles. Pero no castiguen ni a estos inmigrantes, que también son víctimas del sistema, ni a todos los usuarios de productos de nuevas tecnologías. Y, por otro lado, láncese una política de potenciación de las actividades culturales y artísticas, conviértase el país en un hervidero de creatividad y arte, en lugar de la política de pan y circo imperante. Déjense de tanta programación basura incluso en la televisión pública y dedíquenla a programas culturales.
Por otro lado, la imposición de un gravamen tan injusto lleva a reacciones que en última instancia perjudican a todos: induce a eludir el pago del canon comprando los productos gravados en el mercado negro. Así, la SGAE no cobra nada; los consumidores pagan menos por su compra, pero son productos sin ninguna garantía; y autores, SGAE y Gobierno quedan desprestigiados.
Y la industria debería tener en cuenta que la mayoría de la gente prefiere comprar un producto que se vende con todas las garantías que otro copiado de cualquier manera, pero siempre que se le venda a un precio justo. ¿Por qué se multiplicó el precio de la música por tres cuando aparecieron los CDs, cuando el coste de producción y distribución de éstos era muy inferior al de los antiguos vinilos?
Un último comentario, al hilo de lo dicho respecto a los inmigrantes. Si la persecución de la piratería se centra en el eslabón final, el más débil, el del pequeño vendedor en la calle, el inmigrante sin papeles, estamos propiciando actitudes con tintes racistas que llegan a indignar a la ciudadanía, además de que esa persecución podría ser incluso delictiva.
Podría ser delictiva: si los jueces dicen que no es delito vender CDs en la calle (en Asturias, al menos, que me conste), no se les puede detener. No se puede detener a nadie por una actividad que no es delictiva, que sólo tiene transcendencia civil, como antes indiqué. Pero se les sigue deteniendo y tramitando todo el procedimiento hasta que el Juez de lo Penal les absuelve. Si ya hay repetidas absoluciones por no ser delito esa actividad y se les sigue deteniendo, creo que se está cometiendo un delito de detención ilegal.
En cuanto a las actuaciones manifiestamente excesivas, algunos policías (y señalo que "algunos" son muy pocos, que constituyen una excepción dentro de la generalidad de los cuerpos de seguridad) aprovechan esas detenciones para dar cauce a sus opiniones racistas o xenófobas. En Oviedo se dio el caso hace unas semanas de que un gran número de personas abuchearon la detención violenta de un inmigrante acusado de vender CDs y DVDs. Es conocida la actitud de un policía concreto que la tiene tomada con los africanos y profiere insultos racistas al detenerles. ¿Quién es el delincuente?
