El negocio de la morosidad

La crisis económica que casi todos sufrimos, derivada de la burbuja financiera, urbanística y consumista y relacionada con la ecológica, ha llegado al extremo de que se ha hablado de una "refundación del capitalismo", de que es necesario "un nuevo modelo de economía" o que hay que reintroducir la ética en el mundo de la economía. Lo cierto es que nadie ha dado ningún paso en cualquiera de esos sentidos. Por el contrario, se está apoyando con el dinero de todos a las mismas empresas que originaron la catástrofe.

Catástrofe que está llevando a muchas personas a perder sus empleos, a perder sus fuentes de ingresos y a muy serias complicaciones económicas y personales. A verdaderas crisis vitales. Los niveles de morosidad bancarios que publican diversas entidades multiplican varias veces los de hace un par de años. Y los multiplicarían varias veces más si no fuera por diversos artificios contables y por toda una serie de prácticas para esconder la morosidad bancaria debajo de la alfombra, o retrasar su salida a la luz del sol.

Una de las fórmulas para disimular la morosidad real aparece desvelada por el breve artículo de la redacción de la revista que edita el Colegio Notarial de Madrid, El Notario del Siglo XXI, en su edición de diciembre de 2008, que puede leerse en este enlace.

La verdad es que esto no es ninguna novedad, es una práctica que existe desde antiguo y que da lugar a enormes abusos sobre las familias que por diversas circunstancias, no siempre por su culpa, no pudieron afrontar los créditos solicitados. Ya me he referido a estos negocios, con diferentes enfoques, al menos en este artículo referente a las empresas de recobro de morosos y en este otro, relativo a diversos abusos de que son víctimas los prestatarios en apuros. Pero sí llama la atención la desfachatez, la desvergüenza, la impudicia con que ahora se ofrece participar en esas prácticas a potenciales inversores sin que previamente hubiese ningún contacto al respecto; obsérvese que la carta no está personalizada, sino dirigida a un círculo de personas no identificadas.

Hay negocio para todos: el Banco, Caja o financiera que ceden los créditos ganan por dos vías: si se ofrece una rentabilidad del 14% a los inversores, aún ganan un porcentaje importante puesto que seguramente tienen establecidos intereses de demora mucho más elevados, diez o quince puntos más, en las condiciones generales de los préstamos fallidos; los intermediarios cobran considerables comisiones; los inversores, hasta un 14% de interés sobre la cantidad por la que adquieran el crédito impagado; y los abogados que participan en la operación, vinculados al intermediario o a la entidad financiera, las costas a cargo del prestatario, por cuantía elevada con toda seguridad. Negocio lucrativo a costa de quien ha sufrido la desgracia de perder su empleo, de sufrir un accidente o enfermedad imprevista o cualquier otra desgracia; incluso de quien ha caído en la insolvencia por su excesiva alegría consumista.


Sin embargo, este negocio se puede cortar acudiendo a remedios legales. Ya he explicado anteriormente que numerosas Audiencias provinciales consideran los intereses moratorios que excedan dos veces y media el interés legal del dinero son abusivos; otras Audiencias admiten una rebaja de esos intereses moratorios considerando que constituyen una cláusula penal, que el Código Civil obliga a moderar cuando ha habido un cumplimiento parcial de la obligación. Lo malo es que no aplican esa rebaja espontáneamente sino sólo cuando el deudor moroso se lo solicita oponiéndose a la demanda de la financiera (o del "inversor" a quien ésta le cedió el crédito). Y esa oposición tiene un coste para el deudor, que bastante ahogado está ya, salvo que tenga derecho a solicitar y obtener la justicia gratuita (ingresos inferiores al doble del salario mínimo). Ya he explicado anteriormente que los jueces deberían aplicar de oficio esa rebaja, pero es muy raro que se haga; incluso muchos rechazan la petición de rebaja cuando la reclamación se hace por juicio ejecutivo, remitiendo al interesado a un juicio ordinario, incrementando así aún más sus gastos y ahogándole más.

Es urgente una reforma legislativa que prohíba los intereses moratorios abusivos que permiten estas prácticas vergonzantes y la aprobación de una vez de una Ley de sobreendeudamiento familiar (sobre la que, por cierto, en la misma Revista notarial se publican este artículo y éste otro).

Mientras tanto, hay que fomentar la conciencia de que es posible resistirse a los abusos de los bancos y demás entidades financieras; que no hay por qué someterse, sino que hay que luchar y defenderse de sus tropelías; y que en los tribunales se les puede vencer.