La banca española tendrá más dificultades a partir de ahora para emitir preferentes. Estas participaciones, colocadas en avalancha el año pasado a través las redes de oficinas, deberán cumplir más exigencias para que computen como recursos propios básicos. El más importante es que bancos y cajas decidirán a voluntad si abonan o no la remuneración.
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Las colocaciones masivas de participaciones preferentes pueden haber pasado a la historia. El Gobierno aprobará en los próximosmeses una ley que dificultará su venta. Esta palanca, utilizada para obtener recursos propios básicos sin necesidad de ampliar capital, les saldrá más cara a las entidades financieras a partir de enero. Ahora, el pago de los interés de las preferentes está condicionado a la obtención de beneficios, aunque incluso con pérdidas se han llegado a abonar si así lo autoriza el Banco de España. El supervisor consintió, por ejemplo, a Cajasur pagar el cupón el pasado 30 de marzo, pese a las pérdidas de 596,2millones de euros que registró el pasado ejercicio.
La gran novedad es que ahora el pago no sólo estará vinculado a conseguir resultados positivos, sino que la entidad financiera deberá tener absoluta potestad para decidir si abona o no la remuneración. Así, para que puedan computarse como recursos propios (Tier 1), el emisor "podrá cancelar, cuando sea necesario, el pago de la remuneración durante un periodo ilimitado, sin efecto acumulativo". Esta condición, que en la práctica concede plena discrecionalidad a la entidad sobre el pago del cupón, no aparece en la antigua norma sobre recursos propios de 25 de mayo de 1985. Fuentes bancarias se han mostrado en contra de este endurecimiento, pues disminuye la seguridad del cobro de la remuneración y dificulta, por tanto, la colocación del producto. "Las participaciones tendrán que ofrecer más interés y se parecerán más a las acciones, en las que el reparto del dividendo es completamente voluntario", señala un directivo de una entidad financiera.
La decisión de endurecer los requisitos para captar capital a través de las participaciones preferentes no es española. El anteproyecto supone la transposición de la directiva comunitaria sobre fondos propios del 16 de septiembre de 2009, consecuencia de las discusiones sobre esta cuestión en el G-20 y el Comité de Basilea.
El objetivo es que este tipo de instrumentos, conocidos como híbridos, compartan unas características homogéneas: "Que tengan el mismo rango que las acciones ordinarias en caso de liquidación y absorban plenamente las pérdidas en situaciones normales", señala la directiva, que entra en vigor a finales de año. El problema es que las preferentes ya emitidas por la banca española no cumplen con la nueva exigencia. El pago del cupón no es discrecional, sino obligatorio en caso de que la entidad haya ganado dinero en su último ejercicio fiscal.
La avalancha de preferentes colocadas entre pequeños inversores el año pasado, por unos 11.660 millones de euros, no cumple con esta exigencia. Las nuevas emisiones, para que cuenten en el Tier 1, deberán satisfacerla, pero las que están en circulación seguirán computándose sin problemas, según el anteproyecto de ley.
Eso sí, la norma deberá ser desarrollada por el Banco de España y la CNMV. Fuentes del sector explican que es posible que los supervisores establezcan un periodo de adaptación para ir renovando las emitidas por nuevas que cumplan con el requisito. "El plazo será crucial, ante la actual coyuntura, en la que crecen las exigencias de solvencia, y es difícil captar capital", añaden en un banco español. El anteproyecto incluye otras dos novedades. La primera es que el cupón podrá ser sustituido por "la entrega de acciones ordinarias, cuotas participativas o aportaciones al capital". Y la segunda es que obliga a establecer "un mecanismo que asegure la participación de sus tenedores en la absorción de las pérdidas corrientes o futuras".
Con todas estas modificaciones, las preferentes españolas cumplirán con casi todos los requisitos de la nueva regulación internacional sobre recursos propios, denominada Basilea III.
Más control del riesgo
1. La reforma de la ley de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros debe estar aprobada, teóricamente, antes de que concluya el año. Además de endurecer los requisitos de las preferentes para que dichos instrumentos sirvan de forma efectiva para la absorción de pérdidas, abre la puerta a más controles.
2. El objetivo de la directiva comunitaria es que las entidades financieras asuman menos riesgo al invertir en activos procedentes de titulización. Y es que las titulizaciones de hipotecas subprime, o basura, distribuidas entre la mayor parte de las entidades financieras estadounidenses, tuvieron un papel crucial en el estallido de la crisis crediticia. La norma europea señala que "es importante que los intereses del originador [el que posee el activo no líquido e inicia el proceso de titulización] coincidan con los intereses de los inversores". Para lograrlo, el originador "deberá mantener un interés significativo en los activos subyacentes". En principio, el anteproyecto español abre la puerta a esta regulación, pero la deja para posteriores desarrollos.
3.Se refuerza la dimensión europea de los dos supervisores financieros: el Banco de España y la CNMV. Se introduce la obligación de los supervisores de tener en cuenta los efectos de sus decisiones en la estabilidad financiera de otros estados miembros. También se concreta el procedimiento de coordinación entre el Banco de España con otros supervisores europeos y se regula el procedimiento de toma de decisiones conjuntas, entre otras medidas.
El Gobierno ya tiene anteproyecto de ley para las participaciones preferentes de las Cajas de Ahorros
http://www.icnr.es/articulo.php?n=100728055555
El Gobierno ultima la modificación de las participaciones preferentes de las Cajas de Ahorros. El Consejo de Ministros ya ha escuchado un informe de la ministra de Economía al respecto. La modificación se realiza con una nueva Ley que actualiza la de Coeficientes de Inversión, Recursos Propios y Obligaciones de Información de los Intermediarios Financieros. Este nuevo texto impondrá limitaciones a la emisión de participaciones preferentes de las cajas de ahorros y a otros instrumentos de deuda emitidos por entidades cotizadas que no sean de crédito o por una sociedad residente en España o en un territorio de la Unión Europea, que no tenga la consideración de paraíso fiscal, y cuyos derechos de voto correspondan en su totalidad, directa o indirectamente, a entidades cotizadas que no sean de crédito.
Se regula que, a través de un desarrollo reglamentario, se podrán imponer limitaciones a las condiciones en las que una entidad de crédito podrá exponerse al riesgo de una posición de titulización, o mantener dichas exposiciones, así como las condiciones que deberán aplicar las entidades de crédito originadoras o patrocinadoras a las exposiciones que vayan a titulizar.
También, que las preferentes deberán ser emitidas por una entidad de crédito española o por una sociedad anónima residente en España o en un territorio de la Unión Europea, que no tenga la condición de paraíso fiscal, y cuyos derechos de voto correspondan en su totalidad directa o indirectamente a una entidad de crédito española y cuya actividad u objeto exclusivos sea la emisión de participaciones preferentes. Hasta el momento estos derechos solo podían pertenecer a la entidad dominante del grupo o subgrupo consolidable.
Las condiciones de la emisión fijarán la remuneración que tendrán derecho a percibir los tenedores de las participaciones preferentes, si bien la entidad de crédito emisora o matriz, pero la entidad podrá cancelar, cuando sea necesario, el pago de la remuneración durante un período ilimitado, sin efecto acumulativo.
En todo caso, deberá cancelar dicho pago si la entidad de crédito emisora o matriz, o su grupo o subgrupo consolidable, no cumplen con los requerimientos de recursos propios y el pago de esta remuneración estará condicionado a la existencia de beneficios o reservas distribuibles en la entidad de crédito emisora o dominante.
El Banco de España podrá exigir la cancelación del pago de la remuneración basándose en la situación financiera y de solvencia de la entidad de crédito emisora o matriz, o en la de su grupo o subgrupo consolidable.
La cancelación del pago de la remuneración acordada por el emisor o exigida por el Banco de España no se considerarán obligaciones a los efectos de determinar el estado de insolvencia del deudor o de sobreseimiento en el pago de sus obligaciones, de acuerdo con lo previsto en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
No obstante, el pago de la remuneración podrá ser sustituido, si así lo establecen las condiciones de la emisión, y con las limitaciones que se establezcan reglamentariamente, por la entrega de acciones ordinarias, cuotas participativas o aportaciones al capital de las cooperativas de crédito, de la entidad de crédito emisora o matriz.
Tal y como ya ocurría, las participaciones preferentes podrán, no otorgar a sus titulares derechos políticos, salvo en los supuestos excepcionales que se establezcan en las respectivas condiciones de emisión y no otorgar derechos de suscripción preferente respecto de futuras nuevas emisiones.
El Anteproyecto también modifica el artículo 10 bis.2 para que se incluya en las funciones d supervisión del Banco de España sobre las estrategias y procedimientos para evaluar y mantener de forma permanente los importes, los tipos y la distribución del capital interno que consideren adecuados para cubrir la naturaleza y el nivel de los riesgos a los cuales estén o puedan estar expuestos. Dichas estrategias y procedimientos serán periódicamente objeto de examen interno a fin de garantizar que sigan siendo exhaustivos y proporcionales a la índole, escala y complejidad de las actividades de la entidad de crédito interesada.
Se incrementa el control sobre la conocida como ‘Información con relevancia prudencial’, información concreta sobre aquellos datos de su situación financiera y actividad en los que el mercado y otras partes interesadas puedan tener interés con el fin de evaluar los riesgos a los que se enfrentan, su estrategia de mercado, su control de riesgos, su organización interna y su situación al objeto de dar cumplimiento a las exigencias mínimas de recursos propios previstas en esta Ley.
Y también existirá un seguimiento más férreo sobre las entidades financieras que no alcancen los niveles mínimos de recursos propios establecidos los adicionales que sean exigidos por el Banco de España, situación a la que deberán destinar a la formación de reservas los porcentajes de sus beneficios o excedentes líquidos que reglamentariamente se establezcan, sometiendo a tal efecto su distribución a la previa autorización.
Se incluyen bajo el control del Banco de España, asimismo, las disposiciones relativas a criterios técnicos concernientes a la organización y el tratamiento de los riesgos, en colaboración con las autoridades competentes implicadas de la Unión Europea.
