Carrusel
Muchas entidades financieras -no todas, ya que algunas se mantuvieron alejadas de esta práctica- decidieron montar un auténtico carrusel. A saber. Convencían a un cliente habitual para colocar su dinero en estos productos, con el “engaño” de que en realidad se trataba de un plazo fijo, a un tipo de interés atractivo y a cambio cobraban una jugosa comisión. Para mantener la bicicleta en pie falsearon el mercado. Así cuando un propietario de preferentes quería deshacerse de ellas, buscaban otro 'primo' al que colocarle los 'papelines' con la misma cantinela de: “siempre que quieras disponer del dinero, podrás hacerlo”.
El Gobierno acaba de anunciar que, al menos en el caso de Bankia, va a propiciar un arbitraje para analizar si los inversores que colocaron su dinero en este producto tenían la formación y la información suficiente para conocer sus características y su alcance. Sinceramente, creo que ni los empleados de banca que realizaron la colocación en las oficinas sabían exactamente lo que se traían entre manos. Simplemente seguían al pie de la letra las órdenes que les llegaban de 'arriba': “Tu vende todo lo que puedas”. Me temo que la inmensa mayoría de las personas que confiaron en ellos respondían al perfil de un ahorrador convencional, que sabe lo que es una cuenta corriente, un depósito a plazo, una tarjeta de crédito y poco más. Alguien debería reforzar la formación financiera e incluso fiscal en el bachillerato.
El arbitraje propuesto suena a ganas de entretener y ganar tiempo, que es un deporte de moda que a la espera de una mejora en la coyuntura económica que facilite la resolución de problemas que hoy no parecen tener salida. Ni siquiera es de obligado cumplimiento.
El Banco de España y la CNMV de la 'era Zapatero' miraron para otro lado mientras muchas entidades financieras comercializaban de forma poco ortodoxa estas inversiones. Se desconoce la razón. No creo que hubiese mala fe, sino tan solo exceso de confianza en la 'calidad' profesional de nuestros banqueros. El actual Banco de España y la CNMV de la 'era Rajoy' miran de frente, observan el panorama pero solo un rato. Luego se tapan los ojos. Aquí las razones están más claras. Su temor es que el asunto acabe arrastrando a la Administración, que puede ser declarada responsable del daño por no haber ejercido la protección necesaria de los inversores, lo que supondría cargar contra los presupuestos públicos las indemnizaciones correspondientes. Y el PP conserva en su memoria histórica que en el gabinete de Aznar tuvo que anotar el pago de las indemnizaciones por el caso de la colza, que dejó un reguero de muertos enfermos con un Gobierno de UCD
