JUSTICIA
La UE advirtió a Rumanía contra una "amnistía" que beneficiaba al Gobierno: "Es un paso atrás en el Estado de Derecho"
Actualizado Sábado, 9 septiembre 2023 - 02:33
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La Comisión Europea se pronunció contra las reformas que daban impunidad a los políticos
Mural del artista urbano TVBoy , en la plaza de las Glòries de Barcelona.EUROPA PRESS
En enero de 2019 Rumanía estaba, como ahora España, al frente de la Presidencia de la Unión Europea y el debate político en el país se centraba, como también ahora en España, en la tramitación de una ley que pretendía amnistiar a dirigentes políticos.
El 11 de enero, en una esperada visita a Bucarest, el entonces presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ofreció una rueda de prensa en la que expresó su rotundo rechazo de la UE al proceso que estaba en marcha. «De otorgarse la amnistía, como prevén algunos en este país, sería un paso atrás en el Estado de Derecho», afirmó.
«Sí, Europa se construye sobre la base del compromiso, pero no puede haber concesiones en lo que se refiere a lo esencial. [...] Lo que es esencial se vería afectado negativamente si hubiera una amnistía», añadió a una pregunta que buscaba aclarar si se reafirmaba en declaraciones previas de la UE cuestionando el camino emprendido por el país.
Anteriormente, el entonces vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans, había sido meridiano: «Si la Comisión debe ser brutal en su evaluación [sobre el estado de Derecho], lo será. Y si debemos utilizar otros instrumentos a nuestra disposición, lo haremos», dijo, en amenazando con sumar a Rumanía a la lista de países investigados por no respetar el estado de Derecho.
Los políticos beneficiados de la reforma que se estaba tramitando eran muchos, pero principalmente uno: el líder del Partido Social Demócrata (PSD) Liviu Dragnea. Con su partido entonces en el Gobierno, el considerado hombre fuerte del país no estaba él mismo al frente del Ejecutivo por una condena previa que le había inhabilitado para ello.
Además de la oposición de la UE, gran parte de la sociedad rumana se oponía a las nuevas leyes y se había echado ya a la calle dos años antes contra los primeros pasos para exonerar a políticos condenados por corrupción. Finalmente, en mayo de 2019, coincidiendo simbólicamente con las elecciones al Parlamento Europeo, se celebró un referéndum con una participación récord que respaldó abrumadoramente (80%) una reforma constitucional que bloqueaba las reformas bajo cuestión.
Al día siguiente de la votación, el
Tribunal Supremo rechazaba un recurso de Dragnea y confirmaba la condena de tres años y medio de prisión que por corrupción. En concreto, por abuso de poder y falsedad relacionadas con contrataciones ficticias cuando era presidente de un organismo regional. El dirigente político entraba en prisión horas después de la decisión del Supremo.
El freno a las reformas facilitó que el año pasado la Unión Europea pusiera fin a 15 años de vigilancia especial sobre la situación del Estado de Derecho en Rumanía.
En el caso de España, las autoridades europeas no se han pronunciado sobre la eventual aprobación de una ley de amnistía. Sí mostró su preocupación hace meses cuando, con la misma intención política con la que ahora se abre la puerta a la amnistía, se eliminó la sedición y se suavizó el delito de malversación, los dos que se impusieron en las condenas del procés.
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En una visita a España en febrero, la jefa de la delegación de la comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, Monika Hohlmeier, pidió que la reforma no excepcionara a nadie de las condenas por corrupción. «No puede haber excepción alguna para ningún supuesto que cometa corrupción. [...] hemos pedido que se nos garantice que el Código Penal contra el fraude y la corrupción no tenga ningún trato preferente con nadie», dijo.
En el
procés el delito principal de sedición iba acompañado en algunos casos de malversación, un tipo penal que se incluye en la lista de delitos de corrupción. En la euroorden contra el ex
president Carles Puigdemont, el Tribunal Supremo marcó la casilla de «corrupción» en el formulario de delitos por los que se reclama. El motivo era la malversación de fondos públicos en el referéndum ilegal. De hecho, las autoridades alemanas llegaron a aceptar la entrega a España del ex president por la malversación. El Supremo no aceptó ese cumplimiento a medias de la euroorden y prefirió insistir en la entrega también por sedición. Hoy este delito ya no existe, mientras que el otro, la malversación, pende de las negociaciones para la investidura
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