Crecen las grietas en el Gobierno de Puigdemont ante la inviabilidad del 1-O
Algunas voces del Govern sugieren en privado que ha llegado la hora de echar el freno.
Jorge Sáinz
@Sainz_Jorge
La
tensión acumulada en estas casi tres semanas de desafío separatista ha empezado a quebrar la unidad de las fuerzas independentistas. Varias voces del Govern sugieren en privado que es mejor
echar el freno ante, por un lado, la
imposibilidad de votar con garantías y, por otro, la montaña de delitos que amenazan a centenares de cargos públicos en Cataluña. A esto se suma la negación que los Mossos han dado a amparar el 1-0, acatando la dependencia de Interior. Hay un problema. El presidente
Carles Puigdemont está decidido a cumplir la
hoja de ruta hasta el final: el referéndum del 1-O y la posterior
declaración de independencia.
El último descosido en la unidad separatista lo ha protagonizado Josep Lluís Trapero, el máximo responsable de los Mossos. Poco después de que la Generalitat anunciara que su policía no acataría la tutela de Interior, el mayor del cuerpo catalán comunicó a sus agentes lo contrario mediante una nota interna.
El conseller de Interior, Joaquim Forn, fue beligerante, habló de "no aceptar injerencias". Puigdemont, en Twitter, se mostraba ambiguo y llamaba a la "serenidad". Luego llegó Trapero con su desmarque y dejó al Govern sin una de sus fuerzas clave de cara al 1-O. Tres posturas en sólo una mañana de sábado. Las grietas.
La soledad de Puigdemont
La soledad de Puigdemont también quedó en evidencia en la
escenografía de su declaración institucional del pasado jueves por la noche. El presidente de la Generalitat hizo una extraña comparecencia en la que apareció solo, sin banderas detrás (como suele ser habitual), sin atril y
leyendo un papel.
El contenido del mensaje tampoco era demasiado importante. El día anterior, mientras la Guardia Civil realizaba la
redada contra los organizadores del referéndum, Puigdemont había hecho una declaración acompañado de
todos sus consejeros.
Lista interminable de causas
La
operación del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona ha sido un
punto de inflexión en el seno del Govern, según varias fuentes consultadas. La detención de
Josep María Jové, mano derecha y amigo personal de
Oriol Junqueras, y otra decena de altos cargos de la Generalitat ha dejado a las autoridades sin logística, ni sindicatura ni estructura para votar el 1 de octubre. La lista de causas abiertas es interminable. Y hay
centenares de alcaldes inmersos en procesos que, como poco, pueden
acabar con su inhabilitación.
"Ellos pensaban que esto iba a ser como el 9-N y que les dejarían votar, pero se han dado cuenta de que
el Estado no va a permitirlo", dice un diputado autonómico catalán. "La cuestión ahora es hasta dónde están dispuestos a llegar".
Las
grietas son todavía sutiles pero empiezan a ser evidentes. El Govern está dividido entre los que, de una parte, quieren echar el último órdago con una movilización masiva el 1-O y que sea lo que Dios quiera. Y los que, de otra, piden que se rebaje el mensaje. Es decir, que se siga culpando al "opresor Estado español" de no votar, pero que se empiece a trasladar a la ciudadanía que
el referéndum es una quimera.
Lo que ocurre, explican, es que la Generalitat no va reducir ahora de 200 a 0. La
desaceleración será progresiva. Y hay algunas pruebas. El hecho de que el Govern
cese a Jové para protegerle de la multa demuestra, dicen estas fuentes, que el separatismo admite que hay una legislación española que seguirá vigente más allá del 1 de octubre.
PDeCAT y las garantías
Luego están las declaraciones. La coordinadora del PDeCAT,
Marta Pascal, dijo este viernes que no puede haber una declaración de independencia si no hay referéndum con garantías. El aviso a Puigdemont es evidente. Las garantías son inviables. No solo porque
no hay logística ni estructurasino porque no nadie lo reconoce a nivel internacional. El propio Junqueras aseguró también que la operación policial "altera" el 1 de octubre.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante un acto de partido en Palma, dio este sábado por desactivado el referéndum y apeló a la Generalitat a detener la locomotora:
"Saben que el Estado ya impidió el referéndum. Lo más sensato, lo más razonable y lo más democrático es parar; digan que no hay el referéndum que saben que no va a haber".
"En manos de quienes han puesto en marcha esta dinámica está que se vuelva a la normalidad, a la tranquilidad, a la ley y a la política de verdad", apeló Rajoy.
Pero mientras algunos miembros del Govern comienzan a dudar, Puigdemont no parece ceder al desaliento. No hay una sola actitud o palabra pública o privada que
denote flaqueza. En Cataluña dan por hecho que no reculará. El problema, dicen, es si decide declarar la independencia. "Sólo le apoyará
la CUP", aseguran. "Pero
Junts pel Sí se romperá".
El Gobierno está decidido a usar todo el peso de la ley y cuenta con el
apoyo del PSOE y Ciudadanos. La Generalitat está de facto
intervenida por la ley de Estabilidad, hay recursos al TC, miles de agentes de Policía y Guardia Civil en Cataluña, imputaciones y ahora se ha abierto la ventana a
procesos por sedición contra los promotores de las protestas. Sin embargo, algunos ministros han empezado a lanzar algún salvavidas al Govern. Se puede hablar de
financiación o reforma constitucional.
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