Mercedes Armas: Una barcelonesa «sin prejuicios» ideológicos
La jueza que investiga a Puigdemont y a sus consejeros por el 1-O destaca por ser «muy rigurosa» y por su gran capacidad de trabajo.
Hace sólo siete meses, la magistrada Mercedes Armas Galve se incorporaba al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en comisión de servicios para reforzar durante seis meses la Sala Civil y Penal. Con veinticinco años de carrera judicial a sus espaldas en juzgados y tribunales de Cataluña, no era una desconocida extramuros de la judicatura, pues sólo unos meses atrás se había enfrentado, en la Audiencia Provincial de Barcelona, al juicio más mediático de su desempeño profesional. Sentado en el banquillo, ni más ni menos que Leo Messi, acusado de defraudar a Hacienda 4,1 millones de euros entre 2007 y 2009. Armas formaba parte –junto a los magistrados Jesús Navarro y Mercedes Otero– del tribunal que juzgó y condenó a la estrella del Fútbol Club Barcelona a 21 meses de prisión por delito fiscal, una sentencia de la que fue, además, ponente (encargada de redactarla) y que posteriormente ratificó el Tribunal Supremo.
Pero esa fugaz ración de protagonismo palidece ante las repercusiones políticas de la causa que instruye desde el pasado día 12 contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemot, y sus consejeros por desobediencia y prevaricación a cuenta de su papel en la organización del referéndum ilegal del próximo domingo.
Barcelonesa de 53 años, Armas no hace honor a su apellido. Tiene fama de dialogante. «Sabe escuchar sin prejuicios», dicen de ella quienes la conocen. Comenzó su carrera a principios de los años 90 en el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Arenys de Mar (Barcelona) y, sin salir de Cataluña, ejerció a partir de 1997 en los de Granollers y desde 2000 en el Juzgado de Instrucción número 7 de la ciudad condal. En 2008 llegó a la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Barcelona, donde permaneció casi una década, hasta que en febrero de este año se incorporó al TSJ de Cataluña en comisión de servicios, prorrogada otros seis meses el pasado julio.
Ya en el tribunal superior catalán, y tras la jubilación del magistrado Enric Anglada y la excedencia solicitada por el instructor de la causa contra Artur Mas por el 9-N, Juan Manuel Abril, los caprichos de turno de reparto hicieron que recayera en ella, en junio pasado, la instrucción de la causa abierta por desobediencia, prevaricación y malversación (la «triada» penal soberanista) contra la consejera catalana de Gobernación, Meritxell Borràs, y el secretario general de este departamento, Francesc Esteve, por licitar la adquisición de urnas.
«Es muy discreta»
Tras las condenas a Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega, el procedimiento no estaba llamado a acaparar un excesivo interés mediático, pero todo cambió con la querella presentada por la Fiscalía y su Govern por el 1-O. El TSJC decidió acumular esa denuncia a la causa que ya instruía Armas contra Borràs y Esteve. A partir de ese momento, la magistrada pasaba a estar en el epicentro del foco mediático.
Al margen de su desempeño provisional en el TSJ de Cataluña y la condena a Messi, poco ha trascendido desde entonces en relación a esta magistrada que hace de la discreción una de sus pautas de conducta. La propensión a etiquetar apresuradamente a los jueces en conservadores o progresistas (cualquier mea culpa al respecto resulta estéril) hace inevitable escarbar en sus posicionamientos ideológicos. Pero Armas no pertenece a ninguna asociación judicial, lo que dificulta adscribirle a corrientes políticas. «Es muy discreta al respecto –aseguran las fuentes consultadas–. No se le conoce un posicionamiento ideológico».
Pinchado en hueso el intento de escrutar su ideología, mejor circunscribir el perfil a su faceta profesional. Sus autos, en realidad, hablan por sí solos y confirman que, como dice alguien que la ha tratado, es «muy rigurosa, trabajadora, y tiene una personalidad jurídica muy formada, con una línea muy clara».
Desde el primer momento de la instrucción dejó claro que no se casa con nadie al negarse a la petición de la Fiscalía de imponer una fianza a Puigdemont como medida cautelar ante el posible desvío de fondos públicos. Otro detalle tampoco pasa desapercibido al respecto: formó parte de la Sala que acordó admitir la querella contra Forcadell y otros cuatro miembros de la Mesa del Parlament por desobediencia y prevaricación, pero no por malversación, como reclamaba el Ministerio Público.
En el trato personal, «es una mujer resuelta y muy educada» que «se ha ganado el respeto de sus compañeros». En la Audiencia Provincial «le quieren mucho» y en los meses que lleva en el TSJC, cuentan, «ha encajado fenomenal y es una más».
