España
Neus Munté, Jordi Jané y Meritxell Ruiz.
El presidente catalán sucumbe a la presión y deja en la reserva a Munté, Jané y Ruiz.
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker
|Fuente
:EFE
Juncker advierte: " Una Cataluña independiente quedaría fuera de la Unión"
El presidente de la CE dice que "desde el día de su independencia, los tratados europeos ya no serían de aplicación en su territorio"
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha advertido de que si Cataluña se independizase su acción tendría consecuencias y quedaría fuera de la Unión.En una respuesta por escrito a la eurodiputada Beatriz Becerra, el presidente de la Comisión Europa reitera la postura mantenida por Bruselas. “Respecto a ciertos escenarios, como el de la separación de una parte de un Estado miembro o la creación de un nuevo Estado, este no sería neutro en lo que respecta a los tratados europeos”, afirma Juncker en su respuesta a una pregunta de la eurodiputada Beatriz Becerra, que adelanta El Confidencial
Los tratados europeos dejarían de aplicarse
La eurodiputada liberal, exmiembro de UPyD, Beatriz Becerra había pedido a Juncker una “declaración expresa, solemne y que no admita interpretaciones” sobre cuál sería el futuro de Cataluña tras una hipotética independencia. "Puigdemont debería reconocer públicamente que independizarse de España es salir de Europa inmediatamente”, ha afirmado Becerra.
Juncker rechazó reunirse con Puigdemont
En mayo pasado, Jean-Claude Juncker, rechazó reunirse con el presidente catalán, Carles Puigdemont, durante su visita a Bruselas, según confirmó la portavoz del presidente comunitario, Mina Andreeva. El presidente catalán negó que hubiera solicitado ese encuentro.
La CUP pide ahora purgar a los alcaldes del PDECat
Los anticapitalistas exigen a Puigdemont que «ponga orden» en los ayuntamientos, empezando por el de San Cugat
Tras el gobierno, los ayuntamientos. La CUP quiere ahora una purga en los consistorios cuyos alcaldes del PDECat no estén comprometidos con la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre.
La portavoz del secretariado de la CUP, Núria Gibert, ha celebrado hoy que se haya «apartado a los consejeros autonomistas» del gobierno autonómico y ha exigido a Carles Puigdemont que también «ponga orden» entre los alcaldes del PDECat.
Gibert ha valorado en rueda de prensa desde el Parlamento de Cataluña que «el tiempo ha dado la razón» a la CUP, que había sido acusada de «poner palos en las ruedas» del proceso independentista, y ha reivindicado que los antisistema siempre han señalado que el gobierno autonómico «no estaba comprometido al 100%» con la unilateralidad que supone la consulta del 1-O.
«El falaz relato ha caído. Ni todo estaba preparado ni había un gobierno para la ruptura», ha añadido Gibert, quien ha declarado que ya «no hay excusas» para celebrar el referéndum y que «todos deben tenerlo muy claro», recoge Efe.
Para tener toda la maquinaria de la desobediencia a punto, la portavoz de la CUP ha reiterado al presidente autonómico que «hay que poner orden en los ayuntamientos y en las estructuras territoriales» y que «se aparten las personas no comprometidas».
Según Gibert, deben «dar un paso al lado» aquellos alcaldes que «hablan de callejones sin salida y que expresan dudas», como la presidenta de la diputación de Barcelona y alcaldesa de San Cugat del Vallés (Barcelona), Mercè Consesa (PDECat), que recientemente también mostró dudas respecto al 1-O, en la misma línea que el exconsejero Jordi Baiget.
«Cuando un responsable político promete unas cosas pero luego diseña planes B, no tiene cabida», ha recalcado Gibert, quien ha indicado: «¿Alguien creía que el Estado español se quedaría de brazos cruzados?».
Finalmente, Gibert no ha valorado a los nuevos consejeros pero sí ha lanzado una nueva advertencia: la nueva encargada de Enseñanza tiene que abrir «los colegios» el 1 de octubre y el nuevo consejero de Interior tiene que evitar que «los Mossos intervengan» durante el referéndum ilegal.
Los 10 caminos inciertos que puede seguir el Estado para parar a Puigdemont
“Todas las amenazas del Estado no frenarán la voluntad de poner las urnas el día 1 de octubre”, asegura insistentemente Carles Puigdemont, para quien la pregunta no es cómo va a articular el Gobierno catalán el referéndum de octubre sino “cómo va a parar el Estado” a “millones de personas” dispuestas a votar. La respuesta puede tenerla en apenas 72 horas, en cuanto el Governacuerde la compra de las urnas, lo que ha anunciado para el próximo martes. Si esa o cualquier otra medida se materializan, el Estado tiene varias vías para hacer frente al desafío secesionista.
Ha sido hasta ahora la fuerza de choque ante los pasos hacia la independencia dados desde la aprobación por el Parlamento de Cataluña de la declaración soberanista del 9 de noviembre de 2015, anulada por inconstitucional en la sentencia más rápida de la historia del TC, dictada el 2 de diciembre de 2015.
Desde entonces, y con resoluciones emitidas siempre por unanimidad, el TC ha estimado cada uno de los incidentes en los que el Gobierno, por medio de la Abogacía del Estado, ha denunciado que el Parlament está ignorando los pronunciamientos del tribunal en el sentido de que la Constitución no admite una secesión impuesta unilateralmente por una comunidad autónoma.
Decisiones del Tribunal Constitucional han sido el origen de los procesos penales que en estos momentos pesan sobre la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y varios miembros de la mesa, procesos que tramita el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Ello se debe a que el TC ha utilizado una de las medidas previstas en la ley que regula su funcionamiento para garantizar que sus resoluciones sean respetadas: comunicar los hechos al fiscal para que exija responsabilidad penal por desobediencia.
Pero esa ley, reformada por el PP en 2015 para rearmar al Tribunal Constitucional, incluye otras medidas que, “en circunstancias de especial trascendencia constitucional”, pueden ser adoptadas incluso sin ningún trámite previo de audiencia a las partes. Entre ellas está la suspensión en sus funciones de las “autoridades o empleados públicos” responsables del incumplimiento.
Hasta ahora en el TC no se han planteado ir más allá de las deducciones de testimonio. Una medida como la suspensión de cargos públicos elegidos democráticamente rompería la unidad del tribunal al ser considerada por varios magistrados una línea roja que en este momento no están dispuestos a traspasar.
En el seno del TC, además, existe una convicción generalizada de que el Gobierno de Rajoy está descargando en el tribunal el peso de la responsabilidad de reaccionar frente al proceso independentista, lo que genera malestar e incomodidad. Pero, en caso necesario, el ordenamiento jurídico permitiría al Constitucional adoptar medidas más contundentes que las tomadas hasta ahora.
Artur Mas, Irene Rigau, Joana Ortega y Francesc Homs fueron condenados hace cuatro meses por la consulta ilegal del 9N, lo que les ha costado la inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público. Homs ha tenido que abandonar su acta en el Congreso de los Diputados por ese motivo y en poco tiempo otros políticos nacionalistas podrían encontrarse en la misma situación.
El proceso abierto contra Forcadell y los miembros de la mesa del Parlamento catalán Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet y Juan Josep Nuet por permitir la tramitación de propuestas soberanistas pese a las órdenes contrarias del TC está a punto de concluir en su fase de instrucción en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Todos esos procesos penales se han iniciado por querellas de la Fiscalía. La última de ellas incluye no sólo los delitos de prevaricación y desobediencia sino también la malversación de fondos públicos, que conlleva penas de prisión. Se dirige contra la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, y contra el exsecretario general de esa Consejería, Francesc Esteve, como responsables de la convocatoria de un concurso para la compra de urnas.
El Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona lleva a cabo desde el pasado febrero unas diligencias, que ha declarado secretas, sobre los preparativos para el referéndum del 1-O. El proceso se ha iniciado por denuncias del abogado Miguel Durán y del partido Vox y afecta, por primera vez, a mandos intermedios del Govern y a funcionarios.
Fuentes relacionadas con este proceso aseguran que la Guardia Civil, que actúa como policía judicial, está llevando a cabo una investigación minuciosa. En ella se enmarca el requerimiento al Teatro Nacional de Cataluña para que entregue al Juzgado la información relacionada con el acto de presentación del borrador de la ley del referéndum el pasado 4 de julio.
Desde 2016, la Fiscalía de la Audiencia Nacional tiene abiertas unas diligencias de investigación relacionadas con la creación de las llamadas “estructuras de Estado”. Entre los delitos investigados se incluye la sedición, castigado con fuertes penas de prisión. En el seno de estas pesquisas, el pasado abril la Fiscalía requirió información a varias empresas que dan soporte al Cesicat (Centro de Seguridad de la Información, un organismo de la Generalitat que es considerado el CNI catalán) y a la Agencia Tributaria de Cataluña.
No ha sido utilizada hasta ahora pero podría emplearse contra las decisiones del Gobierno de Puigdemont sometidas a Derecho administrativo, por ejemplo todas aquellas relacionadas con la contratación de bienes y servicios para el referéndum. Aunque la tramitación de estos procesos es larga, los tribunales de lo contencioso-administrativo tienen facultades para suspender cautelarmente los actos impugnados, lo que frenaría su desarrollo.
El órgano encargado de fiscalizar las cuentas y la gestión económica del sector público puede jugar un papel esencial dentro de los mecanismos de reacción del Estado ante el proceso independentista. Desde el pasado mayo, el Tribunal de Cuentas tiene sobre la mesa una denuncia de Sociedad Civil Catalana en la que se pide la iniciación de un expediente de responsabilidad contable contra Mas, Homs, Ortega, Rigau y todas aquellas autoridades y funcionarios que fueron responsables de la utilización de más de cinco millones de euros en la consulta ilegal del 9N.
Este tipo de expedientes compromete el patrimonio personal de todos aquellos a los que el Tribunal de Cuentas halle responsables de un menoscabo de fondos públicos, bien sea intencionado, culposo o negligente. A este riesgo se refería Jordi Baiget en la entrevista que le costó que Puigdemont le cortara la cabeza el pasado 3 de julio. El exconsejero de Empresas, que dudó de que se pueda celebrar el referéndum porque “el Estado tiene una fuerza muy grande”, dijo que “yo podría aguantar tener que ir a prisión, pero no si van contra el patrimonio”.
La Constitución española permite a través de este precepto la adopción por el Gobierno de las “medidas necesarias” en el caso de que una comunidad autónoma “no cumpla las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actúe de forma que atente gravemente al interés general de España”.
Para la ejecución de esas medidas, que la Constitución no especifica ni han sido objeto de desarrollo legal, el Gobierno de España “podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas”. Se trata de un mecanismo de coerción estatal inspirado en la Constitución alemana y que es frecuente en el Derecho Constitucional comparado. Las constituciones de Austria, Italia o Suiza contienen incluso medidas más agresivas, como la suspensión o disolución de los órganos autonómicos o regionales por lesiones graves del orden constitucional o legal.
La doctrina coincide en que la constitución española no autorizaría la disolución de las instituciones autonómicas concernidas. Hay consenso en que, al amparo del artículo 155, el Ejecutivo central podría dar órdenes jurídicamente vinculantes al Gobierno o al Parlamento autonómicos y, en el caso de que no fueran atendidas, podría suspender por el tiempo necesario a las autoridades y empleados públicos incumplidores, nombrando a quienes deban asumir temporalmente esas funciones.
No hay acuerdo en la doctrina sobre si el artículo 155 puede incluir medidas que supriman o dejen en suspenso la financiación de la comunidad afectada, como la paralización de las transferencias estatales o la suspensión de la participación en el fondo de compensación interterritorial. Algunos autores consideran que esas medidas, más allá de suponer una coerción específica a las autoridades autonómicas incumplidoras con el fin de restaurar la legalidad, castigaría a los ciudadanos del territorio.
En todo caso, el artículo 155 podría resultar ineficaz para el referéndum del 1-O, no ya por las dudas sobre cuál pueda ser su contenido sino por las exigencias temporales derivadas de la tramitación que imponen la Constitución y el Reglamento del Senado.
De acuerdo con esas normas, la aplicación del artículo 155 requiere la aprobación del Senado, al que el Gobierno deberá dirigirse justificando que ha realizado un requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y que ese requerimiento ha sido incumplido. No hay plazo ni para el requerimiento ni para la respuesta de las autoridades autonómicas ni para la decisión del Senado. Pero la tramitación del escrito del Gobierno en la Cámara Alta exigiría varios meses, ya que la Mesa debe enviar el asunto a la Comisión General de las Comunidades Autónomas, que puede recabar la documentación que considere necesaria y dirigirse al presidente de la comunidad afectada. La comisión habrá de formular luego una propuesta para su debate y votación por el Pleno de la Cámara.
Para el cumplimiento de todos esos trámites desde que se produzca la convocatoria del referéndum catalán –lo que se espera para principios de septiembre- habría que actuar a uña de caballo en la aplicación, por primera vez en nuestra historia constitucional, de un precepto que es considerado una “bomba nuclear” jurídica. En palabras del expresidente del Tribunal Constitucional Pedro Cruz, el artículo 155 es un precepto “cuyo arte estriba en saber no usarlo”.
Los obstáculos temporales se simplificarían si se acude a otro mecanismo extraordinario que sí está regulado legalmente, el estado de excepción. La Ley Orgánica 4/1981 prevé la declaración del estado de excepción “cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales para la comunidad o cualquier otro aspecto del orden público resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente para restablecerlo y mantenerlo”.
Es una norma destinada a la protección del orden público que da poderes extraordinarios al Gobierno para la suspensión de derechos fundamentales. Se prevé, de manera específica, la posibilidad de suspender en el ejercicio del cargo a cualquier funcionario “que favorezca con su conducta la actuación de los elementos perturbadores del orden” y la imposición de sanciones pecuniarias “a quienes contravengan las disposiciones que [el Ejecutivo] dicte durante el estado de excepción”.
Fuentes jurídicas dudan de la eficacia de este instrumento, cuya duración no puede exceder de 30 días, con una sola prórroga de otros 30. Además, para que el Gobierno pueda declarar el estado de excepción se requiere la autorización del Congreso de los Diputados, en el que el PP no tiene una mayoría holgada.
No hay precedentes de que el Gobierno haya acudido a la declaración del estado de excepción y mucho menos al estado de sitio, indicado para amenazas a la independencia de España o al orden constitucional y que prevé la intervención del Ejército. Hay, no obstante, un caso previo que el Gobierno no querrá emular: el exgeneral golpista Milans del Bosch declaró en Valencia el estado de excepción el 23-F.
Aprobada en septiembre de 2015 por consenso entre el PP y el PSOE, la Ley de Seguridad Nacional faculta al Gobierno a tomar medidas para “proteger la libertad y el bienestar de los ciudadanos, garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, así como contribuir junto a nuestros socios y aliados a la seguridad internacional (…)”.
Corresponde al presidente del Gobierno declarar una “situación de interés para la seguridad nacional” mediante un real decreto. No se exige la autorización del Parlamento, al que, no obstante, se debe informar“inmediatamente” de las medidas adoptadas, que en ningún caso pueden implicar la suspensión de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos. No sería, por tanto, una norma útil para apartar temporalmente de sus funciones a las autoridades autonómicas.
Se trata de una ley prevista para hacer frente a riesgos y amenazas derivadas de conflictos armados, terrorismo, crimen organizado, inestabilidad económica y financiera, vulnerabilidad energética, proliferación de armas de destrucción masiva, ciberamenazas, espionaje o vulnerabilidad de infraestructuras críticas y servicios esenciales, por lo que, en principio, resulta ajena a una situación de crisis constitucional por la actuación de instituciones autonómicas.
Distintos autores estiman que la sola consideración de opciones jurídicas de absoluta excepcionalidad, como el artículo 155, “denota la existencia de un grave conflicto político y, eventualmente, social, que fuerza seriamente los márgenes del Derecho”. Así lo ha indicado, entre otros, el profesor de Derecho Constitucional Antonio Arroyo, que en un artículo en El País ha escrito: “La pretensión de encontrar solución a ese grave conflicto a partir de lo que las normas prevén pueda resultar no inútil, pero sí insuficiente. No es inútil, porque todo Gobierno tiene la obligación de hacer frente a un desafío tan grave como aquel que aspira a quebrar, desde dentro, el principio de unidad del Estado, a partir de la infracción de la legalidad vigente. Pero sí es insuficiente, porque mediante la aplicación de esas medidas coercitivas no desaparecerá el problema político —y en su caso, social— existente. (…) Gobernar responsablemente un país no consiste sólo en defender el respeto a la ley, sino también en liderar los procesos políticos de gran envergadura (…)”.
El propio Tribunal Constitucional ha venido insistiendo, ya desde la sentencia sobre la declaración soberanista del Parlamento catalán, en que "la Constitución no aborda ni puede abordar expresamente todos los problemas que se pueden suscitar en el orden constitucional, en particular los derivados de la voluntad de una parte del Estado de alterar su estatus jurídico". "Los problemas de esta índole", advirtió hace ya más de dos años el Constitucional, "no pueden ser resueltos por este tribunal, cuya función es velar por la observancia estricta de la Constitución".
El expresidente del TC Francisco Pérez de los Cobos se despidió el pasado marzo del tribunal con un discurso en el que lamentaba que no haya habido “diálogo político” con Cataluña para resolver lo que calificó como "problema político". Pérez de los Cobos rememoró las palabras de su antecesor Manuel García Pelayo en el sentido de que "hay problemas políticos que pueden resolverse satisfactoriamente por métodos jurisdiccionales, pero hay otros que sólo pueden y deben ser resueltos por la vía política".
"La sentencia (sobre la declaración soberanista) se hizo eco de esa sabia admonición al señalar el importante papel que al diálogo político debía corresponder ante el problema suscitado", dijo Pérez de los Cobos, artífice de los fallos unánimes del TC sobre el proceso independentista catalán.
Totalitarismo sin afeites
El totalitarismo sin afeites gobierna Cataluña. Cuidado con los equívocos: me refiero al equipo de políticos que monopoliza las riendas del poder y no a la base social, compuesta por ciudadanos amantes de la democracia, las libertades individuales, la cultura universal, la iniciativa privada, la solidaridad y la sana convivencia. El problema capital consiste en que los jerarcas se han encaramado en sus puestos mediante pactos contra natura, reforzados por purgas inquisitoriales, siempre de espaldas a la voluntad de los electores. Y la prolongación de este modus vivendi anómalo puede desembocar, ahora sí, en una degeneración del tejido social que culmine en el acomodamiento pasivo a las arbitrariedades del sistema totalitario. Un fenómeno que ya se ha verificado en España bajo el régimen de Franco y en la mayoría de los países sometidos a dictaduras.
El totalitarismo encubierto gobernó Cataluña durante los años en que sus adictos marchaban con paciencia hacia la independencia, pero se quitó los afeites cuando sustituyó la senyera tradicional por la estelada sectaria, al mismo tiempo que sus leguleyos empezaban a elaborar vías tramposas y, sobre todo, secretas para perpetrar la desconexión exprés sin margen para el debate parlamentario. Totalitarismo puro y duro que aplica la disciplina de los Maduro, los Erdogan y los déspotas de segunda categoría como la cleptócrata Cristina de Kirchner, que vociferaba: "¡Vamos por todo!".
Aquí la consigna de Carles Puigdemont, también de matriz kirchnerista, es: "Damos miedo y daremos mucho más", amenaza que le hace opinar a Rafael Jorba ("El president lo ha conseguido", LV, 7/7):
No parece que las palabras hayan hecho mella en el Estado, pero sí en los ciudadanos de Catalunya que no piensan como él o que se atreven a verbalizar en público sus dudas, como el caso del ya ex conseller Jordi Baiget. La llamada revolución de las sonrisas enseña su verdadero rostro: la independencia exprés se está poniendo en marcha con una calidad democrática bajo mínimos. Basta con leer los borradores de las leyes de desconexión y el texto de la ley del Referéndum para constatarlo.
(…)
Si lo que pretendía el president Puigdemont era dar miedo, a fe que lo está consiguiendo. Pero desde el miedo no se construye un país ni se gana el respeto de los países vecinos, (…) Puigdemont da miedo. Tarradellas infundía respeto (y solo tenía miedo de una cosa: de hacer el ridículo).
El subidón totalitario no asusta a los paladines del régimen. Todo lo contrario: los reconforta la belicosidad del líder. Sentencia Francesc-Marc Álvaro, celebrando cabezas cortadas ("Gesto antes del choque", LV, 6/7):
Carles Puigdemont necesitaba un gesto de autoridad y las palabras del conseller Baiget le han puesto en bandeja una actuación para reforzar su perfil antes del choque con Madrid. En la narrativa del independentismo hiperventilado, la cabeza cortada del ex responsable de Empresa es un aviso triunfal para tibios, dudosos y convergentes de la vieja escuela.
La purga urgía, explica Álvaro, porque la grotesca Armada Brancaleone (¡inmortal Vittorio Gassman!) del secesionismo está en proceso de dispersión. Gime Álvaro:
Que los castigados por el 9-N ya no son un bloque compacto, porque Homs y Ortega han apoyado (de manera contundente) a Baiget, mientras que Mas y Rigau han dado la razón al president. Que la falta de fluidez en las relaciones de Puigdemont y Marta Pascal debilita gravemente al PDECat y la refundación de este espacio. Y que, dentro de la polvareda del proceso, la miseria de la política no es menor que su azarosa grandeza.
No podía faltar en el coro de obsecuentes el aporte de Pilar Rahola, que acertó, desde el punto de vista médico, al definir la decisión rápida y contundente de Puigdemont, o sea la purga, como "catártica" ("Crisis y catarsis", LV, 5/7):
Puigdemont le ha dicho al Ejecutivo que solo pueden quedarse en el Govern los que están decididos a llegar hasta el final; a su partido –que no esconde el disgusto–, le ha recordado que es él quien comanda este proceso y que no está dispuesto a muchos trapicheos; y a los socios les ha demostrado que su determinación es absoluta.
Con este "¡A sus órdenes, comandante!", Rahola intenta ocultar que quienes gobiernan realmente el proceso secesionista son los anarco-trotskistas de la CUP, sobre los que ella vertió, con razón, su vómito (LV, 1/7). Vómito que, como señalé en "Martillos de herejes en Cataluña", LD, 7/7) también pringa a todos los que se subordinan a estos crápulas de izquierda.
Lluís Foix desenmascara esta subordinación ("Grandilocuencias temerarias", LV, 6/7):
El president Carles Puigdemont ha decidido hacer caso a la CUP y ha cogido la calle de en medio. Cesó al conseller Baiget porque los cuperos se lo exigían y ha aceptado el calendario que le proponen los anticapitalistas con el riesgo de crear una fuerte división en el seno de su partido, que se ve arrastrado por la CUP y por Oriol Junqueras, que actúa como si todo lo que ocurre no fuera con él. Rajoy habló ayer de delirios autoritarios y frentistas. Puigdemont nos lleva a una confrontación sin que tenga una mayoría social que le siga y vulnerando el Estatut, la Constitución y las advertencias continuadas de la Comisión de Venecia y la Unión Europea. No se puede tirar por la borda el pluralismo político.
Imposible sintetizar con mayor precisión lo que está sucediendo.
El hecho de que la CUP sea anarco-trotskista basta para definir como totalitario el proceso secesionista en el que lleva la voz cantante. Pero ¿tiene también un componente fascista? Se sabe que existen vasos comunicantes entre todos los totalitarismos, y en este caso Arturo San Martín nos da una pista ("La cabeza de Baiget", suplemento "Quién", LV, 8/7). Reproduce San Martín la conversación que mantuvo hace unos años con un filólogo gerundense que ya entonces decidió definirse como "independentista democrático" y dimitir de su cargo de rector universitario. ¿Por qué "independentista democrático"? He aquí su respuesta entrecomillada y las acotaciones de San Martín sobre el contexto:
"Algunos catalanes y catalanes independentistas siguen creyendo que no pueden ser fascistas porque el fascismo en Catalunya es imposible". Aquellos días (…) su universidad estaba alborotada y ya se comenzaba en la misma a no respetar la libertad de expresión, la libertad de pensamiento. Fueron aquellos días de violencia. También física. (…) "Me considero un fracasado. Mi generación no ha sabido educar a demócratas. Ignorándolo o no hemos educado a dos generaciones de fascistas".
Remata San Martín:
Y algunos de aquellos fascistas, ay, han llegado ya a las instituciones políticas y públicas.
Anarco-trotskistas que gobiernan el proceso. Fascistas en las instituciones. Totalitarismo sin afeites. Es bueno que la plana mayor histórica de la política española tome conciencia de que debe forjar un frente hermético contra la debacle. Lo soñé hace más de un año y se ha hecho realidad ( "La perdiz mareada", LD, 12/2/2016). Reproduzco parte de lo que escribí entonces, sin pretender atribuirme dotes proféticas:
Tuve un sueño. (…) El entorno y la concurrencia me decían que estábamos en algún lugar de España. Sobre el estrado, dos hombres dialogaban frente a un micrófono. Los unía el hecho de que cada uno de ellos pasaba un brazo sobre los hombros del otro. No oía lo que decían porque en sueños, como en la vida real, me perseguía una incipiente sordera. Solo captaba algunas palabras que además leía en el movimiento de sus labios. "Solidaridad", decían. "Convivencia", decían. "Igualdad", decían. "Justicia", decían. "Libertad", decían". "Unidad", decían. "Españoles", decían.
¡Que bien hablaban Felipe González y José María Aznar –porque eran ellos– unidos, abrazados, en el edén onírico! Si se hiciera realidad la alianza soñada de los dos curtidos guías y guardianes de la Transición, injustamente hibernados, nos darían el testimonio definitivo de su compromiso patriótico con la sociedad asediada por amenazas sin precedentes. Se unieron para defender la democracia en Venezuela. Que lo hagan ahora para defenderla en España.
La concertación de los dos estadistas emblemáticos ya no es solo un sueño. Llega a tiempo para desbaratar la pesadilla de una dictadura totalitaria en Cataluña.
¡Hombre! Puede ser una ventaja visto lo complicado que resulta el Brexit.
¿Este hombre es un lumbreras?, ¿no ha pensado lo que puede suceder si eso lo lee May?
El silencio es hermoso cuando no es impuesto.